Montero – Marlaska.  “Tanto monta, monta tanto”.

Ni la Guardia Civil, ni el ministro de interior, ni ninguno de los responsables de la seguridad de Melilla tienen la culpa de lo ocurrido el pasado mes de julio. Claro que no.

Fue una avalancha inesperada que desbordó cualquier previsión y provocó el derrumbe de las vallas por la cantidad de asaltantes que se subieron a ellas, razón fundamental de las muertes, entre treinta y cuarentas según las fuentes, aunque el número en si no tiene importancia porque más de cero es un disparate y porque no son números, son personas con nombres y apellidos que terminaron una vida dramática de una forma miserable e injusta.

La responsabilidad del ministro Marlaska, antes juez Grande-Marlaska y ahora solo Marlaska, no ha sido por las muertes, sino por mentir desde el principio diciendo que Marruecos había actuado con proporcionalidad, y ocultar la verdad, que no es lo mismo, pero sí parecido, cuando se ha visto acorralado por las pruebas en forma de imágenes grabadas por la propia Guardia Civil y por terceros.

Pruebas que convencieron a todos los grupos parlamentarios, algunos de ellos con la idea equivocada de que este suceso podía salpicar la buena labor de la Guardia Civil, menos al PSOE, jugando de nuevo con la suposición de que los “mortales” somos tontos, cuyo portavoz dijo textualmente que no se había podido demostrar que hubieran muertos en territorio español.

¡Claro que no se podía demostrar! Y decía verdad, porque ninguno de ellos llevaba en sus manos un certificado de defunción, única prueba legal de su fallecimiento. Solo que, con esta conclusión tan simple, las imágenes no demostraban que se hubieran producido muertes en ninguno de los dos lados de la valla.

El que fue excelente juez, Grande Marlaska, ahora convertido en un personaje triste y gris, acorralado y desprestigiado gracias a la toxicidad de su amado presidente, no dimitirá porque Pedro Sánchez no puede entregar cabezas a la oposición, aunque les pillen en un millón de falsedades y renuncios.

Y ayer, para más inri, se nos apareció la extrañísima ministra de igualdad, la responsable de que todos seamos más diferentes cada día, a montar el pollo y retirar la atención del personal sobre un ministro con aspecto de conejo rodeado de perros, solo como imagen literaria de las dos partes, consiguiendo que toda la oposición y parte del mismo PSOE, apuntaran los dardos en su dirección.

Tanto es así que casi apostaría que fue un montaje: Marlaska se libra de la jauría que le perseguía y Montero consigue que no se hable de los beneficiados en sus penas y los excarcelados por su ley de “solo el sí es sí”, modelo de exquisitez legal.

Pues bien. Ninguno de los dos, ni la ministra digital ni el juez seducido, merece ser ministro, pero ambos seguirán siendo titulares de sus carteras. Uno para no dar la razón a la oposición y la otra porque el presidente no tiene la potestad de nombrarla o destituirla porque obedece a un pacto de gobierno.

Y claro, si la destituyera se rompería el pacto y como consecuencia, se caería la escalera. Y, el gobierno, el PNV, IU, Podemos, Bildu y algún que otro, son demasiados para quedarse en el aire agarrados a una sola brocha. Va contra las leyes de la física, una de las que no ha intentado alterar, al menos hasta ahora, nuestro admirado presidente.

El que acabará dando conferencias por todo el mundo mundial sobre como tuvo el valor de desenterrar a Franco. El que, en aras de su gloria personal, nos dejará una nación endeudada, dividida, desconcertada y desconcertante.  

El presidente Sánchez, Bildu y los «txacurras» de Navarra.

Estos días nos hemos enterado de que Pedro Sánchez ha negociado con Bildu la retirada de la Guardia Civil de Navarra, sustituyéndola por una fuerza propia.

La noticia en sí no tendría demasiada importancia porque ya se hizo en el País Vaco y en Cataluña y realmente es cambiar de agentes sin alterar los fundamentos, porque el reglamento de tráfico es igual para toda España y lo regula la DGT, que es el organismo estatal competente.

Y, aprovechando esta circunstancia, el presidente justificó la medida echando en cara a la oposición el que les parezca mal que haga lo mismo que hicieron gobiernos anteriores.

Pero, como suele hacer, argumenta en falso porque de entonces a ahora han cambiado radicalmente las circunstancias.

Ya que, aunque visto los visto las decisiones del pasado parecen un error histórico, en aquel momento tanto el PNV como CIU parecían poco sospechosos de hacer lo que luego han hecho y aparentaban una lealtad institucional con el Estado que, en este momento, ha desaparecido por completo. Incluso, por expresarlo con más precisión, no es que haya desaparecido, es que lo que entonces parecía ser lealtad, en este momento se ha convertido en deslealtad manifiesta. Y a las pruebas me remito.

Pero en este caso, hay una malicia incorporada al pacto que no puede enmascarar ningún otro propósito por parte del presidente que conseguir votos para los presupuestos a cambio de facilitar la hoja de ruta de Bildu que, entre otras cosas, incluye la expulsión de las Fuerza de Seguridad del estado y muy especialmente de la Guardia Civil, su enemigo declarado, en los territorios bajo su control.

Y la prueba del algodón es que, por lo que se ha filtrado, no van a permitir que los miembros activos de este cuerpo en Navarra puedan pasar a ocupar parte de la plantilla de la futura policía de tráfico. A diferencia de lo que ocurrió en su día en el País Vasco y Cataluña cuando se crearon las policías autonómicas.

Porque para Bildu, los miembros de la Guardia Civil siguen siendo los mismos “txakurras”, perros en castellano, que en otro tiempo asesinaban sus antecesores en ideología.

Y, claro, habiendo vivido como he vivido los malditos años de plomo en los que ETA asesinó a tantos seres humanos sin distinción de sexo, edad o condición, no puedo por menos que llamar vendepatrias sin escrúpulos a quienes han aceptado semejante negociación.

Porque yo, que soy muy tolerante con casi todo, sigo siendo absolutamente radical contra todo lo que suponga blanquear o tergiversar lo ocurrido en esas tierras y con esas gentes. Y no tanto por lo que hicieron, que también, sino porque al día de hoy muy pocos, casi ninguno, ha mostrado el menor signo de arrepentimiento por el dolor causado. Incluso, jaleados por “los suyos”, seguirán pensando que se comportaron como auténticos héroes cuando mataban a adultos delante de sus hijos.

Y, como colofón, recuerdo lo que he dicho al principio: me importa poco que se transfiera el control del tráfico en Navarra. Lo que no perdono es con quién se ha negociado y a cambio de qué.

Por cierto. El amigo Bolaños, acorralado por el congresista García Adanero, se ha mostrado indignado y ha manifestado, entre otras cosas, que nadie como ellos lucharon contra el régimen de Franco, cosa que tampoco es verdad.

Seguramente porque es joven y le han contado lo que le han contado, grupos terroristas aparte, fue el Partido Comunista el más destacado en la lucha contra la dictadura. Los socialistas empezaron a asomar a cabeza en el tardo franquismo, cuando estar en las barricadas políticas antifranquistas ya no era tan peligroso.

Y entre los antifranquistas nunca estuvo ETA, porque sus asesinos mataron durante la dictadura y cuando ya se había establecido la democracia. Simplemente mataron por matar, intoxicados y enloquecidos por un fanatismo excluyente que no tuvo sentido antes ni lo tiene ahora.  

Por lo que, en contra de lo que acostumbro a hacer, publico este vídeo de García Adanero, que recomiendo especialmente desde el minuto dos y quince segundos de la grabación, porque desconozco el caso que cita con anterioridad, la retirada de la medalla de oro del trabajo a Felix Huarte, personaje que me resulta desconocido y sobre el que no puedo opinar.

Desde ese momento, Adanero dice casi literalmente lo mismo que yo mismo le diría a Bolaños si hubiera tenido ocasión.

La sociedad civil y los gobiernos de la nación, dos mundos paralelos cada vez más alejados entre sí.

Lo que está sucediendo con la sanidad en España es un ejemplo paradigmático del caos en el que está sumida la sociedad española. Hay algunos temas que requieren soluciones a medio y largo plazo, como el de las pensiones, pero este, la sanidad, necesita medidas a muy corto plazo y una profunda reorganización porque está afectando a la población de toda España, aunque solo se hable de Madrid, y está seriamente dañada desde el caos inevitable que supuso la pandemia del coronavirus. Caos no resuelto del todo y con gravísimas amenazas de continuidad por las nuevas situaciones y los nuevos condicionantes.

Y hay que abordarlo ya porque este problema es mucho más grave que el hecho de que haya ciudadanos que pasen más o menos frio o que tengan más o menos dificultades para llegar a fin de mes, porque lo que está en juego es la salud pública y vidas humanas.

Y empiezo por decir que no voy a aportar posibles soluciones personales porque no las tengo. Solo pretendo hacer un análisis de la situación, unas reflexiones en voz alta plasmadas en un texto, en las que, en lugar de sugerir respuestas, plantearé preguntas.

Y eso viene a cuento de que todo lo que está sucediendo en España desde los últimos años, especialmente por la mala gestión de los recursos del Estado, en algunos casos forzada por los acontecimientos, choca frontalmente con mi forma de actuar cuando formaba parte de una empresa privada que trabajaba en calidad, donde el esfuerzo, la imaginación y la colaboración de todos sus empleados, permitía mantener una dinámica de renovación continuada para no perder ritmo ni mercado.

Posteriormente he tenido una empresa propia y las preguntas seguían siendo las mismas: si algo va mal ¿Cómo reconducir la situación para revertir la tendencia? Si el negocio va bien, ¿cuáles son las razones que lo justifican? Y en todo caso, vaya bien o vaya mal ¿cómo mejorar la gestión a corto, a medio y a largo plazo?

Y donde manejábamos los procesos de mejora de gestión o de resolución de problemas usando una metodología innegociable:

  • Conocer hasta el más mínimo detalle, con hechos y datos contrastables, cual es la situación actual.
  • Definir muy claramente el objetivo que se quiere alcanzar, igualmente dimensionado con datos muy definidos.
  • Qué plazo nos marcamos para pasar del “ahora”, la situación actual, al objetivo previsto. Plazo que requiere establecer controles intermedios en el tiempo de la migración, para asegurarnos de que las acciones o los procesos establecidos responden a las previsiones. Y si no es así, se revisan y se modifican.

Sin dejar nada, absolutamente nada al azar.

Y por supuesto, sin abordar mejoras en lo que puede ser una bola inmanejable, huyendo de definiciones como “mejorar la sanidad”, fragmentándolas y concretándolas de forma independiente en cada una de sus partes, como “mejorar la atención primaria” o “mejorar, la atención primaria en zonas rurales”, por poner dos ejemplos.

Porque la sanidad pública española necesita un gran proceso, pero dividido en áreas independientes de trabajo abordadas por equipos especializados en cada una de las áreas tratadas. Y, a ser posible, sin la intervención de políticos concernidos en los temas tratados o, todo lo más, como una voz más dentro de cada grupo.

Expertos si, políticos no.

Al final serán ellos, como únicos facultados para aprobar los presupuestos o de las medidas a tomar, los que firman lo que haya que firmar, pero, poniendo un ejemplo real, en la multinacional en la que trabajé no había ningún director ni dirigente incluido entre los componentes de los grupos de trabajo, aunque, eso sí, cuando le presentaban la solución sugerida a la dirección, eran ellos los que tenían que hacerla suya.

Y digo sin faltar a la verdad, que la dirección aprobó todos los trabajos que le presentaron los muchos grupos que se montaron para tratar temas concretos, porque todos contenían un análisis detallado de los costes, los beneficios y los plazos de ejecución de cada iniciativa.

Es por eso por lo que estoy convencido de que vivimos en dos mundos paralelos. El de la realidad, los ciudadanos tratando de salir adelante, las empresas grandes y pequeñas, intentando rentabilizar mejor sus inversiones para mantener los negocios, y el de la política basura de las ocurrencias, la visión a corto plazo y el no considerar las consecuencias de cada decisión, porque su objetivo no es el ciudadano ni administrar adecuadamente los bienes que les hemos confiado, sino mejorar las encuestas y las tendencias de voto.

Casi exclusivamente. Y no solo del gobierno actual, aunque este lo ha elevado hasta convertirlo en un arte.

Hay una frase que he utilizado con frecuencia dando cursos o en reuniones de trabajo: Lo fundamental en una orquesta es que cada instrumentista conozca a la perfección su partitura y como debe encajar en el grupo orquestal. Pero en la política española se ha dado el milagro de que el nombramiento de ministro lleva incluido el alcanzar la ciencia infusa y, de la noche a la mañana, sabe más que el que más y no necesita más consejos que los de sus cuatro amiguetes a los que ha nombrado “asesores”.

Prescindiendo de las recomendaciones de los estamentos previstos en el ordenamiento del Estado, o de los funcionarios de mayor nivel, excelentes profesionales en sus ramas. Es decir, pasan a ser el violinista que conoce a la perfección las partituras de todos los instrumentos sin haberlas estudiado.

¿Para que preguntar si ya lo saben todo?

Mas de justicia que los juristas, más de economía que los economistas, más de urbanismo que los urbanistas y, naturalmente, más de sanidad que los sanitarios o más de gestión de la sanidad, que es un tema diferente, que los gestores profesionales. Claro que sí

Y si he tomado como ejemplo el tema de la sanidad, es porque es un problema universal por mucho que la política de bajo nivel se empeñe que está centrado en la Comunidad de Madrid, ergo hay una responsable-culpable, ergo la solución es que dimita, ergo muerto el perro se acabó la rabia porque llegarán nuevas mentes con soluciones novedosas que resolverán lo que Ayuso se ha empeñado en destrozar. Y que conste que no quiero defender a Ayuso, sino denunciar a los que están utilizando las carencias de la sanidad como herramienta política, el colmo de la insensibilidad y de la ignorancia de lo que realmente está pasando.

Y empiezo con mis dudas y mis preguntas:

Los profesionales de la atención primaria, que parece ser el grueso del problema, dicen que no pueden atender en calidad a los sesenta pacientes diarios que ahora soportan, lo que, sin duda, es una verdad incuestionable. Y que quieren que se rebaje hasta un máximo de treinta y uno por jornada.

Pero, si les quitan los sesenta “sobrantes” ¿quién les va a atender? Porque todos, los sesenta, necesitan asistencia médica. Y si parece imposible contratar a nuevos profesionales porque falta presupuesto o porque sus salarios son bajos y prefieren ir a trabajar al extranjero, ¿cómo se soluciona el problema del paciente ciudadano, paciente en todas las acepciones de la palabra?

Porque subir el salario de los médicos y enfermeras supondría una discriminación entre el funcionariado y, teniendo en cuenta la falta de visión global de los españoles a causa de una clarísima carencia de pedagogía política, es seguro que el resto de los colectivos se lanzarían en tromba pidiendo “lo suyo”.

Y, por otra parte, ¿Cómo frenar la sangría que supone que el estado español cargue con el coste de la formación de los profesionales y que otros países se beneficien de sus conocimientos sin pagar un euro? Yo soy enemigo del sistema estadounidense por el que los universitarios sin recursos contraen una deuda por sus estudios universitarios que luego tienen que devolver, pero ¿se podrían dar títulos universitarios con alguna condición? ¿la de mantenerse en España un tiempo o devolver parte del coste de sus estudios?

Claro que para eso tendrían que tener empleo garantizado…

¿Se podría conceder la nacionalidad española inmediata a profesionales de la sanidad de naciones de habla española? Sería la solución más rápida y menos traumática porque conocen el idioma y muchas de nuestras costumbres.

Aunque, naturalmente, también tendrían que imponerse condicionantes para evitar que, siendo españoles y por tanto comunitarios, al cabo de un año se vayan a trabajar a Francia, Alemania o Gran Bretaña.

En fin, con estas preguntas solo pretendo evidenciar la dimensión del problema que nunca se solucionará con pancartas en las calles pidiendo dimisiones de quien sea o reivindicando derechos de determinados colectivos. Unos lo harán mejor que otros, pero lo que es evidente, aunque no se diga según en que telediarios, es que todas las comunidades, incluida la valenciana, tienen problemas muy importantes con la asistencia sanitaria.

Es un tema tan importante, tan complejo y tan urgente de solucionar, que necesita un auténtico pacto de Estado y la intervención de verdaderos profesionales de todos los colectivos concernidos, incluidos sociólogos, psicólogos y expertos en demografía, sin ninguna intervención de los políticos en el gobierno, porque no es un problema localizado en una o dos legislaturas que pueda resolver o modificar otro ejecutivo.

Ni de coña. La población envejece, los ingresos disminuyen por falta de población activa y se necesita una gestión honesta en los planteamientos y exquisita en las soluciones.

Algo imposible de esperar en los dirigentes políticos actuales.

El aprendiz de sátrapa y los sacamantecas

El presidente de gobierno ha dado un paso más en la dirección equivocada, lesiva para la nación, con una propuesta de supresión del delito de sedición que desarma al Estado si se producen actos que atenten contra su unidad, contra la Constitución o contra la democracia.

Porque, no nos confundamos, desorden, aunque sea con calificativo, es poco más que un botellón y si sus penas son de seis años como máximo, por lo que se dice, que con buena conducta y otros beneficios penitenciarios pueden quedar en tres, o menos, ¿Por qué no organizar algo parecido en Valencia, por ejemplo, sabiendo que el presidente que lo promueva tendrá sitio en la historia y, posiblemente, una estatua en la plaza del Ayuntamiento?

Y lo ha dado por ese trasfondo de “satrapismo” que le induce a creerse, como tantos otros “demócratas” que gobiernan países como Venezuela, por poner un ejemplo evidente de desvirtuación de la democracia, que el “estado es él” y que, teniendo los votos suficientes, bien de sus propios electores o conseguidos con extrañas alianzas, legales pero antinatura, puede hacer lo que crea necesario para mantenerse en el poder.

Porque él, que es listo, muy listo, sabe que esta decisión solo es un “continuose” de las aspiraciones del independentismo catalán que, en realidad y mucho más que referéndums de opereta que no les servirían de nada, buscan, y esa es la verdadera hoja de ruta, tener justicia propia, romper la caja única de la Seguridad Social y una hacienda exclusiva para la comunidad.

Conseguido lo cual, estarían tontos si insistieran con la independencia. ¿Para que la querrían pudiendo vivir como reyes, siendo ciudadanos de primera y parásitos de lujo en un Estado que no les puede controlar?

Puede que no lo vea alguien tan torpe como Patxi López, el que necesita un guion para decir algo más que dar los buenos días o pronunciar las cuatro frases hechas que sabe y repite hasta el aburrimiento, el que fue lendakari con los votos del PP y al que no se le conocen más heroicidades “contra ETA” que impedir que Mariano Rajoy y María San Gil se acercaran a los familiares de un asesinado por la banda criminal para darles el pésame. El que ahora dice que ellos son, con sus medidas, los que han “han vencido al independentismo”.

Pero el resto de los mortales podemos pensar, posiblemente sin estar equivocados, que mantener una buena relación con un hijo al que se le da todo lo que pide no es mantener una buena relación. Es dejar que sea él quien controle la situación

Es evidente que hasta que la Comunidad Europea lo permita, Pedro Sánchez seguirá la ruta que él y solo él se ha trazado, pasando de ministros y de asesores, aunque los tenga a centenares y de opiniones tan respetables como puede ser el Consejo de Estado o el Tribunal Superior de Justicia, no vinculantes, pero muy de escuchar.

Por cierto, ¿querrá formar parte del Consejo de Estado cuando cese cómo jefe del gobierno? ¡Capaz será!

Porque sabiendo que es así, que a la democracia y la convivencia no la defienden las armas, sino las leyes, está realizando un trabajo de zapa magistral dejando sin contenido la Constitución a base de rebajar las penas de quienes las atacan o amenazan.

Y, como tenemos tantas cosas en que pensar, como la inflación, el paro, el asalto a la valla de Ceuta, la renovación de los vocales del Poder Judicial, el precio de los alimentos y los consumibles y tantos otros problemas nacionales que sufre la ciudadanía cada día, todos ellos enmascaran problemas de tanto calado como el intento de intromisión del gobierno en el resto de poderes del Estado, la aprobación de leyes sin sentido, o el hábito de Pedro Sánchez  de jugar siempre al límite del fuera de juego constitucional cuando ejerce de forma tan autoritaria y personal sus funciones de jefe de gobierno tomando decisiones que deberían ser mucho más colegiadas.

Siempre he opinado que calificar al gobierno y a los partidos que le apoyan como mayoría Frankenstein es una gran injusticia para ese personaje de ficción, entrañable y dotado de gran ternura, que pretendiendo ser querido, nunca lo consiguió por su horrible aspecto

Sería más propio llamarles asociación de trileros o, más duramente, unión de sacamantecas, “criminal que abre los cuerpos de sus víctimas para sacarles las entrañas”, que es lo que están haciendo, metafóricamente hablado, un conjunto de minorías de españoles al resto de los cincuenta millones. E incluyo a los niños porque también son y serán víctimas de semejantes disparates.

Y luego están las dudas de siempre. Algunos barones socialistas, especialmente García-Page y Lambán, manifiestan públicamente su disconformidad con la última decisión del gobierno, pero ¿lo dicen de verdad o es postureo? Porque podría ocurrir que mientas lo dice, o antes de decirlo, hayan hablado con el presidente para contarle lo que van a decir y justificarse con aquello de que tienen elecciones pronto y que si no lo hacen están perdidos, seguido de un “y a ti tampoco te conviene” y, posiblemente, por un” ya sabes que puedes contar conmigo”.

Porque la prueba de fuego de verdad sería que ordenaran a los congresistas de su comunidad que voten en contra de la nueva ley. ¿A que no lo hacen?

No lo harán porque ellos mismos, los presidentes de comunidades, forman parte de una lista cerrada que, se diga lo que se diga, se confecciona desde las sedes los partidos una vez oído a  las partes. Y es muy sabido que, como decía Guerra, “el que se mueve no sale en la foto”.

Y porque lo más probable es que no le hicieran ni caso en un Congreso poblado de supervivientes de muy bajo nivel político que han hecho de sus cargos una profesión y que no encontrarán en el mundo real nada parecido a lo que tienen ahora.

Y, para colmo de los disparates, ayer apareció el lehendakari afirmando que la derogación del delito de sedición demostraba la necesidad de revisar la organización de la nación. Y, mira por dónde, en esta ocasión estoy totalmente de acuerdo con él, pero no por sus razones, sino por otras totalmente diferentes.

Es evidente que la sociedad española ha evolucionado mucho desde 1978 y que, al margen de los condicionantes que ha supuesto la incorporación a la Comunidad Europea, a la OTAN y a los producidos en los propios estamentos de la nación como consecuencia del desarrollo de nuevas leyes, no es menos cierto que estamos derivando hacia un innegable deterioro de la calidad de nuestra democracia y en el respeto a las instituciones y poderes del Estado, que es necesario reafirmar. No creo que hagan falta cambios importantes en la Constitución, pero parece cierto que hay que “resetearla”. Pasarla por la ITV de la democracia y realizar los ajustes que sean necesarios.

Pero ¿qué lo diga el lendakari vasco? Supongo que cuando dice que hay que reorganizar la nación no se referirá a suprimir todos los privilegios de los que goza su comunidad. Mas bien y como siempre ha sido, porque todavía quieren más. Otro chantaje a cambio de mantener al presidente en la Moncloa.

Chantaje insufrible y continuado que empezó nada más terminar la dictadura, cuando Jesús María de Leizaola, lendakari en el exilio cuando se redactó la Constitución, se negó a volver a España como hizo Tarradellas. Porque el PNV en pleno, partido de la alta burguesía vasca respaldado por una iglesia contemplativa en el peor sentido de la palabra, siempre ha actuado como una gran mafia incrustada en las estructuras del Estado, que en aquel momento impuso el cupo vasco y la territorialidad de Navarra como condición para apoyarla.

Y Adolfo Suarez, en una equivocación de consecuencias impensables en aquel momento porque confiaba en la “caballerosidad” y el honor de la clase dirigente vasca, no tuvo más remedio que taparse la nariz y tragarse el sapo de una decisión que perjudica cada vez más al resto de los españoles por la voracidad de los sucesivos gobiernos de la comunidad.

Un partido que, estoy convencido, pudo acabar con ETA a la semana del primer asesinato, pero que maniobró según su conveniencia a instancias de Xabier Arzalluz, presidente del PNV entre los años 1980 y 2004. Y, por si no lo saben, les informo de que el País Vasco es la única comunidad en la que el poder no lo tiene el presidente de la comunidad, el lendakari, sino el del partido al que está sometido plenamente. Blanco y en botella.

Puede parecer un comentario duro, excesivo, pero parto de hechos reales y desde el amor que siento por esta tierra que también es un poco mía, porque mi madre nació en Arrigorriaga y mi abuela en Rentería.

Hay que retocarla, sí, pero para consolidarla. No para recuperar el pasado, sino para construir el futuro. Un futuro de mayor armonía, donde todos los españoles tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones y que tanto los gobiernos de turno como el resto de las instituciones tengan los controles necesarios para que nadie se salga del marco constitucional que se le haya asignado.

¡Que ya está bien de consentir que lo que deberían ser partidos políticos se conviertan, como está ocurriendo, en mafias organizadas, como lo ha sido desde el principio el PNV!

Una sociedad confusa, que está perdiendo valores, ética y estética. En la que los padres gastan tiempo y dinero en disfrazar y maquillar a sus hijos de muertos vivientes, a quién más sangriento y espeluznante, pero que luego no los llevan a los funerales de sus familiares ni a los cementerios “para que no se traumaticen”

Que quieren. Será que los que nacimos el siglo pasado tenemos alguna tara cerebral consecuencia de las escaseces de la época, pero cada vez entiendo menos como hemos podido llegar hasta donde estamos.

Y, sobre todo, como hay tante gente que no se da cuenta de que esto, ni nos conviene a nosotros ni, mucho menos, a nuestros descendientes.

José Luis Martínez Ángel

Valencia, 13 de noviembre de 2022

De representantes de ciudadanos a líderes de partidos. De líderes de partidos a caudillos de sus votantes.

Por si algunos no lo recuerdan, España es una democracia representativa, representación que los ciudadanos confiamos cada cuatro años a un partido político en función de la afinidad con las ideas de cada uno.

También es oportuno recordar que la máxima autoridad constitucional, la que dicta normas y leyes a propuesta del gobierno o por iniciativas populares, es el Poder Legislativo, las Cortes, si se consiguen las mayorías de votos que se establecen en cada caso.

Y que el Poder Judicial tiene como misión esencial aplicar las leyes promulgadas por el Legislativo con una pequeña horquilla de interpretación de los jueces, siempre recurrible.

El artículo 118 de la Constitución dice que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto

Y lo dice sin establecer ninguna excepción, conociendo la inviolabilidad del Rey, único que no está sujeto a la autoridad de dichos tribunales según lo dispuesto en uno de los apartados del artículo 56 “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad…”

Y luego tenemos el Poder Ejecutivo, el gobierno de cada momento, que tiene como misión, entre otras, cumplir y hacer cumplir las leyes. Y que, en contra de lo que parece en este momento, no tiene poder absoluto y está sujeto al control del Judicial, según dice el artículo 102: “La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Supremo

De ahí que sea tan importante que el Ejecutivo, el gobierno, no tenga ninguna opción de controlar al Judicial. No tanto porque algún juez pueda doblar la vara de la justicia a su favor en alguna sentencia, que no lo puede hacer y si lo hiciera es recurrible, pero sí con determinados nombramientos de los titulares de las salas vía Consejo Superior de Justicia, buscando jueces capaces de “manchar la toga con el polvo del camino”.

Es decir y repito; en algunos supuestos, es el Poder Judicial el garante de que el gobierno no cometa impunemente actos criminales de ningún tipo, entendiendo, según la revista “Criminalidad”, que un acto criminal es “un comportamiento que exige un castigo”.

En España solemos asociar crimen con delitos de sangre, pero esa es una interpretación que no se ajusta a derecho. Como tampoco lo es la de los políticos cuando entienden que corrupción es robar dinero público, porque también lo es la malversación, la prevaricación, el nepotismo y el resto de actuaciones contrarias a la honestidad exigida a los cargos públicos.

Por lo que, la gran pregunta, es ¿Qué criterios éticos amparan que han de ser los políticos quienes elijan a los Vocales el Consejo? ¿Porqué ese interés en mantener ese extraño privilegio que han apoyado todos los gobiernos de la democracia a partir de 1985, cuando el de Felipe González decidió hurtar a los jueces una de las cuotas que le correspondía según la Constitución?

Decisión que, por supuesto, no rectificaron los sucesivos gobiernos del PP, no sé si porque les convenía desde el punto de vista de posibles amenazas judiciales, o simplemente por favorecer a amigos “colocándolos” en los puestos claves de los tribunales.

Y, por supuesto, tenemos el Constitucional, que es la última voz autorizada, no para contradecir a los tribunales, como se piensa, sino para aclarar si determinadas sentencias o algunas leyes aprobadas por el gobierno se ajusta o no al espíritu de la Constitución. Y de estas y en este momento, hay muchas pendientes de su decisión.

Vayamos al meollo de la cuestión:

El mayor problema que tenemos en España, el causante de todos los demás,es la maldita ley electoral y sus listas cerradas, las que proporcionan a los líderes de los partidos poder absoluto sobre los elegidos “democráticamente” en estas listas, a la mayoría de los cuales ni conocemos el día de las elecciones y que deciden con su voto la aprobación de leyes.

Incluso si lo votado perjudica a la Comunidad en la que fueron elegidos.

Pero en la historia del parlamentarismo español siempre se habían respetado algunas normas no escritas por las que los partidos más votados, pero sin mayoría suficiente para gobernar, buscaban acuerdos con la oposición en los casos puntuales en los que se trataban asuntos de Estado.

Y con cualquier otro en temas de menos trascendencia. Esos que posteriormente solía revocar el siguiente gobierno.

En este momento nos encontramos en una situación totalmente desconocida desde que Pedro Sánchez consiguió desplazar a Mariano Rajoy con el apoyo de grupos que siempre habían sido claramente antiespañoles, a cambio de dádivas y concesiones, legales porque pueden tomarse y democráticas porque todos ellos han sido elegidos libremente, pero muy cuestionables desde el punto de vista de la ética y del espíritu de la Constitución.

O rebasando líneas rojas con leyes impugnadas por la oposición y en espera de que los tribunales, incluido el Constitucional, decidan si son viables en nuestro Estado de derecho.

Recordarán que hace tiempo, los partidos del llamado “gobierno Frankestein” hablaban de reformas necesarias en la Constitución, hasta que se han dado cuenta de que no tenían porqué molestarse, porque no hace falta cambiar artículos de la Constitución ni sus desarrollos en forma de leyes si se dejan sin contenido las sentencias por incumplimiento, se rebajan las condenas, o se indulta a los condenados por determinados delitos.

Y pongo un ejemplo: el artículo 21, en su punto 1, dice “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa” y al gobierno de turno, se le ocurre autorizar el ir armados a las reuniones. El gobierno podría acometer la posible modificación de este artículo, o, simplemente, promulgar una ley que diga que “el portar armas a una reunión se sancionará con un euro de multa

Naturalmente es un ejemplo absurdo. O no tanto porque estando como  están los miembros de las Cámaras sujetos a  la disciplina de los partidos y teniendo los socios de gobierno que tiene, si mañana el presidente decidiera aprobarla en consejo de ministros, seguro que esa ley saldría adelante en el Congreso con mayoría suficiente.

Le costaría unos millones para unos, mantener cinco años más el desafortunadísimo cupo vasco actual, no lo digo por el concepto, porque, guste o no, está en la Constitución, sino porque el PNV, el que recoge nueces sin mojarse ni comprometerse, hace años que está consiguiendo que cada vez tenga menos cuantía y se pague cuando se quiera pagar. O tendría que autorizar más traslados de ETA al País Vaco, pero lo conseguiría. Y “democráticamente”.

Estamos en una situación en la que un gobierno, que no deja de ser el gestor de nuestro bienestar durante su mandato, pasa de ser líder de un partido a líder de sus votantes. Ya no es nuestro representante, es el que dice lo que debemos hacer o el que nos lo impone con leyes que ni siquiera sospechábamos que podrían aprobarse.

Pero como todo esto se está haciendo poquito a poquito, sin prisa pero sin pausa, una ciudanía agobiada por sus dificultades personales, ni lo ve. Porque no son cosas que le afecten en el día a día. Y cuando se de cuenta, posiblemente sea demasiado tarde para rectificar algunos de sus despropósitos.

Gobierno que toma decisiones en contra de la opinión del Tribuna Supremo y del Consejo de Estado, que no son vinculantes, pero que siempre han sido respetadas por el peso ético y moral de sus componentes.

Solo me queda la esperanza de que la Comunidad Europea nos proteja y represente mucho mejor que lo están haciendo, de forma muy democrática, por supuesto, los que debían ser nuestros representantes naturales.

Cambio de ley electoral, por favor, y si puede ser al sistema de “distrito único”, donde cada diputado es propietario de su escaño y nunca votará algo que vaya en contra de sus representados, a los que debe dar cuenta personal con mucha frecuencia, mucho mejor.

Valencia, 29 de noviembre de 2022

Manifiesto por el liberalismo. Ese liberalismo, el auténtico.

De vez en cuando y en función de algún comentario puntual, suele ocurrir que los que lo leen o escuchen te catalogan de “de derechas” o te colocan alguna de las etiquetas al uso. No es algo que me importe en lo personal, pero para entender algunos conceptos políticos que en nuestra nación parecen olvidados, es bueno que se recuerde que, además de las agrupaciones convencionales, derecha, ultraderecha, izquierda, ultraizquierda, hay otras ideologías con marchamo internacional, como es el liberalismo.

Concepto, como tantos otros, tergiversado por los interesados en hacerlo, que lo adjudican a la izquierda o la derecha, según convenga al interpretador.

Liberalismo, según la RAE es;

-Doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del estado en la vida social y económica.

-Cualidad y actitud de la persona que es tolerante y abierta.

Pues bien, durante la transición se fundó este partido, que inicialmente se denominó “Agrupación Liberal”, pero posteriormente formó parte de UCD como una de las “familias” de la coalición. Porque UCD, Unión de Centro Democrático,  nunca fue un partido, sino una agrupación de tendencias ideológicas de centro derecha, desde Alianza Popular (AP), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la Federación de Partidos Demócratas y Liberales (FPDL), el Partido Socialdemócrata (PSD), el Partido Demócrata Popular (PDP), el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA), el Partido Gallego Independiente (PGI), la Federación Social Democráta (FSD), Unión Canaria (UC), la Unión Democrática de Murcia (UDM) y el Partido Liberal (PL), aunque en este caso no se incorporó el partido, pero sí algunos de sus miembros más destacados.

Pero el auge de la Social Democracia, partido enredador que ha reventado sistemáticamente las coaliciones de centro derecha en España por su afán de protagonismo, como lo hizo en Italia y en otros lugares, hizo que los liberales se sintieran incómodos y abandonaran UCD.

Y cito nombres tan reconocidos como Joaquín Garrigues Walker, Justino de Azcárrate o Soledad Becerril, tan discreta pese a haber desempeñado tantos cargos políticos en España. Fue la primera mujer que ocupó una cartera ministerial y también el cargo de Defensor del Pueblo desde la democracia y nunca se la habrá oído faltar al respeto a nadie ni criticar otras iniciativas políticas. Sí algunas decisiones gubernamentales que, en su opinión, afectaban de alguna manera a la libertad de los españoles. Y, por supuesto, contra los asesinos de ETA

Ya hace muchos años que, como decía, el concepto “liberal” se ha interpretado según los intereses de cada cual y así ha sido de derechas para la izquierda o de izquierda para la derecha.

Y también es cierto que algunas y algunos cargos de la derecha, absolutamente autoritarios, se han autodefinido como liberales. Y quizás “de raza le viene al galgo”, porque “España es diferente” y el periódico “El Liberal” de hace tantos años no era precisamente un dechado de tolerancia y comprensión. Más bien era el periódico de la derecha más radical de entonces.

Los partidos liberales no son importantes en casi ningún lugar porque su propia naturaleza les hace ser poco competitivos. Anteponen las libertades y la verdadera representación de los ciudadanos a cualquier interés político del partido o de sus dirigentes y no hacen falsas promesas en las elecciones, por lo que, con esos condicionantes, es casi imposible que puedan ganar unas elecciones o conseguir muchos escaños   compitiendo con el poder económico y el control de los medios de “los partidos poderosos”.

Sin embargo, hay muchos liberales dispersos por el mundo a los que nos gusta pensar que la sociedad será algún día mucho más honesta y democrática de lo que es ahora, solo que estamos convencidos de que ahí quedará la cosa y nunca lo veremos.

Y si alguien quiere saber cómo es el verdadero liberalismo, le recomiendo que lea el libro “Devuélveme el Poder”, de Miriam González Durántez, que refiere con hechos y datos lo mucho que los gobiernos españoles, todos, han interferido indebidamente en la vida de los españoles y cuantas libertades públicas y privadas han vulnerado.

En fin, yo me siento tan romántico e inútil expresando mis ideas como se sentían las personas mayores de mi juventud, en la dictadura, y muy especialmente los republicanos de pro, cuando me decían “ya vendrán los míos”.

Aunque en muchos de sus casos, como me ocurre a mí, “los suyos” nunca llegaron, o si lo hicieron duraron poco, muy poco. Y en este momento me siento tan inmerso en un mundo de intereses partidistas o personales, prepotencias, falsedades, egoísmos y tan falto de sensibilidad real que tengo que asumir que “los míos” nunca llegarán. Dejaron “de llegar” con las primeras corruptelas políticas de los gobernantes a partir de la segunda legislatura y me temo que nunca les volveré a ver en España.

Dicho lo cual, y siendo como soy, tampoco sufro por esta realidad. Yo a lo mío y que cada cual piense lo que quiera y diga lo que crea oportuno. Siempre, claro está, que se respeten las normas y no se diga en plan ofensivo.

El evangelio de San Juan dice “veritas liberabit vobis” refiriéndose a todos los demás. Yo, menos optimista que el Evangelista, me identifico con algo más personal, “veritas liberat nobis”.

Entendiendo que la verdad hará que nos sintamos libres a los que, con razón o sin ella, pero con honestidad, manifestemos con respeto lo que pensamos, con la tolerancia y apertura de miras que recomienda la RAE.

Por supuesto.

Administración Pública, desastre absoluto en la atención personal al ciudadano.

No hace mucho que un médico jubilado, Carlos San Juan, comenzó la campaña “somos mayores, pero no idiotas” quejándose del mal trato personal que las entidades bancarias daban a las personas mayores, campaña que tuvo mucho impacto y obligó a reaccionar a una buena parte de ellas.

Pero se trataba de entidades privadas y siempre teníamos el recurso de cambiar de banco, aunque tampoco servía de mucho porque, más o menos, todos ellos habían sustituido a personas por cajeros o por gestiones por internet y, en casi todas las ocasiones, los cambios suponían “salir de Matamala para meterte en Matapeor”

Otro problema actual, gravísimo problema, es que la Administración Pública, recalco lo de pública, la que tiene como única misión servir al ciudadano en sus relaciones con el gobierno y con el Estado, ha seguido el mismo camino que los bancos y ha rodeado a sus empleados de una barrera infranqueable para personas mayores o con poca o nula facilidad de manejarse por internet

Pues bien, desde la pandemia y viendo las ventajas personales que el teletrabajo tenía para muchos de los funcionarios, este colectivo, sin dueño ni jefe, parece que ha decidido continuar con la misma situación, manteniendo cerradas todas las ventanillas de atención directa al ciudadano, a las que solo se puede acceder por la famosa “cita previa”, en demasiados casos con plazos inexplicables en el tiempo, o solo explicables porque ha disminuido notablemente el número de funcionarios presentes en las oficinas.

Situación imperdonable e incongruente por la inversión de términos entre el objeto de la administración, que solo tiene como justificación ayudar al ciudadano y el hecho de ponerles barreras para acceder al servicio que necesitan.

España necesita con urgencia de que se ponga orden en muchas cosas, como la educación, la política fiscal, la reafirmación de la separación entre poderes, la reforma de la ley del menor o del código penal en el tema de la ocupación de viviendas, por poner algunos de los muchos asuntos pendientes, pero una de ellas, muy importante, es entrar a fondo en la organización de la Administración Pública, tomando como modelos de gestión y atención personal patrones conocidos en la empresa privada, deshaciendo esa sinrazón a la que ha derivado y que ha convertido a los funcionarios en un colectivo mimado, super protegido por los gobiernos de turno y con la complicidad insensata de unas centrales sindicales que, prácticamente, solo justifican su existencia apoyando sus reivindicaciones año tras año.

Que constancia de que no me quejo en absoluto de los funcionarios como personas, porque la mayoría de ellos son buenos profesionales que brindan un trato muy correcto a los afortunados que acceden a sus puestos de trabajo, sino a ese monstruo en el que se ha convertido la Administración Pública, tan necesitada de orden y reformas.

Porque cada vez son más los que no se sienten especialmente orgullosos de la situación actual y de la imagen, muchas veces injusta, que están transmitiendo a la sociedad: un colectivo que solo se preocupa de sus propios intereses y que no ha ganado unas oposiciones para servir al ciudadano, sino para conseguir sueldos estables y de un nivel muy aceptable, y las mejores condiciones laborales posibles.

José Luis Martínez Ángel

22 de noviembre de 2022

Administración Pública, desastre absoluto en la atención personal al ciudadano.

No hace mucho que un médico jubilado, Carlos San Juan, comenzó la campaña “somos mayores, pero no idiotas” quejándose del mal trato personal que las entidades bancarias daban a las personas mayores, campaña que tuvo mucho impacto y obligó a reaccionar a una buena parte de ellas.

Pero se trataba de entidades privadas y siempre teníamos el recurso de cambiar de banco, aunque tampoco servía de mucho porque, más o menos, todos ellos habían sustituido a personas por cajeros o por gestiones por internet y, en casi todas las ocasiones, los cambios suponían “salir de Matamala para meterte en Matapeor”

Otro problema actual, gravísimo problema, es que la Administración Pública, recalco lo de pública, la que tiene como única misión servir al ciudadano en sus relaciones con el gobierno y con el Estado, ha seguido el mismo camino que los bancos y ha rodeado a sus empleados de una barrera infranqueable para personas mayores o con poca o nula facilidad de manejarse por internet

Pues bien, desde la pandemia y viendo las ventajas personales que el teletrabajo tenía para muchos de los funcionarios, este colectivo, sin dueño ni jefe, parece que ha decidido continuar con la misma situación, manteniendo cerradas todas las ventanillas de atención directa al ciudadano, a las que solo se puede acceder por la famosa “cita previa”, en demasiados casos con plazos inexplicables en el tiempo, o solo explicables porque ha disminuido notablemente el número de funcionarios presentes en las oficinas.

Situación imperdonable e incongruente por la inversión de términos entre el objeto de la administración, que solo tiene como justificación ayudar al ciudadano y el hecho de ponerles barreras para acceder al servicio que necesitan.

España necesita con urgencia de que se ponga orden en muchas cosas, como la educación, la política fiscal, la reafirmación de la separación entre poderes, la reforma de la ley del menor o del código penal en el tema de la ocupación de viviendas, por poner algunos de los muchos asuntos pendientes, pero una de ellas, muy importante, es entrar a fondo en la organización de la Administración Pública, tomando como modelos de gestión y atención personal patrones conocidos en la empresa privada, deshaciendo esa sinrazón a la que ha derivado y que ha convertido a los funcionarios en un colectivo mimado, super protegido por los gobiernos de turno y con la complicidad insensata de unas centrales sindicales que, prácticamente, solo justifican su existencia apoyando sus reivindicaciones año tras año.

Que constancia de que no me quejo en absoluto de los funcionarios como personas, porque la mayoría de ellos son buenos profesionales que brindan un trato muy correcto a los afortunados que acceden a sus puestos de trabajo, sino a ese monstruo en el que se ha convertido la Administración Pública, tan necesitada de orden y reformas.

Porque cada vez son más los que no se sienten especialmente orgullosos de la situación actual y de la imagen, muchas veces injusta, que están transmitiendo a la sociedad: un colectivo que solo se preocupa de sus propios intereses y que no ha ganado unas oposiciones para servir al ciudadano, sino para conseguir sueldos estables y de un nivel muy aceptable, y las mejores condiciones laborales posibles.

José Luis Martínez Ángel

22 de noviembre de 2022

La subida del 8 por ciento de las pensiones. Cobarde e insolidaria.

Parece ser que el gobierno, en plena campaña electoral, tiene la intención de subir las pensiones en un 8 %. Soy jubilado y, aunque la medida me beneficia en lo personal, me sigue pareciendo un auténtico disparate por las razones que comento a continuación. Aclaro que en este comentario tengo que utilizar los presupuestos de 2022 porque no tengo los previstos para 2023 que, por otra parte, todavía no se han aprobado en las Cortes Españolas.

Estos presupuestos suponían un total de 519.668.460 euros, de los cuales 183.878.878 eran los gastos de la seguridad social y 171.139.653 el capítulo de pensiones.

Es decir, las pensiones suponían el 32 % del total. Y el 8 % de ese total son 13.691.172 euros.

La primera consideración es que esta partida, como todas las que suponen aumento de salario y a diferencia de todas las demás, es irreversible. Futuros gobiernos pueden subir o bajar los gastos de defensa, o de obra públicas, o el de educación, por ejemplo, pero no podrán bajar los salarios de los pensionistas ni el de los funcionarios, que también es una partida muy importante.

La segunda es que se trata de una subida universal que lo mismo afecta a los que tienen pensiones de 3.000 euros que a las de 600, sin considerar si tienen importantes ingresos por rentas o disponen de un sólido patrimonio. Es un café para todos que aumenta de forma inmisericorde las diferencias entre los pensionistas, porque aplicando el tanto por ciento previsto, las pensiones del primer supuesto pasan a ser de 3.240 y las del segundo de 648.

192 euros más al mes y 2.688 al año en nuestras 14 pagas.

Y es que ni este gobierno ni ningún otro se atreve a perder votos de un colectivo que empieza a tener unos ingresos medios mensuales muy próximos al salario medio de los trabajadores activos, pero que es numeroso en votos y afectados. Gobiernos cobardes que comprometen el futuro de la nación porque, siendo imposible recaudar más de lo que se recauda por impuestos y con la deuda pública tan disparatada como la que tenemos, pronto, demasiado pronto, habrá que recortar gastos de las otras grandes partidas, como la de sanidad o la del resto de gastos sociales.

Y entonces, el partido que esté en la oposición y que, seguro, ha sido cómplice de la situación porque en algún momento habrá estado en el gobierno, acusará al gobierno de turno de poner en peligro la salud de los españoles o de haber recortado y reducido el estado del bienestar.

Y los sindicatos sanitarios saldrán a la calle para reclamar aumento de plantillas y mejoras en los servicios y los pensionistas para continuar reclamando subidas en sus pensiones.

Gobiernos cobardes, como el que tenemos y otros que hemos tenido, con mentalidad cortoplacista y un egoísmo personal sin límites.

Porque aquí estamos invirtiendo los términos: los pensionistas, muchos de ellos, necesitan más ingresos porque tienen que ayudar a sus hijos en paro o con ingresos insuficientes, cuando lo lógico, lo valiente, es que los gobiernos fomentaran la creación de empleo con políticas inteligentes de apoyo a los empresarios, únicos capaces de conseguirlo, en lugar de demonizarlos y exprimirles al límite como están haciendo.

Esos empresarios que “se están forrando” como clamaba uno de los líderes sindicales chusqueros y acartonados, de cuyo nombre no quiero acordarme. Aunque muchísimos de ellos, especialmente pequeños y emprendedores, están bajando unas persianas que nunca más levantarán.

Y mientras la ciudadanía a lo suyo, que en España equivale al habitual “que es de lo mío”. Y el gobierno con muchas palabras huecas y muchas mentiras, “el relato”, mientras aumenta el número de ministerios y multiplica el número de asesores.

Que mientras dure hay que disfrutarlo. Y el que venga detrás, que arree.

Y mientas, nosotros los pensionistas, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por la edad, por el coronavirus, o por un ictus inoportuno o un infarto que nos sobrevenga mientras llevamos a los nietos al colegio o a la guardería.

2Alf Garay y Isabel Doñate