Seis meses de anormalidad

La suerte está echada y durante seis meses España deja de ser una democracia al uso y se convierte en un estado autoritario al estilo de ninguno de Europa y algunos de Sudamérica.

Seguramente algunos pensarán que estoy exagerando, pero trataré de razonarlo:

Ayer el Congreso voto la aprobación del estado de alarma por un periodo de seis meses,  durante los cuales quedan suspendidas muchas de las libertades y derechos de los españoles porque se supone que hay una razón mayor que justifica está suspensión. Pero la Constitución solo prevé que una vez decretado por el gobierno, son las Cortes Españolas, el Legislativo, las que deben aprobar prórrogas cada quince días que se concederán o no a criterio de la información del momento y por votación de los congresistas.

Pues bien, el gobierno, aprovechando una mayoría que ya tenía pero que ha reforzado Ciudadanos, ha conseguido que el estado de alarma tenga una duración de seis meses, medida de dudosa constitucionalidad  que solo cabe recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque el resto de posibles impedimentos legales  están desmontados por la situación excepcional en la que nos han situado.

Pero, conociendo la lentitud en las actuaciones de este tribunal, tendremos que resignarnos a que esta extraña situación se mantenga todo el tiempo que estime conveniente el gobierno, único que puede deshacerla.

Casado anunció ayer que llevaría el tema a consulta a la Comisión de Venecia, pero este es un organismo compuesto por  “61 Estados miembros: 47 miembros del Consejo de Europa y otros 14 países, entre ellos, Argelia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguizistán, Marruecos, México, Perú y Túnez” solo tiene la misión de asesoramiento en “asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos. Concretamente, presta asesoramiento para la preparación de las constituciones, enmiendas constitucionales y legislación paraconstitucional, así como la legislación sobre las minorías o legislación electoral.”

Es decir, es un foro de opinión que de dar un dictamen negativo a la decisión del gobierno español lo dejaría en muy mal lugar, pero que no tiene ningún poder ejecutivo porque sus sentencias no son vinculantes

Por lo que, si Dios no lo remedia, tendremos por largo tiempo un gobierno autoritario y sin control en esta nación que tanto había avanzado en democracia y libertades.

Y luego, claro está, la medida se acompaña de frases y atrezos que parecen ser buenas para la nación pero que en el fondo no son más que operaciones de marketing político para uso interno, muy del estilo de la factoría Redondo. El mensaje subliminal que se ha lanzado está claro: Si todo sale bien será mérito del gobierno del líder y si sale mal la culpa la tendrán las autonomías.

Y lo de aurora boreal es el generoso ofrecimiento de última hora cuando anunció que revisaría la situación cada dos meses con el Consejo Territorial, que es el órgano titular de la Federación de Municipios y provincias, con la misión de “hacer cumplir las Resoluciones del Pleno, ( de la FEMP) velar por el cumplimiento de los fines estatutarios, aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el del Pleno, articular las relaciones de la FEMP con las Federaciones Territoriales y elaborar propuestas de actuaciones concretas a emprender conjuntamente con éstas, además de las líneas generales de actuación coordinadas, cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno y en el propio Consejo Territorial, aprobar las cuotas anuales de la Federación, así como los presupuestos ordinarios y las cuentas generales con carácter anual. El Consejo Territorial es el órgano de máxima autoridad durante el periodo de cuatro años que transcurre entre la celebración de los Plenos Ordinarios”.

Es decir, un estamento que no tiene nada que ver los Poderes del Estado y al que no hemos elegido para gobernar a la nación. Hemos elegido, sí,  a parte de sus miembros, alcaldes por ejemplo, pero solo para administrar los municipios de los que son responsables.

Pero claro, decir cosas como estas a la población española, deliberadamente poco conocedora de la organización política del Estado,  suena a gesto democrático del más alto nivel, cuando esta consulta no tiene más valor que si la hiciera a la Federación de Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorros, por ejemplo.

Y digo deliberadamente porque ahora, como ocurría en otros tiempos, los gobiernos de turno no tienen ningún interés en que nuestros niños y jóvenes conozcan los fundamentos de nuestro estado de derecho. Para eso están “ellos”, para interpretar lo que es bueno o malo para nosotros, los ciudadanos.

No digo ni mucho menos que este organismo, la FEMP, no deba ser escuchado e incluso que su opinión pueda ser importante, pero “no es eso, no es eso”, como decía Ortega y Gasset sobre otro de los asuntos políticos de su momento.

Los organismos responsables del  gobierno de la nación son, exclusivamente,  las Cortes Españolas, el Ejecutivo, también el Judicial. Y el control de las autonomías corresponde a sus respectivos gobiernos por delegación del de la nación, por lo que meter a un tercer interlocutor no es más que una coartada inteligente para que parezca lo que no es.

Lo malo es que, como he comentado otras veces, esta serie de disparates y atentados contra la democracia solo se puede romper si en algún momento los socialistas de la bancada deciden que la cosa se está saliendo de madre y rompen su disciplina de voto.

Son los únicos que puede hacerlo porque los partidos de la derecha no tienen mayoría y además están jugando a ver quién la hace o la dice más gorda, y los que apoyan al gobierno no moverán un dedo porque les va en ello la supervivencia política.

Y tal como están las cosas, entre congresistas  del pseudo PSOE  de Sánchez, cobardes y empesebrados, los socialistas de toda la vida sin ninguna voz en la ejecutiva del “sanchismo” y el resto de partidos agarrados  a la tabla de salvación o al cuerno de la abundancia que les ofrece Pedro Sánchez, llámese PNV e independentistas, la cosa va para largo. Como mínimo para seis meses.

Que así no sea.

El asalto al poder judicial (continuación de la continuación):

Nada ha cambiado en lo formal, pero sí que se han producido movimientos en contra de la iniciativa del PSOE para modificar la fórmula de elección de los Consejeros del Poder Judicial.

Y uno de ellos ha sido en la Comunidad Europea en su función de velar por las condiciones democráticas de los estados miembros.

Sánchez, el mago de las palabras y los gestos, ha dicho que ningún presidente de gobierno le ha preguntado por este tema y será verdad. Porque la advertencia no viene de países en particular, que sería injerencia impropia en las normas y leyes de otros estados, sino de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) que es el organismo comunitario encargado de velar por la calidad democrática de los estados miembros en materia de justicia.

Y ha dicho, cumpliendo con su misión, que si algún país promueve cambios en sus procesos internos que afecten a la independencia del Poder Judicial, han de ser, necesariamente, para reforzar esa independencia y nunca para limitarla.

Advertencia que entra de lleno en las competencias que le asignaron en el momento de su creación:

“La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) se creó el 18 de septiembre de 2002 por medio de la Resolución Res(2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Se compone de expertos de todos los 46 Estados Miembros del Consejo de Europa (entre ellos España en cuya Delegación se integra un representante del Consejo General del Poder Judicial) y cuenta con un Secretariado. A sus labores cabe asimismo integrar a observadores en las que participa la Unión Europea.

La misión de la CEPEJ es la de mejorar la eficacia en el funcionamiento de Justicia en los Estados Miembros del Consejo de Europa así como desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por el Consejo de Europa.

Sus tareas son:

  • Analizar los sistemas judiciales
  • Identificar la dificultades que encuentran los sistemas judiciales
  • Definir maneras concretas de mejorar la evaluación de resultados y el funcionamiento de los sistemas judiciales
  • Proporcionar ayuda a los Estados miembros
  • Proponer a las instancias competentes del Consejo de Europa las áreas en donde sería deseable elaborar un instrumento jurídico nuevo.

La CEPEJ no es una institución de supervisión de los sistemas judiciales de los Estados Miembros ni tampoco es competente para elaborar instrumentos normativos. El funcionamiento del CEPEJ es gobernado por su estatuto.

Y nuestro presidente sabe muy bien que ir por libre en las relaciones con la judicatura es jugar con fuego, porque puede afectar a las buenas relaciones con la comunidad, al prestigio de nuestra nación y a dificultar la tramitación de algunas de las ayudas que tenemos programadas.

Y, naturalmente, los voceros del gobierno y del partido se han apresurado a lanzar el mensaje de siempre: la culpa  de esta propuesta es de la oposición, que no quiere llegar a acuerdos, y que, encima, está dañando a España cuando lleva a Europa el asunto del cambio en las elecciones de miembros del consejo.

Pues ni lo uno ni lo otro. No tengo idea de la razón real de las desavenencias ni los nombres que se han barajado, (se dijo que el PP bloqueó el acuerdo por el nombramiento de la Fiscal General, por las Críticas al Rey del ala “desmoderada” del gobierno y ahora porque se niega a que Podemos forme parte de la negociación), pero yo no estaba en esas negociaciones y me niego a lanzar juicios de valor sobre lo que aseguran otros porque en el fondo y sea por la rezón que sea, estoy totalmente en contra del trapicheo continuado de la política en temas de interés nacional, cuando deberían ser absolutamente asépticos. Y uno de ellos es el sistema actual de elección de miembros del consejo.

Decía en un escrito anterior: “Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros del Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio. Sería un auténtico golpe de mesa democrático.”

Pues bien, no ha sido Casado, sino VOX quien ha tomado esta iniciativa, mucho más democrática que cualquiera de las propuestas por los partidos de toda la vida. Los “democráticos”.

Y no digo, ni mucho menos, que VOX sea más democrático que el PSOE, el PP, Ciudadanos y algún que otro partido regionalista de menor entidad en número de votantes, pero sí que lo considero más encajado en  la Constitución que Podemos o IU y eso, afinidades ideológicas aparte, merece que lo valore como partido absolutamente legal y al que hay que tener en cuenta.

Y que quede claro que la denuncia de este asalto al Poder Judicial por parte de la oposición no desprestigia a España, ni siquiera al propio gobierno, ya que, para evitarse los trámites reglamentarios de un proyecto de ley, necesariamente largos, es el partido el que hace una a proposición como la podría hacer yo y 499.999 ciudadanos más.

Luego el que en teoría da la mala imagen es este remedo de PSOE, el “sanchista” que tenemos en el parlamento, encabezado parlamentariamente por Adriana Lastra, la misma que pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral del PP.

Y de Pedro Sánchez, que es quién anunció la iniciativa, supongo en su calidad de secretario del partido.

El asalto al poder judicial (continuación):

Sigo con el tema de días anteriores porque es un asunto que me preocupa especialmente y que hay que parar a toda costa, a toda costa democrática naturalmente. Porque si el ejecutivo consiguiera intervenir indirectamente, como pretende, en el nombramiento de los jueces, estaríamos realmente al nivel de Polonia o Hungría que persiguen las mismas prácticas de dominio absoluto aunque, curiosamente y a diferencia de España donde se da todo lo contrario, estén gobernadas por extremistas de derechas.

Y es que los extremos, sean del color que sean, siempre coinciden en tratar de perpetuarse en el cargo y en conseguir el poder absoluto en los países en los que gobiernan. Y hay una larga lista de ejemplo, tanto en Europa como en Asia, o en la América central o Sudamérica.

“Los aforamientos no desvirtúan la relación de poder de los políticos y los ciudadanos españoles por sí solos, sino que lo hacen en conjunción con el otro gran oprobio del sistema político español: la politización de la justicia. La independencia de la justicia no es necesaria solo porque nuestro sistema se fundamenta de manera formal en el principio de separación de poderes de Montesquieu (quien, con mucho acierto, dijo ya en el siglo XVIII que esa independencia ha de ser real y no sólo aparente) sino que, a nivel práctico, la justicia es la manera más elemental de organizarse que tiene la sociedad para limitar el uso arbitrario del poder político, por ello es esencial que la administración de la justicia (es decir, el control de la arbitrariedad  del poder) se haga de forma independiente del poder político.

En España, el organismo encargado de nombrar y promover a los jueces está designado en su totalidad directamente por los políticos: este sistema de justicia politizada se derogó en Francia ya en 1993; en el Reino Unido, los jueces del Tribunal Supremo los elige un organismo independiente, la Judicial Appointmens Commission; y hasta en Italia el organismo de nombramiento de los jueces lo eligen en parte el Parlamento y en parte las asociaciones de los jueces.

(“Devuélveme el poder”, de Miriam González Durántez)

¿Cómo se puede parar esta iniciativa? En primer lugar hay que aclarar que el gobierno ha registrado una proposición de ley, no una propuesta, porque de esta forma se salta las preceptivas consultas al Consejo de Estado y a otros varios estamentos que, aunque no sean vinculantes, deben escucharse y tiene un importante peso político. Es, pura y simplemente un atajo en el tiempo que, además, le evitará posibles opiniones desfavorables a la iniciativa.

Aclaro la diferencia entre proyectos y proposiciones:

“Los proyectos de ley son elaborados por el Gobierno (consejo de ministros), mientras que las proposiciones de ley proceden del Congreso, Senado, Parlamentos de las Comunidades Autónomas o de la iniciativa legislativa popular mediante 500.000 firmas”.

Llegados a este punto, ¿cómo se podría para esta iniciativa del gobierno?

En primer lugar me cuesta mucho creer que la minoría socialista moderada del consejo de ministros apoye semejante disparate pero, por si acaso, hay otras alternativas. Complicadas de salir adelante, pero posibles:

Podría ocurrir que los socialistas constitucionalistas de toda la vida que estén fuera del poder abran un debate formal para parar los pies a este “sanchismo” tóxico que está erosionando los fundamentos de la democracia española.

O que los socialistas con cargos institucionales, como los Presidentes de Autonomías por ejemplo, pidan a los congresistas y senadores de su autonomía que voten en contra. Es casi imposible que les hagan caso porque el pesebre es el pesebre y hay que comer todos los  días, pero puede que algunos  de ellos se huelan cambios importantes y prefieran pasara  a la historia como los que se opusieron a colaborar con los enemigos de la nación.

Se debería presionar al gobierno con manifiestos y manifestaciones populares, cosa harto difícil porque las fuerzas moderadas, que serían las enemigas de la iniciativa, son en su mayor parte la llamada tradicionalmente “minoría silenciosa”, que ahora debería definirse como “mayoría anestesiada” o “mayoría confundida” por falta de cultura democrática o por desconocimiento real de lo que se está fraguando

Otra posibilidad, más probable, es que la Comunidad Europea, en la que confío, tome posiciones concretas y contrarias a estas iniciativas. Opiniones que de oficializarse,  no solo serían consejos que se lleva el viento porque podrían suponer la imposición de sanciones económicas, como en su día se hizo con Polonia y Hungría por razones similares.

De momento el gobierno español ya está recibiendo algún que otro “aviso para navegantes” de la propia comunidad y de otros organismos:

“La Comisión Europea ve con preocupación la cercana “relación” entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España. No hay nombres y apellidos, no hay referencias a Dolores Delgado ni desde luego a situaciones como la creada por el fiscal Luis Navajas, pero en Bruselas observan con reticencias la forma en la que en nuestro país es nombrada la dirección de la Fiscalía General, la coincidencia de su mandato con las legislaturas políticas y la falta de transparencia.

Los técnicos comunitarios, siguiendo muchas pautas marcadas en el pasado por el Consejo de Europa (que tiene sede en Estrasburgo pero no forma parte de la UE) señalan en concreto que el hecho de que el nombramiento salga de Moncloa y que el mandato de la Fiscal sea el mismo que el de la legislatura afectan a la “percepción de independencia” de la institución. Y piden por ella muchísima más transparencia sobre las relaciones y comunicaciones entre el puesto que ahora ocupa la ex ministra Dolores Delgado y el Ministerio de Justicia”.

Opiniones y “runrunes” de la Comunidad a propósito del nombramiento de nuestra muy imparcial Fiscal General.

Y, más recientemente, hemos leído que:

La Asociación Europea de Jueces, con sede en Roma y miembro de la Asociación Internacional, ha emitido un comunicado este martes en el que expresa su «gran preocupación» tras conocer la intención del Gobierno de España: modificar la legislación sobre el Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos por mayoría en el Parlamento, sin necesidad de una mayoría reforzada que requiera negociación entre los grupos como hasta ahora.

De momento no han reclamado que sean los jueces los electores, pero sí que se mantenga la necesidad de acuerdos mucho más amplios que la simple mayoría.

Y ¿qué debería hacer la oposición?

Saben que esta iniciativa tiene todas las posibilidades de salir adelante porque le interesa a Sánchez para seguir en el gobierno y porque le interesa a los “antipatrias” que le apoyan, incluida esta extraña versión de comunismo bolivarista de coche oficial. Porque les viene bien y porque, indudablemente, sacarán buena tajada en el reparto.

Pero algo deben hacer.

Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros de Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio, Sería un auténtico golpe de mesa democrático.

Sería muy interesante conocer cuál sería el pretexto del “sanchismo” para justificar un voto en contra aunque, de momento, dudo mucho de que el PP, Ciudadanos o VOX estén `por la labor.

Porque ahora les toca perder, pero seguro que en su fuero interno les gustaría tener esta misma oportunidad de ser ellos los que impongan los nombres de los “nombradores de jueces”.

¡Porca miseria!

El Poder Judicial, último bastión de la democracia española, seriamente amenazado por el Ejecutivo.

Cualquiera que lea lo que escribo sabrá que nunca he cuestionado las sentencias de los tribunales. Unas me gustan más y otras menos, como a todos, pero ni siquiera comento estas afinidades o discrepancias porque entiendo que los jueces están sujetos a las leyes que elabora o desarrolla el Legislativo, que son los únicos que conocen todos los hechos y las circunstancias y que, afortunadamente, en su inmensa mayoría siguen manteniendo una independencia en sus actuaciones por muchas presiones que reciban desde la política interesada, los poderes fácticos, las redes sociales y los medios de comunicación.

En este momento tenemos una auténtica crisis nacional provocada por una serie de factores coincidentes que amenazan con  generar una auténtica tormenta perfecta en contra del normal ejercicio de la democracia y de un mínimo de convivencia pacífica entre los españoles.

Ruptura en la convivencia muy difícil de evitar porque los políticos de “alto nivel” necesitan tener detrás de sus iniciativas a ciudadanos-seguidores, aunque se les haya convencido con medias verdades, mentiras, o malas artes democráticas.

El primer facilitador de la tormenta es la actuación y el posicionamiento del gobierno actual, gobierno legítimo y actuando desde la legitimidad, que ha preferido pactar asuntos de estado con minorías prácticamente antisistema, como son los separatistas catalanes y vascos, con Bildu y con un desconcertante partido comunista renacido de las cenizas de los comunismos pre democráticos, marinados en los muy peligrosos caldos de cultivo de algunas falsas democracias latinoamericanas, en las que los gobernantes actúan como auténticos dictadores tratando de conseguir el poder absoluto en sus respectivas naciones.

Todo esto en lugar de buscar acuerdos con otros partidos de gobierno con los que hubiera podido conseguir algunos pactos que consolidaran o actualizaran algunos de los muchos e importantes temas que tenemos pendientes. Un desgraciado gana-gana por el que Pedro Sánchez se mantiene como presidente, que parece ser su único objetivo,  y sus “respaldadores” obtienen concesiones que no obtendrían, seguro, si el “sanchismo” se hubiera aliado con el PP o con Ciudadanos.

Pero esta situación, como la del Legislativo, tan condicionada por la disciplina férrea a la que obligan las listas electorales de nuestro maldito sistema electoral, pude cambiar en las próximas elecciones, o en algún momento del futuro.

Lo de la Judicatura y muy especialmente lo del Poder Judicial, es mucho más complejo porque si bien los jueces son libres como tales en sus tribunales, el Consejo Superior del Poder Judicial tiene una marca de duda en su propia configuración, porque sus miembros son elegidos por los políticos.

¿Y porque ese empeño en colocar en el Consejo Superior del Poder Judicial a determinados personajes?

Solo hay una explicación razonable: Que teniendo la seguridad absoluta de que van a cometer delitos o irregularidades legales, necesitan colocar en el Tribunal Supremo, órgano que les juzgará por estar aforados, a jueces de “su cuerda” pensando que llegado el caso doblarán la vara de la justicia a favor de los que les han elegido. Cosa que no acabo de creer porque la gran mayoría de los jueces son imparciales a la hora de sentenciar, pero que puede darse en algún caso.

Y siendo el Consejo Superior del Poder Judicial el que nombra a los titulares de las salas, ateniéndose a ciertas condiciones por supuesto, blanco y en botella.

¿A ustedes se les ocurre alguna otra razón para mantener esta lucha férrea para colocar nombres el Consejo? A mí no. Y lo digo francamente.

¿Y cuál puede ser  la reacción del gobierno a la vista del bloqueo? Parece ser que actuará como acostumbra, cambiando las reglas de juego si las existentes no le garantizan ganar la partida.

En primer lugar inventarse un “algo” (ley, decreto, o lo que sea) que prohíba a los miembros del Consejo Superior efectuar nombramientos si ya han superado su tiempo de mandato. Cosa que va contra la lógica, contra lo que es normal en todas las entidades de la vida civil, incluso de la religiosa, e incluso contra los Estatutos del Poder Judicial de España, que a este respecto dicen textualmente: “Los vocales son nombrados por un período de mandato de cinco años, a partir de la fecha de la sesión constitutiva. El CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo”.

Es decir: que pueden seguir tomando decisiones y hacerlo de pleno derecho.

Con el agravante de que esta demora en los cambios no lo provoca el propio Consejo, que hace tiempo que están pidiendo de todas las formas posibles que las Cámaras decidan los nombramientos, sino la desidia y el egoísmo de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo en proponer a los candidatos.

La otra cuestión es que Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de que la elección de miembros del Poder Judicial pase a ser de tres quintos a mayoría simple, por lo que bastarían los votos de sus compañeros de aventura para cambiar el espíritu y el texto de la propia Constitución, que en el punto 3 del artículo 122 dice textualmente: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

(Una aclaración seguramente innecesaria, pero conveniente: Cuando dice “nombrados por el Rey” quiere decir que el nombramiento formal, la firma, es la del Rey como representante y máxima autoridad  del Estado Español)

¿Cómo lo van a conseguir? Seguro que la factoría Redondo ya está localizando todas las grietas legales existentes en el texto de nuestra Carta Magna, no en el espíritu, para forzar algún tipo de desarrollo y conseguir sus fines. Como hacen siempre.

Cuando lo que deberían hacer si les quedara algo de vergüenza, es buscar algún tipo de consenso para que sean los jueces los que elijan a la totalidad o a la mayoría de los miembros del Consejo, que ahora dependen de las siguientes votaciones:

Puede que hayan jueces “bizcochables” aunque menos de los que la gente se cree porque una vez en sus juzgados la gran mayoría pierden la parcialidad, pero “jurista de reconocida competencia” puede ser hasta un abogado de ETA si nos descuidamos, esos que pasaban a los presos las consignas de la banda, porque de este gobierno, el que dice que Otegui es un “hombre de paz”,  se puede esperar cualquier cosa.

Y de darse el caso, menos fantástico de lo que parece, no habrían medias tintas ni “verdades judiciales”. Irían a saco como siempre han ido.

Por lo que, insisto, si de verdad tuvieran un mínimo de honorabilidad y de sentido democrático, renunciarían al derecho de nombrar a estos 20 titulares del Consejo en favor delos propios jueces.

Alegan para no hacerlo que muchos jueces “tienen ideología” y podría salir un consejo progresista o conservador.

¿Más ideas políticas que los políticos profesionales? ¿Más intereses? ¿Menos fiabilidad? Es evidente, como no, que los profesionales de la judicatura tendrán interés en conseguir tal o cual plaza o hacer carrera profesional pero, por supuesto, con menos condicionantes y utilizando muchas menos trapacerías que nuestros muy deteriorados democráticamente padres de la patria.

Porque, ellos sí, están expuestos a la luz pública y no pueden arriesgarse a ser acusados de prevaricaciones o posiciones de favor. Entre otras cosas porque sus conductas serían analizadas y sancionadas por el propio Tribunal Superior.

Escribo esta nota en el convencimiento de que es como predicar en el desierto, frase acuñada para San Juan Bautista y salvando todas las circunstancias, pero yo me considero obligado a practicar cierta pedagogía que, por supuesto, no servirá de nada. Ni convencerá a mis seguidores partidistas ni afectará las decisiones de “los que mandan” porque ni siquiera la leerán aunque se la remita como tengo por costumbre.

Pero, al menos, he intentado poner mi granito de arena denunciando estos hechos y las maniobras políticas que se están pergeñando.

Lo demás no depende de mí. Solo tengo un voto y ninguna seguridad de que, vote a quien vote, lo utilizará adecuadamente.

Los poderes del Estado y la actitud inaceptable del gobierno español.

Últimamente y con motivo de la confusión deliberada que está provocando el gobierno central, especialmente por boca de algunos de sus ministros, parece que las cosas no son como son, sino como algunos quieren que parezcan.

Y en este caso me refiero exclusivamente a la posición del Rey en la Constitución Española, sus funciones y sus obligaciones. Y digo exclusivamente porque la confusión no afecta solo a este tema, pero es uno de suma importancia por las consecuencias que pueda tener en cuanto a la información interesada lanzada a los ciudadanos. Información que, como digo, genera confusión aunque no tenga ni peso ni consecuencias legales ya que no hay ninguna posibilidad de que ocurra lo que dicen que va a ocurrir si no se siguen los procedimientos establecidos en la Constitución.

Se trata de hacer ruido y provocar división entre españoles, objetivo nunca disimulado de los partidos comunistas, tan amantes de tensionar situaciones, y de la extrema izquierda, al que, sorprendentemente, se han apuntado los socialistas de la fracción “Sanchista”

En primer lugar, recordar que el Título II de la constitución Española, en su artículo 56, punto 1 dice que: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Es decir, que la figura del Rey está por encima del resto de las instituciones aunque, lógicamente, tenga que coordinar alguna de sus acciones y todas sus opiniones con cualquiera de los tres poderes, especialmente con el ejecutivo, para no interferir en las políticas  puntuales de cada uno de ellos o en las del gobierno de turno.

Pero repito que las cosas son como son y no como dicen que son. La estructura del Estado, cuya representación y máxima autoridad la ostenta el Rey, está basada en la separación de los tres poderes: Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El Legislativo, compuesto por las Cortes Generalesejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”, y es el único lugar en el que se pueden promulgar leyes a propuesta del Ejecutivo o por alguna de las otras iniciativas previstas en el reglamento de las Cortes Españolas. Lo componen las Cortes y el Senado.

El Ejecutivo, que es el gobierno de cada momento, elegido con la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y que está sujeto al control del legislativo y del judicial para garantizar que sus actuaciones se ajustan a derecho en la forma y no incumplen la Constitución en los hechos.

Y el Judicial que tiene la obligación de validar que ciudadanos y estamentos cumplan las leyes  establecidas, incluido, como decía antes, el propio poder Ejecutivo y también a los miembros de la judicatura.

Y ¿Qué tiene que ver todo esto con la polémica actual? Todo.

Decía que el Rey debe consultar y obtener la aprobación del gobierno para evitar interferencias en las políticas de cada gobierno, pero solo en lo que se refiere a las políticas “legales”, aquellas que, como decía, se ajustan a derecho y ni incumplen leyes ni se entrometen las decisiones de los otros poderes en la estructura del Estado.

Es decir: El Rey no puede ir por su cuenta a un acto convocado por la Asociación de Machistas Empedernidos o de Enemigos de la Migración Africana, si es que existieran esas asociaciones  y quiera Dios que nunca existan, ni tampoco organizarse un viaje a un país extranjero sin la aprobación del gobierno porque puede afectar a las relaciones internacionales, pero claro que es libre de aceptar invitaciones o acudir a actos propios de los otros poderes del Estado o de los estamentos y organismos que lo soportan, como son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad,  asociaciones profesionales, etc.

Porque resulta que, por mucho que el gobierno  trate de aparentar lo que no es hinchando las plumas como los pavos reales macho, cada uno de los poderes del Estado tiene su marco de actuación perfectamente definida y tienen reconocido el mismo estatus estatal. Exactamente el mismo.

Es cierto que el Ejecutivo está mucho más en la actualidad por la inmediatez de los acontecimientos y por la dinámica que obliga ser el que tiene la facultad de tomar decisiones sobre temas del día a día, pero eso no significa que esté por encima de los otros dos, ni mucho menos que tenga el mismo nivel que el Rey, único representante real y legal del Estado Español.

Y así ha sido siempre y siempre se han respetado las reglas del juego desde el año 1978. Las que afectan al orden y también las de cortesía. Y todos los presidentes de gobierno, de izquierda o de derechas, las han mantenido escrupulosamente.

Y en este contexto, el presidente del gobierno está facultado para lo que está y únicamente es responsable de lo que es responsable: Gestionar adecuadamente los recursos del Estado, trabajar por la mejora de vida de los españoles, buscar la concordia, mantener buenas relaciones con otros países y, en definitiva, dejar la nación mejor que cuando ocuparon el cargo.

Sería absurdo suponer que cuando el Señor Sánchez va a Bruselas y negocia algún asunto o da una rueda de prensa, por ejemplo, habla en nombre del gobierno, de las cortes y de la judicatura. Eso, hablar en nombre del Estado, solo le corresponde al Rey, pero pretender que se cumplan estos principios elementales es auténtica ciencia ficción en los tiempos que corren.

Porque es evidente que desde que entró en la Moncloa, Pedro Sánchez está tratando de minusvalorar el papel del Rey, desde el famoso ¿error de protocolo? del besamanos, pasando por llegar con retraso a sus citas con el Rey, o el haber suspendido de hecho los despachos semanales en la Moncloa, que no están regulados por leyes, pero que es una costumbre que han mantenido todos los jefes de gobierno y que simbolizan lo que son: El respeto y acatamiento de los gobiernos a la jefatura del Estado.

Respeto que se simboliza en los otros poderes con la apertura oficial de las Cortes de cada legislatura, que preside el Rey, o con la del año judicial que también preside.

Porque cuando el gobierno, las Cortes o el Poder Judicial ejercen sus funciones, no lo hacen en su propio nombre, sino en nombre del Estado, que es como decir en Nombre del Rey que lo representa, de la misma forma que en las naciones republicanas lo hacen en nombre de la República.

Y parezca lo que parezca, desde el punto de vista legal continuamos exactamente igual que hace años, por mucho que le pese a Pablo Iglesias, comunista venido a más y al propio Pedro Sánchez, el peor colaborador del Rey, el más ambicioso y el que menos escrúpulos tiene para medrar en lo personal a costa de lo que sea. Una especie de “trilero mayor del reino” que ayer mismo y en sede parlamentaria, casi afirmó que los que defendían la monarquía la estaban patrimonializando.

Pero, eso sí y como siempre, lanzó la piedra y escondió la mano porque él no atacó al Rey, pero permitió sin inmutarse que parte de su gobierno y de sus socios independentistas lo hicieran. Forma de actuar en política inventada por los nacionalistas vascos de tiempos de Arzallus cuando decían que “unos agitan el árbol y otros recogen las nueces

Pero si preguntáramos a los ciudadanos, incluidos muchos universitarios, contestarían que el que manda es el gobierno y que el resto de poderes, incluida la corona, deben estar sometidos a su autoridad sin pensar que un gobierno de locos, que puede salir porque estamos en una democracia, podría destrozar nuestras estructuras si no hubiera alguien que le controle y le pare los pies..

Se podrá cambiar la forma de Estado y pasar a ser República, se podrá conseguir que el poder judicial y el legislativo dependan de la “máxima autoridad” como ocurre en Venezuela y en otros países con democracias degeneradas, pero para llegar a ello hay que seguir un proceso claramente marcado por la Constitución. Y no me parece ni factible a corto plazo ni oportuno en este momento.

Eso o sacar al ejército a la calle, como en ocurre en esos países, cosa absolutamente imposible teniendo como tenemos unas Fuerzas Armadas y unos Cuerpos de Seguridad del Estado democráticas y preparadas, que me atrevo a asegurar que ni siquiera obedecerían las órdenes del Rey, capitán general delos ejércitos, si les diera una orden inconstitucional.

Como ya se demostró en el desgraciado 23F, que quizás no fue tan “desgraciado” porque sirvió para demostrar con la fuerza de los hechos que la gran mayoría de los poderes del Estado, incluidos los estamentos militares, estaban al servicio de la nación y no al de cabecillas nostálgicos e irredentos.

Todo esto puede parecer “un rollo”, pero es algo que deberían conocer los españoles desde las escuelas como ocurre en los países democráticos de todo el mundo. Si conocemos las normas elementales del código de circulación ¿Cómo ignoramos los fundamentos de la Constitución y de nuestra forma de Estado?

Esta es la verdad de nuestra situación legal y no lo que parece si se escuchan determinadas tertulias, se leen determinados periódicos, o se siguen muchas de nuestras malintencionadas y dirigidas redes sociales.

Pero eso, hablar por boca de ganso, es lo fácil y lo cómodo. Leer algo que no enseñan en los colegios ni tampoco en la Universidad, hasta puede provocar dolor de cabeza.

Incluso se vende como cosas de fachas o de viejos.