Ignorancia, falsedad o simplemente mala praxis de algunos políticos. El caso de Pablo Iglesias y los fallecidos en residencias de ancianos.

Estos días, entre otros muchos despropósitos escuchados en el parlamento o en las famosas ruedas de prensa de los miembros del gobierno, hemos podido comprobar que el punto de mira de nuestro vicepresidente Iglesias, el que nos toma por tontos de capirote, es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo hace aprovechando el hecho incuestionable de que Madrid ha sido la comunidad con más muertos en residencias. Pero, como siempre, existen matices y nuestro Señor Iglesias trata de confundir a la opinión pública manejando datos reales, sí, pero deliberadamente tendenciosos.

El desgraciado asunto de los fallecidos en las residencias es un hecho lamentable que debe provocar muchas reflexiones sobre lo que fue y lo que pudo haber sido y es muy cierto que en un momento de colapso hospitalario se han cometido bastantes errores. Pero no es menos cierto que estos errores se han producido en todas las comunidades y siendo como es un asunto tan complejo y en el que se mezclan tantos factores, muchos de ellos técnicos y sanitarios, no me considero capacitado para tirar primeras piedras en ninguna dirección.

Pero hay dos hechos evidentes. Pablo Iglesias asumió en el primer momento el control de las residencias pensado que podría obtener réditos políticos. Y es una suposición basada en que las primeras informaciones achacaban las muertes a errores directos de las residencias privadas y algunos fallos de la Comunidad de Madrid.

Pero cuando se dio cuenta de la profundidad del charco en el que se había metido, paso a un plan “B” de quitarse de en medio y ni dicto norma alguna, ni visitó ninguna residencia, ni se le vio por ninguna parte.

El segundo sucedido es que una vez amortiguado el problema, el vicepresidente se subió al atril y comenzó a fabricarse un extraño protagonismo  de redentor de los fallecidos en las residencias de Madrid, no de toda España, basado en falsedades o medias verdades.

Lo cierto es que no le considero ningún lumbreras, pero si un político de gran nivel que cada vez está cayendo con más frecuencia en el error de suponer que todos menos él somos tontos. Y lo demostró ayer mismo cuando en rueda de prensa dijo que cuando habla como  secretario de Podemos es partidario de la desmilitarización de la Guaria Civil, pero que como vicepresidente no puede pronunciarse. Olé tu gracia.

Y un ejemplo evidente de esta manipulación son las cifras oficiales que se manejan sobre los fallecidos en residencias.

Ningún pero a que el mayor número de fallecidos corresponde a la Comunidad de Madrid. Ni tengo claras las razones ni se me ocurre creerme con suficiente capacidad para entender todas las variables que han coincidido en un hecho tan lamentable. Pero Madrid fue la  gran protagonista del contagio y los fallecimientos.

Pero está claro es que esta desgracia también ha afectado a otras comunidades hasta el punto que en alguna de ellas el 90% de los fallecidos han muerto en residencia. Y este es el dato que omite: El que la comunidad madrileña ha sido la octava en tanto por ciento de fallecidos sobre el total de fallecidos, detrás de otras como Aragón, Navarra, Extremadura, Castilla la Macha, Castilla y León, Cataluña y Asturias.

¿Y por qué lo hace? Por mantener viva una moderna “batalla de Madrid” esta vez incruenta, en la que se enfrentan dos modelos antagónicos de gestión: el social-proteccionismo y el liberal. Y por eso Iglesias centra sus críticas en esta comunidad. No importa que otras gobernadas por el PSOE o por el PP tengan peores datos objetivos. Ayuso y su modelo de gestión es el enemigo a batir y cualquier argumento es bueno

Ocultación de datos  tan falaz como cuando se ocultaba, se sigue ocultando, que el tanto por ciento de fallecidos sobre el total de población española es el más alto del mundo al mismo tiempo que presumen de resultados bastante discutibles en los que se adjudican méritos que no les corresponden.

Decía que nunca he considerado a nuestro vicepresidente ni un intelectual ni un “lumbreras” porque no lo es. Es cierto que está licenciado en Ciencias Políticas, pero no es un referente en la materia ni se le conocen más actividades que la docencia y  liderar movimientos de mini-masas. Ninguna en gestión ni en organización aunque, eso sí, es un político de primer nivel y con mucha escuela, especialmente capacitado para sacar partido a todo lo malo de nuestra sociedad.

Pero estoy seguro de que sus conocimientos y los de sus asesores le llegan para hacer cuatro números, como he hecho yo, partiendo de algunos datos oficiales.  

¿Hasta cuando tan mal rollo y tanta desfachatez?

*Datos he obtenido de TVE que cita como fuentes “Elaboración propia, Ministerio de Sanidad, Consejerías de las CC.AA.” en un artículo titulado “Radiografía del coronavirus en residencias de ancianos: más de 19.400 muertos con Covid-19 o síntomas compatibles”

Honores y honores. El del que fue juez Marlasca y el de la Guardia Civil.

La cartilla del Guardia Civil, publicada el 20 de diciembre de 1845, dice en su primer artículo: El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.

Desconozco el texto de su juramento, pero en una intervención con motivo de la toma de posesión de una promoción de jueces, el vocal del CGPJ Félix Azón, reclamó que la carrera judicial fuera “un referente del liderazgo social” en estos momentos de crisis que atraviesa España.

Y que las virtudes esperadas son: prudencia, imparcialidad, capaz de transmitir de forma diligente y clara sus resoluciones, respetuosos con el ordenamiento jurídico, laboriosos, serenos, valientes para atreverse a resolver los conflictos que le planteen y humildes. “No olvidemos que somos servidores públicos”, sentenció.

Desgraciadamente y como he comentado en otras ocasiones, estamos en manos de un gobierno que ha perdido todo respeto a la verdad y que pasó de jugar con dobles interpretaciones y eufemismos a mentir descaradamente. Mentiras dichas con toda rotundidad y desmentidas a tramos en muchas ocasiones, como ocurrió con el famoso caso de José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodrígez, que empezó con un no ceñudo de hombre ofendido, que pronto paso a  ser un no “a según qué” y que a golpes de información periodística, acabo siendo un sí con muchos agravantes.

Barrera, la de la mentira en sede parlamentaria, en la casa de la democracia,  que ha sido infranqueable en la actuación de los gobierno de la nación, los que hicieron dimitir al ministro Soria, no por tener negocios familiares en países extranjeros como pedía la oposición porque era una situación legal, sino por negar tener conocimiento de los hechos cuando era imposible ignorarlos. Es decir, por mentir

O este mismo gobierno que destituyó a Màxim Huerta todavía no se sabe muy bien porqué, posiblemente para proyectar una imagen de pureza extrema y a la ministra Montón por el escándalo de su master. Listón que se rebajó hasta el suelo cuando aparecieron los plagios del presidente y otras irregularidades que le afectaban a él o a algunos miembros de su guardia pretoriana.

Dicho lo cual, y con estos antecedentes, paso a expresar mi opinión sobre lo que está ocurriendo con el ministro de Interior Fernando Grande Marlasca, juez de trayectoria brillante, ahora juguete roto, como consecuencia de sus mentiras y salidas por la tangente a raíz del cese del Coronel Pérez de los Cobos.

Y, sinceramente, es lamentable ver cómo puede cerrar su biografía un hombre recto en su trayectoria profesional, por haberse intoxicado por la política rastrera de los últimos tiempos, desde que entró a formar parte y parte importante, del gobierno de Pedro Sánchez.

Primero afirmó que había cesado al coronel por “falta de confianza”, situación que según doctrina de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha del 19 de septiembre de 2019 debe motivarse.

Los puntos 1, 2 y 3 de esta resolución dicen textualmente:

  1. Como el acto de nombramiento, también el de cese debe ajustarse a exigencias formales obvias como, por ejemplo, que lo acuerde el órgano competente o la adecuada formación -en su caso- de la voluntad si es un órgano colegiado y a tales exigencias formales cabe añadir la motivación si bien con la debida modulación.
  • Esta motivación ciertamente debe ir más allá de lo previsto en el artículo 58.1, párrafo segundo, del RGPPT, según el cual ” la motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla “. Por tanto, al funcionario cesado debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese.
  • La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación; ahora bien, es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección. Esta exigencia de motivación se cualifica cuando se trata del cese de quien ejerce funciones de representación sindical.

Motivación que no quiso dar cuando se le preguntaron las razones, porque era vox pópuli que el hecho se había producido cuando el coronel Jefe de la Comandancia de Madrid se negó a entregarle un informe que había elaborado una unidad a su cargo que actuaba como Policía Judicial a las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez Medel, que se encontraba instruyendo una causa sobre la autorización de las manifestaciones del 8 de marzo.

Negativa que estaba plenamente justificada porque según la ley, cuando un equipo de las Fuerzas de Seguridad del estado actúa como Policía Judicial dependen directamente de la juez que instruye y solo deben informar a ella o a la fiscalía.

Después dijo que era una “renovación de cargos” de la Guardia Civil, explicación impropia de la inteligencia de un ex juez, cuando el cese se produjo un domingo por la noche y sin tener sustituto para el puesto.

Luego vino la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, el número dos del cuerpo, que había estado dando la cara durante la pandemia, como  manifestación de su desacuerdo con el cese del coronel Pérez delos Cobos. Dimisión que  trataron de minimizar alegando que “estaba a punto de jubilarse”. ¿Quién en su sano juicio, puede pensar que un general de su trayectoria iba a renunciar a esos últimos días en el cuerpo en los que recibiría, sin duda, el reconocimiento de los miembros de su equipo y de la totalidad del cuerpo?

Y el cese del general Fernando Santafé, número tres del cuerpo, al parecer por discrepancias con el nombramiento del sucesor de Laurentino Ceña. Y a partir de ese momento,  los medios se llenad de rumores sobre si este llamó o no llamó a aquel o sobre el malestar evidente de la Guardia Civil, manifestado por todas las asociaciones del Instituto Armado.

Y en medio de esta tormenta, el ministro Marlasca insiste en que se trata de una renovación del cuerpo.

Posteriormente aparece el documento del cese que dice textualmente: “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial, con fines de conocimiento”.

Es decir: El ministerio quiere que le entreguen un documento emitido por el equipo de la Guardia Civil que actúa como Policía Judicial para enterarse del desarrollo y la actuación del equipo “con fines de conocimiento”. Y la razón evidente es que la investigación afecta a altos cargos del gobierno.

El documento de cese sí cumple el requisito de motivar la falta de confianza, pero descubre el pastel de que la verdadera razón es que el coronel Pérez de los Cobos se negó a obedecer una orden claramente ilegal.

Entonces empiezan las dudas y los balbuceos y el ministro Marlasca se mantiene en su papel de “renovador” añadiendo que “él no ha pedido nada” y que desconoce del contenido del informe de marras.

Y, en ese ambiente, llegamos a la sesión plenaria sobre la renovación del régimen de alarma y, durante su transcurso, en el que apenas se habló de salud pública, se produce la apoteosis final. El presidente, prepotente y trasgresor, desautoriza indirectamente la investigación de la juez con su grito de “viva el 8 M” y sube un peldaño en la confusión y la indignidad al afirmar que el buen ministro estaba desmontando la “policía patriótica” montada, como no, por el PP. Ya no hay ilegalidad en la petición, ya no se incumple la ley porque el “bien mayor” es desmontar las famosas cloacas del estado. Frase patentada, por cierto, por su vicepresidente Iglesias.

Magnífico. Ahora resulta que el Coronel López de los Cobos ya no es un insubordinado infiel. Es una rata de las cloacas del Estado. Y, por extensión, también parecen serlo todos aquellos que no estén de acuerdo con las órdenes del gobierno, sean legales o no. Y ahora se habla de la Guardia Civil, pero no se tardará en saber “cosas” de la Policía Nacional.

Y saca a colación que se ha filtrado el informe de la policía Judicial, informe que llegó a manos en primer lugar, que casualidad, a dos medios afines, muy afines al gobierno actual.

Y para más abundamiento, ahora resulta que no ha sido él quien ha cesado al coronel. Lo hizo  la Directora de la Guardia Civil, una perfecta desconocida figurante en toda esta farsa, siguiendo instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad. “A ellos y no a mí es a quién deberían pedir explicaciones”, parece decir.

Y hasta aquí mi comentario porque ni se más que lo que he visto ni puedo entrar en rumores de lo que pudo ser o de lo que será. No puedo ser imparcial porque soy “hijo del cuerpo”, pero solo he expuesto hechos contrastados, tratando de aparcar las emociones que provocan las injusticias. En este caso en particular y en cualquier otro en general.

Me imagino que el coronel López de los Cobos se verá en la obligación de defender su honor interponiendo algún tipo de querella contra el ministro del Interior, ahora extensiva al propio presidente por sus desafortunadísimas insinuaciones, No se si lo hará o no o si para hacerlo tiene que pedir la baja en el Instituto Armado, pero esa será su decisión y a ella le han forzado porque un ministro inmoral ha insinuado a la oposición que no insistan para “no perjudicar la imagen del coronel”.

Declaración sorprendente y paternalista porque si sabe algo ilegal de este funcionario de alto grado tiene la obligación de denunciarlo. Y si es falso se trata de una insinuación muy miserable.

Como decía anteriormente, que lamentable cierre de currículum de un hombre que escribió una autobiografía titulada “ ni pena ni miedo”, lema que lleva tatuado en su muñeca y que no se refería, naturalmente, a su desgraciada intervención en el ministerio. Leído en internet: “La sinopsis de la autobiografía de Fernando Grande Marlaska dice que ” Ni pena ni miedo es un lema de resistencia que significa que el miedo a las consecuencias de nuestros actos no debe paralizar nuestras decisiones futuras, que hay que ser consecuente con lo que creemos y defendemos“. Como diría un castizo, ¡quién te ha visto y quién te ve!

Y, sin insinuar nada, porque me niego en rotundo a insinuarlo, resulta que el teniente coronel David Blanes González, nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche en que el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas y fue a su encuentro el ministro José Luis Ábalos”. Para mí ambos hechos son casuales porque, entre otras cosas, lo ocurrido en Barajas se supo gracias a la Guardia Civil de Aduanas. Si fuera el PP el que recibió a la ministra venezolana y el que hubiera promovido este nombramiento, no habrías suficiente espacio en la sexta para “sacar conclusiones irrefutables”.

En cuanto a  la Guardia Civil como institución, ¡que voy a decir! Que es un cuerpo con honor, que trabaja incansablemente a la luz o en las sombra al servicio del Estado y a las órdenes del gobierno de turno y para proteger a  la ciudadanía. Día y noche. Por tierra, mar y aire, desde las montañas pirenaicas hasta las costas y fronteras. En nuestras carreteras y aduanas, en nuestras zonas rurales, persiguiendo delitos de todo tipo cuando actúa como Policía Judicial, y honrando el verde de sus uniformes en todos los servicios y misiones que les son encomendadas. Sin desfallecer en una catástrofe ni lamentarse por tener que trabajar con riesgo de sus vidas luchando contra la delincuencia o rescatando a insensatos de los lugares más inverosímiles.

Ni una línea más para defender lo que no necesita defensa. El honor de la guardia Civil. ¿Qué de vez en cuando aparece alguna manzana podrida entre sus filas? Naturalmente. Como ocurre con todos los colectivos, pero esas minorías no empañan de ninguna manera la extraordinaria labor de este instituto por muchos titulares sensacionalistas que merezcan.

No quiero pensar que detrás de esta extraña situación se esconda un intento deliberado de socavar el prestigio de la Guardia Civil o recuperar la vieja idea de desmilitarizar el cuerpo. Es cierto que es lo que quisieran todos los que apoyan al gobierno y una buena parte de sus miembros, pero no sería bueno para los intereses del presidente, que no son otros que mantenerse en la Moncloa.

El ministro Marlasca pasará, como también lo hará el presidente Sánchez. Afortunadamente y por muchas zancadillas que le pongan gente interesada, la Guardia Civil continuará haciendo lo que hace habitualmente. Protegernos.

En ocasiones resulta muy duro ser demócrata y tolerante. El caso de Pablo Iglesias y otros “revienta convivencias”.

Ayer me sentí realmente avergonzado al conocer el cruce de palabras entre el ¡Vicepresidente del gobierno! y el portavoz de VOX. Si algo me ha enseñado la vida y el haber tenido que lidiar en muchas plazas es que la actitud de Iglesias, le apeo el “señor”, era claramente provocadora, de chulo de bar que trató de desquiciar al portavoz de esa formación. No lo consiguió, pero sí que abandonara esa comisión para una supuesta recuperación que ni ha funcionado ni funcionará. Imposible con esos mimbres.

Actitud de matón de barrio, de chulo de barra de bar, acompañada con esa sonrisa de macarra perdonavidas, ese echarse hacia delante tan estudiado para aparentar autoridad y superioridad,  y ese lenguaje personal de ser “más que el que más” entre los mortales.

Permitida, como no podía ser de otra forma, por un “presidente florero” como Patxi López, político acomodaticio y cobarde, incapaz de controlar la situación y frenar ese desastre de intervención como era su obligación. Luego sí. Luego pidió disculpas y hasta se mostró autoritario con alguien de Podemos, pero para entonces el bicho ya no estaba en la plaza y el amonestado era apenas un becerrito sin fuerza ni poder. Así cualquiera es valiente.

El caso es que Iglesias dejó en ridículo al presidente de la comisión abusando de la impunidad que le da un Estado como el nuestro, ese que tanto desprecia, que ampara a los ciudadanos  aunque sean de la catadura moral de este señor o de Otegui, pongo por caso. Me gustaría verlo en Corea del Norte defendiendo la libertad de los norcoreanos y su derecho a un estado democrático.

Y lo hizo después de que el presidente de la comisión, el citado señor López, quisiera disculparle con ese gesticulante “ha dicho parece” al recibir la protesta del portavoz de VOX que se sintió ofendido por la manifestación de Iglesias sobre las intenciones golpistas de su partido.  Incluso acusó al Señor Espinosa de los Monteros de tener “la piel muy fina”.

Pero Iglesias, lejos de disculparse, paso de un “parece” a un “ustedes darían un golpe de estado si pudieran y tuvieran valor”, lo que provocó el abandono de la sala del ofendido.

Hecho que alegró evidentemente al gran provocador y destructor de convivencias que es el vicepresidente, que rubricó su histrionismo ofensivo con ese humillante “cuando salga cierre la puerta” destinado a su granero de votos, pero que me ofendió a mí y, supongo, a la ciudadanía más educada y tolerante de este país.

Y no estoy defendiendo al Señor Espinosa de los Monteros por ser del partido que es, que lo mismo protestaré el día que un portavoz de VOX tenga un comportamiento tan deleznable  con uno de Podemos, si es que lo hace.

La realidad es que ese tal Pablo Iglesias, que no es más que un personaje de ficción tras el que no hay más que  ignorancia y fanatismo, necesita un enemigo fascista, franquista o lo que sea para poder ejercer de salvador en tiempo de paz y orden y, como decía antes, en un estado que le protege. Y como no los hay, se los tiene que inventar para construir esa ficción de luchador suicida contra la opresión que daría la vida por el pueblo. ¡Anda ya! A otro perro con ese hueso.

Y puestos a analizar más fríamente lo afirmado por el gran héroe de pacotilla, he consultado a la Real Academia que, citando textos del Consejo General del Poder Judicial, define golpe de Estado con estas dos acepciones:

1.- Destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quién ostenta el poder político.

2.- Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Puede ser autor de un golpe de estado el propio presidente del Ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el parlamento fuera de lo supuestos previstos en la Constitución.

No hay ninguna duda, porque así se ha comportado públicamente en muchas ocasiones, que  Iglesias es un señor que trata abiertamente de desprestigiar la monarquía, que odia la Constitución por mucho que de vez en cuando cite con voz susurrante y aspecto de telepredicador algún artículo concreto interpretándolo en su favor, que ha manifestado su deseo de que se suspendieran las Fuerzas Armadas, que ha tratado de opresores a las Fuerzas de Orden Público, las mismas que ahora protegen su casa y a las que han ordenado cerrar su calle para que no les acosen, que jamás ha usado otra bandera que la republicana, que ha defendido y sigue defendiendo la democracia asamblearia frente a la representativa, que afirma que hay que nacionalizar empresas al más puro estilo comunista, que no Chavista como se dice porque el comunismo es muy anterior y mucho más opresor que lo fue el propio Chaves, que defiende la dictadura del proletariado y que aspira a ser la reencarnación de Lenin, entra claramente en la segunda acepción de la definición, al menos en intenciones.

¿Alguien en este país duda de que si tuviera la más mínima oportunidad daría un golpe de estado para derrocar el régimen actual?   Y no se confundan. No permitiría una República como la que nosotros conocemos por muchas banderas que exhiba, porque no deja de ser otra forma de Estado tan democrática como la Monarquía Representativa. Su ideal no es la república a secas, es la “república democrática soviética”, eufemismo inventado por los comunistas, como la propia definición de “dictadura del proletariado”,  que tratan de enmascarar la dictadura de una casta superior que dirige, controla y organiza la vida de los ciudadanos sin que estos intervengan para nada en la organización del estado ni en sus propios destinos.

Es el comunismo histórico que acabó con tantas vidas en Rusia y en otros países y que terminó arrinconado por las ansias de libertad de sus ciudadanos, que acabaron derribando los muros vallas y alambradas que les separaban del mundo libre.

Y este buen señor se permite, porque es parte de su estrategia de provocación y desestabilización, acusar a los demás de lo que él haría mañana mismo si tuviera ocasión: Dar un golpe de estado.

Personaje que, inexplicablemente, está siendo imagen de España en medios de comunicación extranjeros donde dice, por ejemplo, que el PP está fomentando una sublevación de la Guardia Civil contra el gobierno y lindezas semejantes.

Pero sigo pensando que este “mil homens” no es más que una impostura porque no ha llegado a donde está por su gran cultura o sus grandes conocimientos de cualquier otra materia que no sea la agitación y la propaganda. No, él no es el responsable de sus fantochadas  y del grave desprestigio que está ocasionando a la nación.

Lo es, sin ninguna duda, el Presidente del Gobierno que debería haber provocado una crisis de gobierno y cambiar a esta banda de agitadores impresentables que tiene en la mesa de consejos por gente de más solvencia, del nivel de la Ministra Calviño, de Margarita Robles, o Reyes Maroto, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Buscando de paso una respetable jubilación a las representantes del “socialismo moderado”, como la Ministra de Hacienda, la de Educación o la vicepresidenta Carmen Calvo, que no han sido capaces de influir en lo más mínimo para evitar esta deriva social y política del “todo vale” en la que estamos inmersos en un momento tan delicado para el país.

Porque el gobierno, tal como está configurado, ya no es el camarote de los hermanos Marx. Es el Titanic poco antes de colisionar con el iceberg. Todavía puede corregir el rumbo, pero le queda muy poco tiempo.

Nunca he estado en la política activa porque no he militado en ningún partido. Peo si tuviera la más mínima influencia sobre los líderes de VOX, del PP y de Ciudadanos, les aconsejaría que no respondan a Iglesias diga lo que diga. Que no le interpelen. Que le contesten con el más absoluto de los silencios, porque es lo que se merece este personaje: Ignorarle, mirar hacia otro lado cuando se dirija a ellos.

Insisto: que difícil es en algunas ocasiones respetar las reglas de la democracia cuando te cruzas con personajes que se aprovechan de nuestras libertades para subvertirla. Porque personajes más radicales que Iglesias he conocido, pero más villanos no.

Y de nuevo acudo a la RAE que en su tercera acepción define villano como “ruin, indigno o indecoroso”, porque la segunda “rústico o descortés” creo que se le queda corta.

Y para que quede meridianamente claro, no cuestiono el derecho de Iglesias a defender sus ideas políticas, sino la forma de hacerlo.

La inexistente policía judicial y la interferencia del Ejecutivo en la Judicatura

Ya he aclarado en comentarios anteriores que en España, a diferencia de algunos países, no existe la policía judicial. Y si fuéramos un país como Dios manda y no una caja de sorpresas tampoco debería de hacer falta porque los jueces tienen libertad para pedir investigadores a los cuerpos que estime más conveniente, Guardia Civil, Policía Nacional, o policías autonómicas, dependiendo del tipo de investigación, de la zona a investigar o, simplemente, con quién se sienta más cómodo.

El procedimiento es muy sencillo: El juez requiere ayuda al mando que estime oportuno, si se trata de la Guardia Civil al Coronel Jefe de la Comandancia y este decide los efectivos que va a poner a las órdenes del Juez. Efectivos que desde ese momento actúan como policía judicial, estando obligados a ejecutar todas las órdenes del juez instructor del caso, del que pasan a tener dependencia orgánica con la obligación de mantener secreto absoluto sobre el caso y no proporcionar información a nadie, salvo al propio juez.

Es cierto que siendo guardias civiles, como en el ejemplo, siguen teniendo una doble línea de dependencia: la inmediata mientras dure la situación, que es el juez, y su cadena de mando. Pero la cadena de mando conoce perfectamente la situación y no interviene en los operativos hasta que el juez ordena detenciones o se necesitan actuaciones especiales.

Es decir: lo correcto y habitual es que su Comandante no tenga más conocimiento de las investigaciones  que las necesarias para adjudicar recursos o decidir apoyos a los designados como policía judicial temporal. Y si los tiene está obligado a mantener el mismo grado de confidencialidad que el juez haya ordenado a su operativo.

Todo lo cual viene regulado en el artículo 126 de la Constitución  y con leyes orgánicas promulgadas como desarrollo de este artículo.

La gran mayoría de los españoles desconocen estos procedimientos, tampoco es necesario que lo sepan,  pero lo que es absolutamente cierto, sin ningún género de duda, que el otrora juez Marlasca lo sabe perfectamente porque ha sido su forma de actuar cuando ejercía como tal.

Y, pese a ello, abusando en su favor del poder temporal que le confiere el ser ministro de la nación, poder que no le autoriza a este tipo de iniciativas,  ha promovido una acción totalmente antinatural, anticonstitucional y, probablemente merecedora de una protesta del Poder Judicial y una  investigación por parte de la Judicatura.

Y lo ha hecho cuando ordenó a la Directora de la Guardia Civil, una desconocida para el gran público apellidada Gámez Gámez, que cesara al Coronel  Pérez de Cobos por “falta de confianza”, lo que, paradójicamente, nos hace suponer que es un hombre muy digno de confianza porque la verdadera razón  del cese es que se negó a entregar la información sobre una investigación judicial

La abierta sobre la oportunidad de autorizar la manifestación del 8 de marzo, desconozco si la de algún otro acto, cuando ya se disponía de información suficiente sobre la amenaza del COVID19.

Y digo que el Coronel Pérez de Cobos es de toda confianza porque se limitó a cumplir con su deber, a sabiendas de que le costaría un serio disgusto. Porque “no obedecer” a este gobierno con aires absolutista es mucho arriesgar en lo personal.

Con el agravante, muy importante, de que el Juez Marlasca es parte interesada porque los investigados son funcionarios del Estado que ocupan cargos de mucha responsabilidad. Es decir, el en otrora Juez Marlasca ha sobrepasado muchas líneas rojas al pretender que un funcionario del Estado, un Coronel de la Guardia Civil, cumpliera una orden claramente incostitucional, vulnerado la autoridad y la independencia de la juez instructora, y metiendo su  zarpa política en el campo y las responsabilidades del Poder Judicial. Para nota.

¿Qué le ha pasado a este señor que en otro tiempo fue un juez distinguido que se molestó con razón cuando alguien que no debía filtró informaciones al entorno de ETA en la “operación Faisán” que el instruía? La historia de los últimos tres años demuestra que el presidente Sánchez es claramente tóxico para los que le rodean, pero es que en los últimos tiempos esa toxicidad, que era más bien sobre las personas,  ha encontrado el  catalizador perfecto para ampliar sus efectos hasta las estructuras del Estado: Sus aliados de Podemos.

Es el síndrome de los que alcanzan un cierto poder sin tener experiencia de gestión y desconociendo o minusvalorando los condicionantes de un Estado de derecho y de los límites que marca la Constitución y su desarrollo. Personas que se hinchan de poder y creen estar por encima del bien y del mal. Que son los elegidos, no por el poder de los votos sino por la providencia, para acaudillar al pueblo y hacer lo que les viene en gana.

O lo que es peor, si que conocen los límites, y este es el caso del Ministro de Interior, pero se lo salta porque sí, “porque lo digo yo”.

Ministros y gobernantes domingueros que nunca han asumido que su función es buscar nuestro bienestar y dejar una España mejor de la que se encontraron. Ministros y presidentes figurones y aprovechados que utilizan el poder provisional que les ha sido dado para medrar personalmente y/o para imponer sus ideas políticas con todos los trucos posibles.

Es el eterno dilema. Una vez, en una conversación privada con uno de los que fueron mis directores, que estaba molesto conmigo porque le había cuestionado una decisión, le tuve que aclarar y lo entendió, que mis fidelidades como dirigente en una multinacional eran dos: a la empresa y a mis clientes. Y que, por supuesto, mi obligación era atender las indicaciones de los directores de cada momento porque asumía que querían lo mismo que yo pero con más responsabilidades y que entendía que una de mis obligaciones era manifestarles mi opinión o mis dudas sobre cualquier tema, si es que las tenía. Porque una cosa es la “obediencia debida” y otra las responsabilidades de cada cual.  Lo que en el ámbito empresarial se denominan “misiones y funciones”

¿A cuántos  presidentes y ministros habrá conocido el Coronel? Y con todos ellos habrá practicado sin conflictos la obediencia debida porque estoy seguro de que ninguno de sus superiores “políticos” le habrá creado problemas de conciencia.

Lo que ocurre en este momento es que la coletilla “del Estado” se está tratando de convertir por hechos consumados en “del gobierno”. Y me refiero a las Fuerzas de seguridad del Estado, a la Abogacía del Estado y a tantos organismos que no se fundaron para obedecer ciegamente al gobierno de turno sino  para proteger al propio estado, incluso de las posibles trapacerías de algún Ejecutivo. Y así lo define la Constitución.

Por lo que, muy a pesar del gobierno,  el buen Coronel ha salido muy reforzado en su imagen de servidor de la ley, mientras la Directora de la Guardia Civil y su superior político, el Ministro de Justicia han demostrado de que pasta están hechos y cual es su concepto del honor y del servicio.

De momento, ¡cómo no! la máquina de propaganda del gobierno ha salido en tropel tratando de mezclar lo superficial con lo fundamental.

No se trata de que el informe esté bien o mal, ni de que la jueza se llame María o Juana o sea de Madrid o de Albacete. Ni siquiera si la juez estuviera incoando una causa sin contenido. Lo fundamental, lo único que importa, lo grave, es que un miembro del Ejecutivo ha interferido en el Judicial. Hasta tal punto que el informe, que debería ser confidencial por orden de la jueza de instrucción, está en la calle. Y convendría saber quién es el filtrador.

Es como si yo robara en el Banco de España y mis propagandistas trataran de distraer el hecho diciendo que los cristales estaban sucios o las paredes con desconchones.

Pero insisto, como siempre, en que España es un país fuerte que no podrán desmantelar y a los hechos me remito: una juez de instrucción ha mandado un requerimiento a un ”todopoderoso”, como cree ser el ministro Marlasca, indicándole que la policía judicial solo debe informarla a ella, y  otro juzgado ha retirado la condición de “víctima” al muy plenipotenciario Señor Iglesias. El que se manifestó víctima de “las cloacas del Estado”, esas de las que ahora forma parte, en el juicio por el famoso móvil robado a su asesora, a la que ha nombrado directora de su panfleto digital, porque se ha demostrado que mentía como un bellaco, y que las “cloacas del Estado” que utilizaban la información podía ser él mismo.

Y en estas reflexiones no quiero comentar la metedura de pata que se ha cometido al aplicar el tercer tramo de la subida de salarios de las fuerzas del orden aprobado por el gobierno de Rajoy. Si cree que con eso va a acallar las críticas de los miembros de la Guardia Civil es que no conoce la mentalidad de los componentes de eses Instituto.  

Lo dicho. El Estado tiene muchas defensas, la principal la Constitución y las leyes, y por mucho que lo intenten no conseguirán hacer tambalear sus cimientos. Y así es gracias a que anteriores generaciones, las que ahora están desapareciendo, lo hicieron muy bien.

Por cierto: Entiendo la alegría de los independentistas porque el Coronel era presa codiciada por ellos, pero que tampoco se pasen. Las defensas del estado también les bloquean a ellos. Totalmente.

No es que nos tomen por tontos, puede que lo seamos. La explicación del pacto del PSOE con Podemos y Bildu

Ayer dio una rueda de prensa nuestra Ministra de Hacienda y portavoz de gobierno y, entre otras cosas, nos dio una explicación de lo sucedido en relación con el último pleno parlamentario en el que el Presidente del Gobierno pedía una prórroga del estado de alarma.

Y lo hizo, como acostumbra,  llenando la pantalla con ese leguaje mezcla de verbal y corporal que asegura, sin ningún género de dudas, que lo que dice es la verdad absoluta  y que parece mentira que no lo entendamos

Maria Jesús Montero se esfuerza con todo su saber y entender en que nosotros abramos los ojos ante un hecho evidente: Pedro Sánchez es el guardián protector que ha salvado cientos de miles de vidas. Es el bueno, el protagonista de esta película que han montado con tanto acierto, en la que no se habla para nada de lo que “pudo haber sido”, centrando todo el argumento en “lo que es” o mejor quizás, en lo que “conviene que sea” según nuestro amado líder.

Y es que la máquina de propaganda del gobierno es potentísima y la manejan con mucha eficacia. Seguro que más de uno de  los que lean este comentario pensará que soy un insensato insensible que defiendo que siga muriendo gente para que la derecha y la extrema derecha “se salgan con la suya”. ¿Qué otra cosa podría ser si no defiendo sin fisuras la postura del presidente?

En esta cuestión, como todas en estos tiempos, se trata de dividir a los españoles en buenos y malos. Buenos son los que “arriman el hombre”, frase muy de moda, a favor de las propuestas del presidente, y malos son todos los demás, especialmente esa derecha y extrema derecha que transitan por la vida con un contador de votos. La única duda es en que bando colocamos esta semana a Ciudadanos.

Aunque hay algunos malos que son menos malos, como ERC, por ejemplo que no es que sean malos por naturaleza, es que de vez en cuando, como ocurrió en la última votación, juegan a serlo.

Y nuestra querida portavoz no puede entendernos. ¿Cómo no vemos la luz de la verdad y los signos que la acompañan?

Es posible que nos ocurra como a ella cuando estaba de Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía entre los años 2013 y 2018 y no vio el rebaño  de elefantes que pastoreaban frente al palacio de San Telmo y por los ambientes andaluces  con enormes carteles que decían, ERE, Corrupción y cosas por el estilo. ¡Ay, esas “chinitas” que se nos ponen en los ojos y nos ciegan en los momentos más  inoportunos!

Y no digo que ella tuviera algo que ver, en el sentido metafórico de la palabra, seguro que no, porque además la cosa venía “de viejo”, pero ¡hombre, algo se tendría oído!

Pues nada. Ella, en nombre del gobierno,  ha señalado al PP y a ERC de ser los responsables de que el Gobierno haya pactado con Bildu. El argumento: porque estaban en juego las vidas de muchos españoles. Y ha cambiado vidas por la abolición íntegra de la reforma laboral de Rajoy y de beneficios fiscales para Navarra y el País Vasco.

Lo que no ha dicho es que el PSOE ya había pactado con Bildu en Navarra en tres ocasiones, cuando ni había vidas que salvar, ni tenían ninguna obligación de hacerlo. Y que el presidente ya tenía asegurada la aprobación de la prórroga antes de que la señora Lastra que, por lo que parece, actuó por su cuenta y sin consultar con nadie como parecen “dejar caer” en los mentideros del PSOE, firmara el “pacto de los tres”.

Y contesto con lo que vi y escuché el miércoles porque, siguiendo mi costumbre, me “tragué” toda la sesión. Aunque la había grabado previamente para administrármela en dosis soportables.

Empezaré diciendo que Gabriel Rufían, una vez que se ha dejado sus payasadas de rigor, se está convirtiendo en un parlamentario con mucha solvencia. Por supuesto me refiero a los modos y no a al contenido de sus discursos con los que estoy en total desacuerdo, pero desde el punto de vista del parlamentarismo ha ganado en calidad de una forma sorprendente.

Fue una exposición rotunda, perfectamente enfatizada en los momentos en que debía hacerlo, con un ritmo verbal cómodo para el “escuchante, con las pausas necesarias para que el Congreso asimilara lo que decía y con una claridad de exposición digna de mejor causa.

Por supuesto su objetivo fue acorralar al presidente con un “tú sabrás lo que haces si cambias los apoyos parlamentarios”, con alusiones oportunas a la estabilidad del gobierno si les toca mucho lo que les estaba tocando.

Aunque mi opinión es que por mucho que amenace con romper los apoyos al gobierno, Rufían sabe, el presidente sabe y yo me figuro que ERC necesita a Sánchez mucho más que Sánchez a ERC. El presidente podría cambiar sus apoyos si quisiera y si no lo hace es porque tendría que ceder en partes de sus pretensiones particulares, pero ERC nunca tuvo ni tendrá una oportunidad de sacar pecho como lo que tiene ahora, fingiendo un poder que no tiene, porque sabe que ningún partido de gobierno, incluido el propio PSOE si no estuviera en manos de quién está, le permitiría ni la mitad de lo que le están permitiendo.

Y luego está el gran aludido, el Señor Casado. Yo no tengo idea de si las alternativas que presentó que fueron muchas y muy documentadas eran viables o no, pero de lo que estoy seguro es que el Presidente del Gobierno, ni las quiso conocer antes, porque no había mantenido ninguna conversación con el líder del PP antes del pleno, ni mucho menos las quiso atender en la propia sesión parlamentaria.

Su estrategia, apuntada por él mismo con una media estocada y apuntillada por el feroz descabello de la Señora Lastra, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, incluso  para un desaguisado, es la misma de siempre: pase lo que pase, especialmente si lo he hecho yo, la culpa la tiene el PP.

Como la famosa leyenda de que los italianos culpan de todo lo malo al gobierno, resumida en la conocida frase de “piove, porco governo”. Lo curioso del caso es que todavía hay quién se cree estos mensajes. Es evidente que el PP tiene muchos defectos y ha cometido errores y líbreme Dios de defenderlo, pero ¡caramba! ¿Es el culpable de todo lo malo que pasa en España?

Y que conste que yo no estoy defendiendo al PP ni a sus decisiones. Lo saco a colación porque lo puso en la arena nuestra portavoz del gobierno y porque, en este caso concreto, esa afirmación es rotundamente falsa. O al menos de muy dudosa veracidad.

Que lo único que pretende es “enmerdar” y tratar de desviar la atención del tan difundido pacto que firmó la Sra. Lastra y de que y del que sólo era conocedor del propio Presidente, puede que uno o dos ministros “íntimos” y naturalmente, Pablo iglesias, el que lleva la batuta del gobierno, al menos en lo que a iniciativas y publicidad se refiere.

Y entre las sorprendidas Nadia Calviño,  la única realmente conocedora del grandísimo problema económico que tenemos encima de la mesa y de sus consecuencias inmediatas, mediatas y a largo plazo. La única interlocutora posible en esa Comisión Europea que no se fía ni un pelo ni de Sánchez ni de sus malas compañías.

No sé cómo acabará esto. Me figuro que con otro de los movimientos de “yenca” a los que nos tiene acostumbrados el Señor Sánchez, los de “izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres”, pero lo que es seguro que es absolutamente imposible que en este momento y en estas circunstancias  se revoque en su totalidad la reforma laboral del PP, como también lo es que no se lo van a poner nada fácil sus amigos del alma de Podemos.

Continuará, espero que con mejores noticias.

Y digo lo mismo que vengo diciendo todo este tiempo: No pidan la dimisión de Sánchez con la que no ganaríamos nada. Exijan una crisis ministerial para que ponga en el gobierno a gente capacitada para sacarnos con el menor mal posible de este socavón sanitario y económico en el que hemos caído.

El pacto secreto entre Bildu, el PSOE y Podemos

Lo de ayer fue de traca. No quiero ensañarme con Pedro Sánchez ni juzgar las razones que tiene para hacer las cosas que hace y engañar a sus interlocutores como lo hace porque mi cerebro no da para tanto. Tengo mucho visto y mucho vivido, pero esto me desborda.

Resulta que no tenía segura la aprobación a la prórroga de nuestro confinamiento y había pactado el apoyo de Ciudadanos con la mano derecha mientras lo hacía con Bildu con la izquierda. ¡Con Bildu!, la heredera de los asesinos de ETA a la que nunca ha condenado. Partido con el que aseguró hasta veinte veces que nunca pactaría.

Y a cambio de sus votos le ofreció nada menos que la derogación “íntegra” de la reforma laboral de Rajoy y un trato fiscal preferente para el País vasco y Navarra. Todo ello cuando ya sabía que no necesitaba sus votos para sacar adelante la prórroga de quince días.

Y, como es natural a la vista del éxito obtenido, a Bildu le faltó tiempo para hacer público el acuerdo después de la votación. El de “las tres firmas”

Acuerdo que provocó tal revuelo en los ámbitos políticos, sindicales y patronales que poco después, esa misma noche, el gobierno publicó una nota muy en su estilo diciendo que “sí, pero no” o “sí, pero menos”

Y esta mañana sale el gran cruzado, Pablo Iglesias, para rectificar a su propio gobierno diciendo que “Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita” y que lo pactado “va a misa”. Y pido perdón por la utilización de estos refranes tan de iglesia(s).

Con lo cual ha dejado con el culo al aire, con perdón, a Ciudadanos, ha cabreado al PSE y, sobre todo, a sus peligrosísimos socios del PNV, que están en puertas de unas elecciones en su comunidad. Sin contar con el cabreo de la Patronal, de los sindicatos y de no pocos “barones” de su partido.

Y, por lo oído, parece ser que fue un gran rebote de Nadia Calviño, uno/a de los dos únicos ministros con cuajo y formación, la otra es Margarita Robles, la que frenó semejante insensatez con la amenaza de irse a su casa, o a Pernambuco, pero que no se quedaba ni un minuta más en el gobierno. Que ella no volvía a Bruselas a pedir ayudas económicas con semejante historia en la mochila.

Y claro, los asesores del presidente están como están, pero les queda un “algo” de raciocinio y pararon el golpe porque sabían que ningún español con un mínimo de imagen y de conocimiento aceptaría la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, interlocutora de España en la Comunidad y la encargada de conseguir un dinero que cada vez tenemos más complicado obtener “a cambio de nada” como pretende el gobierno.

¿Quizás Monedero?

Estamos, están, completamente locos y muy desnortados. Tanto que si no fuera de lo trágico de la situación, con la barbaridad de españoles fallecidos, con los muchísimos infectados y teniendo a los vivos y sanos en estado de “confinación”, este lio permanente del gobierno, tan aficionado a mezclar churras con merinas o con cerdos ibéricos si llegara el caso, daría para escribir un auténtico “Secreto de Puenteviejo”. Incluso de más temporadas.

¡Dios nos pille confesados! Que dice el dicho.

Cada cosa en su sitio y respetando las formas y los tiempos. Manifestaciones de cacerola

En el día de ayer y como ocurrirá en los próximos, (porque el tema de hoy es el acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu, los herederos de los asesinos de ETA), en los titulares y los comentarios políticos no aparecen o lo hacen con letra más pequeña los muertos por la pandemia, ni los infectados, ni las fases lunares en las que estamos metidos, ni ninguno de los muy preocupantes temas que tanto nos están afectando.

Lo importante son las manifestaciones “espontáneas”, los acosos y las bravuconadas de unos y de otros.

Hechos que según la lógica española de los últimos tiempos, difumina, si no cubre por completo,  las colas de gente que va a pedir ayudas en alimentos a donde pueda encontrarlas, a los afectados por los ERE temporales, definitivos o del estilo que sean que no han cobrado desde hace dos meses, o en las muchas majaderías y contradicciones de los unos y los otros.

Ahora lo importantes es salir a la calle gritando “gobierno dimisión”. Y si es con una bandera española y una cacerola mejor que mejor. 

Pero me parece a mí que si son manifestaciones “espontáneas” no tienen demasiado sentido. Aplausos, caceroladas o música desde los balcones toda la que se quiera, pero en la calle no es el momento porque puede suponer algún tipo de riesgo de contagio o de enfrentamientos con los “contrarios” porque ni están legalizadas ni gozan de la debida protección. Y si están organizadas por algún partido mucho peor porque parece que es cambiar algaradas, que no manifestaciones organizadas, por votos ¿Por votos, para quién?

Porque la última vez que se le hizo algo parecido a Zapatero le vino de maravilla porque provocó un repunte en su caída de confianza de los españoles en las encuestas del CIS. Me refiero al CIS respetado y fiable de entonces y no a la formidable máquina de propaganda  del gobierno, alimentada con las preguntas “inocentes” del en otro tiempo respetable Señor Tezanos.

Que los españoles tienen derecho a manifestar su opinión, por supuesto. Y que nos han secuestrado el derecho a hacerlo formalmente también. Que el gobierno se merece escuchar algunas verdades que tenemos aparcadas, sin ninguna duda. Pero ahora no. Ahora no es el momento.

Porqué la nación española no es ni una falla ni un club de futbol donde puede dimitir un presidente por una “pañolada” y al día siguiente hay un nuevo presidente que ocupa el cargo

Afortunadamente tenemos una Constitución que impide este tipo de alegrías y que para cambiar un gobierno obliga a disolver las cortes y convocar elecciones, para lo que hay plazos y formalidades.

De entrada entre la disolución de las Cortes y las elecciones debe pasar bastante tiempo y una vez conocido el resultado de las votaciones, el Rey nombra candidatos a formar gobierno entre los líderes políticos  capaces de conseguir mayoría suficiente para gobernar. Y si, en el mejor de los casos, el candidato propuesto consigue esta mayoría, se le declara  presidente electo y tiene un plazo para formar gobierno y tomar posesión formal de su cargo.

Mientras y según Artículo 101, punto 2. “El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”. Es decir: durante todo este proceso que dura muchos meses, el gobierno sigue siendo el mismo, aunque sea “en funciones” y al final, después de todo este recorrido, podríamos tener al mismo presidente si consigue los apoyos necesarios.

¿Esto lo saben los que salen a la calle gritando “gobierno dimisión”? ¿Es el mejor  momento para forzar una dimisión del gobierno actual? En mi opinión no, un no rotundo porque además de todos los problemas que tenemos, solo nos faltaba estar sin un gobierno controlable en el Parlamento. Lo conveniente sería forzar a que el gobierno actual ceda en sus posturas intransigentes y acepte dialogar con la oposición para pactar soluciones. Para lo cual hay que presionar al gobierno y a cada una de las fuerzas políticas del país para que se dejen de componendas, de juegos florales o de pirotecnia de bajo nivel y se dediquen a ganarse el sueldo que cobran por mejorar el bienestar de los españoles, que es para lo que les han elegido.

Sin caer en las trampas que nos están tendiendo. Al Señor Casado o al Señor Abascal no les pueden presionar los militantes o simpatizantes del PSOE o de Podemos. Ni tampoco pueden los votantes del PP, de VOX o de ciudadanos presionar a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias. No conseguirían nada.

La presión que debería sentir cada uno de ellos es la de sus propios votantes. Esa sería la única lógica y la más eficaz. Promover foros, reuniones o mini asambleas dentro de cada partido y hacer ver a sus dirigentes que tienen que llegar a un acuerdo y hacerlo rápidamente. Y cuando digo un acuerdo no me refiero al que se basa en la “adhesión inquebrantable” que reclama el presidente.

Cuando pase este trago sí. Entonces será el momento de que cada cual ponga en funcionamiento los mecanismos institucionales que estime necesario para forzar un cambio de gobierno, si es lo que quiere, o un cambio de rumbo y de política con iniciativas parlamentarias, manifestaciones o lo que crean conveniente.

Y mientras, todos los que están pidiendo “gobierno dimisión” que sigan con sus caceroladas de balcón o de puerta de la calle y se dejen de ejecutar manifestaciones más o menos espontáneas.

Para evitar que se provoquen tensiones entre ciudadanos que, de favorecer a alguien, sería a los más radicales del gobierno. Pablo Iglesias ya ha “anunciado”, o casi, que los suyos acosaran a los que ellos llaman derecha y extrema derecha. A él no le viene nada mal porque es su terreno, su mejor forma de conseguir lo que quiere en forma de algaradas y confrontaciones. Nunca lo ha ocultado.

¿Decisiones sanitarias o decisiones políticas?

Posiblemente mi fantasía se está desbordando a causa de la duración del confinamiento, pero hay cosas y figuras que están siendo habituales y que a mí no me parecen normales. Y me explico:

La situación que estamos atravesando no ha cambiado en absoluto y seguimos teniendo que resolver dos problemas muy importantes  y totalmente diferentes:

  • El primero es el control sanitario de la pandemia, que está en fase decreciente con una amenaza nada desechable de cierto rebrote. Esta operación debería estar dirigida, como nos dicen, por un equipo de expertos, de técnicos sanitarios en epidemiología, control de infecciones  y de las especialidades más adecuadas para el caso, aunque también requiere una serie de medidas económicas a corto plazo para paliar los efectos negativos para las empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Medidas económicas que, en pura lógica, desaparecerán cuando se venza al virus y se recupere la normalidad social.
  • Y el segundo es determinar y aplicar las medidas necesarias para recuperar la catástrofe económica causada por la pandemia y que provocarán mucho paro por cierre de empresas. Son daños que perdurarán durante un plazo más largo, no menos de tres años en mi estimación personal, nada fundada, y que requiere estrategias y acuerdos consensuados por todas las fuerzas políticas.  En primer lugar porque puede que se necesiten medidas severas y hay que evitar la utilización política de sus efectos y también porque es muy posible que su aplicación afecte a más de una legislatura en la que incluso pueden variar los partidos en el gobierno.

Pues bien. En lo que afecta a las medidas sanitarias de defensa contra la pandemia y las estrategias del desconfinamiento, especialmente las preventivas, todos dicen que las coordina un “comité de expertos”. ¿Quiénes son y dónde están? ¿Por qué se oculta su identidad? La ley general y la de transparencia en particular obligan a hacer públicos los nombres de los que trabajan directa o indirectamente para el gobierno. ¿Qué mejora sanitaria supone esta situación de ocultismo? ¿Evitar presiones? Una excusa intolerable porque impide que la gente experta en la materia, que no soy yo, puedan estimar si son expertos o no en temas de sanidad. ¿Quién me dice a mí que en ese consejo no está la esposa del presidente, por poner un ejemplo absurdo?

Y no me vengan con otra de sus grandes falacias: Declararlo “secreto de Estado”. Bien está porque no lo hemos podido evitar que sea secreto de Estado los viajes particulares del Presidente en el Falcon, pero estos abusos no pueden acabar bien. Es imposible que se acepten como norma en un estado democrático en el que uno de sus pilares fundamentales es la transparencia.

¿Este comité invisible trata asuntos sanitarios? Porque, de ser así, lo suyo sería que los representantes de la sanidad de cada autonomía se dirigieran a los expertos nacionales y acordaran acciones ajustadas a cada caso y cada situación.

Pero no es eso lo que ocurre. Lo que veo es a un Presidente de Gobierno en funciones de “máxima autoridad”, escuchando a los presidentes autonómicos, de los que recibe peticiones políticas relacionadas con cada una de sus autonomías y a los que contesta con decisiones políticas por mucho que insista en la coletilla de “según los expertos”.

Porque, insisto, si fueran decisiones de los expertos, ¿Qué pinta el Presidente haciendo de intermediario? Tienen que hablar los expertos, claro que sí, y tiene que participar el Ministro de Sanidad porque alguien tiene que representar la autoridad del gobierno y los expertos no la tienen.

La imagen que se proyecta y afecta a mi sentido de la democracia real es la de un “jefe” todopoderoso que, “oídas las partes”, dictamina sin posibilidad de réplica. Como ocurre en el muy antiguo Tribunal de las Aguas de Valencia. Solo que ese tribunal lo componen “hombres buenos” en la terminología valenciana, hombres conocidos, respetables y respetados que representan a las acequias. Y aquí solo se oye la voz del Presidente.

Puede que esta exposición mía sea demasiado en blanco y negro y existan algunos grises, pero yo los aprecio cada vez menos.

Y si, como me parece, son decisiones políticas que afectan a una parte de los derechos fundamentales de los españoles, por mucho que se envuelvan en una coartada sanitaria, el lugar para debatirlas es el Parlamento, casa de la democracia, y no con los presidentes autonómicos, sino con los grupos parlamentarios.

Insisto. Defiendo, más bien considero prioritaria, la intervención de las autonomías en las decisiones que afecten al control de la pandemia, pero no con el formato actual. Y no olvidemos que la sanidad está transferida desde hace muchos años y que, en pura lógica, los consejeros de sanidad de cada autonomía tiene mucha más experiencia y posibilidades de decidir lo más adecuado que un Ministro de Sanidad, titular de un ministerio catalogado como uno de los “maria”, que carece de ella.

Transferencia que en este momento está suspendida de hecho sin que hasta el momento sepamos si ha sido conveniente hacerlo o no.

Lo cierto es que la postura actual es sumamente beneficiosa para el Presidente del Gobierno. Aparece como una figura de autoridad tipo “ordeno y mando” disfrazado de “después de intercambiar opiniones” que en la práctica no pasa de ser un simple “escuchar” porque, por lo que dicen los presidentes, no existe tal diálogo.

Y, naturalmente, el presidente estará cómodo sumamente cómodo porque, repito, no es el representante del “ejecutivo”, sino la máxima autoridad de la nación que toma decisiones acertadas junto con otras de dudosa utilidad, o lo que es peor, de dudosa legalidad en el contexto en el que se están tomando, gracias a los supuestos poderes que le otorga el estado de alarma.

Y esa es otra. Porque el estado de alarma solo autoriza al gobierno a tomar medidas sin el control del Parlamento en lo relacionado con la razón de ser de la propia declaración, pero no permite, es inmoral, utilizarlo para razones totalmente ajenas al hecho. Eso tiene un punto cada vez más acusado de autoritarismo, por no emplear la palabra absolutismo, que no ha sido característica de nuestros gobiernos desde la restauración de la democracia.

El Presidente, por la autoridad que se ha conferido, tiene la llave de las puertas de nuestras casas y nos deja entrar o salir cuando estima oportuno y en las horas que tiene a bien hacerlo, tiene al Parlamento bloqueado y a la oposición amordazada la mayoría del tiempo, se ha convertido en el “señor” de las autonomías, a las que convoca cuando quiere y a las que dicta lo que estima oportuno, ha subvencionado a “sus” televisiones para que apoyen sin fisuras sus decisiones, se ha auto asignado muchas horas de televisión para lanzar mensajes de autobombo y de propaganda indisimulada, decide “secretos oficiales” para ocultar información a los españoles y al propio Parlamento y, entre otras cosas más, tiene la llave del BOE para imponer decisiones sin pasar por los filtros habituales.

Imaginemos que los españoles queremos hacer una manifestación pidiendo “lo que sea” al gobierno porque no nos gusta como lo hace. ¿Cuándo podremos hacerla? ¿Puede plantearse una situación más favorable para un gobierno que tenga “un punto” de totalitarismo?

En un pasado histórico el Rey, que era la autoridad del Estado, podía delegar sus funciones en alguien y a eso se llamaba “dictadura”. Lo que, de hecho, suponía una alteración de la normalidad, siendo la del General Primo de Rivera la última que recuerdo.

Pero en la actual Constitución, que es de hecho la máxima autoridad del Estado aunque su representación última la ostente el Rey, los gobiernos no dejan de ser administradores temporales de los Presupuestos Generales del estado e impulsores de leyes y reglamentos que deben aprobarse en el Congreso.  Los gobiernos no son los “dueños” de nada y mucho menos de las vidas y haciendas de los españoles. Eso sucedía en tiempos del Alcalde de Zalamea.

Son servidores públicos, eso sí al máximo nivel y no pueden tomar decisiones que no estén contenidas en la Constitución o en las leyes españolas. Insisto: Medidas sanitarias sí, las correspondientes al estado de alarma. Decisiones políticas “excepcionales”, ninguna.

Y la otra parte del problema, las medidas a largo plazo para paliar el desastre económico provocado por la pandemia, necesita una solución urgente, pero da la impresión de que el gobierno o no tiene prisa o tiene un plan desconocido para que, muy en su línea, parezca que se hace lo que no se hace.

Ya se ha formado la comisión, pero tiene toda la pinta de ser una comisión parlamentaria más, con intenciones políticas, que no ha incluido a expertos en economía o en materias que van a resultar muy importantes para alcanzar una solución real, práctica, estable y sólida. Solo a políticos de la Cámara. Y a políticos con perfil político, valga la redundancia, no con perfiles profesionales solventes

¿Alguien piensa que la solución puede venir de un acuerdo entre el PP y Podemos, pongo por caso? De ninguna manera.

¿O que esta comisión puede llegar a acuerdos que comprometan a un próximo gobierno sea de la orientación política y social que sea?

¿Alguien que tenga más de cincuenta años puede pensar que Patxi López es el hombre de mente preclara y mano firme adecuado para liderar el grupo y aportar soluciones? ¡Que nos conocemos, por favor!

Patxi López es un “buen mandado”, facilón y acomodaticio a los puestos que ha ido ocupando. Y, en este caso y para aclarar dudas, lo primero que ha dicho que es que la oposición se olvide de que esta comisión “sirva para cuestionar decisiones del gobierno”. ¡Así nos irá! Claro que no se constituye para cuestionar decisiones tomadas por el gobierno.

Eso podría justificar “otra” comisión parlamentaria, pero esta comisión en concreto se crea, o así debería ser, para buscar soluciones de futuro que eviten una auténtica catástrofe económica y social.

Señores congresistas, no acepten una comisión al uso que acabe como la mayoría. En nada práctico. Tenemos un problema de Estado que trasciende al gobierno actual y que necesita a los mejores cerebros de la sociedad española. Sin más condicionantes que disponer de los conocimientos suficientes para sacarnos del pozo lo más rápidamente posible. Sean políticos en ejercicio o no.

Y es por todo esto por lo que cada vez me huele peor lo que está sucediendo. Hace tiempo que “me lo temo” y así lo he publicado en varias ocasiones,  pero cada vez más se aprecia el tufillo de partidismo o del egoísmo personal que tiene como objetivo ganar tiempo para concurrir con una buena imagen a las próximas elecciones y no tanto en solucionar el problema de la nación.

Porque, visto de forma totalmente imparcial y fuera del marco de la política profesional,  el procedimiento que se está siguiendo es totalmente contrario a lo que exigen los estándares de calidad en general y los de “solución de problemas” en particular. Está en las antípodas.

Como sabe cualquiera que haya trabajado en procesos de calidad aunque sea de forma elemental,  el primer paso para resolver un problema, el ineludible, es evitar las bolas de nieve o las nubes que enmascaren los hechos.  Que la visión del bosque no impida la de cada uno de sus árboles.

Es fundamental dividir el problema en cada una de sus partes para abordarlas por separado y con soluciones adecuadas al caso, sabiendo que si se resuelve cada una de ellas, se resuelve el problema general. Y que mientras, se avanza en cada área en concreto.

Aunque parezca algo enrevesado, repito que es práctica habitual en calidad que se emplea en la empresa privada y, seguramente, en algunos organismos oficiales.

Que es exactamente lo contrario que está haciendo el gobierno: mezclar los problemas a resolver a corto plazo con los que necesitan acciones a medio o largo plazo, la salud con la economía, los problemas sociales provocados por la pandemia con los estructurales de la nación, etc.

Y que para abordarlos ha convocado un comité confuso y un grupo de expertos invisibles.

Insisto. Alguien está mezclando las prioridades y este no es el camino adecuado. De hecho no es “ningún” camino. Es el bloqueo total a cualquier solución sensata.

Lo peor es que el gobierno, abusando de la necesidad de que intervenga en el freno a la pandemia impidiendo la movilidad entre autonomías hasta que la situación lo permita, porque es el único que puede hacerlo, no soltará el bocado que ha asestado al cuello de la nación. Hay demasiados interesados en mantener esta situación de control absoluto porque, de hecho, la intervención forma parte de su ideario político. Y mucho más del de Podemos, su socio preferente.

Por lo que, lamentablemente, la única solución es votar en contra de futuras prolongaciones del estado de alarma, o aprobarlas imponiendo condiciones muy severas. Condiciones que favorezcan la democracia, naturalmente.

Y dicho todo lo anterior, que es mi opinión sobre lo que está pasando, un último comentario.

El gobierno ha cometido muchas imprudencias y alguna que otra insensatez desde el comienzo de la pandemia, pero no se le puede acusar de ser el único culpable de lo sucedido. Lo que tengo claro, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es que lo que ocurra de ahora en adelante es responsabilidad exclusiva de los ciudadanos inconscientes, sino auténticos descerebrados que están incumpliendo todas las recomendaciones, no solo del gobierno, sino de todos los médicos y personal sanitario de España. Por lo que opino que, desgraciadamente, no habrá más remedio que prolongar el estado de alarma.

Aunque, como también he dicho, el gobierno debe asumir una serie de condiciones para que esta prolongación no suponga una prolongación de la muy extraña situación que ha provocado y de la que no parece dispuesto a renunciar.

Apoyo condicionado sí, sumisión al gobierno, no.

Vergüenza propia, vergüenza ajena.

Tengo que manifestar mi desilusión por lo que está ocurriendo en las calles de toda España en cuanto se abre la mano para al desconfinamiento condicionado de los españoles.

Sin entrar en detalles de lugares ni momentos, otra vez se produjo una mezcla indeseada de mayores con deportistas, bicicletas esquivando peatones, patinetes, gente corriendo sin mascarilla adelantando a otros colectivo sabiendo que su estela de riesgo es mucho mayor que la de un peatón, gente que invade lugares prohibidos o que circula por direcciones contrarias a las señaladas y muchas otras infracciones.

Incluso hay quién ha aprovechado la ocasión para organizar encuentros o botellones en las calles de nuestras ciudades.

Seguro que el gobierno ha cometido errores por omisión o falta de decisión, pero el incivismo y la falta de cooperación no es culpa del gobierno. Es, sin ningún paliativo, de las personas antisociales que se saltan las normas recomendadas por las autoridades sanitarias que consisten básicamente en respetar los horarios por grupos, mantener las distancias sociales, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos  y, según casos, el uso de guantes.

Podéis estar seguros de que yo no necesito ningún estado de alarma para cumplir estas normas o cualquier otra recomendación que venga de fuentes autorizadas. Y como yo, muchos millones de españoles. Pero todos nosotros, los que cumplimos las reglas, estamos amenazados por los que se las saltan. Ellos también, pero es su riesgo, como el del que se lanza al agua del mar en verano desde acantilados con acceso prohibido.

Por eso, porque hay gente insolidaria y egoísta, fue necesario que se decretara el estado de alarma que confiere la autoridad y el control de los ciudadanos al gobierno de la nación. Rozando incluso algunos de nuestros derechos fundamentales. Y es necesario que sea el gobierno central y no las autonomías, porque podrían haber tomado medidas que perjudique a las autonomías vecinas o a sus propios administrados.

Pero por mucho que se “ordene” no se conseguirá nada si no es con la plena colaboración de los ciudadanos. Porque no tenemos policía suficiente para controlar y sancionar a los insensatos y antisociales. Son demasiados

Y, como siempre, entran en juego las opiniones de cada cual, cosa que es respetable e incluso deseable. He leído en alguna ocasión, la última muy recientemente, que los españoles “entendemos de todo” haciendo referencia a los comentarios sobre decisiones del gobierno, de este o de otros anteriores, y de las autoridades sanitarias.

No entenderemos, pero opinamos y eso no es malo ni ofensivo si no estigmatizamos a los que no piensan como nosotros. Está claro que cada uno tenemos nuestras inclinaciones y es imposible que veamos las mismas cosas del mismo color porque utilizamos nuestros propios prismas. Y, naturalmente, nadie es absolutamente imparcial.

Y pongo un caso de ayer mismo cuando me vi inmerso en una discusión en Facebook por un tema muy de actualidad: la conveniencia de realizar test del coronavirus.

Y entré porque alguien dijo que los test es algo que “utiliza la oposición para atacar al gobierno”. Estoy de acuerdo en que los políticos siempre tratan de capitalizar opiniones, pero es un hecho indiscutible que los test masivos, el mapeo de los infectados sintomáticos o asintomáticos, es lo que ha hecho que algunos países hayan contenido la infección desde un primer momento.

Y que es una demanda, un clamor, del personal sanitario, de todos los relacionados con la logística, la desinfección o los guardianes del orden. Y de los empleados de residencias o similares. Para ellos y para sus acogidos. Y de muchos ciudadanos.

Por eso es urgente que nos protejamos de las manipulaciones de unos y otros y rechacemos las mentiras o las medias verdades. Ya está bien de seguir el juego a voceros profesionales de mangantes e interesados. Los test, el feminismo, los derechos humanos y tantas  otras cosas no son y nunca han sido propiedad particular y exclusiva de nadie. Son patrimonio de la sociedad, nuestro patrimonio, y no de partidos políticos o agrupaciones que se atribuyen la propiedad, por muchas frases altisonantes que pronuncien o pancartas multicolor que exhiban.

Es cierto, decía, que la mejor precaución es el confinamiento o la distancia social, pero también lo es que estos países comenzaron con los test desde el primer momento. Y, aunque no se diga oficialmente, todo el mundo parece estar convencido de que se va a producir un rebrote cuando la gente salga a la calle libre de hacer casi todo lo que quiera. Y por eso no han desmantelado los hospitales de emergencia que se construyeron. Solo que, eso espero, la experiencia de estos meses y la utilización masiva de test hará que se controle mucho mejor y evite que se repitan situaciones tan dramáticas como las actuales.

Y también es un hecho que la sanidad volverá a necesitar un sobreesfuerzo porque a los enfermos de coronavirus se tendrá que añadir la atención a todos los que tenemos patologías diferentes y nos retrasaron  la asistencia o las revisiones por fuerza mayor

Esta semana el gobierno va a repetir su petición de mantener el estado de alarma y hay división de opiniones sobre lo que debe hacer la oposición. Mi opinión personal, sin datos reales para justificarla porque tengo la misma información que la mayoría, que es muy poca, es que estamos en una situación en la que las Autonomías podrían organizar las acciones para controlar la epidemia, pero hay un gran problema: regular la movilidad entre ellas, porque es una competencia que solo tiene el gobierno de la nación.

Por lo que creo que la oposición y hablo del PP y Ciudadanos, deberían apoyar la prórroga. Condicionándola, eso sí, a que el gobierno la utilice únicamente para tomar medidas relacionadas con la pandemia, sin mezclarlas con decisiones que afecten a la economía ni a “colar” nombramiento de direcciones generales, por ejemplo, como ha ocurrido estos días y cosas similares. Solo a la lucha contra la infección del coronavirus.

Ayer comprobé con estupor la malicia y desvergüenza de los voceros de   siempre pregonando por todas las esquinas que si la oposición niega la prórroga serán responsables de miles de muertes. ¿Puede creerse? Nadie ha acusado al gobierno de la muerte de nadie y habría mucho de que hablar por su mala gestión y ahora deciden que si mueren más personas o hay recaídas será por culpa del PP o de Ciudadanos.

Nunca pensé llegar a ver semejante falta de moral. Tanta desfachatez. ¿En eso ha quedado la izquierda histórica? Conocida la experiencia del Prestige, de la epidemia del Ébola o del 11M, no quiero ni pensar lo que estaríamos escuchando en las redes sociales con miles de usuarios salidos de la nada, o en las “sextas” y similares, si en este momento hubiera un gobierno presidido por el PP.

Este tipo de declaraciones, tan miserables, son propias de personas miserables que enmascaran su falta de eficacia o sus intereses personales en mensajes como “España nos roba” o más recientemente “si hubiéramos tenido autonomía habrían muerto menos catalanes”. Yo ya he escuchado en el Congreso un “el PP nos mata” a propósito de los supuestos recortes de la sanidad, pero solo fue un conato que no se repitió. Incluso en el peor momento de mi admirado Rubalcaba, el 11M, no dijo que los muertos fueran responsabilidad del gobierno por no haberlos evitado. Se limitó a un “no nos merecemos un gobierno que miente”.

Y si hay una recaída, que la habrá con o sin prórroga, será en primer lugar por culpa de los ciudadanos irresponsables que no cumplen las más elementales reglas para evitar contagios. Y en segundo de los que, después de tanto tiempo, todavía no tienen mapeada y controlada la difusión del virus. Pero insisto en que solo en segundo lugar.

Y la oposición, apoye o no la prórroga, hará muy bien en publicar muy claramente las medidas que recomienda para que España no pierda cinco años de progreso en unos meses. Sin perder el tiempo explicando que tenemos un gobierno de gasto, con criterios de control de todos los poderes, con tentaciones absolutistas, que con una mano pide dinero a Europa sin ofrecer garantías y con la otra gasta en partidas absurdas y sin fundamento.

Y con este panorama casi lo menos malo que nos puede ocurrir es que Europa nos de las ayudas económicas que le estamos solicitando, pero que imponga un plan de rescate que nos proteja de frivolidades y locuras financieras. Como hizo con Grecia, con Portugal o con Irlanda.

Y duele decir estas cosas. Nunca pensé que podría decirlas. A España no la está arruinando el virus, aunque sea un peso muerto que provocará un importante paso atrás en el progreso. La está sacando del grupo de los países con fundamento la locura de un gobierno que acusa de matar a españoles si no les apoyan en la prórroga de un estado de alarma que está utilizando como un estado de excepción. En el que se siente muy cómodo porque en esta situación puede hacer casi lo que quiera.

Y cabe recordar lo ocurrido al primer Presidente de la Primera República Española, Estanislao Figueras y Moragas, de vida agitada y con notables altibajos, que un día de 1873, con la nación sumida en una gran crisis económica y los partidos políticos profundamente divididos, incluido el suyo, dejó la presidencia y se exilió voluntariamente a París.

No sin antes haber reunido a políticos de su partido y de la oposición para decirles “Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros“.

Es una expresión grosera pero tomándola por el lado castizo, no encuentro otra mejor para dirigirme a esa “casta política· (¡cuánta razón tenía Pablo Iglesias!) y a nosotros mismos, los ciudadanos en general, a los asilvestrado e insolidarios en particular y muy especialmente al ínclito Iván Redondo que muy probablemente será el estratega promotor de muchos de estos disparates.

Y mis citas, como suele ocurrir, están basadas en hechos. Comentados desde mi punto de vista, naturalmente. Vistos a través de mi prisma personal.

Primero de Mayo – Modelo sindical de ayer, lastre para el avance productivo y social del mañana.

En diciembre de 2016 escribí un artículo en mi blog titulado “Sindicalismo tradicional en la era de los robots” en el que decía lo siguiente.

“Esta madrugada he escuchado en una emisora de radio que UGT ha pedido que se grave con un impuesto a las empresas que usen robots en sus cadenas productivas. Supongo que esta petición, de ser cierta y perdonen la ironía, habrá ido acompañada por otra exigiendo que las mismas empresas dediquen más recursos para I+D.

España sigue siendo diferente y los sindicatos “históricos”, los de los dirigentes “históricos”, tienen tanta idea de mercado laboral como yo de física cuántica. Estos señores, que han vivido  en su juventud eso de entrar en una empresa “para toda la vida”, defienden únicamente a los trabajadores “empleados” para que sigan empleados hasta su jubilación, hasta su muerte o hasta  la muerte de las empresas. Y a los que no tengan trabajo que los mantenga el Estado.

Son ensoñaciones sobre tiempos pasados, que no volverán, y que condicionan sus políticas y sus estrategias porque condiciona sus “saberes”.

Parece una barbaridad, pero creo que sería mucho mejor para los trabajadores, empleados o en paro, que a los sindicatos los dirigieran economistas y gente con verdadero conocimiento de lo que son los mercados y las empresas del futuro, y digo empresas porque son estas, incluido el Estado como gran empleador, las que justifican su existencia. Porque los sindicatos no son generadores de empleo.

Seguro que conseguirían mejores resultados, negociarían de tú a tú con grandes empresas, patronales y gobiernos, y llegarían a verdaderos “gana – gana” de ambas partes, en lugar de defender posiciones tan fuera de lugar.

Un ejemplo: No conozco el perfil de los sindicalistas de la Ford de Almusafes, pero han sido un magnífico ejemplo de acuerdos laborales con la patronal, que ha permitido que esta empresa haya mantenido su calidad y sus mínimos de rentabilidad en lo peor de la crisis, sin daños irreparables en la plantilla.

Y ¿Cómo lo han hecho? Negociando ajustes de turnos y horarios para adaptarlos a las circunstancias de cada momento, según los altibajos en los flujos de demanda.

Espero que los Reyes Magos, que están en todo, regalen a los arcaicos dirigentes sindicales de los “dos grandes”, un manual de economía modelo Epi y Blás que, recordando que los costes de empleo son un capítulo importante en el coste del producto final,  diga cosas como esta:

  • Producción manual=más costes de empleo.
  • Más costes de empleo= pérdida de competitividad.
  • Pérdida de competitividad=pérdida de mercado.
  • Pérdida de mercado=pérdida de empleos.

Y su inversa:

  • Más ayuda tecnológica=mayor capacidad de producción/empleado/hora.
  • Mayor capacidad de producción/empleado/hora=menor coste del producto final.
  • Menor coste del producto final= más facilidad para ocupar mercados.
  • Más facilidad de ocupar mercados=mayores oportunidades de crear empleos.

Con el valor añadido de que cuando nos referimos a empresas avanzadas tecnológicamente estamos hablando de empleos fijos y mejor remunerados.

Naturalmente el porcentaje de “producto final hora por empleado” habrá aumentado, que es de lo que se trata, pero no a costa de un mayor esfuerzo físico. Y la pérdida de empleo potencial por la menor necesidad de mano de obra para conseguir el  producto final se compensa con la mayor venta del producto por su bajada de precio.

La resultante debería ser: se abarata el producto, luego se vende mejor, luego se genera más empleo con menos esfuerzo del productor. ¿Dónde está el problema?

Nos guste o no, la globalización exige cada vez más, una tecnificación avanzada de las empresas porque, respetando los mínimos de calidad, estamos y estaremos en una lucha abierta de precios y servicios.

Sinceramente, no se si lo entenderán. O lo que es peor: puede que lo entiendan pero no les interesa. Continuemos con la demagogia y los populismos y sigamos remando contra corriente.

Seguro que hay otras formas, más modernas y eficaces, de proteger a los empleados de los abusos salariales de empleadores desaprensivos sin perder el ritmo de crecimiento de empleo. Seguro que sí.

Pues bien desde entonces y pasando lo que ha pasado, me entero de que los dos genios de la economía y de las finanzas que ejercen como secretarios de los dos sindicatos que fueron tan importantes en la España de la transición a la democracia para corregir abusos patronales amparados por la ley, sugieren que una vez pasada la pandemia se debería estudiar la posibilidad de nacionalizar empresas.

Otros que tal. Como como algunos partidos, incluidos los que componen el ejecutivo, que se han confundido pensando que el momento de desconcierto en el que estamos sumidos y los poderes extraordinarios que se está tomando el gobierno al socaire de la situación, algunos justificados, es el mejor momento para cambiar el ordenamiento político y jurídico español por la vía de hechos consumados.

Y otra vez les digo que no lo conseguirán. Que no lo pueden conseguir. Porque España es un Estado de Derecho, no una propiedad del gobierno de turno, y entre las palabras o las intenciones de cualquier grupo y los hechos, hay toda una batería defensiva que empieza, o debería empezar por el control del propio Parlamento, que continúa en los tribunales, siendo el de mayor rango del Constitucional y que termina, el último baluarte al que será imposible convencer, en la Comunidad Europea.

Pero mientras, los muertos vivientes defensores de estrategias sindicales de principio del siglo pasado, los que dejaron de tener parte de su razón de ser en España a partir del Estatuto de los Trabajadores aprobado en 1995, no evolucionaron como lo hicieron los partidos políticos y las empresas y continúan intentando avanzar por una senda que no les conduce a ninguna parte.

¿Quieren que España de un verdadero salto cualitativo de bienestar? Retiren a estos dos señores que no han aportado nada en su vida como inspiradores de cambio y modernidad, que han consentido corrupción en sus filiales de Andalucía, Asturias y otras plazas alegando que “eso es cosa de las territoriales” y que han luchado contra la reforma de Rajoy mientras despedían a sus propios empleados aplicando las indemnizaciones por despido de dicha reforma porque les favorecía económicamente.

Sus nombres, por si no los recuerda,  son Unai Sordo y Pepe Álvarez y ya casi ni se sabe a qué sindicato representan cada uno. Expertos en nadar entre dos aguas, que lo mismo coquetean con el independentismo que con los proetarras, sin más tareas conocidas que soportar pancartas y sentarse en mesas de negociación para decir lo mismo que vienen diciendo desde que al mundo era en blanco y negro. Porque, o no se  han enterado o no tienen la más mínima capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones.

Su mundo ideal: Seguir siendo los líderes sindicalistas de los empleados, que eso da poco trabajo  y que al resto de los obreros españoles, a los parados, les subvencione el Estado. Como a ellos mismos y a sus sindicatos. Que no viven de la cuota de los afiliados precisamente.

Mañana, primero de mayo, recordaré las luchas pasados por los derechos de los trabajadores y me volveré a tapar la nariz cuando escuche las recomendaciones y consejos de los dos líderes sindicalistas.

Lo que no dirán, seguro, es que se ha abierto juicio oral por la corrupción de UGT en Andalucía.

Y mi respeto, todo mi respeto, para los sindicalistas de “a pie” que han luchado por los derechos de los trabajadores en cada empresa. En la mía por ejemplo. En algunas ocasiones del pasado y por razón de mi cargo he tenido que discutir con ellos alguno de los puntos de sus demandas y lo hicimos con firmeza, pero de buena fe y, repito la palabra,  con respeto mutuo. Como debe ser.