La verdadera utilidad de las lenguas:

Vicent Satorres compartió en Facebook un enlace con un excelente artículo de Josep Lacreu en el Levante, y yo incluí esta entrada:
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De acuerdo con el comentario sobre la utilidad de las lenguas. Hay que tener reglas, claro que sí, pero ni rejas ni candados.

Un inteligente refrán valenciano dice que “ferrant ferrant perdrem l’ofici” y eso es lo que les pasa a algunos. Que han olvidado la razón de ser de los idiomas.

Nacieron para que la gente se entendiera y, poco a poco y muy especialmente en estos tiempos en los que parece que muchos ilustrados quieren ser “mes que el que mes”, el valenciano, los varios valencianos, se están convirtiendo en “separadores” de la comunicación porque estos sabios deciden por su cuenta y riesgo como tengo yo que hablar con mi vecino.

Repito: reglas sí, pero que encierren a todos los puristas en una habitación y que no salgan hasta que no presente un diccionario común que acepte todas las voces en uso y, a partir de ahí y como ocurre con el idioma castellano, que se convierta en una lengua viva y de concordia.

Pero para eso hace falta humildad y reconocer que la lengua solo sirve si es un vehículo de comunicación, y que los que la mantienen viva, los únicos propietarios, son los pueblos, las gentes, que la hablan y escriben. Los sabios encorsetadores pueden convertirse en una verdadera amenaza porque generan discordia y aburrimiento.

Dicho sea de forma coloquial y con todo respeto para los ilustrados y para los valenciano hablantes de todas las normas y variedades porque, me figuro, que todos ellos aman la lengua valenciana, aunque sea con distintos amores

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La brocha gorda de la historia y las trampas de los narradores. La Guerra de Sucesión

Mucho se ha escrito sobre la Guerra de Sucesión, y son demasiadas las interpretaciones interesadas por esa pasión española de cambiar la historia en función de lo que nos gustaría que hubiera pasado, como menos, o con intención de falsearla en beneficio de otros intereses.

Pero los hechos son tozudos, y los que se derivaron de la muerte de Carlos II sin sucesor no fue más que una disputa entre dos casas reales europeas por ocupar el trono. Las clases dominantes de todos los rincones de España estudiaron sus posibilidades y tomaron partido por el que estimaron más conveniente para sus propios intereses, intentando formar parte del bando ganador.

Y, terminada la guerra, unos ganaron y otros perdieron. Y me refiero, repito, a las clases dominantes, porque para el noventa por ciento de la población, los agricultores, los artesanos y la gente asalariada en general, era un conflicto que ni le iba ni le venía porque no conocían muy bien las razone que justificaban la disputa. Como máximo preferirían que ganara el favorito de su amo “por si las moscas”. ¿Qué sabrían ellos de derechos, beneficios, o fueros?

Serían, como siempre, los perdedores de otra guerra que no habían provocado y que no sabían cómo había empezado, pero de la que, seguro, pagarían las consecuencias. O les reclutarían, o sufrirían en sus espaldas los gastos de la guerra. Si su señor perdía, porque perdería su hacienda. Si ganaba porque los beneficios que obtuviera no llegarían a sus asalariados. Eso si no les arrasaban los combatientes entrando en sus casa a sangre y fuego, violando a sus mujeres y robándoles lo poco que tenían. Como siempre había sido.

Digo que los señores tomaron partido en función de sus propios intereses, ajenos a derechos dinásticos y otras zarandajas. Sí que sabrían que el austríaco podía ser más tolerantes con la “descentralización”, que en aquella época se traducía en mantener privilegios que pervivían desde el feudalismo, mientras que el triunfo del Borbón suponía un reino más centralista, más de someter el poder de los señores a la autoridad real.

Pero eso también sería causa menor porque los ganadores saldrían beneficiados en cualquier caso, y lo perdedores perjudicados, fuera el que fuera el triunfador.

Hay puntos geográficos especialmente sensibles a la llamada derrota del “pueblo” y la pérdida de “sus fueros”, como Xativa o Barcelona. Se diga lo que se diga, y sufrieran los daños que sufrieran, la guerra de sucesión no dejó de ser una batalla entre extranjeros por ocupar el trono de España, en la que participaron tropas francesas, austríacas, holandesas, portuguesas, españolas, y quien sabe de qué otros lugares, adobada, como no, por la presencia activa de los británicos que se movieron por España defendiendo sus intereses, y que acabaron firmando un pacto con los franceses por el que apoyarían su causa a cambio de que les dieran Gibraltar, Menorca y otras concesiones en América.

Y de que el futuro Felipe V renunciara a su derecho a ser heredero en Francia, y reconociera como legítima la línea protestante de los aspirantes a la corona inglesa, que tenía como representante a Jorge de Hannover, que más tarde reinó con el título de Jorge I de Gran Bretaña. Rey inglés que, por cierto, no quiso saber nada del caso “de los catalanes”.

Porque no creo que ninguno de los grandes intervinientes tuvieran especial interés en minucias como fueros o cosas similares. Iban a lo suyo. A lo gordo.

Es un hecho que en Cataluña, por ejemplo, Rafael Casanova y Antonio Villarroel cayeron heridos el 12 de septiembre de 1714. Pero también lo es que Casanova, el héroe al que rinden respeto cada año los nacionalistas catalanes, y no quiero quitarles rezones porque es cosa de ellos, permaneció oculto algún tiempo y poco después fue “exonerado de sus cargos políticos y militares y volvió a ejercer la abogacía hasta poco antes de su muerte, en 1743”. Afortunadamente no fue fusilado ni siquiera encarcelado.

¿Cuál es la trampa de los desinformados o de los interesados? Relatar la historia como si hubiera ocurrido el año pasado o como si la sociedad del siglo XVIII fuera exactamente igual que la actual. Una auténtica falacia.

Nuestra sociedad, pueblo llano incluido, nunca permitiría hechos como aquellos porque ahora si “que sabe” y tiene poder para votar y decidir. Porque hay una democracia que entonces ni se asomaba, porque los “señores” actuales siguen teniendo poderes económicos muy poderosos, pero no lo son de “horca y cuchillo”, y porque las leyes y las instituciones españolas y europeas les protegen.

Yo no defiendo que estuviera bien, claro que no. Por supuesto que critico una Europa bárbara que mataba por intereses, pero es lo que había. Que nada tiene que ver con lo que hay, por lo que no se pueden formular silogismos ni extrapolar hechos absolutamente irrepetibles.

¿Qué los gobernantes eran muy brutos? Claro que sí. Tanto como despóticos e injustos eran los dueños de tierras y haciendas de toda la geografía hispana, los que decidieron y comprometieron a los habitantes de sus territorios por uno u otro aspirante.

Por lo que entiendo que referirnos a hechos pasados en términos de reivindicaciones pendientes no es más que ganas de marear la perdiz, y/o de remover conciencias permeables sin beneficio ni fundamento. Nuestra historia es la que es y hay que aceptarla como fue. Aprendamos de los errores y no los repitamos. Limitemos la denuncia de hechos dolorosos pasados a las aucas de los juglares o a los relatos folclóricos de cada lugar, pero no pasemos de ahí.

Porque cualquier otro camino, lleno de cruces de caidos en ruta, conduce a un destino al que nadie, nunca, jamás, ha llegado: a la utopía

Financiación insuficiente. ¡Quién lo diría! El Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas

Estoy acuerdo en que la financiación de la comunidad es insuficiente y me uno a todos aquellos que han reclamado una revisión, pero…

Hay que recordar que los impuestos los pagamos los ciudadanos, que somos los únicos generadores de ingresos, y no las autonomías. Aunque no es menos cierto que una degeneración interesada del lenguaje ha conseguido que este hecho sea una verdad enterrada en las catacumbas de la política. No obstante, se mire como se mire, la comunidad valenciana está claramente perjudicada.

Aunque otra cosa es “los paraqués” que reivindican cada uno de los colectivos: unos los quieren para construir más obra pública, otros para mejorar pagos a proveedores, otros para no perder calidad asistencial, otros para el medio ambiente, etc., y todos ellos aseguran, como no, que su razón es la más importante.

Pero olvidan que es la Generalitat la que tiene la obligación de distribuir en justicia los fondos disponibles, sin dejarse influir por aquellos colectivos que tienen más capacidad de presión mediática y política, o de promover algaradas callejeras.

Hablo de Generalitat y “distribución justa”, y leo en Las Provincias que la Consejera de Justicia, Gabriela Bravo, proyecta un “Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas”. “¡Casi res porta el diari!”, como diría un clásico.

No intento averiguar la razón de ser del invento porque seguramente ni lo entendería ni lo aprobaría, pero está claro que va “de memoria” y de muchas cosas más a juzgar por la longitud del título.

Y digo yo: compartiendo el derecho reconocido por ley que tienen las familias a conocer en que cuneta están enterrados sus asesinados en la guerra civil, o de resolver algunos temas puntuales todavía pendientes, ¿De que tenemos que acordarnos? ¿A santo de qué hace falta abrir causas generales sobre temas que no ha vivido la inmensa mayoría de la población española? ¿Qué gana nadie con remover tumbas o abrir cajas de Pandora? ¿Garantizarán estas iniciativas las expectativas de empleo de los parados, las pensiones de los jubilados o la asistencia sanitaria de los españoles? ¿No es más cierto que, puesto que provocan enfrentamientos entre los ciudadanos, dificultan los muy necesarios pactos de futuro?

Ya va siendo hora de que dejemos de mirar hacia atrás y retomemos la dirección correcta. La del futuro. Entre otras cosas porque ningún análisis objetivo soporta verdades incuestionables tan de moda, como que el pasado fue un dechado de virtudes de unos y de inmoralidades de otros.

No existen los puros y los impuros. Nadie puede adjudicarse la referencia moral. Ni colectivos ni particulares. Todos nosotros tenemos armarios históricos en nuestras casas y somos igualmente descendientes de los que mataron y de los que murieron, de los héroes y de los villanos. Y si no asumimos esta realidad, nunca saldremos del charco pestilente de los agravios pendientes.

Y seguiremos matándonos a escopetazos, metafóricamente hablando, por las calles de ese inmenso Puerto Urraco en el que estamos convirtiendo a todo el territorio nacional, porque seguirán existiendo hermanas Izquierdo insistiendo en que sus hermanos hicieron bien matando a los Cabanillas, sus enemigos naturales, y a todos los que se pusieron por delante.

Recuerdo para los que lo hayan olvidado que la tragedia de Puerto Urraco fue un hecho real, no una novela de Shakespeare.

Y esta dispersión mental, tan habitual en mí, viene a cuento de que estoy en desacuerdo con los dos conceptos que soportan el mencionado proyecto: Su oportunidad, la necesidad de crear un mecanismo agitador de memorias, y el gasto que supone.

Porque el proyecto nace con una previsión de 23 puestos de trabajo, que luego crecerán como las setas porque la administración es la administración y los políticos son los políticos, de los cuales 19 tienen estatus de “jefe” y el resto, cuatro, de “empleados de a pie”, con un presupuesto inicial de 1.067.681 €, (luego vendrán las compras inferiores a las cantidades que exigen concurso público). Todo ello solapándose con la Ley de la Memoria Histórica, la 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Naturalmente Gabriela Bravo dirá que ella lo hará bien, no como el gobierno, y aducirá mil razones para aprobar la iniciativa, pero la poca información de que dispongo no me justifica los 23 funcionarios previstos, y me alarma mucho más que más de la mitad del presupuesto se dedique a “gastos de personal”. ¡Caramba!.

Parecería lógico suponer que todos los que han protestado, justamente, por los pocos ingresos de la Generalitat manifestaran su indignación ante semejante despilfarro. Pues no. ¡Todos callados!

Señores que nos gobiernan, en este caso Gabriela Bravo. Como he dicho anteriormente creo que es el momento, ya lo es desde hace tiempo, de dejar de emplear recursos públicos para demostrar, o al menos recordar, lo buenos o malos que fueron nuestros abuelos rojos y lo “fachas” que fueron tales o cuales escritores, actores, políticos, funcionarios u otras gente de mal vivir que vivieron y desarrollaron sus actividades, como todos los que tienen mi edad, en la época de Franco.

¡Qué la mayoría de los implicados en sus recuperaciones de mememoria están muertos y no van a resucitar!

Empleen estos recursos y toda su imaginación en suprimir las carencias de una sociedad que, por otra parte, es absolutamente democrática y con una cobertura social que no tiene nadie en el mundo.

Somos un país democrático y los son todos nuestros partidos políticos, a reserva de algunos “tics” sobre las libertades que aparecen últimamente, y respetamos por mandato de la Constitución los derechos humanos. Y si hay infractores, que los ha habido, los hay, y los habrá, ¡a los tribunales con ellos! Como está pasando con los corruptos..

Quizás yo vea gigantes donde solo hay molinos de viento y lo que se pretende es recordar a los “jóvenes” (antes éramos jóvenes hasta que íbamos a “la mili”, ahora los hay de cincuenta años) son las carencias de los años cuarenta. Porque ellos no las han vivido y creen que todo “nos ha sido dado” no se sabe porque justicia divina o universal, de la misma forma que muchos de nuestros niños creen que los huevos o los pimientos salen de una fábrica. Ahora un poco menos porque les llevan a granjas- escuela.

¿Sería una utopía montar “granjas de política” regidas por historiadores para los mayores de edad menores de cuarenta años? Me temo que sí.

Y a todos los reclamantes de una mejor financiación autonómica, justamente reclamantes, sigan reclamando, pero vigilen estrechamente esa cosa tan dejada de lado, uno de los fundamento de la política, que es la buena administración de los recurso para conseguir una mejor calidad de vida de los ciudadanos que los eligieron. Sobre todo si los recursos son escasos, como parece.

Y no sean blandos ni conveniencieros con los “elegidos” pensando que es mejor tenerlos como amigos. Oblíguenlos a trabajar y pídanles cuentas de como lo hacen.