El “cumplimos” de Pedro Sánchez.

Adolfo Suarez prometió en 1976 “Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”. Y a fe que lo consiguió en buena medida dentro de lo que permitían aquellos primeros pasos de la España de la democracia.

En 1982, cuando el PSOE se hizo cargo del gobierno, Alfonso Guerra, refiriéndose a los cambios democráticos dijo que “Vamos a dejar este país que no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Y, de hecho, el PSOE continuó con los avances democráticas con leyes y medidas pactadas con UCD, como antes había hecho UCD con el PSOE.

Y los dos partidos cumplieron lo prometido y España actualizó y modernizó el código penal y muchos de los ritos y las rutinas del antiguo régimen, hasta convertirse en una de las más avanzadas de Europa, aunque por el camino desapareció UCD y apareció la muy conservadora AP de Fraga, que posteriormente se modernizó, renovó sus cargos dirigentes y cambió su nombre por el actual PP.

Si Pedro Sánchez, tan aficionado al atril sin preguntas, tuviera que construir una frase de este estilo para dirigirse a la nación y fuera sincero, diría algo parecido a:

“Mi objetivo ese elevar a normal en la calle lo que son decisiones de políticos endiosados, que han cambiado su obligación de ser servidores de la nación para convertirse en caudillos indiscutibles que hacen lo que sea necesario para sobrevivir y medrar en la política, como supremo modelo de mantener el poder obtenido en las urnas”.

Porque recogió una nación razonablemente organizada, con leyes modernas y equilibradas y en franca recuperación de la crisis económica de 2008. Pero día tras día, desde que ganó la moción de censura, no ha cesado en su propósito de convertirse en gobernante consolidado y con más autoridad de la que ha tenido ningún otro jefe de gobierno. También a costa de lo que sea, retorciendo leyes, bloqueando controles y comprando favores, o cediendo poder del Estado a las autonomías menos “españolas” y más despilfarradoras de España.

Y así ha demostrado un desmedido interés por interferir en el resto de los Poderes del Estado, metiendo, cada vez más, sus zarpas en el Judicial, con un Legislativo chantajeado y controlado por comunistas e independentistas, absolutamente cerrado a cualquier diálogo con la oposición, por mucho que lo “venda” como responsabilidad de un PP obstruccionista, hasta el punto que, por primera vez en toda nuestra historia democrática y teniendo un parlamento controlado por sus apoyadores, la oposición se ve obligada a recurrir a la justicia si quiere impedir alguna tropelía del gobierno.

Con una gestión de la pandemia francamente lamentable y adoptando medidas heterodoxas, como ha decretado el Constitucional y denuncian casi todas las autonomías. Todas menos la valenciana, por supuesto.

Con una comunidad, la catalana, dirigida por los iluminados con los mejores sueldos de la España autonómica, y con un presidente que se permite la chulería de decir que no irá a la Conferencia de Presidentes porque quiere un trato de igual a igual entre presidentes de naciones.

Chulería sin riesgos porque está seguro de que nuestro señor Sánchez, al que tienen atrapado por salva sea la parte, le concederá una “conferencia” privada. Sin ninguna duda.

Un presidente que se permite cuestionar la calidad democrática de la justicia española, a la que acusó de dictar sentencias por “rencor o venganza” y también al Tribunal Constitucional y al de Cuentas.

Que ha concedido indultos a delincuentes que afirman públicamente que volverán a delinquir, en contra del criterio del tribunal que los juzgó y del Consejo de Estado y que está tratando de cambiar las leyes para que pueda volver el señor Puigdemónt libre de los cargos de los que se le acusa.

Y como último ejemplo de la “normalidad” tan anormal que estamos disfrutando veremos lo que inventan para evitar que el Tribunal de Cuentas, cuestionado por el gobierno en su día como “ideologizado”, impida que la malversación que está juzgando, se resuelva con otra malversación si el dinero lo aporta un organismo de la Generalitat.

Pero este tribunal que no pertenece a la judicatura, pero que es el único que nos protege de las arbitrariedades económicas de las administraciones, ha jugado bien sus cartas y ha pedido la opinión de la Abogacía del Estado para que sean ellos los primeros en opinar sobre la materia

Y, en este caos en el que estamos sumidos, todo el mundo entiende que los abogados del estado van a decir “lo que diga el gobierno”, cosa que no creo que ocurra si les queda dignidad profesional.

Porque digan lo que digan y aunque no sea vinculante, los que darán opinión son los abogados y a título personal, no el gobierno que no puede imponerles su decisión, aunque, naturalmente lo intentará.

Será muy interesante ver como maniobran unos y otros para parecer honrados sin serlo.

No crean que exagero en mi comentario. Muchas más cosas podría decir, pero me temo que, como todo lo que digo, caerá en tierra seca porque hace tiempo que la mayoría de los españoles han aceptado como inevitable lo que está ocurriendo. Inevitables puede que sí, pero denunciable siempre.

Todo ello, en mi opinión, como consecuencia de las funestas influencias de las “terceras generaciones” que históricamente han hecho y siguen haciendo tanto daño a sus naciones.

Valencia, 29 de julio de 2021

Las desafortunadas declaraciones del presidente Puig

Seguramente será por los calores, pero el presidente Puig se ha despachado con unas declaraciones absurdas, inoportunas y que, por supuesto, ni vienen a cuento ni aportan nada de valor a la Comunidad Valenciana.

Porque ha pedido, nada menos, que se aplique un impuesto especial a la Comunidad de Madrid, a los madrileños, por el plus de ser capital de España. Curioso planteamiento, curiosa justificación, similar a los que podrían utilizar los ciudadanos de Albacete o de Cuenca para pedir un impuesto especial a nuestra comunidad por el valor añadido de tener una costa que atrae a turistas y veraneantes.

Insisto, será el calor.

Porque el señor Puig sabe perfectamente que Madrid es capital de España desde hace siglos y no hace tantos años, no más de diez y durante mucho tiempo antes, Barcelona era el referente de España en el mundo por ser modelo de prosperidad, de modernidad y de ser puntera en todo lo relacionado con la arquitectura, la tecnología, el diseño, la moda y tantas otras cosas fundamentales en el camino hacia la modernidad.

Barcelona, supongo que nadie lo habrá olvidado, era el motor de la economía española, con bancos locales que expandieron sus redes por toda la nación y por alguna que otra fuera de España y un prestigio internacional que le permitió montar ferias y congresos que han sido la envidia de otras comunidades, como el Mobile World Congress, por poner un ejemplo. 

Y eso era así porque, ladrones aparte, estaba muy bien gestionada por los gobiernos de la autonomía, que se resumen en uno solo: La familia Pujol. Es cierto que tuvo apoyos de los gobiernos centrales, pero muchos menos que los que han tenido en los últimos años los disparatados gobiernos independentistas, que han dilapidado en poco tiempo gran parte del capital social y el prestigio de la autonomía.

Y, no lo olvidemos, con la complicidad de una parte del capital y de la sociedad catalana a la que han sabido convencer o asustar, según casos. Luego, lo que ha ocurrido en Cataluña, y lo pongo solo como ejemplo de prosperidad sin capitalidad, es responsabilidad de los catalanes.

Y en contrapartida, hace años que la Comunidad de Madrid, ladrones aparte, comenzó una política diferente consistente en aprovechar hasta el último euro que entró en la comunidad reforzando servicios, mejorando la calidad de la enseñanza, activando una política de apoyo al empleo que ha funcionado y que ha permitido reducir la presión fiscal al mismo tiempo que aumentaba la recaudación, porque, al aumentar el empleo, hay más “aportadores” a las arcas de la comunidad. Y, en definitiva, políticas expansivas con la mirada puesta en un futuro mejor para los madrileños, que les han dado buenos resultados.

Y que también han propiciado un entorno de estabilidad política que resulta atractivo para las inversiones del capital nacional o extranjero.

Y, como estamos en España, Madrid, comunidad que he seguido de cerca y a la que tengo un cariño muy especial por lo bien que me trató el tiempo que viví allí, es objeto de deseo y envidiada por otras comunidades que no han sabido hacer bien su trabajo y ahora se ven “empobrecidas” respecto a lo que Ximo Puig llama “la capital”.

La Comunidad de Madrid, que recibió de los presupuestos del Estado una cantidad equivalente a la del resto de las comunidades por población y otros factores que determinan sus cuantías, en el año 2018 aportó al Estado 84.422 millones de euros, de los 171.056 millones totales aportados por las comunidades bien gestionadas. Es decir: La comunidad de Madrid aportó al Estado casi la mitad del montante total, aporte que ayudó a las comunidades más “pobres” porque no pudieron o no supieron gestionar mejor sus recursos, entre las que está la Valenciana.

La comunidad de Madrid es referente en índice de desempleo y la menos endeudada, muchísimo menos que el resto. Y en lugar de analizar con seriedad las razones de este hecho, algunas otras, especialmente Cataluña y Valencia, se dedican a pedir al gobierno central que “rompa” por decreto su buena gestión aumentándoles los impuestos, con argumentos pueriles que en el fondo enmascaran el clásico “porque sí”. Especialmente porque la señora Ayuso, que está continuando y mejorando las gestiones de otros gobiernos autonómicos, saca los colores a los gestores de otras autonomías que necesitan justificar sus fracasos achacando los éxitos de aquella comunidad a razones coyunturales, ajenas a los méritos de sus gestores.

Pues no, señor Puig. Me temo que si usted gobernara Madrid y sus gestiones dependieran de consensos y componendas con los partidos de la coalición, los recursos de la “capital” de España estarían tan poco aprovechados como lo están en nuestra comunidad y perderían el mismo tiempo que aquí se pierde en tontunas y subvenciones absurdas para causas poco definidas.

Y, aunque no dependa de usted porque es un asunto municipal, tendríamos en Valencia una Plaza del Ayuntamiento digna de su entorno y no el bodrio que han montado, mercado de barrio de los lunes incluidos.

A la Comunidad de Madrid se la podrá acusar de lo que quieran, pero en la mayoría de las ocasiones será por ideología, porque nadie que tenga una calculadora puede poner en duda su buena gestión. Y por eso no han servido de nada las manifestaciones de los últimos años diciendo que la sanidad es “la peor de España” cuando seguramente es la mejor, por tener una enseñanza muy valorada por sus resultados y por su filosofía del esfuerzo, por la iniciativa del ICEMA, que puso de ejemplo la Organización Nacional de la Salud, por haber construido un hospital-reserva, el Isabel Zendal, que sirva de apoyo a la medicina convencional en previsión de futuras emergencias sanitarias y por que la actual presidenta es del PP, o facha, o alta, o fea, o porque se ha apoyado con VOX o por lo que sea. Pero lo cierto es que los madrileños han demostrado mayoritariamente sentirse satisfechos con sus gobernantes. Y entre los votantes, no tengan la menor duda, hay muchos socialistas de a pie que se sienten protegidos por la gestión de su presidenta.

Por cierto, el nombre que han elegido, Isabel Zendal, no es el de una política eminente del PP que fue no sé cuántas cosas y tuvo no sé cuántos cargos. Es el de una enfermera que trabajó para luchar contra las pandemias y para difundir la vacuna de la viruela en España y en América.

Y que coste que a mí tampoco me gusta todo lo que han hecho, como inventar un chiringuito para Toni Cantó, por ejemplo.

Y ahora emplazo al señor Puig a que explique cuáles han sido los grandes logros de su gobierno y porque, si “ellos” y no pongo las comillas porque sean de izquierdas, son tan eficaces y porqué, si son tan, “tan” como dice, ¿Cómo es que no lo vemos los valencianos? ¿Cómo es que no arrasan en las elecciones y han tenido que montar un revoltillo de partidos para alcanzar la mayoría? Absolutamente lícito y democrático, por supuesto, pero revoltillo.

Este comentario es más acalorado de lo habitual porque las críticas del Señor Puig no son más que otra cortina de humo para distraernos de las cosas de nuestra comunidad.

Y porque cada vez más, este país nuestro es un país de locos. Yo hice un comentario, molesto porque hace un año, en Benidorm y el resto de nuestras costas se indignaban pensando que podría llegar “los madrileños”, apestados ellos y personalización de la octava plaga. Esos madrileños, también de otras comunidades, pero menos, que han aportado riqueza con sus segundas viviendas y por el hecho de pasar bastante tiempo en ellas.

Y ahora, los mismos guardianes de la salud de entonces, piden a gritos que lleguen británicos, alemanes, franceses italianos, holandeses, belgas y, por supuesto, muchos madrileños.

Un país en el que se repite día sí y día también, que si no se pagaran pensiones a los políticos se resolvería el problema de las jubilaciones, consiguiendo que semejante falsedad se convierta en creíble, incluso para españoles de cierto nivel cultural

Y es que así, con toda esta sarta de disparates y apoyando a los que los dicen porque son “los suyos”, no vamos a ninguna parte. Ni ahora ni en muchos años.

Y lo único que nos faltaba ahora es una guerra entre Autonomías como la que se produjo en la Primera República entre provincias y ciudades cantonales que acabó como acabó.

Pero también es posible que mis neuronas no funcionen bien y me hagan ver cosas que la gente normal no aprecia

Y, en cualquier caso, el daño ya está hecho. El President ha sido criticado por los medios de toda España y, aunque sé que algunos valencianos estarán de acuerdo con Ximo Puig, estas declaraciones arrastran de alguna manera a todos los valencianos y no nos deja en muy buen lugar precisamente.

Pero, como siempre, “Déu proveirà”.

Elección de vocales para el Consejo Superior del Poder Judicial. Ponga un “Conde-Pumpido” en su lista.

Otra de las grandes falacias del sanchismo es no decir la verdad sobre sus verdaderas razones para defender la fórmula actual de elegir a los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ).

Se acabará pronto el ruido por la sentencia desfavorable del Supremo y al gobierno le ha faltado tiempo para resucitar el tema de la elección de vocales del CSPJ, echando la culpa al PP, ¡cómo no! de “tener secuestrada a la justicia”.

Pero mira tú por donde, el asunto del Constitucional ha puesto en primer plano de la actualidad a uno de los jueces discrepantes, Conde-Pumpido, que ha presentado un voto particular, en el que alegaba, como he comentado hace unos días, que esta sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra la pandemia, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Dos falsedades evidentes: La de personalizar al Estado en la figura del gobierno y afirmar que la sentencia “desarma” al Estado-gobierno ante la pandemia. Supongo que, como componente del Tribunal Constitucional, habrá atendido las alegaciones y leído la sentencia, porque en ella no se dice que el confinamiento fuera una medida equivocada, sino que se empleó la figura legal del estado de alarma, cuando se debió decretar el de excepción. Y lo argumenta afirmando que el estado de excepción es el único que autoriza al gobierno a suspender nuestras libertades individuales.

Pero todo esto, que no son más que brindis al sol, lo único que evidencia es que el señor Conde-Pumpido, conocido por otras actuaciones similares, siempre ha defendido que la justicia mire hacia otro lado cuando se trata de deslices legales del gobierno.

Si se trata de gobiernos de izquierda, naturalmente, porque a los gobiernos del PP o de otros partidos conservadores no hay que perdonarles ni una. Como no perdonó a Rita Barberá, finalmente absuelta, siendo fiscal. Porque es historia que el antiguo fiscal general de Zapatero siempre ha cojeado del mismo pie.

Y esta circunstancia me permite opinar con mucha comodidad sobre el famoso bloqueo del PP a la elección de vocales del CSPJ, porque me facilita explicar con meridiana claridad las diferencias de criterio entre el PSOE y el PP que no son, ni de lejos, las que el gobierno dice que son.

Pedro Sánchez urge a que ambos partidos aporten las listas de sus propios candidatos para negociar los nombramientos. Es decir, que tanto el PP como el PSOE presenten su propia lista de “Condes-Pumpidos” para discutir y regatear hasta llegar a un consenso.

El PP dice que no. Que renuncia a dar nombres de candidatos y propone devolver a los jueces y magistrados la potestad de nombrar a los vocales, potestad que les arrebataron los políticos por una ley orgánica del año 1985

Y mi pregunta es: ¿Cuál es la razón de que los partidos quieran colar en este consejo, el que hace los nombramientos y administra a la judicatura, a personas “de su cuerda”?

Nuestro presidente, en una muestra de cinismo insuperable, descalificó no hace mucho al Tribunal de Cuentas por “estar ideologizado”, precisamente porque, según parece, a la mayoría de los miembros actuales los eligió el PP. A mí me pareció una de tantas falacias suyas, dichas frunciendo el ceño y con ese gesto tan ensayado de tener razón y así lo manifesté en un comentario titulado “Tenemos ideología y capacidad de decidir, somos poco de fiar”, disponible en la dirección IP

Y ahora resulta que, “el señor de las verdades a medias y de las contradicciones” insiste en proponer a candidatos con ideología, con mucha ideología, hasta el punto de que sean “de la confianza” de un partido político y no por su independencia precisamente. Incluso repartiéndoselos por partidos: los del PSOE, los del PP, los de Podemos y no se si también de alguno de sus apoyadores habituales.

¿Estamos locos? Si permitimos estos desafueros sí. Y si no los podemos impedir porque son ellos los que controlan las Cortes Españolas y no protestamos una y otra vez por este auténtico abuso de poder, también.

Naturalmente y en este caso, mi opinión es apoyar sin reservas la propuesta del PP y devolver al poder judicial un poco de la autonomía que le han ido robando a lo largo de los años.

Porque, por otra parte ¿Qué razones puede tener el sanchismo, tan progresistas ellos, para mantener esta situación? La primera es controlar que en el futuro no ocurra lo que les acaba de ocurrir: que la justicia se mantenga firme y no doble su vara en favor de la política. Que actúe como debe, con independencia y equidad si el gobierno de turno se salta alguna de las líneas rojas que le marca el Estado.

Y la segunda, más maliciosa y posiblemente injusta, tener bancada por si alguna vez el Sanchismo o los propios miembros del gobierno tienen problemas con la ley a nivel particular.

Supongo que serán muy pocos los que opinen que la justicia debe supeditarse a la política y que debe pasar por alto estos “excesos” del gobierno. Pero de lo que estoy totalmente seguro es que no son demasiados los españoles que saben lo que hay detrás de estas palabras y estos gestos del presidente, de Lastra, la portavoz del PSOE, o de la casi totalidad de los ministros actuales y de los recién jubilados sin honores.

Porque, además, no olviden que hoy gobierna el PSOE, pero mañana puede gobernar el PP por mayoría, o hacerlo apoyado por VOX.

¿A que ya “no es lo mismo”? Pues sí, es exactamente lo mismo. Y es por eso por lo que hay que poner un muro de protección muy alto alrededor del Poder Judicial, o acabaremos, como siempre digo, como Venezuela o Nicaragua.  Que maneras apuntan.

Los Gobiernos, aunque lo deje caer Gómez-Pumpido, no son el Estado. Es uno de los estamentos que lo configuran y, como todos los demás, están sujetos al imperio de la ley. Lo dice la Constitución y, afortunadamente, también lo dice la Comunidad Europea. Y si no se respetan las reglas del juego, estamos perdidos.

¿Se imaginan lo que haría Pedro Sánchez con el tema de los independentistas catalanes si en la cúpula de todos los estamentos de control del Estado, Tribunal Constitucional, Tribunales de Justicia y Tribunal de Cuentas, tuvieran mayoría los “Gómez-Pumpido”?

Siento personalizar tanto el problema en una persona, pero me ha venido al pelo. Y quiero aclarar que posiblemente sea un hombre honesto, incluso una excelente persona, con un amplísimo currículum de responsabilidades en la judicatura, que está totalmente convencido de que hace lo que tiene que hacer. De ninguna manera quiero insultar al ciudadano Cándido Gómez-Pumpido, del que, insisto, desconozco sus circunstancias personales. Solo critico y lo hago con rotundidad, sus actuaciones como fiscal general primero y como miembro del Constitucional ahora.

Porque me parecen peligrosas y disparatadas.

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PD:

Acabo de escuchar en una tertulia sobre este tema la opinión del muy confuso Carmelo Encinas, un auténtico profesional del “sí, pero” y me reafirmo en la enorme desinformación que estamos recibiendo los españoles, en parte porque le interesa al propio gobierno, pero también por opiniones de periodistas e informadores condicionados por su ideología, en este caso perfectamente lícitas porque todos tenemos derecho a tener opinión.

Ha dicho y es cierto, que el PP consensuó con el PSOE y sin ningún problema las listas anteriores de vocales. Lo que no ha dicho y es fundamental, que nunca, jamás, hemos tenido un gobierno tan interesado en intervenir al Poder Judicial y condicionar sus decisiones. Ayer mismo nuestra juez-portavoz dijo que el Constitucional “tenía que haber considerado la situación del momento”. La teoría de siempre de este grupo de sanchistas que nunca defendió el PSOE histórico: que los jueces y fiscales deben acomodar sus sentencias a las conveniencias del gobierno.

Valencia, 20 de julio de 2021

La sentencia del Constitucional y de como el gobierno de la nación se considera de mayor rango moral que otras instituciones del Estado

Los políticos en general y muy especialmente nuestro gobierno actual, están tratando continuamente de utilizar un lenguaje engañoso para decir cosas o describir situaciones que no se corresponden con la realidad de los hechos.

El último engaño estudiado es repetir constantemente las frases “visión, o sentido de Estado”, mezclando su uso apropiado con la trampa saducea de aplicarla en casos y cosas que no vienen a cuento.

Cuando un policía local o cualquier otro agente de la autoridad impone una multa no lo hace porque tiene sentido de Estado, sino porque es su obligación si presencia una infracción.

Tampoco los jueces dictan sentencias porque tienen sentido de Estado. Las dictan porque su función, dentro de la organización del Estado, es sancionar los incumplimientos de la Ley, o la malversación de fondos públicos, misión específica encomendada al Tribunal de Cuentas.

Ni tampoco tiene porqué tener sentido de Estado el Tribunal Constitucional, que está ahí para vigilar que ninguna autoridad de la nación, sea el gobierno central o los autonómicos, sacan los pies del tiesto y toman decisiones no previstas en la Constitución en la forma o en el espíritu.

Porque la trampa, la gran mentira, es que cuando dicen “sentido de Estado”, están sugiriendo que todos estos estamentos, puestos ahí para protegernos de los malos gobernantes o los malos administradores, deben ajustar sus sentencias a las circunstancias de cada momento. Es decir, abandonar la imparcialidad y apoyar las decisiones del gobierno, sean las que sean, porque son las que “convienen a la nación”.

Y este comentario viene a cuento porque el gobierno ha salido en tropel a cuestionar la sentencia del Constitucional porque, claro, ellos saben mucho más de constitucionalismo que los jueces de ese tribunal, como saben más de leyes que los jueces de los tribunales de mayor rango y de sanidad más que los grandes expertos españoles a los que siempre han orillado.

Y una de las descalificaciones, creo que formulada por la propia portavoz, juez de carrera, es que “no han tenido sentido de Estado” que, como digo y traducido al román paladino, quiere decir sentido de la oportunidad. Como si las leyes fueran flexibles en función de la conveniencia del gobierno de turno.

¿Se imaginan que hubiera sido esta la mentalidad del Gobierno de Felipe González en tiempos del GAL? Algunos ministros y altos cargos de la seguridad nacional defendieron que hicieron lo que tenían que hacer, en mi opinión de forma equivocada, pero no descalificaron ni a la justicia ni a los jueces que les juzgaron. Utilizaron todos los mecanismos de defensa a los que tenían derecho y algunos de ellos acabaron en la cárcel.

L’État, c’est moi”, dicen que dijo Luis XIV de Francia. Puede que el pudiera decirlo porque para eso era el “Rey Sol”, pero para mí que ni él ni nadie se puede arrogar semejante disparate, mucho menos en nuestro siglo XXI y en naciones democráticas.

Porque el Estado no es nada ni nadie en concreto. Ni tampoco es de nadie. Es el conjunto de las instituciones de la nación que representan y defienden, o deben defender, a todos nosotros, los españoles. Y es tan “nadie” que necesita una representación personal y simbólica, en nuestro Rey, como persona física, nuestra bandera y nuestro himno como símbolos y la Constitución como marco de actuación de personas e instituciones

Pero ahora no. Ahora se ha puesto de moda poner etiquetas de “pienso en el Estado más que tú”, “represento al Estado más que tú”, o “se lo que necesita el Estado más que nadie”, en un intento de querer ejercer una misión que nadie les ha encomendado: la de ser los únicos  intérpretes de la letra y el espíritu de la Constitución. Los que de verdad saben lo que querían decir los padres que la redactaron.

Y así salen con disparates como afirmar, para justificar las concesiones a los separatistas catalanes, que la Constitución “fomenta el diálogo”. Tal parece que no la han leído, porque la Constitución, como todas las leyes, marca límites para garantizar la convivencia, eso sí, y es represiva con quien se los salta, pero de fomentar amores y amistades, nada de nada.

Y os aseguro que toda esta palabrería fatua, perversa y falsa convence a mucha gente. A demasiada. ¿Cómo no va a ser verdad si lo dice un ministro que es juez?

Cuando la mejor orquesta del mundo o cualquiera de nuestras magníficas bandas de música nos deleitan con un concierto, ninguno de sus componentes son la orquesta o la banda. Cada uno tiene un papel claro y definido en la obra, incluido el director que es el responsable de armonizar los grupos de instrumentos y hacer que todas esas individualidades se conviertan en un todo genial.

Y los músicos, incluidos los directores, nunca dicen “yo soy La Unió” o yo soy “la Vila”. Dicen, y lo hacen con orgullo, que “son de la Unió o de la Vila”. Porque saben que la fuerza está en la unión y que la única forma de que la banda consiga buenos resultados es interpretando fielmente la partitura que corresponde a su propio instrumento.

Y son conscientes que la “carta magna” de cada concierto es la partitura que compuso un señor que normalmente no está presente en el acto. Es cierto que el director puede darle un cierto sello personal, pero sin alterar el propósito del compositor. 

Así pues, nadie es el Estado, ni siquiera el Rey, porque lo somos todos. La Constitución dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, luego nuestro es el poder, aunque nos lo hayan usurpado los que deberían ser nuestros representantes, los garantes de la democracia, los elegidos para servirnos. Los que han jurado guardar y hacer guardar la Constitución.

Y los estamentos de la nación están ahí para garantizar que la nación funcione como debe funcionar. Sin que nadie desafine y sin que ningún músico, valga el símil, intente interpretar la partitura de otro.

Sabiendo que es tendencia natural que todos los gobiernos caigan en la tentación de robar funciones ajenas para sentirse Estado, para acumular poder, aunque ninguno ni en tan gran medida ni tan descaradamente como el gobierno actual que, encima está tratando de convencernos de que son ellos y no la Constitución los que tienen la razón.

Si no de hecho, porque no han podido, si en intención, como ocurre en Venezuela o Nicaragua. Porque allí si, allí el Estado son Maduro y Daniel Ortega, dos farsantes contrastados de toda la vida que, cubiertos con una pátina de falsa democracia, hacen y deshacen a su antojo como auténticos señores de vidas y haciendas.

Y España presenta claros síntomas de enfermedad democrática cuando el gobierno dice lo que dice y cuando todo un juez, Conde-Pumpido, se permite discrepar con sus compañeros del Constitucional, no solo con su voto particular, sino afirmando públicamente a los cuatro vientos que esta sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemia, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Al Estado no, señor Conde-Pumpido, en todo caso al gobierno. Al Estado no le ha desarmado nadie porque nadie puede hacerlo por mucho que lo intente si no se produce un golpe de Estado. Todo lo contrario, ha sido el Estado, por boca del Tribunal Constitucional, el que ha reaccionado poniendo las cosas en su sitio.

Y las razones son tan sencillas que hasta yo me atrevo a juzgarlas. El Tribunal no condena el confinamiento ni las razones de emergencia para forzarlo, sino que se utilizara la ley de alarma en lugar de la de excepción. Y yo añado, señor juez del Constitucional, nombrado por el PSOE y especialmente significado en casos anteriores por su apoyo a gobiernos socialistas desde otras instituciones del estado, que ya indicaba su forma de entender la política cuando siendo Fiscal General del gobierno de Zapatero afirmó que “la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos” o que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino” y que actuó como instructor en la causa contra Rita Barberá

Es decir, que según su opinión es deseable que la justicia se quite la venda y pierda la imparcialidad “cuando convenga”. ¿Convenga a quién?

Y tampoco tiene razón en decir lo que dice porque el gobierno tuvo tiempo, mucho tiempo, para desarrollar alguna nueva ley que resolviera situaciones como esta, inédita hasta el momento, como le pedía la oposición. Y si no lo hizo fue porque le interesaba políticamente para hacer lo que quisiera sin el control parlamentario.

Y como el gobierno sabe que el ruido por la sentencia es de corto recorrido, ya está lanzando otras especies como que el PP tiene secuestrada la justicia por negarse a pactar la renovación de vocales del Consejo Superior del Poder Judicial.

Pero eso es otro tema, tema muy importante, que comentaré en otro momento.

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Artículos de la Constitución:

9.1 “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

3.3. “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”

9.7 “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

116.1. “Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”

116.2. “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”

116.3. “El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos”

Del socialismo al “sanchismo”. ¿Del “sanchismo” al “madurismo?

El Tribunal Constitucional ha decretado que el estado de alarma fue anticonstitucional, con lo que ha cerrado un ciclo de irregularidades cometidas por el gobierno de la nación, que tan acostumbrados nos tiene a caminar por el filo de la navaja o bordeando zonas pantanosas,

Y esa ha sido su conclusión en atención a que, para suspender libertades individuales de forma general, se necesita el estado de excepción y no el de alarma, que solo permite suspenderlas parcialmente.

Es un tema jurídico sobre el que no puedo opinar, aunque, como siempre hago, acato sin reservas las decisiones de los tribunales, mucho más las del Constitucional, última instancia para la interpretación de nuestra carta magna, con independencia de que la sentencia haya sido obtenida por unanimidad o por mayoría, como en este caso, cosa bastante habitual, por cierto, en las sentencias de nuestros tribunales de mayor rango.

No pretendo frivolizar el tema, sino simplificarlo, cuando digo que una sentencia es una sentencia, sea o no por mayoría, de la misma forma que un partido de futbol ganado es un partido ganado, aunque haya sido por los penaltis.

Y lo que resulta absolutamente insólito, eso sí, es que todo un gobierno de la nación cuestione la decisión del Tribunal Constitucional, mucho más siendo una juez quién hace de portavoz, apoyándose en que ha habido disidencias y en la urgencia del caso. Con el plus añadido de asegurar que con aquella decisión se evitaron cientos de miles de muertes, argumento tan poco demostrable como el afirmar, como hacen otros, que el retraso en tomar medidas provocó cientos de miles de fallecimientos evitables. Pura política de bajo nivel, porque está basada en hechos no demostrables.

La alusión a la urgencia se justifica porque el estado de alarma lo puede decretar el consejo de ministros, mientras que el de excepción necesita la aprobación previa de las Cortes. Pero eso, según he escuchado a algunos juristas, tampoco hubiera supuesto un problema porque, de no haber querido pasar por el trámite de las Cortes, no sé por qué razón, se habría podido declarar el estado de alarma por decisión del consejo de ministros, con lo cual entraba en vigor de inmediato y, posteriormente, convocar al Congreso para decretar el estado de excepción y pedir las prórrogas que fueran necesarias

Lo que ocurre es que está desafortunada posición del gobierno, no es más que la culminación de sucesivos intentos de intervenir en las decisiones de los otros poderes del Estado o de las instituciones. Se empezó con el nombramiento de la Fiscal General, después vino el intento de variar las condiciones para renovar los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial que paró Europa, continuó con los indultos en contra de la opinión del Tribunal Superior de Justicia, alegando una supuesta necesidad de diálogo mientras se insinuaba que las sentencias eran fruto del rencor y la venganza, seguida por las descalificaciones al Tribunal de Cuentas y que termina, no con el error constitucional al aplicar el estado de alarma, sino con el hecho de cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando su obligación, más que la que nadie en este país, es acatar la sentencia sin cuestionarla.

Todo ello evidencia una deriva muy peligrosa en la actitud del gobierno de la nación, que aparece apuntar en la misma dirección que regímenes de dudosa democracia, como el de Venezuela, o en menor escala como los gobernantes de Cataluña, que manifiestas de palabra y con hechos que la máxima autoridad de la nación es el gobierno “elegido por el pueblo”, cuando no es así.  Los gobiernos elegidos por nosotros, los ciudadanos, dejan de ser legítimos si no cumplen las condiciones con las que fueron elegidos y algún otro poder del Estado o determinadas iniciativas parlamentarias, lo pueden demostrar.

Insisto en que el gobierno de España, en contra de lo que dice parte de la oposición, no ha incumplido la Constitución ni vulnerado leyes, pero el hecho de que sus decisiones estén claramente condicionadas por un partido comunista que nunca la ha aceptado, ni aquí ni en ninguna nación y por partidos separatistas que la odian porque supone un freno para sus locuras independentistas, es francamente preocupante.

Muy preocupante.

“Alea iacta est”. O quizás no. El tiempo lo dirá, porque hay cosas que no me creo.

Pedro Sánchez ha abierto la caja de las sorpresas y ha remodelado el gobierno con muchas más altas, bajas y recolocaciones de las que se esperaba.

No conozco a la mayoría de los “nuevos”, por lo que no tengo elementos de juicio para opinar sobre ellos. Ni tampoco los tenía para juzgar a los salientes, pese a que he criticado en bastantes ocasiones algunas de sus decisiones, sin saber la verdadera razón de que las tomaran, si eran motu proprio o impulsadas por el gran líder que nos gobierna y que, fuera como fuese, es el único responsable de las actuaciones del gobierno y de sus ministros.

Y me refiero a las malas, porque en España, seguramente también en otros países, cuando hay buenas noticias que anunciar, siempre aparece el presidente para dar la impresión de que son obra suya, como impulsor o coordinador de los ministerios, como motor de la Nación, incluso dejando caer en algunas ocasiones que el éxito se ha producido a pesar de los inconvenientes que presentan algunas comunidades.

Mientras que, si las cosas no han salido bien o es un globo sonda de alto riesgo, es el ministro de turno el que sale a dar la cara como si fuera cosa suya y “sin el conocimiento” del jefe del ejecutivo. Casi a sus espaldas, como si ello fuera posible.

Y recuerdo como paradigmático el “caso Lastra” y su firma de los acuerdos con Bildu para revocar las reformas del PP. No era ministra, pero si la portavoz y nadie se creyó, ni de lejos, que esa firma se realizara sin el conocimiento de Pedro Sánchez por mucho que luego se hicieran los locos. O el famoso encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas, con nocturnidad y alevosía, del que, con toda seguridad, “tampoco sabía nada”.

Del único que tenía referencias directas anteriores a ser ministro, era de Ábalos y no eran muy buenas por la guerra que tenía declarada a Ximo Puig en Valencia. Guerra fratricida por el poder en la Comunidad que costó muchos disgustos a nuestro presidente. Pero no me merecieron demasiada atención porque son lo habitual en todos los partidos políticos del espectro parlamentario. Incluso del extraparlamentario.

Lo primero que llama la atención, lo esperado, es que nuestro querido presidente, el líder de referencia en Europa, el que aparenta que acaba de dar un golpe de timón de proporciones gigantescas, no tiene ni la más mínima autoridad con la parte podemita de su gobierno.

Porque, por mucho que presuma de haber buscado a ministros de la mayor eficacia para controlar la economía y mejorar nuestras relaciones con Europa, ya me contarás que pintan en ese equipo el titular de universidades, el hombre invisible, o nuestro recién vapuleado ministro Garzón, por ejemplo. Ni uno. No ha cesado ni cambiado de ministerio a ninguno de ellos, simplemente porque Yolanda Díaz le ha mostrado su dedo índice señalando al cielo, con toda educación, eso sí, porque hay que reconocer y agradecer las muy buenas maneras de la vicepresidenta.

Pero eso no asombra porque era lo sabido. Solo lo confirma, porque pase lo que pase y aunque se hunda el mundo, la prioridad de Pedro Sánchez sigue siendo permanecer en la Moncloa y para ello le resulta imprescindible, entre otros, el apoyo de Podemos.

La otra novedad es que el ministro de justicia, el que ha firmado el indulto de los independentistas catalanes con argumentos bastante peregrinos y no ha defendido como debiera al Tribunal de Cuentas, aceptando la tesis gubernamental de que son “piedras en el camino” y sin rebatir las insinuaciones de su presidente sobre que están “ideologizados”, cesa en su cargo.

Pues bien, el que hasta ayer era ministro volverá a la judicatura como el juez Campos y, él sí, sin contaminación ideológica ni información privilegiada que le impida ser justo cuando juzgue y sentencie.

Y que conste que yo no dudo de su futura imparcialidad, pero estas cosas siempre son motivo de distorsiones mediáticas o políticas y, como soy de la opinión de que la mujer del Cesar “tiene que parecer buena”, repito una vez más que se debe acabar de una vez por todas con esos voy y vengo desde la judicatura al gobierno y viceversa.

Y el gran secreto, la auténtica cábala de lo ocurrido ayer, lo inesperado, es la aparente desaparición de Iván Redondo, sustituido por Oscar López como jefe del gabinete de Pedro Sánchez. No lo conozco mucho, pero alguna referencia tengo y algo me tranquiliza que sea un hombre de partido y no un mercenario como Iván Redondo.

Porque es absolutamente imposible que haya sido una salida amistosa si no hay pactos secretos y porque la agenda personal de Redondo, los secretos que se lleva no se dónde, seguro que serían la envidia del propio comisario Villarejo.

Y ese “no sé qué extraño” de la supuesta desaparición del personaje de la vida pública se acentúa leyendo su nota de despedida.

A veces en la política, en la empresa como en la vida, además de saber ganar, saber perder, hay que hacer algo mucho más importante: saber parar.

Muchas gracias por todo, ha sido un honor.

Nos volveremos a ver

Yo no soy especialmente inteligente, pero tampoco soy tonto y aseguro que no se cuál es el mensaje que hay detrás de esta nota escrita en letras mayúsculas. ¿Es una reflexión personal o lo escribe para alguien? ¿Cuándo y dónde “nos volveremos a ver”? y ¿Con quién?

Yo he seguido a Iván Redondo en tertulias mucho antes de toda esta movida con Pedro Sánchez y siempre me pareció muy inteligente, metódico y cerebral. ¿dejaría un personaje con ese perfil una nota tan ambigua como esta? O lo que es más ¿dejaría una nota de cualquier tipo?

Y de hacerlo, le pega más una nota bien redactada explicando lo que quisiera explicar, o mejor aún una entrevista con la prensa, que estarán locos por “pillarle”, diciendo lo que más le convenga. Pero esta nota con membrete de la Presidencia del Gobierno cuando en teoría ya no debería usarlo y escrita con aparente precipitación, como improvisada, no me cuadra para nada con la personalidad de quién ha movido los hilos del gobierno durante todo este tiempo y ha manejado con tanta eficacia tiempos y personas. Aunque fuera para nuestro mal en muchas ocasiones.

Puede que sean puras fantasías mías, pero francamente no me lo creo. Más bien parece un mensaje en clave o el principio de algo.

Algún día se sabrá, porque es inevitable, cuales son esos pactos y que hechizos y conjuros ha tenido que formular durante todo este tiempo para conseguir que un descabalgado de la secretaría General del PSOE haya llegado donde ha llegado.

Continuará. Seguro que continuará

Valencia 11 de julio de 2021

Tenemos ideología y capacidad de decidir, somos poco de fiar.

La entrevista al presidente en televisión fue otra razón más para recapacitar sobre nuestra pobre calidad democrática, la que hemos propiciado nosotros mismos votando a quienes hemos votado y la gran traición, traición democrática pero inexplicable [1], de Pedro Sánchez utilizando los votos como los ha utilizado y pactando con quien ha pactado. Porque cada vez es más evidente que su objetivo de gobierno no es el bienestar de los españoles, ni mejorar nuestra calidad de vida, ni nuestra seguridad. El único fin creíble es su obsesión por mantenerse en el gobierno, para lo que necesita a los independentistas, aunque para ello perjudique a la ciudadanía y amenace con dejar a las instituciones arrasadas, casi en situación de tierra quemada.

Aunque lo disfrace de otras cosas para apaciguar a disidentes internos, como que el objetivo es “acercar” a los gobernantes catalanes, e incluso preparar el camino para una España federal. Pero yo no me lo creo. En este momento parece que en España no hay nada más importante que Sánchez ni más prioridad que mantener su liderazgo.

No lo conseguirá, porque todavía tenemos focos de resistencia en algunas de ellas y porque estamos en Europa, pero intentarlo hasta el final, lo intentará.

Hoy quiero referirme a los últimos comentarios sobre la renovación de los vocales del Consejo del Poder Judicial, reverdecidos estos días y a las canallescas declaraciones del presidente, en la Sexta, a propósito del Tribunal de Cuentas.

Sobre el primer tema, siendo dos los negociadores, no tiene ningún sentido insistir en que el Consejo no se renueva por el bloqueo y la cerrazón del PP. Por mucho que digan lo que no es, lo único cierto es que, en una negociación a dos, los dos son responsables del fracaso porque ninguna de las dos partes se baja de su machito.

¿Y cuál es el machito de cada uno? Siguiendo con mi costumbre de no mezclar temas y acogerme en lo posible a la literalidad de los conflictos, trataré de explicar que es lo que realmente está ocurriendo. Siempre según mi opinión, naturalmente.

El gobierno, no me atrevo a decir el PSOE, insiste en que se acepten determinados nombres en la lista de candidatos, manteniendo el tanto por cien legal que corresponde a la Cámara en este momento, mientras que el PP pide que sean los jueces los que vuelvan a elegir directamente a la totalidad de los que indica la Constitución. Jueces que en este momento elije el Legislativo porque hace años así lo decidieron con una ley absurda, inspirada en el afán permanente de los políticos por acaparar poderes y funciones que no les corresponden.

El artículo 117.3 de la Constitución. Dice que “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”

Es cierto que el texto no dice claramente quién debe elegir “a los doce”, pero lo que está perfectamente claro es que no determina que sean las cámaras quienes lo hagan y este hecho evidencia que no era intención del constituyente que fueran los políticos los que eligieran a los veinte. Porque de haber sido esa su intención, así así lo habrían expresado

Y son esos doce son los que el PP quiere devolver, porque se los “robaron”, a “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, elegidos por jueces en ejercicio, la mejor opción, o a algún otro tribunal designado al efecto y ajeno a las Cámaras”.

Y ante este dilema y como vengo diciendo hace más de cuatro años, estoy totalmente de acuerdo con el PP. Los políticos no tienen por qué elegir a los vocales del Poder Judicial. Es una función que se asignó a los jueces, que ya son mayorcitos para hacerlo, son profesionales en el mundo de la legislatura, tienen criterios objetivos para saber quiénes son los más convenientes y están sujetos a unas reglas y condiciones para elegir entre los candidatos.

¿Y cual es la posición más honesta, que los políticos voten a quienes más les convenga o que lo hagan profesionales de la judicatura, aunque tampoco tengan un cien por cien de objetividad, imposible de alcanzar cuando se elige algo o a alguien?

¿Cuál es el pretexto del gobierno actual y de los anteriores para no restaurar la situación original? Que los jueces tienen ideología y es peligroso dejar que sean ellos los electores para evitar que el Consejo General del Poder Judicial se politice.

¿Se lo pueden creer? Eso equivale a declarar que el monopolio de las inclinaciones políticas de los ciudadanos pertenece a los políticos “de profesión”, los que cobran por serlo. O que la ideología contamina inevitablemente a los ciudadanos.

Porque, amigos míos, llegó la transición y la gran mayoría nos interesamos por la política, por los partidos, por las ideologías y por saber “quién era quién” entre los candidatos en las elecciones. Muchos sabíamos a quién votar y porque hacerlo, porque eran tiempos de ilusiones y teníamos ganas de participar activamente en la democracia utilizando nuestro voto,

Pero pasó el tiempo, los políticos de las primeras hornadas, que nunca estuvieron en partidos porque no eran legales, ni vivieron de la política porque no existían los partidos, fueron dejando paso a los fenómenos sabelotodo actuales, una  buena parte de los cuales no tiene formación académica suficiente, ni saben lo que es ganarse un euro en la empresa privada, porque proceden del funcionariado o de los semilleros de los propios partidos, ocupando puestos reales o inventados en cada uno de ellos.

Y hemos llegado a un punto en qué a los dirigentes políticos actuales, exactamente igual que ocurría en la dictadura, no les interesa que exista más ideología que la suya, la de los profesionales que saben, ellos sí, lo que nosotros debemos pensar. Y si no tuviéramos cerebro, mejor que mejor. Que para eso está la Sexta, TV3 y algún que otro interpretador de la verdad. También otras plataformas de la derecha, por supuesto, aunque estas, al menos en más ocasiones, suelen utilizar argumentos más o menos interesados, en lugar de descalificar a personas.

En la dictadura teníamos el Movimiento Nacional, el que proclamaba que éramos una “unidad de destino en lo universal” y con ello nos bastaba y nos sobraba según la opinión de los dirigentes del momento. Y ahora, pasados estos años en democracia, ya no tenemos servidores públicos. Tenemos líderes carismáticos surgidos de conjunciones astrales, únicos depositarios autorizados de nuestras ideologías particulares.

Lo ideal, diría que lo urgente, es que todos los españoles tuviéramos ideología y principios éticos o morales, pero eso se ha convertido en un gravísimo factor de riesgo, indeseable y condenable si eres civil porque, según los que nos dirigen y controlan, no eres apto para ocupar cargos en los organismos del estado que no dependan directamente del gobierno de la nación. ¡Nada como el “pensamiento único”!

Tener ideología te convierte en indeseable, en inelegible, en motivo de desconfianza. Si eres político, no, claro, porque eres puro. Y si eres juez y ocupas un ministerio o un alto cargo del gobierno y vuelves a la judicatura, tampoco. Porque es evidente que ni la alternancia en los cargos, ni el hecho de tener información privilegiada, afectará al buen juicio de los jueces y a la imparcialidad de las sentencias. ¿Habrase visto mayor descaro?

Espero y deseo que todos los jueces, como el resto de los ciudadanos, tengan ideología porque, insisto, una nación democrática no puede funcionar con una población apolítica. Nos dejaríamos arrastrar, ya ocurre ahora en parte, por el más guapo, el más alto, el más convincente, el que de mejor imagen. Y lo mismo para las candidatas mujeres.

Porque tengo la seguridad de que su ideología, la de los jueces, no afectará a sus sentencias, que además son recurribles. Y sugerir siquiera que eso pueda suceder es tan villano como sería afirmar que un médico socialista no pondría su mejor saber y entender para curar a un paciente del PP y lo mismo en el caso contrario. O que un árbitro de futbol, que tendrá su equipo ideal, como todos nosotros, amaña el arbitraje para favorecerle.

Ningún médico dejó morir a un etarra y en más de una ocasión agentes de la Guardia Civil les prestaron primeros auxilios si resultaban heridos. Por mucho que les odiaran.

En definitiva: todos los españoles somos presuntos corruptos, menos los políticos, que en principio son los únicos que, por profesión y por ambición, sí que condicionan sus decisiones a sus intereses personales, de partido y, si queda espacio, a los de la ciudadanía.

Cuando, curiosamente, son los que peor utilizan sus ideologías porque las han convertido en excluyentes y radicales, de buenos y malos, de nosotros y los otros, en puro sectarismo. Mucho más peligrosa, muchísimo más, que las de cualquier integrante de estamentos en los que se toman decisiones o que los españoles en general. Porque los jueces, sean de derechas o de izquierdas, hablan entre ellos y se respetan. Como lo hacen los médicos o los miembros de cualquier colectivo, mientras que ellos, los que deberían dar ejemplo y romper barreras por el bien de la nación, no es que no se hablen, es que da la sensación de que se odian y que desearían el mal de sus adversarios políticos.

Y así nos va.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, el otro día ya manifesté mi opinión, pero ayer escuché decir a este presidente desleal a la nación y a las instituciones, que es un tribunal con ideología política, ¡cómo no, siempre el mismo argumento! Pues no. Es un tribunal formado por personas de mucha preparación y con ideologías personales, por supuesto, que actuarán objetivamente cuando dicten sentencias.

No es una sorpresa viniendo de este presidente que nuestra mala cabeza nos ha deparado. El único que defiende nuestros intereses de la nación desde puestos importantes que no tiene ninguna preparación previa para ser, nada menos, que presidente de una nación como España. Fue congresista acomodado y “pulsa botones”, sin pena ni gloria, hasta que decidió que eso era poco para él. Y, con la ayuda inestimable de Iván Redondo, pasó a convertirse en un trepa sin escrúpulos que ha debilitado gravemente al PSOE al deshacerse de todos los políticos de nivel que pudieran hacerle sombra y que ahora está tratando de desmontar el prestigio y la autonomía de los otros poderes del Estado.

Hasta el punto de que se ha tenido que fabricar un currículum a medida porque realmente no lo tenía.

Y que se ha apuntado a las tesis independentistas de desprestigiar al Tribunal de Cuentas porque le resulta imprescindible para mantenerse en el cargo y porque, como comentaba en mi nota del otro día, siendo el Tribunal de Cuentas el único organismo que vela porque los políticos no empleen el dinero para lo que no está destinado, ahora son los gobernantes de Cataluña por sus chanchullos, pero en un futuro inmediato sí que puede resultar una piedra en el camino, pero no para las buenas relaciones entre Cataluña y “España”, sino para su propia seguridad y la de alguno de sus ministros.

Porque, una vez que se conozcan los famosos y frecuentes “secretos de Estado” que el mismo ha decretado, es muy probable que les pidan cuentas por algún que otro “explíqueme Usted” sobre como se ha empleado una parte del presupuesto de Presidencia de Gobierno o de algún que otro ministerio.

  • La democracia tiene muchas fisuras que tapar. Nació bajo el principio de que los hombres compartirían intereses comunes y trabajaríamos para el bien de sus respectivas naciones, pero los intereses económicos primero y el egoísmo de muchos de sus dirigentes, que buscan estas grietas legales para usarlas en su beneficio, hace que cada vez sea más importante establecer mecanismos de control, o acabarán con ella los mismos que han sido elegidos para protegerla.

Y la alternativa ya la conocemos: dictadura pura y dura, imposible en España, o disfrazada de democracia, pero con las libertades públicas recortadas y la capacidad de intervención de los ciudadanos muy limitada. Como ocurre en algunas naciones que fueron “hermanas” de allende los mares y apunta en algunas europeas.

El gravísimo problema actual, es que, tal y como están las cosas y las mayorías parlamentarias en España ¿quién le pone el cascabel al gato?


[1] La democracia tiene muchas fisuras que tapar. Nació bajo el principio de que los hombres compartirían intereses comunes y trabajaríamos para el bien de sus respectivas naciones, pero los intereses económicos primero y el egoísmo de muchos de sus dirigentes, que buscan estas grietas legales para usarlas en su beneficio, hace que cada vez sea más importante establecer mecanismos de control, o acabarán con ella los mismos que han sido elegidos para protegerla.

Y la alternativa ya la conocemos: dictadura pura y dura, imposible en España, o disfrazada de democracia, pero con las libertades públicas recortadas y la capacidad de intervención de los ciudadanos muy limitada. Como ocurre en algunas naciones que fueron “hermanas” de allende los mares y apunta en algunas europeas.

El gravísimo problema actual, es que, tal y como están las cosas y las mayorías parlamentarias en España ¿quién le pone el cascabel al gato?