Estoy siguiendo con interés los regates político-legales de la Generalitat para conseguir la reapertura del fallecido Canal 9 y no acabo de entender ni el proyecto, ni las formas, ni las intenciones. Y me figuro que no soy el único.

Vaya por delante que lamenté la muerte de la emisora, fallecida de gigantismo gracias a la lamentable actuación de “propietarios” y empleados, encabezados por los sindicatos, y rematada por las últimas decisiones de la ínclita Rosa Vidal, la supuesta “salvadora” nombrada casi directamente por el Molt Honorable Senyor, el antiguo, que no arregló nada y comprometió gravemente el ERE de Canal 9 por alterar sus condiciones de forma temeraria.

Pasó lo que pasó y sigo manteniendo lo que decía en antiguas Cartas al Director del diario Las Provincias: La Comunidad puede soportar, porque la necesita, una emisora de 500 a 700 empleados, apolítica, cultural, que difunda el valenciano, que informe de hechos y eventos de pueblos y ciudades, y que no castigue a los televidentes con las imágenes de “los que mandan”, haciéndonos ver lo buenos que son, en contrapartida de los “malos” de antes, sean los que fueren, besando niños, exagerando inauguraciones, primeras piedras, y acontecimientos similares.

Pero las últimas noticias son realmente alarmantes. ¿Qué se está cociendo? No soy un experto en temas laborales, pero si Canal 9 contrata personal, ¿en qué ley se amparan para dar prioridad a los antiguos empleados? ¿Cómo justifican una discriminación previa al resto de parados o mal empleados del sector audiovisual? ¿Mayor experiencia? No se cómo podrán justificar que un cámara, un técnico, o un administrativo de la antigua empresa tiene mayores conocimientos que el resto de los titulados del sector audiovisual o que un administrativo de una empresa multinacional o de una fábricas de muebles, por ejemplo. No den puntos añadidos a estas candidaturas, por favor. No prevariquen.

Mi otra duda: Si Canal 9 es una empresa y sus antiguos empleados fueron despedidos legalmente y con una indemnización adecuada, en caso de readmisión en la misma empresa y con el mismo NIF ¿Renunciarán a parte de la indemnización percibida? Y si la abren con otro NIF ¿no es un fraude de ley?

Pero lo que realmente me alarma es lo que ya se está haciendo. Parece que el “futuro” Canal 9 ya ha firmado algún contrato con una empresa formada por ex empleados del “antiguo” Canal 9. Como no he visto los documentos no lo puedo afirmar pero, de ser así, ¿que baremos se han aplicado para adjudicar la contratación? ¿Es la mejor empresa del mercado? Visto desde fuera y sin más información, parece un intento de favorecer a amigos y ganar voluntades.

¿Estamos locos? Todavía no hemos depositando las últimas paletadas de tierra sobre la tumba de los “malditos corruptos” de antaño, cuando nos están apareciendo nuevas Imelsas, o un nuevo Canal 9, tramposo e ilegal.

Está claro que, como me temía cuando la cerraron, los nuevos mandatarios no quieren una televisión pública. Quieren “su” máquina de adoctrinamiento y promoción de ideas. Y no como el antiguo Canal 9, que ya hacía lo suyo, sino según el modelo de la TV3. Nada de concesiones al pluralismo.

¿Es esta es la nueva política, la que ha venido a limpiar los vicios y corrupciones de “la casta”?

Me temo que la izquierda vuelve a equivocarse. Puede que con todas estas cacicadas fidelicen a sus incondicionales, pero la ciudadanía es cada vez es más exigente e informada, y acabará rechazando trampas y manipulaciones. Y su gran masa de votantes no son los incondicionales; son los simpatizantes.

Ayer escuché a Begoña Villacis, de Ciudadanos, insistiendo en que no entrarán en el gobierno, al que van a “fiscalizar” desde fuera.

El mismo Rivera dice que este no es su gobierno, lo que es cierto, y que solo entraría si no estuviera Rajoy. Y yo me pregunto ¿cree sinceramente que llegar a las próximas elecciones sin haberse “mojado” les va a subir el techo electoral? Rajoy no será de su agrado, pero es su presidente de gobierno, tiene a su favor los acuerdos del consejo de Ministros y el BOE, y ha sido mucho más votado que Ud.
Y si lo hace bien será bueno para España y, me consta, que España sí que es su nación.

Lo cierto es que el parlamento me recuerda cada vez a las obras en mi infancia, donde habían cinco albañiles trabajando y cuarenta jubilados aposentados en los alrededores criticando a los sufridos peones, que de vez en cuando, les invitaban a “marcharse con viento freso” o a que les dejaran tranquilos.

Está claro que el PP gobernará en solitario y que PSOE, todos los Podemos más IU, ERC, ECP, CDC, EAJ-PNV y ASG les “fiscalizarán” desde los escaños por razones obvias.

Pero mi gran decepción, esperada, es que también Ciudadanos se apunta al club de los fiscalizadores intentando mantenerse a salvo de los arañazos que provoca formar parte de un gobierno, jugando a aconsejadores, sacudiéndose cada día el polvo de los errores o las medidas impopulares del nuevo gobierno, y anotándose, eso sí, todos los éxitos, porque si el gobierno lo hace bien será, sin duda, por “la presión que ejerce” el partido de los impolutos.

Únanse pues al club de los fiscalizadores, y si cree que van a poder levantar la cabeza por encima de las del resto de la oposición es que les falta experiencia política. El congreso se puede convertir en un auténtico mercado callejero en el que cada portavoz voceará su propia mercancía, y pierdan toda esperanza de que les concedan el menor espacio de protagonismo, porque son más expertos, y porque son “los otros” de verdad.

A Uds., dígan lo que digan, les etiquetarán como marca blanca del PP, y si pretenden anotarse los éxitos del gobierno por “su presión”, imagínense los que se anotarán todos los machos alfa con los que van a compartir bancadas.

Es que, además, no han medido bien sus fuerzas. No solo competirán con el resto de partidos, sino que el supuesto “presionado” es Mariano Rajoy, al que yo daría el título de “señor de los tiempos y de los espacios”, que no jugará a hundirlos, por supuesto que no, pero que tampoco soportará muchas salidas de pata de banco. No lo olviden; el presidente de gobierno actual es la única presa del mundo de las monterías virtuales que si se siente acorralada puede suspender la cacería convocando nuevas elecciones.

No creo que ocurra porque el PP parece que quiere aprovechar esta coyuntura tan especial para conseguir acuerdos sobre grandes temas, y para ello necesitan y les bastaría con el PSOE, y porque el PSOE tiene que ganar tiempo para recuperar su espacio. Pero si se diera el caso, y consigue que los españoles “visualicen” la imposibilidad de seguir adelante por el acoso y derribo de “las oposiciones”, no sé cómo les afectaría a los demás, pero me temo que Uds. pasarían a ser un partido testimonial.

Y, les aseguro, que lo lamentaría mucho, pero se lo están buscando desesperadamente.

Leo en Las provincias del domingo 31 de julio una frase de Alberto Asensi en la que sostiene que el PP tiene la obligación de conseguir la abstención del PSOE, y que exigir a Ciudadanos que les apoye es una forma de eludir “esa obligación”.

Tengo que manifestar mi extrañeza por esta opinión y desconozco que hay detrás del comentario. Todo mi respeto para Aberto Asensí, pero suele lanzar frases más dignas de un filósofo que de un periodista que, en ocasiones, resultan difíciles de entender. No es este el caso porque, por lo que dice, el PSOE debe abstenerse y Ciudadanos hacer lo que quiera. ¿No es eso?

Si es una opinión política y la interpreto adecuadamente, no la comparto: Ciudadanos debe apoyar al gobierno y PSOE, en beneficio del país, haría bien en abstenerse. Ambos con condiciones pactadas, por supuesto.

Y es que Ciudadanos está haciendo un papelón realmente incomprensible y alguien debería hacer ver a su líder, su ejecutiva y/o sus famosos y misteriosos patrocinadores, que a estas alturas de la película y tal como está España, Europa y el mundo en general, es hora de que abandonen la pubertad y hagan lo que tienen que hacer: Entrar en el gobierno y ayudar a rectificar errores “desde dentro” y mojándose. ¿O pretende seguir como hasta ahora “influyendo” desde fuera, sin comprometerse y manteniendo su ropa limpia, a salvo de los barros del día a día? ¿De qué extraña legitimidad se ha imbuido para decir las cosas que dicen teniendo en cuenta su representación parlamentaria?

Si no quieren apoyar al PP están en su derecho, pero no tienen ninguna legitimidad para decir que para hacerlo tiene que irse Rajoy. Ciudadanos está llegando demasiado lejos y, en mi opinión, están pasando de la negociación, que sería sobre políticas o puntos programáticos, a la del puro chantaje cuando exigen a otro partido que, como premisa, cambie a su líder.

Me temo que si siguen así tienen un provenir menguante y un final anunciado, como le ocurrió a UPyD aunque fuera por otros motivos. Solo tienen en común la prepotencia del líder.

En cuanto a Alberto Asensi, le recomiendo que lea las “salas de máquinas” de su director, Julián Quirós, o le escuche cuando participe en alguna tertulia, porque es un ejemplo a seguir en cuanto a estilo y pragmatismo en las exposiciones.
Estarás de acuerdo o no con lo que dice, yo lo estoy en gran medida, pero habla y escribe en un castellano directo y sin concesiones a la grandilocuencia. Si quiere decir “blanco” no dice “ese color acromático, de claridad máxima y de oscuridad nula”. Dice blanco.

Dicho sea con todo cariño y con gran desilusión, porque Ciudadanos es un partido que me había interesado muy especialmente.

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Este comentario se ha mandado como «carta al director» al diario Las Provincias. Dado que me «meto» con Alberto Asensi, me temo que no se publicará.

Leo en Las Provincias que “Los funcionarios de la Generalitat podrán trabajar desde casa en un mes“, y añade “..En el norte de Europa es una práctica absolutamente normalizada y los expertos dicen que genera mayor felicidad en los trabajadores que ya se benefician de este método”. No quiero entrar en disquisiciones sobre los hábitos y los compromisos de los nórdicos comparados con los españoles, pero no puedo por menos que plantearme algunas preguntas:

Relacionadas con el coste/beneficio de la operación: ¿Se van a retirar y vender las mesas y los equipamientos de los funcionarios beneficiarios de la medida? ¿Se van a cerrar oficinas por desuso de las instalaciones? Uno de los equipos fundamentales son los ordenadores: ¿se van a llevar a su casa los PCS de “sobremesa” propiedad de la administración, o se van a adquirir portátiles para la ocasión? ¿Qué programas se van a “carga” en cada ordenador, quien lo hará y quien los mantendrá?

Como lo lógico es que trabajen conectados a sus centros de trabajo por internet, y muchos de ellos actuarán como terminales remotos (“escritorio remoto” o similares): ¿qué tipo de conexión tendrán? ¿No resultará mucho más caro contratar “ADSL’s” separados que el uso de la red actual de la Generalitat? ¿No serán más lentas las comunicaciones, y por tanto más improductivas las horas del funcionario?

¿Quién controlará la productividad del funcionario? Porque si es por “horas de conexión” estamos listos. En las oficinas hay un control presencial que obliga a que cada uno esté en su puesto de trabajo y unos jefes que, se supone, comprueban que no están leyendo el periódico o conectados a Internet realizando búsquedas innecesarias.

En cuando a la seguridad en la información: estos funcionarios ¿van a tener acceso a datos confidenciales de la administración o de los administrados desde sus domicilios? Todos sabemos lo que es un PC doméstico: ¿Cómo van a evitar que familiares o amigos de los funcionarios accedan al ordenado cuando está conectado? Se usarán contraseñas, por supuesto, pero ¿se apagarán y desconectarán continuamente, cuando el funcionario vaya al servicio, por ejemplo? En un país de filtraciones es una medida sumamente peligrosa.

Relacionados con la atención y dedicación necesarias: no digo que el funcionario infiel acabe “teletrabajando” desde el Corte Ingles, o un supermercado, por ejemplo, pero un funcionario padre o madre con hijos en casa, ¿podrá evitar vigilar al hijo mientras trabaja? ¿Dejará de recibir o realizar llamadas desde su teléfono privado? ¿No tendrá visitas? Todos los que hemos tenido que ver con el mundo de la empresa sabemos que el trabajo tiene inercias al empezar la jornada, (se es productivo al 100% después de los saludos, de los comentarios de rigor y del acomodo en tu puesto de trabajo), y al terminarlas (relajación inevitable conforme se acerca la hora de salida). ¿Cómo se podrá evitar que el funcionario tenga una televisión junto a su PC y “comparta” el trabajo con el ocio?

Si construimos un gráfico de “espina de pez” para relacionar los inconvenientes por área de dificultad, serían muchas más las cuestiones a discutir, y ¡ya me gustaría estar presente en una reunión en la que se discutan las soluciones y se minimicen los riesgos de la medida! Sería muy interesante y enriquecedor para cualquier amante de la mejora en los procesos de trabajo.

Mi siguiente pregunta está relacionada con quienes serán los “beneficiados” del plan: se dice que los que no tengan atención directa al público, pero ¿quién decide “que puesto ocupa cada cual”? Porque me figuro que habrán tortas y codazos para beneficiarse de esta oportunidad. ¿Se establecerán prioridades en función de situaciones familiares, antigüedad u otras similares? Por supuesto parto de la bondad y claridad de las decisiones, y descarto cualquier intención de clientelismo. ¡Como voy a suponerlo!.

Y me preocupa, como no, que “La Conselleria de Justicia, de la que depende función pública, y los principales sindicatos, ya han cerrado un acuerdo para que el personal administrativo pueda desempeñar sus labores desde un ordenador de casa”. ¿Cómo puedo acceder a ese convenio, por favor? Espero que no se trate de otro deslizarse por el filo de la navaja, como cuando descubrí, con motivo de una huelga y según las declaraciones del Rector Morcillo, que la Universidad y los Sindicatos tenían un acuerdo por el que el Rectorado no controlaba la asistencia de los docentes. (Carta al director publicada el 29 de mayo de 2013).

No vale la pena subrayar el hecho de que trabajar en centros oficiales de la comunidad no supone desplazamientos excesivos, ni solemos sufrir grandes nevadas ni otros accidentes meteorológicos que dificulten el tráfico, como sí ocurre en los países nórdicos.

Toda esta preocupación la transmito pese a la experiencia de haber trabajado en una empresa en la que hace más de 40 años ya había empleados que lo hacían desde sus casas. Pero eran pocos y todos los que conocía eran dirigentes creativos de los EEUU que planificaban estrategias, programaban cursos o seminarios, y que se veían tos los días por videoconferencia a miles de km para compartir ideas o cambiar impresiones.

La otra gran pregunta, la que engloba todo lo anterior y presupone un condicionante indispensable para que la administración tome decisiones de este tipo, es:

¿Qué puntos concretos de esta medida beneficia a los ciudadanos administrados?. Y no nos vengan con la muletilla de que la motivación personal hará que los funcionarios sean más eficaces. Y los que continúen en las oficinas mientras sus compañeros no tienen que madrugar, ¿también ganarán en motivación? De verdad tengo la impresión de que están convencidos de lo afortunados que somos de tenerlos para que nos organicen la vida y nos aporten soluciones que nunca se nos hubieran ocurrido.

Ni tampoco lo anoten como un logro de los derechos individuales y sociales de los españoles. Que todos, funcionarios y contribuyentes de a pie, lo somos.

Les aseguro que si aprueban esta medida, solicitaré a la oficina de protección de datos que los míos no salgan nunca de las redes internas y de los edificios de la administración.

Pero ¿nos damos cuenta de lo que ha ocurrido?. Un político débil, un solo hombre, elegido democráticamente, decide convocar un referéndum para no empañar su imagen de “hombre democrático” sobre la salida de la Unión Europea.

Y se aprueba el BREXIT.

Su decisión ha creado un cataclismo económico y financiero, ha desestabilizado muy gravemente a la Unión Europea y a todos los países del mundo occidental y, posiblemente, acabe con el Reino Unido porque Irlanda del norte está pensando en pedir un referéndum de independencia y unificarse con la república de Irlanda, con lo que se mantendría en Europa, y Escocia está decidiendo si convoca otro referéndum para salirse de Gran Bretaña y negociar su permanencia en la comunidad. Hay una posibilidad porque siendo “reino unido”, y no un “estado compacto” como el resto de naciones, tiene una oportunidad, muy remota pero posible, de deshacer la unión y mantenerse en Europa.

Otra consecuencia es que Londres, sede de la City, pierda credibilidad y deje de ser la capital financiera de Europa en favor de Alemania. Miles de millones, pérdidas de valor de empresas y de ahorros de particulares, cierre de oficinas, subidas de impuestos, más paro y una crisis importante que, seguro, se solucionará, pero con mucho sufrimiento.

Pero se han tomado medidas drásticas: el afectado dimite y aquí paz y después gloria. Nadie ha causado tanto daño en tan poco tiempo y la única “pena” es su dimisión. De locos.

Hay que defender a muerte la democracia, pero hay que acorralar a los políticos y definir medidas preventivas muy severas para impedir que tomen decisiones alocadas, de las que nunca son responsables, porque las aplican en el convencimiento de que son “para el bien” de sus países o de sus electores.

Se está diciendo que Europa es culpable en gran medida por su política de ajustes, y es cierto en buena parte, pero, en mi opinión, si han pecado es de debilidad, ”buenismo” e incongruencia. No se puede tener una moneda única sin políticas fiscales y financieras, por ejemplo. No se puede permitir devaneos de estados que negocian continuas quitas e incumplimientos de plazos.

Y si alguien me dice que si fueran más severos perjudicarían más a los estados y a los ciudadanos le diría que sí, pero solo porque Europa se formó como un club político, con muy buenas intenciones, pero sin cimientos.

Yo he trabajado en empresas donde lo fundamental era una política comercial muy bien definida, y una buena gestión. Una excelente gestión.

Europa es necesaria. Es la casa común y el filtro que regulará la buena marcha de los socios, pero necesita urgentemente una reorganización que rompa la red burocrática que han montado, que agilice y rentabilice a sus funcionarios, que reorganice un parlamento inoperante e inútil que solo se usa como “foro de opinión” de sus señorías, que convierta sus “negociados” en impulsores de gestión y de control de los estados. Podría añadir bastantes líneas a este párrafo, pero creo que no es necesario porque todos los que seguimos con más o menos interés la trayectoria de la Comunidad Europea sabemos de lo que hablamos.

Y para empezar insisto en lo que he manifestado estos días por primera vez en mi vida: tenemos elecciones el domingo y solo deberíamos votar a dos partidos, PP y PSOE. Y a Ciudadanos si deja de mariposear con temas menores. Lo demás, en mi opinión, es entrar en el mundo de las utopías, y alimentar a un monstruo que nos puede devorar mientras buscamos ese mundo feliz que no existe.

Nunca había manifestado tan claramente mis opiniones políticas, pero tampoco me había encontrado con una situación tan sumamente grave como la actual.

Y ya tengo bastantes años

Estos días continúa, mejor se recrudece, la campaña de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia contra la enseñanza privada en todos sus niveles. Comenzó con las trabas y limitaciones a los colegios concertados y continúa con las zancadillas a las universidades privadas intentando limitar las prácticas de sus alumnos en centros públicos, o negándose a concederles becas.

Me temo que la razón de semejantes desatinos no puede ser otra que un afán indisimulado de controlar la enseñanza a todos los niveles. Y la voluntad de controlar tiene que estar asociada, necesariamente, a imponer modelos que, a la postre, adoctrinen a los usuarios, desde la infancia hasta el final de los estudios, incluido el ciclo universitario.

¿Por qué llego a esta conclusión?. Por puro descarte o, si lo prefieren, por “reducción al absurdo”.

No pueden haber razones económicas porque la enseñanza concertada, y no digamos la privada, abarata el coste y aligera presupuestos autonómicos sin merma de la calidad de la educación.

No puede tratarse de un mejor servicio al ciudadano porque no existe ninguna demanda de cambio. La situación actual, distrito único y prácticas en centros públicos incluidas, funciona a satisfacción de la población afectada y nunca escuché opiniones en contra. Más bien al contrario, muchos no están de acuerdo con algunas de las novedades.

No puede tener como objeto la mejora de los resultados académicos, bastante malos por cierto, ya que esta medida no los alterará a corto plazo, si no es para empeorarlos, ni tampoco lo hará a largo plazo. No tiene por qué hacerlo.

Podría seguir desgranando argumentos, pero no creo que encuentre otros que no sean los sectarios e interesados en imponer el famoso pensamiento único, aunque sea a costa de dar pasos atrás en lo que nos acerca a Europa ya los países más avanzados. Seguiremos teniendo las peores notas en los ranking internacionales, volveremos a retrasar el bilingüismo real en aras de esa “valenciano-catalanización” de nuestro idioma, al que están destrozando intereses políticos y un grupo de interesados que llevan años, casi siglos, discutiendo sobre el sexo de los ángeles, o si la taza de té se sujeta con el dedo meñique levantado o no.

Pero esto no puede prosperar. Es imposible porque perderán cualquier recurso que se interponga, primero en España y, si es necesario, en los tribunales internacionales, que no permitirán semejante huida hacia atrás estando dentro de la Comunidad Europea, hasta situarnos en la primera mitad del siglo XX como mínimo.

Es evidente que a los promotores de semejantes desaguisados, los del gobierno por hechos consumados, les da lo mismo porque les mueven ideales, si no intereses, puramente políticos. No les importa lo que diga la Comunidad Europea porque no se sienten identificados con Europa. Quieren romper con los nuevos modelos de sociedad porque no son los suyos. Socialismo real o caos. Ya lo hemos visto en el pasado y ¡con que resultados!.

Lo público, señores dirigentes de nuestra querida Comunidad, es de todos, mientras que lo privado es de cada uno de sus propietarios. Pero como los propietarios privados pagan impuestos, resulta que también son copropietarios de lo público.

Es decir: Las universidades públicas son de todos nosotros y no tienen ninguna competencia sobre las privadas. Sin embargo, y en pura lógica, las universidades privadas sí que tienen derecho a algunos recursos y servicios de la pública porque, al fin y al cabo, están cubriendo parte de su financiación. Mi hija cursó la carrera de Imagen y Sonido en la universidad privada porque en aquellos tiempos no se ofertaba en la pública. Supuso un coste notable para nosotros y un ahorro importante para el estado. En la actualidad, si alguien elije la privada por alguna razón, sigue ocurriendo lo mismo. ¿Cual es el problema?. Si cada carrera de universidad privada es un ahorro muy importante para el estado y la enseñanza es similar, si no mejor, ¿a qué viene esa campaña de desprestigio?. Es como si la sanidad pública prohibiera a los ciudadanos acudir a las clínicas privadas o tener seguros de enfermedad. ¡De locos!.

Uds. quieren que los ciudadanos prefieran las universidades públicas a las privadas. ¡Ojala pudieran porque mejorarían sensiblemente sus economías!. Compitan noblemente mejorando los contenidos académicos, controlen mejor a sus profesores, eviten esas actividades políticas paralelas que tanto distraen a los alumnos, y vuelvan a los orígenes y la razón de ser de las universidades. Recuerden, por favor, algunas estrofas del “gaudeamus igitur”:

«Viva también el Estado y quien lo dirige. Viva nuestra ciudad, y la generosidad de los mecenas que aquí nos acoge. ¡Vivan los que estudian!. Que crezca la única verdad, que florezca la fraternidad y la prosperidad de la patria.”

No soy persona de movilizaciones porque creo más en las razones y la discusión, pero acabarán haciéndome salir a la calle.

Y a los rectores de Universidades que salen tan ufanos en las fotos del apartheid cultural, cíñanse los cíngulos y tomen los cayados. Alguien, en algún momento, decidirá meter la nariz en ese gran misterio que es la universidad pública, sus cuentas reales, sus subvenciones, su opacidad. No sigo, pero seguro que será pronto porque es uno de los últimos bastiones de lo incontrolado.

De momento les sugiero que si quieren atraer alumnado, mejoren la calidad de sus enseñanzas y procuren aparecer en algún puesto decente en los ranking internacionales en lugar de apoyar este insensato “se van a enterar”.

Lo siento mucho pero a estas alturas, dudo mucho del nivel intelectual de quienes están impulsando estas medidas sin otro argumento que el manido “porque lo digo yo”.

Cualquier día alguien me dirá “Ud. no sabe con quién está hablando”.

José Luis Martínez Ángel

El titular de un periódico, concretamente Las Provincias el pasado 19 de mayo, proclamaba que “Puig ofrece a la Generalitat Catalana una alianza para plantar cara al gobierno”. Lo dijo después de una visita del presidente valenciano a Barcelona y me figuro que el periodista no habrá captado bien la noticia porque, si no es así, estamos dando otro paso más en dirección a ninguna parte o, lo que es peor, hacia el absurdo.

Ambos dos personajes son antiguos alcaldes de ciudades de relieve, Gerona y Morella, pero lo más probable es que al ocupar los cargos de “President de Generalitat” hayan alcanzado su nivel de competencia (¿mejor de incompetencia?), como le ha ocurrido a algún otro político (¿mejor política?) de la élite actual. Es la única explicación para semejante salida de pata de banco.

En primer lugar, los dos presidentes lo son para representar al gobierno de la nación en sus respectivas comunidades. Tienen una autoridad delegada y unas competencias limitadas y transferidas de mutuo acuerdo. Sin embrago, cada vez se está difundiendo más la falsedad de que los presidentes autonómicos son entes autónomos, plenipotenciarios en sus territorios, señores de horca y cuchillo en el sentido figurado de la expresión, sin más objetivo que conseguir logros políticos y personales, incluido el beneficio de los habitantes de su territorio, a cualquier precio. Y que el malo, por supuesto, es el gobierno de la nación. El enemigo externo. El verdadero obstáculo para el progreso.

Pues que quieren que les diga. Tal y como van las cosas y visto lo visto en una buena parte del territorio nacional, muchos de ellos aparentan haber salido de ambientes de poco fuste, como los personajes de la película “amanece que no es poco” que crecían en el campo de coles y a los que había que regar para que crecieran. ¿Dónde nacen los gestores?. ¿Dónde están los políticos de raza?.

Ellos saben, y yo también, que hay organismos para regular las relaciones del estado central y las autonomías. Todas las autonomías. Como el “consejo nacional de autonomías”. Y también hay mecanismos para solucionar problemas específicos de cada una de ellas, cauces para tratar los asuntos y llegar a acuerdos o razonar los desacuerdos.

Pretender una “alianza para plantar cara al gobierno” es una pura falacia porque, insisto, cada una de las autonomías son interlocutores únicos y no pueden representar a un tercero en discordia y, sobre todo, un manejo cínico del lenguaje al que nos tienen acostumbrados muchos de los profesionales de la política de los últimos tiempos.

Porque la supuesta alianza no sería contra el gobierno, sino contra el resto de autonomías, Si consiguieran más fondos no saldrían de los presupuestos del estado, cerrados y aprobados en las Cortes Generales, sino a costa de Andalucía, Galicia, y todas las demás. El dinero es el que es y si le das más a uno no tienes más remedio que quitárselo a otro. Exactamente igual que si uno de los hermanos de una familia pretende una asignación superior al resto. El extra no saldría del bolsillo del padre, sino del presupuesto familiar.

Otra cosa sería que ambas autonomías se hubieran puesto de acuerdo para trasvasar fondos de la una a la otra si una de las dos está en dificultades financieras, pero me temo que ni es eso lo que han acordado, ni están por la labor de hacerlo.

También aseguran que no hay trasfondo político ni intenciones de reestructuraciones autonómicas, ni de confederaciones, ni de “paisos”, ni de nada. ¡A que santo!

Voy a creerles, especialmente al Sr. Puig.

Entonces, ¿de qué va esto?. De lo de siempre: ruido, ruido, mucho ruido y ninguna propuesta, ninguna solución. Victimismo y justificaciones a la ineficacia o, lo que es peor, a la inoperancia.

Me figuro que si la administración central ve aparecer a los dos honorables haciendo fuerza conjunta para sus requerimientos particulares, el Montoro de turno reaccionará de la misma forma que lo hacía mi padre cuando me había prohibido ir a una excursión como consecuencia de algún castigo, y yo aparecía en casa con un amigo para que intercediera en mi favor. Seguro que sonreía para sus adentros, y con el tono más pausado de su repertorio zanjaba el asunto con un “sabes que te lo he prohibido. Ya irás a la próxima si te lo mereces”.

Porque no me imagino la cara que pondría el Sr. Puig si se presentan en su despacho el presidente del Colegio de Farmaceúticos junto al de Administradores de Fincas y el de Agentes de Comerciales, pongo por caso, para hablarle de “lo suyo”.

Le parecería un sinsentido y les diría que hay que ajustarse a los presupuestos y a los fondos disponibles y que, en todo caso, deberían acudir por separado.

Y si yo pudiera preguntarle en persona cual es la diferencia, seguro que me contestaría con un ofendido “¡no es lo mismo!”.

Señor, Señor. ¡En que manos estamos!. ¡Qué queda mucho por hacer y mucha gente que lo está pasando mal y espera soluciones reales en lugar de tanto decir lo mal que lo hicieron, lo hacen y lo seguirán haciendo todos los demás!.

Y no son solo los de ahora. Son todos los que han alcanzado gobiernos de cualquier nivel después de pelear mucho para conseguirlos.

Como Epi y Blas: “arriba, abajo, derecha, izquierda”. ¿tienen localizado el “adelante”?.

José Luis Martínez Angel