La Cruz de Piedra

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Cuando el Sargento Contreras recibió el aviso de que se había producido un incendio en la casa de un amigo, estaba lejos de suponer que aquel suceso ocasional le obligaría a una investigación compleja en la que se mezclaban hechos ocurridos en 1307 con intrigas y conspiraciones arrastradas durante siglos hasta nuestros días.

Tampoco Ignacio tuvo consciencia de las alarmas que disparó al descubrir casualmente la carta manuscrita de Jacques de Molay, Gran Maestre de la Orden del Temple, en la Abadia de Cluny.

La novela le permitirá acompañar a Lorenzo y a Ignacio en sus investigaciones, y le desvelará claves que solo el lector puede conocer.

La trama incluye una ficción sobre la Orden Templaria, pero no es un libro de “templarios”. Se citan, sí, algunos hechos históricos, pero arranca desde una fabulación que nunca sucedió. O eso creo.

Lorenzo Contreras sí que existe. Es cualquiera de los responsables anónimos de la Guardia Civil que trabajan por nuestra seguridad.

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Enlace a la editorial: Eride Ediciones

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Una aclaración:

En la novela “la cruz de piedra” figura como ilustrador de la portada Ramón Vicent Pascual cuando su nombre es Vicent Ramón Pascual. Quiero aclarar que es un error mío y no de la editorial, porque esa fue la información que les proporcioné. Espero que se corrija en futuras ediciones.

Los huevos de la serpiente – Los ocupas del Luis Vives.

Leo en Las Provincias que “la Universidad fía ahora a otra reunión el desalojo del Luis Vives”. Reunión que tampoco tendrá éxito. Estaba claro que el “buenismo” de la Universidad no iba a obtener ningún resultado porque parte de algunos errores fundamentales. El primero, que el Rectorado no puede “dialogar” con los ocupas porque es evidente que, siendo como son un grupo de libertarios, no iban a atender a ninguna de las razones. Ellos van a lo suyo y un supuesto dialogo solo sirve para generar titulares, darles protagonismo, y potenciar el efecto llamada.

La otra parte, los ocupas, confunde diálogo con negociación. Y está claro que aquí no pueden existir matices. Sin entrar en valoraciones personales, desde el punto de vista institucional, una de las partes representa a la Universidad, con todo el peso de su magisterio y la autoridad del Rectorado. La otra la componen jóvenes antisistema sin más valor de representación (dirán, como siempre, que son “el pueblo”) que el que ellos mismos se adjudiquen.

Así pues, la única negociación posible es el cómo y el cuándo del desalojo.

Y si caemos en su trampa, la misma que antaño inventó lo de los maestros “colegas”, los padres “amigos” y toda esa colección de replanteamientos formales, estarán perdidos. Son ellos los que habrían ganado.

Y recuerden el ejemplo de Barcelona, siempre Barcelona, donde la “ocupación” fue consiguiendo tanto poder y llegó a amedrantar de tal forma al Ayuntamiento, que se vieron obligados a ceder a sus chantajes y pagar con dinero público el coste de sus ocupaciones. Y fue tanta su fuerza que se llegó a suspender una reunión de ministros de la UE en esa ciudad porque no se podía garantizar la seguridad de los asistentes.

Y otra cosa. Hay una categoría de ocupas que lo son por necesidad. Estos son jóvenes, posiblemente de capas sociales acomodadas, que “juegan” a ejercer políticas fuera del sistema, y a reclamar derechos no previstos en la constitución.

A los que no se les puede ni debe conceder ninguna ventaja. Estamos en una democracia representativa y se puede opinar y votar, pero nunca ocupar o imponer.

La imprescindible y urgente unidad de criterios de la fiscalía.

Bien está la renuncia del fiscal Manuel Moix porque, legalidad al margen, su continuidad hubiera sido carnaza continua para la oposición, y limitado mucho su “credibilidad” mediática.

No importa que la sociedad de Panamá forme parte de la herencia de su padre, que sea propietario del veinticinco por cierto de la vivienda, y que se haya puesto a la venta hace tiempo sin encontrar comprador. Estamos en España, ya está condenado, y se hubiera hecho un flaco favor a sí mismo y a la fiscalía manteniéndose en el cargo.

Sin embargo, mientras suceden todas estas cosas, seguiremos aplazando, más bien obstruyendo, una de las reformas pendientes de la judicatura: la de la fiscalía.

El ordenamiento jurídico actual establece que cada juez es absolutamente independiente en sus actuaciones, y solo responde de sus decisiones cuando se le denuncia por vulnerar alguno de las normas de buena praxis. Sin embargo la fiscalía, que está teniendo muchos “quedecires” últimamente, es un órgano jerarquizado, por lo que el fiscal general tiene potestad para introducir cambios que mejoren la eficacia y la imparcialidad de los fiscales.

Vaya por delante que yo soy absolutamente partidario de que sean los fiscales y no los jueces los que dirijan las investigaciones, pero para que eso sea posible es necesario regular las funciones y establecer con mucha claridad sus marcos de actuación.

Parece ser que esta era una de las misiones encomendadas al dimitido Sr. Moix, bastante mal vista por la asociación de fiscales que parecen preferir actuar, como los jueces, según criterios personales.

Y leo un artículo publicado por Mateo Balín en Las Provincias del dos de junio, con el título de “El nuevo perfil que busca Maza para poner orden”, en el que comenta que el fiscal general está tratando de unificar criterios, no demasiado claros en la actualidad, y corregir anomalías jurídicas. Cito textualmente:

..la eliminación de investigaciones prospectivas , encaminadas a ver si aparece “algo”; la actuación de la Policía, la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria bajo la dirección de los fiscales y “y no vice versa”, la agilización de los procedimientos y el control de las filtraciones de sumarios bajo secreto.

Criterios con los que estoy absolutamente de acuerdo y que requieren medidas urgentes.

Desaparecido de escena el Sr. Moix es importante que su sucesor siga las líneas trazadas por el fiscal general, en la seguridad de que las muchas y muy poderosas fuerzas ocultas que se oponen a estos cambios,atacarán sin piedad desde la propia fiscalía o desde los partidos de la oposición a quien ocupe el cargo de anticorrupción.

Un poco de pedagogía, por favor. Los fiscales buscan pruebas y acusan, en nombre del estado español, a los denunciados por cualquiera de los canales establecidos (fuerzas de orden, por particulares, o de oficio). Y me refiero a todos los posibles infractores de las leyes del estado, de todas les leyes, sean quienes fueren y residan donde residan.

La primera anomalía actual es que las investigaciones las dirigen jueces instructores, que sí tienen libertad de actuación, lo que provoca frecuentes discrepancias entre ellos y los fiscales. O diferencias de criterio con los propios jueces instructores, que son los que realmente juzgan y tiene la facultad de sentenciar. Estamos viendo ejemplos todos los días, especialmente cuando se trata de casos mediáticos, con el agravante de que en la mayoría de los casos, el juez instructor suele apoyarse en los criterios del fiscal instructor, que se mantiene durante la causa, tanto o más que en los del juez que la instruyó.

La segunda es que, si los fiscales son los que deberían abrir y dirigir las investigaciones en nombre del estado, es absolutamente imprescindible que todos ellos tengan exactamente los mismos criterios de actuación: (el mismo delito, en las mismas circunstancias, debe merecer las mismas propuestas de sanción), y no como ahora que se pueden apreciar diferentes tratos a los mismos delitos.

Teniendo como apoyo el consejo fiscal, órgano colegiado en el que se pueden y deben discutir las dudas que puedan surgir en la investigación.

Y siendo su principio más sólido, el que define y protege su autonomía de actuaciones, la imparcialidad. El no dejarse influir por encausados y acusadores, sean quienes fueren, ni por los políticos, ni por los gobiernos que han propuesto al fiscal general.

Y como creo, insisto, que son los fiscales y no los jueces los que deben dirigir las instrucciones, un paso previo, indispensable, es la unidad de criterio de los fiscales, sin ningún tipo de influencias políticas ni de ningún otro tipo en sus procedimientos. Defendía en una conversación de amigos, y estoy convencido de ello, que no creo que la opinión política influya tanto en jueces y fiscales cuando actúan en causas legales. Todos son profesionales y, en todo caso, las sentencias, excepto las del Supremo, son recurribles.

La que fue Fiscal General del estado, Consuelo Madrigal afirmó en una conferencia del Club Siglo XXI que:

Los fiscales están “listos” para asimilar la instrucción de los procedimientos penales, haciendo funcionar así un “modelo de proceso penal ya instaurado en la casi totalidad de los países del mundo”.

Las “resistencias al cambio” vienen desde dos grandes áreas de influencia: La de los propios fiscales, mucho más “libres” en la situación actual, y la de los partidos políticos porque suponen que de esta manera podrán influir más en sus decisiones.

Craso error y anomalía que los ciudadanos no deben consentir.

A los fiscales no los eligen los partidos políticos. Lo son de carrera, ocupan plazas por criterios profesionales, y tienen normas y estatutos que les obligan, entre otras cosas, a cambiar de destino cada cierto tiempo para mantener la neutralidad y evitar un exceso de “amiguismo” con los notables de cada plaza.

A determinados jueces, especialmente en la Audiencia Nacional, sí. Ya me dirán por qué y hasta cuando, pero este hecho puede ser objeto de otra reflexión.

Los fiscales no representan al gobierno de turno. Sería una ilegalidad denunciable. Representan al estado, y su única función es perseguir delitos, apoyándose en las investigaciones y atestados de las policías judiciales de la nación.

Investigaciones que entregarán al juez instructor que, naturalmente, puede solicitar nuevas líneas de actuación o ampliar las abiertas por el fiscal.

El fiscal general del estado, el que tiene la autoridad jerárquica sobre este colectivo, si que “es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad”.

Este puesto necesita la aprobación del congreso, y su independencia se asegura con un mandato de cuatro años, que solo puede revocar el consejo de ministros si se producen circunstancias especialmente graves, o si cambia el gobierno que lo propuso.

Y eso es lo que hay: como siempre todo es mucho más sencillo de lo que nos hacen ver “los interesados”, que muchas veces inventan “tramas ocultas” y/o acusan a los demás de inventarlas.

Pero este es un país tan especial, tan barroco y tan mediático, que seguiremos pensando, y me refiero a nosotros los ciudadanos, que cuando alguien quiere poner orden es porque “tiene algo que ganar”. No sabemos que es, pero seguro, seguro, “que obtiene algún beneficio personal o gremial”.

Y así seguimos. Enlodados en los “tú más” o “tú también”, y sin tiempo para abordar los grandes problemas de la nación: Reforma judicial, fiscal, de educación, pensiones…

Y mi muy deseada reforma de la ley electoral, que fue útil en su tiempo, pero que es, según mi opinión, la casusa-raíz de todas nuestras desdichas.

El accidente del metro de Valencia.- La juez, las víctimas y los victimistas.

Empiezo estas reflexiones como las acabaré: mi máximo respeto y nada que opinar sobre lo que digan o hagan los familiares directos de las víctimas de cualquier tipo, y mi más profundo rechazo a los políticos que, conociendo mucho mejor que yo las reglas del juego, se las saltan tratando de sacar rédito político a cualquier hecho luctuoso del que tengan conocimiento.

Y este preámbulo viene a cuento de que la jueza del caso del metro de valencia, a la que ni conozco ni espero conocer, ha vuelto a archivar la causa abierta contra los responsables de FGV. En el auto falla que “no existen responsables penales del accidente porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones, el trazado, el carril, las traviesas, las fijaciones y otros elementos estudiados se encontraban en un estado y condiciones suficientes para mantener las condiciones de seguridad de la marcha a 40 km/h, velocidad prescrita por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana” (Levante, 23 de mayo de 2017).

Y, naturalmente, los doctos, los serios, lo que lo saben todo menos el funcionamiento del estado de derecho, han saltado como muelles acusando a la juez de no haber escuchado a las partes y, sobre todo, de no haberles escuchado a ellos.

Una vez, hablando con un amigo juez que llegó a ser Magistrado del tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana, le comentaba lo incómodo que debería ser para él saber de antemano que la mitad de los justiciables, los “perdedores”, no estarían de acuerdo con sus sentencias. Él se rio y me dijo que estaba equivocado porque los descontentos podían subir hasta las tres cuartas partes: la mitad porque sentenciaba en su contra y un veinticinco por cien más porque, aunque les diera la razón, les parecía que la sentencia era injusta por poco favorable para sus intereses.

Pero ese es nuestro trabajo — añadió — y lo hacemos sin dejarnos influir por opiniones ajenas a las escuchadas en los propios juicios

Y yo añado que habrán excepciones, pero estoy seguro de que la gran mayoría son fieles a la letra y el espíritu de su juramento:

Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos”.

Incluyendo en ese “frente a todos”, añado yo, las presiones injustas e interesadas de los políticos.

Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que cuando se produce un suceso tan lamentable como el accidente del metro en la estación de Giorgeta, lo que menos importa es lo que digan los jueces y fiscales, los afectados directamente y los testigos. También actúan “de oficio” los políticos y los opinantes de los medios de comunicación (periodistas, tertulianos, blogueros, twitteros, “Facebookeros”) y toda la jauría de verdaderos “expertos” que nos han crecido como setas. Son los mismos, hablan de todo y están en todas partes, pero son los “que saben”. ¡Hay sacar partido al hecho! ¡Manténgamoslo vivo!

Y nos encontramos, cada vez más, en un país en el que algunos policías denuncian la pasividad de los jueces y fiscales porque no incoan causas a partir de sus denuncias. Como si los profesionales de la justicia necesitaran de su magisterio porque desconocen cuándo es procedente o no abrir una causa a partir de la información contenida en un atestado.

Y en el que los políticos ventajistas exigen que los jueces dicten sentencia en función de sus opiniones, o de las conclusiones de sus tan imparciales comisiones.

¿Responsabilidades políticas? Claro que sí. Por robo o malversación, prevaricación, nepotismo, falsedad en documento público y tantas otras malas prácticas con las que nos sorprenden con demasiada frecuencia nuestros “representantes”, tengan o no causas abiertas, pero nunca si hay muertes o lesiones graves. En ese caso solo deben intervenir los tribunales, sin contaminación ni “ayudas” de comisiones de investigación.

Y este es uno de esos casos, como cuando se acusó al gobierno de causar muertes por los recortes en la sanidad. Acusación que, como era de esperar, nadie mantuvo en un juzgado de guardia y se limitó a actuar como una de tantas intoxicaciones interesadas.

¿Alguien recuerda que en España “había”, porque lo dice la constitución, una separación de poderes y que la única verdad judicial la tienen los jueces cuando dictan sentencia? ¿Quién se lo explica a los ciudadanos? O, mejor dicho, ¿quién engaña a los ciudadanos afirmando que los jueces tienen que escuchar a los políticos?

¿Y la presunción de inocencia? Es evidente que hay fuerzas muy interesadas en enterrarla viva para sustituirla por las llamadas “penas de telediario” y los juicios paralelos, tan rentables en horas de emisión y como argumentos políticos. Esa presunción de inocencia, que ya contemplaba el Derecho Romano cuando sostenía “que es mejor que castigar a un inocente, dejar libre a un culpable (Ulpiano)”, recogida posteriormente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa de 1789, que en uno de sus artículos decía textualmente “puesto que todo hombre se considera inocente mientras no sea declarado culpable…

Naturalmente pueden darse sentencias de dudosa consistencia procesal, pero para eso están los recursos, con los que se puede llegar hasta el tribunal Constitucional si fuere menester, e incluso apelar a los internacionales. Pero son las víctimas y sus abogados las que deben tener la iniciativa, no los aconsejadores interesados.

No puedo opinar desde el punto de vista jurídico porque soy lego, pero en el caso del accidente del metro hay argumentos que me resultan realmente sorprendentes:

Decir que el accidente hubiera sido evitable si el tren fuera de última generación o hubiera incorporado las últimas tecnologías es una verdad indudable, pero utópica. Decir que el trazado ferroviario era mejorable también.

Pero no es eso lo que se juzgaba. Lo que estaba en cuestión era si FGV habían cumplido los requisitos legales: Iluminación de las vías, mantenimiento adecuado del material móvil, señalizaciones y limitaciones de velocidad en tramos peligrosos, y/o cualquier otra obligación contraída en la licencia de explotación.

Porque el hecho de que el trazado o los vehículos fueran adecuados no depende del juez. Es responsabilidad de los que certificaron que el metro de Valencia reunía las condiciones necesarias para su funcionamiento. Y lo harían comprobando que los vehículos, los trazados, las señalizaciones y las medidas preventivas se ajustaban a lo exigido por las leyes. Por lo que, supongo, la juez no puede más que investigar si FGV cumplía lo obligado por la ley para que los convoyes pudieran circular con las garantías de seguridad establecidos en el momento.

¿Y quién dicta las leyes? El poder legislativo, naturalmente. El primero en poner el grito en el cielo cuando ve “sangre” con la que salpicar a “los otros” partidos políticos. Como si el parlamento aprobara la pena de muerte y los parlamentarios salieran a la calle reclamando que no se ejecute la sentencia si un juez así lo decide porque las circunstancias de un determinado caso, contempladas en la ley, “le obliga” a hacerlo. De locos.

Es cierto que los políticos locales tienen menor capacidad legislativa, pero también promulgan leyes. Y lo que es indudable es que las que afectan a la nación las aprueban sus compañeros de partido. ¿Por qué no les piden a ellos responsabilidades por dictar, según su criterio, leyes injustas?

Aunque enarbolen la bandera de víctima, los que protestaron antaño y ahora gobiernan: ¿Han eliminado la famosa curva?¿Han actualizado la flota y los tendidos ferroviarios del metro con lo “último” en seguridad y prevención de accidentes?
¿Han parado estos mismos acusadores de la juez todo el trayecto ferroviario o la flota de autobuses municipales hasta que todos los trazados y todos los vehículos incorporen las últimas novedades de seguridad conocidas en cualquier parte del mudo?

Y si las incorporan ¿aseguran que nunca jamás se producirá un accidente por la indisposición o la imprudencia de un conductor o por cualquier otra causa accidental? Naturalmente que no, pero ahora toca hacer demagogia y sacar rédito a la situación. Que si mañana, Dios no lo quiera, se diera el caso, ya lo defenderían sus sucesores o encontrarían a quien echar la culpa.

Pedagogía y honestidad, señores electos, que los votos conseguidos con malas artes, los votos carroñeros, les darán escaños, pero les restan honor. Aunque me temo que no les importa demasiado. ¡Todo vale para conseguir votos!

Y, repito: mi máximo respeto para los familiares de las víctimas. Que ellos si tienen derecho a quejarse porque, sea quien fuere el responsable judicial, sus familiares fallecieron o resultaron gravemente heridos en ese desgraciado tres de junio de 2006. Y siempre les quedará la duda de si se podría haber evitado.

No crean que estoy en contra de sus reivindicaciones, pero alguien debería aconsejarles bien. No todas las leyes son justas, y no hay más que ver lo que ocurre con la ley de menores, o con tantas otras que aumentan el desconsuelo de las víctimas.

Pero la culpa no la tienen los jueces. Como decía antes, la tienen los que las promueven y consensuan en el parlamento español. Ellos son los responsables, si es que hay alguno, y no los jueces que no pueden hacer más que dictar sentencias.

Sentencias recurribles, por supuesto.

En serio. ¿Quién puede enfadarse con Giuseppe Grezzi?

Lo cierto es que he criticado algunas de sus decisiones, pero siempre he evitado “meterme” con Giuseppe Grezzi. ¡Que quieren! Me caen bien los italianos y soy un admirador de su hermosa, bulliciosa, e imprevisible ciudad natal. Nápoles.

Admiro su hermosa bahía, vista desde las islas hacia la costa, vista desde la costa hacia las islas. Con el Vesubio omnipresente como un dios mitológico hecho montaña. Vigilándolo todo.

La primera vez que estuve allí coincidí con un fin de semana y recuerdo que no había forma humana de cruzar las calles porque cuando los semáforos se ponían verdes para los peatones, ni coches, ni motos hacían la más mínima intención de parar.

Sin embargo, observé y así lo hice notar, que había gente paseando por la acera de enfrente, el paseo marítimo próximo al Castillo de Huevo, por lo que en un esfuerzo de imaginación deduje que habrían cruzado en algún momento. Mi mujer, haciendo gala de su socarronería valencia, me contestó que “habrán nacido allí”.

Lo cierto es que la duda terminó cuando observamos que una señora cruzó la calle cuando el semáforo se puso en verde sin amilanarse por la velocidad de los vehículos que venían en su dirección. Y entonces ¡Oh milagro!, las motos y los coches frenaban justo cuando llegaban a su altura entre un chirriar de frenos y olor a goma quemada, y la buena señora llegó a nuestra orilla sana y salva y con gesto de absoluta tranquilidad. ¡Era la costumbre!

Así que al próximo “verde” abordamos con bastante miedo el paso de peatones pero, efectivamente, nadie nos atropelló. Como en el caso anterior el tráfico rodado venía amenazante pero en el último minuto, y haciendo alarde de buenos frenos, se detenían. Nos sentimos como Moisés cuando abrió las aguas del Jordán, pero esta historieta, real, no ha dejado de ser una anécdota divertida que recordaré toda la vida.

Y ¿porque la cuento? Cuando el Sr. Grezzi comenzó con sus bolardos pongo, bolardos quito, carriles elimino, carriles repongo y cosas similares, entré en internet para conocer su biografía y me encontré con la sorpresa de que, nacido en Nápoles, pasó algunos años en Nueva York y Bolonia, y acabó en Valencia en el año 2000, donde empezó a colaborar con “els Verds del País Valencià”, pasándose después a “Els Verds –Esquerra Ecologista”, partido en el que militaba cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia.

Es decir, un napolitano, residente en Valencia menos de diez años, y sin ninguna experiencia en gestión pública, pasó a ser el dueño y señor de la movilidad de una de las ciudades más importantes de España.

Y, ¡cómo no iba a hacerlo!, descargó todo su furor romántico en una ciudad que se le presentaba como una especie de tablero virtual en el que se podía jugar a los supuestos. Y como prueba de su entrega y dedicación a la causa hizo un recorrido en bicicleta mientras se auto grababa con el móvil, para que comprobáramos que si se hace eso, que está muy mal, te tienen que multar, y tuvo un accidente con otro ciclista para hacernos ver que, incluso en el carril bici, hay que guardar precauciones porque también hay riesgos.

He mantenido una clara postura en favor de que se “ecologice” la ciudad de Valencia, pero discutiendo los tiempos y las formas. Porque un cambio tan radical como el que se está haciendo tiene un claro tufillo de “obra política” y, por tanto, sus plazos de ejecución están condicionados por inauguraciones y boatos. Es decir: Estoy en desacuerdo con la precipitación en la planificación de la obra, en la ejecución, y en la poca sensibilidad que se ha tenido con los “anti” que iban a surgir. Porque era evidente que surgirían “resistencias al cambio” ante la amenaza de perder la comodidad de “lo conocido”.

Alguien me dijo un día: es que si no se hace así, no se hace. Es una afirmación demasiado rotunda que no comparto en absoluto. Y si tienen dudas, comprueben como se ha avanzado, en cuantos años, en ciudades que podían habernos servido de referencia.
El truco consiste en decir “lo hacemos como otras ciudades del mundo”, pero sin entrar en detalles de los plazos, de la pedagogía, y de las alternativas.

Pero claro. Eso es mucho más que pedir peras al olmo, porque en este caso se ha juntado el barroquismo y la euforia napolitana con el “pensat y fet” tan nuestro.
Hay un tercero en discordia, el Sr. Ribó, al que intuyo como “empujador” de parte de las iniciativas, pero solo es una suposición porque no tengo suficientes elementos de juicio.

Solo he podido comprobar que el día del traslado de la Virgen, cuando gran parte de sus conciudadanos estaban participando en los actos religiosos y civiles que se celebraban en el centro histórico de la ciudad, él se hacía fotos paseando muy ufano por el carril bici acompañado por un “muy satisfecho” Sr. Grezzi.

Y miren. Con el Sr. Ribó estoy bastante enfadado, no por sus obras, que ese es otro cantar, pero sí por sus actitudes tan poco próximas a las sensibilidades de los ciudadanos. Y por su “estar” por encima de la gente.

Me lo figuro mirando desde un balcón al monumento de Francesc Vinatea en la plaza del Ayuntamiento soñando que algún día puede ocupar esa peana en una estatua ecuestre, como la de Franco, solo que en vez de caballo montaría una bicicleta. El gesto y el donaire de la escultura lo pueden sacar directamente de la foto que vi en el periódico. Todo un cesar.

En cambio mantengo todas mis simpatías por el sr. Grezzi. ¿Cómo me puedo enfadar con un paisano de Sophia Loren, de Renato Carosone, de Enrique Caruso o de Gian Lorenzo Bernini?

Los napolitanos son como son y mejor que no cambien. Son italianos, que ya es mucho decir, y han tenido influencias españolas ¿Cómo no van a ser así?

Lo único que siento es que si está pensando en acumular experiencias para retornan a su ciudad y poner orden en su circulación y en “sus cosas”, me temo que allí no le dejarán. Supongo que Nápoles ha cambiado mucho desde que estuve allí la última vez, pero recuerdo asombrado que cuando un motorista circulaba contra dirección y tocando el claxon en un equivalente a nuestra calle Colón, los policías volvían la mirada hacia los escaparates que, por cierto, eran dignos de ver.

He escuchado muchos comentarios sobre esa preciosa ciudad llena de vida y de contradicciones. Uno de ellos me agradó especialmente “Nápoles ordenado no sería Nápoles, sería la ciudad más bella de Italia con permiso de Venecia y de Roma o junto a ellas.” Pero, claro, entonces habría que inventar otra Nápoles.

Me temo que si Giuseppe Grezzi vuelve a Nápoles algún día, que supongo que lo hará, será para disfrutar de sus encantos y de su vida callejera vociferante y bullanguera. No para convencer a los motorizados de que vayan dejando en sus garajes las motos o los coches porque han llegado nuevos tiempos. No le harían ningún caso.

Aunque no pertenezcan a la Camorra

Los informes de la UCO

El otro día escribí un comentario sobre la desafortunada intervención de un representante sindical de la policía que denunciaba el hecho “de que los jueces no abran procesos” cuando, para él, estaba claro que debían atender las iniciativas de la policía. El juez le respondía, con toda razón, que los comunicados de la policía tienen categoría de denuncia, y que son los jueces y los fiscales los que deben determinar si hay pruebas suficientes o no para abrir un procedimiento.

No me extiendo más porque, como digo, está publicado en mi blog. Enlace https://jlmartinezangel.com/2017/05/06/las-garantias-procesales-y-el-estado-de-derecho/

Pero estos días me encuentro con que la UCO, ¡la UCO!, manda una documentación al juez Velasco denunciando la posibilidad de que Cristina Cifuentes haya cometido delitos, concretando algunos de ellos.

Seguramente las cosas han cambiado mucho y soy yo el equivocado pero, ¿la Guardia Civil calificando? ¡Nunca lo hubiera creído!

Yo he visto en la mesa de mi padre, en algún momento comandante de un puesto de la Guardia Civil, muchos atestados, y como los niños somos invisibles pero tenemos los oídos muy finos, le escuche comentar alguno de ellos con los guardias que los redactaban.

Un atestado, por lo que recuerdo, era una relación clara, concisa y escueta de hechos que nunca se valoraban. “Muchos hechos y pocas suposiciones”, les decía, “porque si alguien (un juez, un superior jerárquico) quiere saber nuestra opinión, ya lo preguntarán”, les aclaraba.

Es una forma práctica de afrontar acontecimiento que, muy posiblemente, heredé de mi padre, y que, curiosamente, era una de las normas establecidas en la multinacional en la que trabajé muchos años. Cuando mis directores querían conocer datos de mis resultados o de la marcha del negocio y yo daba opiniones, me decían “hechos, por favor (“by facts” decían los ingleses). Las valoraciones después”.

Y no era un acto de prepotencia: Uno entiende mejor la realidad si recibe una información detallada sin influencias emotivas del exponente. Muy británico, pero muy eficaz. Y una vez conocidos los hechos, es el momento de avanzar en las valoraciones para llegar a las acciones.

Volviendo al tema, recuerdo que en los ámbitos cuarteleros se comentaba un atestado en el que un guardia civil describía que habían encontrado un cadáver con la cabeza separada del cuerpo y el redactor decía “aparentemente muerto”. Era el paradigma de los atestados y, posiblemente, se basaba en un hecho real.

Lo de “aparentemente muerto” tenía una doble consecuencia: no se le aplicaron primeros auxilios, como era su obligación si tenía alguna posibilidad de recuperarlo, pero no podía arriesgar una opinión porque, en este país, nadie está oficialmente muerto si un médico o un juez no lo certifican.

Y la redacción no era consecuencia, ni mucho menos, de la falta de conocimiento del redactor, ni una de “esas cosas” del anecdotario de los antiguos guardias camineros, que solían tener una sólida disciplina, una memoria increíble, y una cultura general generalmente escasa. Hacían lo que tenían que hacer. Lo que decía el reglamento.

Porque ellos multaban a la gente por incumplir tal o cual artículo de la ley de caza y pesca o cualquier otra de las habituales de la época, o practicaban detenciones si los sorprendían en la comisión de un delito mayor. Los detenían y los interrogaban para tratar de aportar más claridad a los hechos, pero sin calificarlos.

He leído en internet que “los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho“.

Pero claro, yo no he leído el atestado, y esto puede ser un “dicen que han dicho” que no me puedo creer. De la Guardia Civil no. De la guardia Civil que escribía en un atestado “presuntamente muerto” cuando encontraban un cuerpo y una cabeza separados, no.

¿Qué ha cambiado? Por lo que sé, los atestados de cualquier cuerpo de seguridad del estado tienen la categoría de denuncia. Y punto. Sin embargo, los últimos informes de la UCO han sobrepasado la línea de la literalidad, entrando en el de las valoraciones.

Y tengo un dilema que alguien tendrá que aclárame: si lo que se ha publicado es cierto, algún mando de la Guardia Civil tiene que justificar esa redacción. Si no lo es, tiene que desmentirla.

Lo que no se puede es no hacer nada. A no ser que hayan cambiado los protocolos de la judicatura o haya bajado tanto la preparación de los jueces y fiscales, que la policía o la guardia civil tienen que marcarles el camino a seguir.

Cosa que no creo.

¡O tempora o mores! ¿Tu quoque UCO fili mi?

Con todo el cariño para la Guardia Civil, de la que soy descendiente en varias generaciones, compuesta por muchos miles de miembros y, como consecuencia, expuesta a muchos posibles errores humanos o de procedimiento.

La conflictos de la educación en la Comunidad Valenciana

Seguramente la presión era tan alta que Ximo Puig y Vicent Marzá decidieron viajar a Finlandia para comprobar in situ el porqué de los excelentes resultados de la educación en ese país medidos en términos de gestión económica y de nivel educativo de los alumnos.

Conociendo el nivel de los políticos al uso, y muy especialmente los de nuestra comunidad, absolutamente incapaces de reconocer los méritos ajenos o de corregir sus propios errores, no hacía falta ser muy listo para saber de antemano que la primera declaración sería algo parecido a “nosotros ya hacemos mucho de lo que hacen ellos”.

No me equivoqué y no le di demasiada importancia porque era lo esperado. ¡Cómo no lo iban a decir! Naturalmente aquí también van los niños a la escuela, las escuelas tiene techo, y en las escuelas hay profesores.

No quiero pasarme de cáustico, pero a partir de estos mínimos comunes denominadores empiezan las diferencias con un país en donde el acceso al profesorado exige una de las puntuaciones más altas entre las carreras oficiales, donde los profesores se reciclan periódicamente, están sujetos a evaluaciones regladas, y bastantes cosas más.

Tampoco quiero alargarme porque todas estas cosas ya las comentaba en una de mis “reflexiones”, publicada en mi blog en mayo de 2016, y titulada “los deberes escolares ¿un sustitutivo a las carencias de la educación”. Está localizable en https://jlmartinezangel.com/2016/05/13/los-deberes-escolares-un-sustitutivo-a-las-carencias-de-la-educacion/

Lo que me anima a escribir estas líneas es la declaración posterior de Vicent Marzá afirmando que no movería ni una coma del proyecto educativo porque “venía en su programa”.

A primera vista parece una de las famosas verdades del barquero. Un silogismo perfecto: si estaba en mi programa y me habéis votado, lo aplicaré.

No está nada mal para que los ciudadanos vayamos aprendiendo a votar con todas las consecuencias, leyendo los titulares y la letra pequeña. Porque si salen elegidos los que hemos votado y aplican el programa que presentaban ¿de que nos quejamos?

Pero aquí hay una pequeña trampa. No he podido comprobarlo, pero seguro que estos conceptos sobre la educación, que en definitiva supone seguir la hoja de ruta del nacionalismo catalán, estarán en el programa. Pero ¿en que programa? ¿En el del Bloc Nacionalista Valencia, al que pertenece, o el de Compromís, del que forma parte?.

En cualquier caso, Sr. Marzá, Ud. no ha ganado las elecciones. Las elecciones las ganó el PP, y no es que reivindique las cosas buenas del PP porque también deberían “hacérselo mirar”, pero lo cierto es que Ud. es Conseller porque se firmó una coalición entre “coaliciones” (Compromís) y partidos políticos y, mire Ud. por donde, le nombraron para el cargo.

Por lo que resulta que los que votaron al PSOE, verdadero responsable de todos estos desaguisados por no hacer valer su programa, no eran conscientes de que les iban a crecer estos enanos. Y también desconozco si lo sabían los votantes de Podemos o del resto de partidos de la coalición Compromís.

Y que conste que le defiendo como el más honrado de los políticos que nos gobiernan porque Ud. no ha engañado a nadie jamás. Estoy en desacuerdo con muchas de sus medidas, pero tengo que reconocerle este mérito.

Así pues, vale que Compromís tenga agarrados de donde no se debe a un PSOE dividido y desconcertado hasta límites impensables, y a Podemos. Y que esta posición le proporcione una generosa capacidad de maniobra, pero las cosas son como son: El poder que le ha sido dado, le ha sido conferido por quien debería haber puesto coto a estas salidas de pata de banco.

Ellos sabrán porque están interesados en cavar sus propias tumbas. Porque la Sra. Oltra, dicho sea desde la distancia, es, con mucho, la mejor política que ejerce en la comunidad. Lo que se define vulgarmente, y con todo respeto, como “un animal político”.

Y me gustaría saber quién será el guapo, de los suyos o de los “otros”, que la apeará del caballo que cabalga en este momento. El caballo que le han permitido montar los que se creían más listos que ella.

Vivo en una ciudad que arrancaba las últimas vías del tranvía, en lo que era Avenido del Doncel Luis Felipe García Sanchís, dos o tres años después de que otras tan importantes como Roma, Frankfurt, y casi todas las de los países nórdicos, decidieran que este medio de locomoción urbana era el más económico, ecológico y cómodo para los mayores de cuantos existían en eses momento.

Y es que España sigue “siendo diferente”, y parece que continúa en vigor el nostálgico cartel que aparecía en los vagones de los ferrocarriles, que fue título de una obra de Enrique Jardiel Poncela: “Es peligroso asomarse al exterior”, “É perigoso pebruçar-se“ en versión de los coches-camas, porque sus vagones, enganchados en nuestros trenes, pertenecían a la compañía portuguesa.

¿Para qué vamos a hacerlo? No tienen nada que enseñarnos. Nosotros somos más listos.

Las garantías procesales y el estado de derecho

Anoche seguía una tertulia en una cadena de televisión, y presencié con asombro como un representante del Sindicato de Policía contradecía con vehemencia, incluso rayando en la insolencia, a un ex magistrado del supremo sobre temas legales.

Defendía, como cosa absolutamente impresentable, que algunos jueces no habían atendido denuncias de la policía sobre determinados asuntos, especialmente sobre el caso Pujol. Caso del que, por supuesto, todos abominamos, y para el que seguimos reclamando castigos ejemplares.

El magistrado quiso aclararle varias veces que un atestado policial no es una prueba, sino una denuncia, y que a la vista de la solvencia de lo denunciado, el fiscal y el juez deben determinar si la denuncia merece una investigación o no.

El policía citado llegaba al extremo de acusar a determinados jueces de no autorizar registros cuando ellos, la policía, veían “claros indicios”, sin atender a que en un estado con garantías procesales, como es en la teoría y debería ser en la práctica el nuestro, pedir un registro sobre indicios poco fundamentados para confirmar los indicios, es una auténtica aberración.

Un “creo que, que no me dejan probar, y así no podemos hacer nada”.

Y le recordaron, varias veces, que la policía está sujeta a la autoridad de los jueces, y no los jueces a la de la policía.

Hubo una frase especialmente desafortunada cuando el magistrado defendió con firmeza la labor de los cuerpos de seguridad del estado por los que había sido condecorado, y el portavoz del sindicato dijo, más o menos, que le parecía mal que condecoraran a señores “como él” en lugar de a los compañeros “que se juegan la vida”. Para nota.

Como si los jueces pudieran pasear libremente con sus nietos por plazas y jardines de cualquier parte de España. Como si no necesitaran escoltas.

El magistrado aclaró que no era la policía la que le había condecorado, sino la Guardia Civil.

Con todo el afecto a la policía, que se lo tengo y sobre la que estoy escribiendo una novela en este momento, viendo actuaciones como la de este señor y los grandes conflictos internos que tiene montados, que espero que desaparezcan rápidamente para que la institución recupere todo su prestigio, no me extraña que los jueces prefieran confiar las investigaciones a la U.C.O., órgano central del servicio de la Policía Judicial de la Guardia Civil, menos politizada y altamente especializada en determinadas investigaciones.

Y lamento profundamente que un miembro de la policía, representante sindical por más señas, no conozca nuestro sistema legal, el significado de lo que son las garantía procesales, la presunción de inocencia, y el papel de cada uno de los estamentos en las causas judiciales.

Esta intervención no le hizo ningún favor al interviniente, ni tampoco a la tertulia de su cadena.

España necesita urgentemente pedagogía en todos los campos. Uno de ellos, muy especialmente, sobre los fundamentos de nuestro sistema de derecho del que se ha empoderado (y siento el anglicismo, pero es más rotundo que nuestro término “apoderado”) la prensa, los políticos populistas y los medios de comunicación social, arrogándose una autoridad que no tienen. Denunciar corrupciones y delitos sí. Siempre. Esa es una de sus funciones. Sentenciar nunca, de ninguna manera.

La razón, la verdad legal, no la tienen ni los periodistas, ni los políticos, ni la policía. La tienen los jueces. Y si se equivocan, están sujetos al juicio de otros jueces. Y así debe seguir o, mejor, así debería ser, porque es preferible mantener las cautelas necesarias para no meter en la cárcel a un inocente, aunque esas mismas cautelas dilaten más los tiempos y exijan más pruebas para condenar a un culpable.

Y en esta ocasión sí que apelo al ejemplo del caso Pujol.

Y que conste que no pertenezco a la judicatura. Soy del grupo de los que demandan retornar a una sociedad más limpia y organizada, en la que cada cual cumpla su papel y no trate de tomarse atribuciones que no le corresponden.

Que una orquesta solo es buena si cada instrumentista toca bien su partitura: el violín la del violín, el chelo la del chelo y el oboe la del oboe. No me imagino al trompetista interpretando la partitura del percusionista.

Que los “hombre orquesta”, dicho sea como genérico, solo son útiles para entretener en la calle o como pesonajes de ficción, como el que representaba de forma magistral Dick Van Dyke en la película Mary Poppins.

La realidad es otra cosa. Y, sin embargo, nos han crecido como setas en los últimos años. Y hay quién les escucha y les aplaude.