Son varias las batallas menos conocidas por la ciudadanía que mantiene el gobierno y Puigdemont para sortear o saltarse la Constitución y las leyes españolas y una de ellas es la famosa Balanza Fiscal que quiere redefinir el independentismo catalán en su favor, naturalmente.
No descubro nada, aunque puede que alguien no lo sepa o lo tenga medio olvidado, que en España somo las personas físicas, cada uno de nosotros de forma individual e independiente, los que pagamos los impuestos estatales. Y lo hacemos en función de nuestros ingresos, básicamente en la declaración a Hacienda de cada año, vivamos donde vivamos. Con la excepción de los empadronados en el País Vasco y Navarra que tienen regímenes fiscales propios
Pero los nacionalistas catalanes, porque ya por entonces, antes de ser claramente independentistas ya lo pretendían, querían hacer ver al Estado que son las comunidades las que pagan los impuestos en una especie de “cuenta de la vieja” que agrupa lo que pagan en cada una de ellas los ciudadanos residentes en las mismas.
Pretensión que ya echó para atrás el Tribunal Constitucional cuando lo “colaron” en su estatuto de autonomía.
Y lo pretendían porque la renta per cápita de los residentes en Cataluña era mayor que la media del total de comunidades y ellos, aprovechando este hecho, defendían que Cataluña aportaba más a la hacienda española y que “era justo” que parte de este importe se les devolviera en forma de inversiones o ayudas de cualquier tipo.
Lo que sería totalmente injusto, aparte de inconstitucional, por razones de sentido común, que se entenderá mejor si pongo un ejemplo a modo de parábola:
Imaginémonos que todos “los ricos” de España deciden residir en la comunidad valenciana. Según el criterio que ellos defienden, el de que son las comunidades y no los individuos los que pagan impuestos, resultaría que nuestra comunidad, que sería la de mayor renta per cápita y refugio de “ricos”, sería la que debería recibir más contrapartidas del Estado por este hecho, en lugar de que esos impuestos se repartan equitativamente entre todas las comunidades para soportar los servicios básicos comunes a todos los españoles reflejados en los Presupuestos Generales de cada año.
Es decir, la comunidad “de los ricos” sería la que más dinero recibe gracias a los impuestos pagados por “sus ricos”.
—
Otra cosa muy diferente es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que establece que las comunidades que obtienen más ingresos que la media por impuestos propios o ayudas del estado, están obligadas a ceder parte de esos ingresos al fondo común para que se utilice para ayudar a las que están por debajo de la media.
Ese es el caso de la comunidad de Madrid, que en 2022 aportó el 73 % de lo ingresado en ese fondo, lo “devuelto” al Estado, exactamente 4.259 millones de euros. El resto, hasta un total de 5.852 millones, lo aportaron entre Cataluña y Baleares, las otras comunidades con más ingresos por estos conceptos.
Como debe de ser, porque en España hay regiones favorecidas y otras perjudicadas y es obligación del gobierno equilibrar en lo posible las diferencias.