La Cruz de Piedra

Cubierta La Cruz de Piedra ferros1 copia

Cuando el Sargento Contreras recibió el aviso de que se había producido un incendio en la casa de un amigo, estaba lejos de suponer que aquel suceso ocasional le obligaría a una investigación compleja en la que se mezclaban hechos ocurridos en 1307 con intrigas y conspiraciones arrastradas durante siglos hasta nuestros días.

Tampoco Ignacio tuvo consciencia de las alarmas que disparó al descubrir casualmente la carta manuscrita de Jacques de Molay, Gran Maestre de la Orden del Temple, en la Abadia de Cluny.

La novela le permitirá acompañar a Lorenzo y a Ignacio en sus investigaciones, y le desvelará claves que solo el lector puede conocer.

La trama incluye una ficción sobre la Orden Templaria, pero no es un libro de “templarios”. Se citan, sí, algunos hechos históricos, pero arranca desde una fabulación que nunca sucedió. O eso creo.

Lorenzo Contreras sí que existe. Es cualquiera de los responsables anónimos de la Guardia Civil que trabajan por nuestra seguridad.

——————–

Enlace a la editorial: Amazon – Versión kindle y tapa blanda

——————–

Una aclaración:

En la novela “la cruz de piedra” figura como ilustrador de la portada Ramón Vicent Pascual cuando su nombre es Vicent Ramón Pascual. Quiero aclarar que es un error mío y no de la editorial, porque esa fue la información que les proporcioné. Espero que se corrija en futuras ediciones.

Seis meses de anormalidad

La suerte está echada y durante seis meses España deja de ser una democracia al uso y se convierte en un estado autoritario al estilo de ninguno de Europa y algunos de Sudamérica.

Seguramente algunos pensarán que estoy exagerando, pero trataré de razonarlo:

Ayer el Congreso voto la aprobación del estado de alarma por un periodo de seis meses,  durante los cuales quedan suspendidas muchas de las libertades y derechos de los españoles porque se supone que hay una razón mayor que justifica está suspensión. Pero la Constitución solo prevé que una vez decretado por el gobierno, son las Cortes Españolas, el Legislativo, las que deben aprobar prórrogas cada quince días que se concederán o no a criterio de la información del momento y por votación de los congresistas.

Pues bien, el gobierno, aprovechando una mayoría que ya tenía pero que ha reforzado Ciudadanos, ha conseguido que el estado de alarma tenga una duración de seis meses, medida de dudosa constitucionalidad  que solo cabe recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque el resto de posibles impedimentos legales  están desmontados por la situación excepcional en la que nos han situado.

Pero, conociendo la lentitud en las actuaciones de este tribunal, tendremos que resignarnos a que esta extraña situación se mantenga todo el tiempo que estime conveniente el gobierno, único que puede deshacerla.

Casado anunció ayer que llevaría el tema a consulta a la Comisión de Venecia, pero este es un organismo compuesto por  “61 Estados miembros: 47 miembros del Consejo de Europa y otros 14 países, entre ellos, Argelia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguizistán, Marruecos, México, Perú y Túnez” solo tiene la misión de asesoramiento en “asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos. Concretamente, presta asesoramiento para la preparación de las constituciones, enmiendas constitucionales y legislación paraconstitucional, así como la legislación sobre las minorías o legislación electoral.”

Es decir, es un foro de opinión que de dar un dictamen negativo a la decisión del gobierno español lo dejaría en muy mal lugar, pero que no tiene ningún poder ejecutivo porque sus sentencias no son vinculantes

Por lo que, si Dios no lo remedia, tendremos por largo tiempo un gobierno autoritario y sin control en esta nación que tanto había avanzado en democracia y libertades.

Y luego, claro está, la medida se acompaña de frases y atrezos que parecen ser buenas para la nación pero que en el fondo no son más que operaciones de marketing político para uso interno, muy del estilo de la factoría Redondo. El mensaje subliminal que se ha lanzado está claro: Si todo sale bien será mérito del gobierno del líder y si sale mal la culpa la tendrán las autonomías.

Y lo de aurora boreal es el generoso ofrecimiento de última hora cuando anunció que revisaría la situación cada dos meses con el Consejo Territorial, que es el órgano titular de la Federación de Municipios y provincias, con la misión de “hacer cumplir las Resoluciones del Pleno, ( de la FEMP) velar por el cumplimiento de los fines estatutarios, aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el del Pleno, articular las relaciones de la FEMP con las Federaciones Territoriales y elaborar propuestas de actuaciones concretas a emprender conjuntamente con éstas, además de las líneas generales de actuación coordinadas, cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno y en el propio Consejo Territorial, aprobar las cuotas anuales de la Federación, así como los presupuestos ordinarios y las cuentas generales con carácter anual. El Consejo Territorial es el órgano de máxima autoridad durante el periodo de cuatro años que transcurre entre la celebración de los Plenos Ordinarios”.

Es decir, un estamento que no tiene nada que ver los Poderes del Estado y al que no hemos elegido para gobernar a la nación. Hemos elegido, sí,  a parte de sus miembros, alcaldes por ejemplo, pero solo para administrar los municipios de los que son responsables.

Pero claro, decir cosas como estas a la población española, deliberadamente poco conocedora de la organización política del Estado,  suena a gesto democrático del más alto nivel, cuando esta consulta no tiene más valor que si la hiciera a la Federación de Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorros, por ejemplo.

Y digo deliberadamente porque ahora, como ocurría en otros tiempos, los gobiernos de turno no tienen ningún interés en que nuestros niños y jóvenes conozcan los fundamentos de nuestro estado de derecho. Para eso están “ellos”, para interpretar lo que es bueno o malo para nosotros, los ciudadanos.

No digo ni mucho menos que este organismo, la FEMP, no deba ser escuchado e incluso que su opinión pueda ser importante, pero “no es eso, no es eso”, como decía Ortega y Gasset sobre otro de los asuntos políticos de su momento.

Los organismos responsables del  gobierno de la nación son, exclusivamente,  las Cortes Españolas, el Ejecutivo, también el Judicial. Y el control de las autonomías corresponde a sus respectivos gobiernos por delegación del de la nación, por lo que meter a un tercer interlocutor no es más que una coartada inteligente para que parezca lo que no es.

Lo malo es que, como he comentado otras veces, esta serie de disparates y atentados contra la democracia solo se puede romper si en algún momento los socialistas de la bancada deciden que la cosa se está saliendo de madre y rompen su disciplina de voto.

Son los únicos que puede hacerlo porque los partidos de la derecha no tienen mayoría y además están jugando a ver quién la hace o la dice más gorda, y los que apoyan al gobierno no moverán un dedo porque les va en ello la supervivencia política.

Y tal como están las cosas, entre congresistas  del pseudo PSOE  de Sánchez, cobardes y empesebrados, los socialistas de toda la vida sin ninguna voz en la ejecutiva del “sanchismo” y el resto de partidos agarrados  a la tabla de salvación o al cuerno de la abundancia que les ofrece Pedro Sánchez, llámese PNV e independentistas, la cosa va para largo. Como mínimo para seis meses.

Que así no sea.

El asalto al poder judicial (continuación de la continuación):

Nada ha cambiado en lo formal, pero sí que se han producido movimientos en contra de la iniciativa del PSOE para modificar la fórmula de elección de los Consejeros del Poder Judicial.

Y uno de ellos ha sido en la Comunidad Europea en su función de velar por las condiciones democráticas de los estados miembros.

Sánchez, el mago de las palabras y los gestos, ha dicho que ningún presidente de gobierno le ha preguntado por este tema y será verdad. Porque la advertencia no viene de países en particular, que sería injerencia impropia en las normas y leyes de otros estados, sino de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) que es el organismo comunitario encargado de velar por la calidad democrática de los estados miembros en materia de justicia.

Y ha dicho, cumpliendo con su misión, que si algún país promueve cambios en sus procesos internos que afecten a la independencia del Poder Judicial, han de ser, necesariamente, para reforzar esa independencia y nunca para limitarla.

Advertencia que entra de lleno en las competencias que le asignaron en el momento de su creación:

“La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) se creó el 18 de septiembre de 2002 por medio de la Resolución Res(2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Se compone de expertos de todos los 46 Estados Miembros del Consejo de Europa (entre ellos España en cuya Delegación se integra un representante del Consejo General del Poder Judicial) y cuenta con un Secretariado. A sus labores cabe asimismo integrar a observadores en las que participa la Unión Europea.

La misión de la CEPEJ es la de mejorar la eficacia en el funcionamiento de Justicia en los Estados Miembros del Consejo de Europa así como desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por el Consejo de Europa.

Sus tareas son:

  • Analizar los sistemas judiciales
  • Identificar la dificultades que encuentran los sistemas judiciales
  • Definir maneras concretas de mejorar la evaluación de resultados y el funcionamiento de los sistemas judiciales
  • Proporcionar ayuda a los Estados miembros
  • Proponer a las instancias competentes del Consejo de Europa las áreas en donde sería deseable elaborar un instrumento jurídico nuevo.

La CEPEJ no es una institución de supervisión de los sistemas judiciales de los Estados Miembros ni tampoco es competente para elaborar instrumentos normativos. El funcionamiento del CEPEJ es gobernado por su estatuto.

Y nuestro presidente sabe muy bien que ir por libre en las relaciones con la judicatura es jugar con fuego, porque puede afectar a las buenas relaciones con la comunidad, al prestigio de nuestra nación y a dificultar la tramitación de algunas de las ayudas que tenemos programadas.

Y, naturalmente, los voceros del gobierno y del partido se han apresurado a lanzar el mensaje de siempre: la culpa  de esta propuesta es de la oposición, que no quiere llegar a acuerdos, y que, encima, está dañando a España cuando lleva a Europa el asunto del cambio en las elecciones de miembros del consejo.

Pues ni lo uno ni lo otro. No tengo idea de la razón real de las desavenencias ni los nombres que se han barajado, (se dijo que el PP bloqueó el acuerdo por el nombramiento de la Fiscal General, por las Críticas al Rey del ala “desmoderada” del gobierno y ahora porque se niega a que Podemos forme parte de la negociación), pero yo no estaba en esas negociaciones y me niego a lanzar juicios de valor sobre lo que aseguran otros porque en el fondo y sea por la rezón que sea, estoy totalmente en contra del trapicheo continuado de la política en temas de interés nacional, cuando deberían ser absolutamente asépticos. Y uno de ellos es el sistema actual de elección de miembros del consejo.

Decía en un escrito anterior: “Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros del Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio. Sería un auténtico golpe de mesa democrático.”

Pues bien, no ha sido Casado, sino VOX quien ha tomado esta iniciativa, mucho más democrática que cualquiera de las propuestas por los partidos de toda la vida. Los “democráticos”.

Y no digo, ni mucho menos, que VOX sea más democrático que el PSOE, el PP, Ciudadanos y algún que otro partido regionalista de menor entidad en número de votantes, pero sí que lo considero más encajado en  la Constitución que Podemos o IU y eso, afinidades ideológicas aparte, merece que lo valore como partido absolutamente legal y al que hay que tener en cuenta.

Y que quede claro que la denuncia de este asalto al Poder Judicial por parte de la oposición no desprestigia a España, ni siquiera al propio gobierno, ya que, para evitarse los trámites reglamentarios de un proyecto de ley, necesariamente largos, es el partido el que hace una a proposición como la podría hacer yo y 499.999 ciudadanos más.

Luego el que en teoría da la mala imagen es este remedo de PSOE, el “sanchista” que tenemos en el parlamento, encabezado parlamentariamente por Adriana Lastra, la misma que pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral del PP.

Y de Pedro Sánchez, que es quién anunció la iniciativa, supongo en su calidad de secretario del partido.

El asalto al poder judicial (continuación):

Sigo con el tema de días anteriores porque es un asunto que me preocupa especialmente y que hay que parar a toda costa, a toda costa democrática naturalmente. Porque si el ejecutivo consiguiera intervenir indirectamente, como pretende, en el nombramiento de los jueces, estaríamos realmente al nivel de Polonia o Hungría que persiguen las mismas prácticas de dominio absoluto aunque, curiosamente y a diferencia de España donde se da todo lo contrario, estén gobernadas por extremistas de derechas.

Y es que los extremos, sean del color que sean, siempre coinciden en tratar de perpetuarse en el cargo y en conseguir el poder absoluto en los países en los que gobiernan. Y hay una larga lista de ejemplo, tanto en Europa como en Asia, o en la América central o Sudamérica.

“Los aforamientos no desvirtúan la relación de poder de los políticos y los ciudadanos españoles por sí solos, sino que lo hacen en conjunción con el otro gran oprobio del sistema político español: la politización de la justicia. La independencia de la justicia no es necesaria solo porque nuestro sistema se fundamenta de manera formal en el principio de separación de poderes de Montesquieu (quien, con mucho acierto, dijo ya en el siglo XVIII que esa independencia ha de ser real y no sólo aparente) sino que, a nivel práctico, la justicia es la manera más elemental de organizarse que tiene la sociedad para limitar el uso arbitrario del poder político, por ello es esencial que la administración de la justicia (es decir, el control de la arbitrariedad  del poder) se haga de forma independiente del poder político.

En España, el organismo encargado de nombrar y promover a los jueces está designado en su totalidad directamente por los políticos: este sistema de justicia politizada se derogó en Francia ya en 1993; en el Reino Unido, los jueces del Tribunal Supremo los elige un organismo independiente, la Judicial Appointmens Commission; y hasta en Italia el organismo de nombramiento de los jueces lo eligen en parte el Parlamento y en parte las asociaciones de los jueces.

(“Devuélveme el poder”, de Miriam González Durántez)

¿Cómo se puede parar esta iniciativa? En primer lugar hay que aclarar que el gobierno ha registrado una proposición de ley, no una propuesta, porque de esta forma se salta las preceptivas consultas al Consejo de Estado y a otros varios estamentos que, aunque no sean vinculantes, deben escucharse y tiene un importante peso político. Es, pura y simplemente un atajo en el tiempo que, además, le evitará posibles opiniones desfavorables a la iniciativa.

Aclaro la diferencia entre proyectos y proposiciones:

“Los proyectos de ley son elaborados por el Gobierno (consejo de ministros), mientras que las proposiciones de ley proceden del Congreso, Senado, Parlamentos de las Comunidades Autónomas o de la iniciativa legislativa popular mediante 500.000 firmas”.

Llegados a este punto, ¿cómo se podría para esta iniciativa del gobierno?

En primer lugar me cuesta mucho creer que la minoría socialista moderada del consejo de ministros apoye semejante disparate pero, por si acaso, hay otras alternativas. Complicadas de salir adelante, pero posibles:

Podría ocurrir que los socialistas constitucionalistas de toda la vida que estén fuera del poder abran un debate formal para parar los pies a este “sanchismo” tóxico que está erosionando los fundamentos de la democracia española.

O que los socialistas con cargos institucionales, como los Presidentes de Autonomías por ejemplo, pidan a los congresistas y senadores de su autonomía que voten en contra. Es casi imposible que les hagan caso porque el pesebre es el pesebre y hay que comer todos los  días, pero puede que algunos  de ellos se huelan cambios importantes y prefieran pasara  a la historia como los que se opusieron a colaborar con los enemigos de la nación.

Se debería presionar al gobierno con manifiestos y manifestaciones populares, cosa harto difícil porque las fuerzas moderadas, que serían las enemigas de la iniciativa, son en su mayor parte la llamada tradicionalmente “minoría silenciosa”, que ahora debería definirse como “mayoría anestesiada” o “mayoría confundida” por falta de cultura democrática o por desconocimiento real de lo que se está fraguando

Otra posibilidad, más probable, es que la Comunidad Europea, en la que confío, tome posiciones concretas y contrarias a estas iniciativas. Opiniones que de oficializarse,  no solo serían consejos que se lleva el viento porque podrían suponer la imposición de sanciones económicas, como en su día se hizo con Polonia y Hungría por razones similares.

De momento el gobierno español ya está recibiendo algún que otro “aviso para navegantes” de la propia comunidad y de otros organismos:

“La Comisión Europea ve con preocupación la cercana “relación” entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España. No hay nombres y apellidos, no hay referencias a Dolores Delgado ni desde luego a situaciones como la creada por el fiscal Luis Navajas, pero en Bruselas observan con reticencias la forma en la que en nuestro país es nombrada la dirección de la Fiscalía General, la coincidencia de su mandato con las legislaturas políticas y la falta de transparencia.

Los técnicos comunitarios, siguiendo muchas pautas marcadas en el pasado por el Consejo de Europa (que tiene sede en Estrasburgo pero no forma parte de la UE) señalan en concreto que el hecho de que el nombramiento salga de Moncloa y que el mandato de la Fiscal sea el mismo que el de la legislatura afectan a la “percepción de independencia” de la institución. Y piden por ella muchísima más transparencia sobre las relaciones y comunicaciones entre el puesto que ahora ocupa la ex ministra Dolores Delgado y el Ministerio de Justicia”.

Opiniones y “runrunes” de la Comunidad a propósito del nombramiento de nuestra muy imparcial Fiscal General.

Y, más recientemente, hemos leído que:

La Asociación Europea de Jueces, con sede en Roma y miembro de la Asociación Internacional, ha emitido un comunicado este martes en el que expresa su «gran preocupación» tras conocer la intención del Gobierno de España: modificar la legislación sobre el Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos por mayoría en el Parlamento, sin necesidad de una mayoría reforzada que requiera negociación entre los grupos como hasta ahora.

De momento no han reclamado que sean los jueces los electores, pero sí que se mantenga la necesidad de acuerdos mucho más amplios que la simple mayoría.

Y ¿qué debería hacer la oposición?

Saben que esta iniciativa tiene todas las posibilidades de salir adelante porque le interesa a Sánchez para seguir en el gobierno y porque le interesa a los “antipatrias” que le apoyan, incluida esta extraña versión de comunismo bolivarista de coche oficial. Porque les viene bien y porque, indudablemente, sacarán buena tajada en el reparto.

Pero algo deben hacer.

Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros de Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio, Sería un auténtico golpe de mesa democrático.

Sería muy interesante conocer cuál sería el pretexto del “sanchismo” para justificar un voto en contra aunque, de momento, dudo mucho de que el PP, Ciudadanos o VOX estén `por la labor.

Porque ahora les toca perder, pero seguro que en su fuero interno les gustaría tener esta misma oportunidad de ser ellos los que impongan los nombres de los “nombradores de jueces”.

¡Porca miseria!

El Poder Judicial, último bastión de la democracia española, seriamente amenazado por el Ejecutivo.

Cualquiera que lea lo que escribo sabrá que nunca he cuestionado las sentencias de los tribunales. Unas me gustan más y otras menos, como a todos, pero ni siquiera comento estas afinidades o discrepancias porque entiendo que los jueces están sujetos a las leyes que elabora o desarrolla el Legislativo, que son los únicos que conocen todos los hechos y las circunstancias y que, afortunadamente, en su inmensa mayoría siguen manteniendo una independencia en sus actuaciones por muchas presiones que reciban desde la política interesada, los poderes fácticos, las redes sociales y los medios de comunicación.

En este momento tenemos una auténtica crisis nacional provocada por una serie de factores coincidentes que amenazan con  generar una auténtica tormenta perfecta en contra del normal ejercicio de la democracia y de un mínimo de convivencia pacífica entre los españoles.

Ruptura en la convivencia muy difícil de evitar porque los políticos de “alto nivel” necesitan tener detrás de sus iniciativas a ciudadanos-seguidores, aunque se les haya convencido con medias verdades, mentiras, o malas artes democráticas.

El primer facilitador de la tormenta es la actuación y el posicionamiento del gobierno actual, gobierno legítimo y actuando desde la legitimidad, que ha preferido pactar asuntos de estado con minorías prácticamente antisistema, como son los separatistas catalanes y vascos, con Bildu y con un desconcertante partido comunista renacido de las cenizas de los comunismos pre democráticos, marinados en los muy peligrosos caldos de cultivo de algunas falsas democracias latinoamericanas, en las que los gobernantes actúan como auténticos dictadores tratando de conseguir el poder absoluto en sus respectivas naciones.

Todo esto en lugar de buscar acuerdos con otros partidos de gobierno con los que hubiera podido conseguir algunos pactos que consolidaran o actualizaran algunos de los muchos e importantes temas que tenemos pendientes. Un desgraciado gana-gana por el que Pedro Sánchez se mantiene como presidente, que parece ser su único objetivo,  y sus “respaldadores” obtienen concesiones que no obtendrían, seguro, si el “sanchismo” se hubiera aliado con el PP o con Ciudadanos.

Pero esta situación, como la del Legislativo, tan condicionada por la disciplina férrea a la que obligan las listas electorales de nuestro maldito sistema electoral, pude cambiar en las próximas elecciones, o en algún momento del futuro.

Lo de la Judicatura y muy especialmente lo del Poder Judicial, es mucho más complejo porque si bien los jueces son libres como tales en sus tribunales, el Consejo Superior del Poder Judicial tiene una marca de duda en su propia configuración, porque sus miembros son elegidos por los políticos.

¿Y porque ese empeño en colocar en el Consejo Superior del Poder Judicial a determinados personajes?

Solo hay una explicación razonable: Que teniendo la seguridad absoluta de que van a cometer delitos o irregularidades legales, necesitan colocar en el Tribunal Supremo, órgano que les juzgará por estar aforados, a jueces de “su cuerda” pensando que llegado el caso doblarán la vara de la justicia a favor de los que les han elegido. Cosa que no acabo de creer porque la gran mayoría de los jueces son imparciales a la hora de sentenciar, pero que puede darse en algún caso.

Y siendo el Consejo Superior del Poder Judicial el que nombra a los titulares de las salas, ateniéndose a ciertas condiciones por supuesto, blanco y en botella.

¿A ustedes se les ocurre alguna otra razón para mantener esta lucha férrea para colocar nombres el Consejo? A mí no. Y lo digo francamente.

¿Y cuál puede ser  la reacción del gobierno a la vista del bloqueo? Parece ser que actuará como acostumbra, cambiando las reglas de juego si las existentes no le garantizan ganar la partida.

En primer lugar inventarse un “algo” (ley, decreto, o lo que sea) que prohíba a los miembros del Consejo Superior efectuar nombramientos si ya han superado su tiempo de mandato. Cosa que va contra la lógica, contra lo que es normal en todas las entidades de la vida civil, incluso de la religiosa, e incluso contra los Estatutos del Poder Judicial de España, que a este respecto dicen textualmente: “Los vocales son nombrados por un período de mandato de cinco años, a partir de la fecha de la sesión constitutiva. El CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo”.

Es decir: que pueden seguir tomando decisiones y hacerlo de pleno derecho.

Con el agravante de que esta demora en los cambios no lo provoca el propio Consejo, que hace tiempo que están pidiendo de todas las formas posibles que las Cámaras decidan los nombramientos, sino la desidia y el egoísmo de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo en proponer a los candidatos.

La otra cuestión es que Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de que la elección de miembros del Poder Judicial pase a ser de tres quintos a mayoría simple, por lo que bastarían los votos de sus compañeros de aventura para cambiar el espíritu y el texto de la propia Constitución, que en el punto 3 del artículo 122 dice textualmente: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

(Una aclaración seguramente innecesaria, pero conveniente: Cuando dice “nombrados por el Rey” quiere decir que el nombramiento formal, la firma, es la del Rey como representante y máxima autoridad  del Estado Español)

¿Cómo lo van a conseguir? Seguro que la factoría Redondo ya está localizando todas las grietas legales existentes en el texto de nuestra Carta Magna, no en el espíritu, para forzar algún tipo de desarrollo y conseguir sus fines. Como hacen siempre.

Cuando lo que deberían hacer si les quedara algo de vergüenza, es buscar algún tipo de consenso para que sean los jueces los que elijan a la totalidad o a la mayoría de los miembros del Consejo, que ahora dependen de las siguientes votaciones:

Puede que hayan jueces “bizcochables” aunque menos de los que la gente se cree porque una vez en sus juzgados la gran mayoría pierden la parcialidad, pero “jurista de reconocida competencia” puede ser hasta un abogado de ETA si nos descuidamos, esos que pasaban a los presos las consignas de la banda, porque de este gobierno, el que dice que Otegui es un “hombre de paz”,  se puede esperar cualquier cosa.

Y de darse el caso, menos fantástico de lo que parece, no habrían medias tintas ni “verdades judiciales”. Irían a saco como siempre han ido.

Por lo que, insisto, si de verdad tuvieran un mínimo de honorabilidad y de sentido democrático, renunciarían al derecho de nombrar a estos 20 titulares del Consejo en favor delos propios jueces.

Alegan para no hacerlo que muchos jueces “tienen ideología” y podría salir un consejo progresista o conservador.

¿Más ideas políticas que los políticos profesionales? ¿Más intereses? ¿Menos fiabilidad? Es evidente, como no, que los profesionales de la judicatura tendrán interés en conseguir tal o cual plaza o hacer carrera profesional pero, por supuesto, con menos condicionantes y utilizando muchas menos trapacerías que nuestros muy deteriorados democráticamente padres de la patria.

Porque, ellos sí, están expuestos a la luz pública y no pueden arriesgarse a ser acusados de prevaricaciones o posiciones de favor. Entre otras cosas porque sus conductas serían analizadas y sancionadas por el propio Tribunal Superior.

Escribo esta nota en el convencimiento de que es como predicar en el desierto, frase acuñada para San Juan Bautista y salvando todas las circunstancias, pero yo me considero obligado a practicar cierta pedagogía que, por supuesto, no servirá de nada. Ni convencerá a mis seguidores partidistas ni afectará las decisiones de “los que mandan” porque ni siquiera la leerán aunque se la remita como tengo por costumbre.

Pero, al menos, he intentado poner mi granito de arena denunciando estos hechos y las maniobras políticas que se están pergeñando.

Lo demás no depende de mí. Solo tengo un voto y ninguna seguridad de que, vote a quien vote, lo utilizará adecuadamente.

Los poderes del Estado y la actitud inaceptable del gobierno español.

Últimamente y con motivo de la confusión deliberada que está provocando el gobierno central, especialmente por boca de algunos de sus ministros, parece que las cosas no son como son, sino como algunos quieren que parezcan.

Y en este caso me refiero exclusivamente a la posición del Rey en la Constitución Española, sus funciones y sus obligaciones. Y digo exclusivamente porque la confusión no afecta solo a este tema, pero es uno de suma importancia por las consecuencias que pueda tener en cuanto a la información interesada lanzada a los ciudadanos. Información que, como digo, genera confusión aunque no tenga ni peso ni consecuencias legales ya que no hay ninguna posibilidad de que ocurra lo que dicen que va a ocurrir si no se siguen los procedimientos establecidos en la Constitución.

Se trata de hacer ruido y provocar división entre españoles, objetivo nunca disimulado de los partidos comunistas, tan amantes de tensionar situaciones, y de la extrema izquierda, al que, sorprendentemente, se han apuntado los socialistas de la fracción “Sanchista”

En primer lugar, recordar que el Título II de la constitución Española, en su artículo 56, punto 1 dice que: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Es decir, que la figura del Rey está por encima del resto de las instituciones aunque, lógicamente, tenga que coordinar alguna de sus acciones y todas sus opiniones con cualquiera de los tres poderes, especialmente con el ejecutivo, para no interferir en las políticas  puntuales de cada uno de ellos o en las del gobierno de turno.

Pero repito que las cosas son como son y no como dicen que son. La estructura del Estado, cuya representación y máxima autoridad la ostenta el Rey, está basada en la separación de los tres poderes: Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El Legislativo, compuesto por las Cortes Generalesejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”, y es el único lugar en el que se pueden promulgar leyes a propuesta del Ejecutivo o por alguna de las otras iniciativas previstas en el reglamento de las Cortes Españolas. Lo componen las Cortes y el Senado.

El Ejecutivo, que es el gobierno de cada momento, elegido con la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y que está sujeto al control del legislativo y del judicial para garantizar que sus actuaciones se ajustan a derecho en la forma y no incumplen la Constitución en los hechos.

Y el Judicial que tiene la obligación de validar que ciudadanos y estamentos cumplan las leyes  establecidas, incluido, como decía antes, el propio poder Ejecutivo y también a los miembros de la judicatura.

Y ¿Qué tiene que ver todo esto con la polémica actual? Todo.

Decía que el Rey debe consultar y obtener la aprobación del gobierno para evitar interferencias en las políticas de cada gobierno, pero solo en lo que se refiere a las políticas “legales”, aquellas que, como decía, se ajustan a derecho y ni incumplen leyes ni se entrometen las decisiones de los otros poderes en la estructura del Estado.

Es decir: El Rey no puede ir por su cuenta a un acto convocado por la Asociación de Machistas Empedernidos o de Enemigos de la Migración Africana, si es que existieran esas asociaciones  y quiera Dios que nunca existan, ni tampoco organizarse un viaje a un país extranjero sin la aprobación del gobierno porque puede afectar a las relaciones internacionales, pero claro que es libre de aceptar invitaciones o acudir a actos propios de los otros poderes del Estado o de los estamentos y organismos que lo soportan, como son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad,  asociaciones profesionales, etc.

Porque resulta que, por mucho que el gobierno  trate de aparentar lo que no es hinchando las plumas como los pavos reales macho, cada uno de los poderes del Estado tiene su marco de actuación perfectamente definida y tienen reconocido el mismo estatus estatal. Exactamente el mismo.

Es cierto que el Ejecutivo está mucho más en la actualidad por la inmediatez de los acontecimientos y por la dinámica que obliga ser el que tiene la facultad de tomar decisiones sobre temas del día a día, pero eso no significa que esté por encima de los otros dos, ni mucho menos que tenga el mismo nivel que el Rey, único representante real y legal del Estado Español.

Y así ha sido siempre y siempre se han respetado las reglas del juego desde el año 1978. Las que afectan al orden y también las de cortesía. Y todos los presidentes de gobierno, de izquierda o de derechas, las han mantenido escrupulosamente.

Y en este contexto, el presidente del gobierno está facultado para lo que está y únicamente es responsable de lo que es responsable: Gestionar adecuadamente los recursos del Estado, trabajar por la mejora de vida de los españoles, buscar la concordia, mantener buenas relaciones con otros países y, en definitiva, dejar la nación mejor que cuando ocuparon el cargo.

Sería absurdo suponer que cuando el Señor Sánchez va a Bruselas y negocia algún asunto o da una rueda de prensa, por ejemplo, habla en nombre del gobierno, de las cortes y de la judicatura. Eso, hablar en nombre del Estado, solo le corresponde al Rey, pero pretender que se cumplan estos principios elementales es auténtica ciencia ficción en los tiempos que corren.

Porque es evidente que desde que entró en la Moncloa, Pedro Sánchez está tratando de minusvalorar el papel del Rey, desde el famoso ¿error de protocolo? del besamanos, pasando por llegar con retraso a sus citas con el Rey, o el haber suspendido de hecho los despachos semanales en la Moncloa, que no están regulados por leyes, pero que es una costumbre que han mantenido todos los jefes de gobierno y que simbolizan lo que son: El respeto y acatamiento de los gobiernos a la jefatura del Estado.

Respeto que se simboliza en los otros poderes con la apertura oficial de las Cortes de cada legislatura, que preside el Rey, o con la del año judicial que también preside.

Porque cuando el gobierno, las Cortes o el Poder Judicial ejercen sus funciones, no lo hacen en su propio nombre, sino en nombre del Estado, que es como decir en Nombre del Rey que lo representa, de la misma forma que en las naciones republicanas lo hacen en nombre de la República.

Y parezca lo que parezca, desde el punto de vista legal continuamos exactamente igual que hace años, por mucho que le pese a Pablo Iglesias, comunista venido a más y al propio Pedro Sánchez, el peor colaborador del Rey, el más ambicioso y el que menos escrúpulos tiene para medrar en lo personal a costa de lo que sea. Una especie de “trilero mayor del reino” que ayer mismo y en sede parlamentaria, casi afirmó que los que defendían la monarquía la estaban patrimonializando.

Pero, eso sí y como siempre, lanzó la piedra y escondió la mano porque él no atacó al Rey, pero permitió sin inmutarse que parte de su gobierno y de sus socios independentistas lo hicieran. Forma de actuar en política inventada por los nacionalistas vascos de tiempos de Arzallus cuando decían que “unos agitan el árbol y otros recogen las nueces

Pero si preguntáramos a los ciudadanos, incluidos muchos universitarios, contestarían que el que manda es el gobierno y que el resto de poderes, incluida la corona, deben estar sometidos a su autoridad sin pensar que un gobierno de locos, que puede salir porque estamos en una democracia, podría destrozar nuestras estructuras si no hubiera alguien que le controle y le pare los pies..

Se podrá cambiar la forma de Estado y pasar a ser República, se podrá conseguir que el poder judicial y el legislativo dependan de la “máxima autoridad” como ocurre en Venezuela y en otros países con democracias degeneradas, pero para llegar a ello hay que seguir un proceso claramente marcado por la Constitución. Y no me parece ni factible a corto plazo ni oportuno en este momento.

Eso o sacar al ejército a la calle, como en ocurre en esos países, cosa absolutamente imposible teniendo como tenemos unas Fuerzas Armadas y unos Cuerpos de Seguridad del Estado democráticas y preparadas, que me atrevo a asegurar que ni siquiera obedecerían las órdenes del Rey, capitán general delos ejércitos, si les diera una orden inconstitucional.

Como ya se demostró en el desgraciado 23F, que quizás no fue tan “desgraciado” porque sirvió para demostrar con la fuerza de los hechos que la gran mayoría de los poderes del Estado, incluidos los estamentos militares, estaban al servicio de la nación y no al de cabecillas nostálgicos e irredentos.

Todo esto puede parecer “un rollo”, pero es algo que deberían conocer los españoles desde las escuelas como ocurre en los países democráticos de todo el mundo. Si conocemos las normas elementales del código de circulación ¿Cómo ignoramos los fundamentos de la Constitución y de nuestra forma de Estado?

Esta es la verdad de nuestra situación legal y no lo que parece si se escuchan determinadas tertulias, se leen determinados periódicos, o se siguen muchas de nuestras malintencionadas y dirigidas redes sociales.

Pero eso, hablar por boca de ganso, es lo fácil y lo cómodo. Leer algo que no enseñan en los colegios ni tampoco en la Universidad, hasta puede provocar dolor de cabeza.

Incluso se vende como cosas de fachas o de viejos.

Ha llegado lo que tenía que llegar. El Estado y los independentistas catalanes, un matrimonio que no se sostiene.

Leo en una nota de Europa Press, que “el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado este sábado que Cataluña debe decidir “o república catalana o monarquía española”, después de que el pleno del Parlament aprobara el viernes una resolución de JxCat, ERC y la CUP que declara Catalunya republicana y sin rey.”

¡Acabáramos! Esa especie de matrimonio de conveniencia que hemos soportado tantos años y que hemos intentado que funcionara no tiene ninguna solución. Y llegados a este punto, lo mejor, como en todos los casos de convivencia imposible, es que cada uno se vaya por su lado.

Pero no me refiero, ni mucho menos, a que Cataluña y el resto de España se repartan el ajuar y vaya cada uno a su propia casa. “No es eso, no es eso” como decía Ortega y Gasset en una situación parecida de confusión política. El Estado se queda dónde está y Quim Torra y todos los parlamentarios catalanes separatistas se van a donde quieran ir. Incluso se pueden quedar en Cataluña si lo desean. Y, por supuesto, sin ajuar.

Una de pedagogía elemental que el gobierno actual juega a ignorar. O al menos se hace el loco.

La Constitución española establece la existencia de las Comunidades Autónomas a las que se delega una parte de las funciones del Estado:

Definición de “delegar” en el diccionario de la RAR: Dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación.

No se trata, de ninguna manera, de una cesión:

“Ceder”, según el mismo diccionario es: Dar, transferir o traspasar a alguien una cosa, acción o derecho”.

Es cierto que en el lenguaje político actual se habla de “transferencias”, término que puede provocar una cierta confusión muy al estilo de los políticos, pero si alguien tiene dudas de qué estamos hablando, puede consultar los puntos 1, 2 y 3 del artículo 150 de la Constitución que, en resumen, dicen que las autonomías son una representación del Estado en las competencias que el gobierno tenga a bien delegar y, en ningún caso, pueden apoderarse de competencias que no les corresponden.

Y como garantía de protección ante posibles excesos e incumplimientos, está el famoso artículo 155 que, en definitiva, dice que si una autonomía incumple el pacto se le pueden retirar parte o la totalidad de sus competencias hasta que se resuelva el conflicto.

Por poner un ejemplo entendible, el administrador de una propiedad o de una comunidad tiene delegados algunos de los derechos u obligaciones del propietario, pero en ningún caso puede autoproclamarse propietario de lo administrado, ni tampoco dictar normas para las que no está autorizado o que sean contrarias a la ley.

Pues bien: ya metidos en harina, mi opinión es que todos los cargos autonómicos, desde los presidentes hasta los congresistas, pasando por otros cargos de responsabilidad, consiguen dichos cargos tras unas elecciones que puede convocar la propia autonomía según lo previsto en sus competencias, pero los cargos adquiridos suponen una representación de la comunidad en primer lugar y del Estado en segundo, en su ámbito de actuación.  Y por tanto tienen el deber ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución, único marco de actuación de todo este proceso

Es cierto que la permisividad del último gobierno, el anterior solo autorizó la coletilla de “por imperativo legal”, ha permitido que se escuchen fórmulas de toma de posesión que rayan en lo ridículo y lo pueril, pero en el fondo tampoco importa demasiado.

Uno es congresista o cargo autonómico según lo establecido por la Constitución y las leyes españolas  y no por decisión propia ni tampoco, como se dice tan frecuentemente, “porque lo han decidido los ciudadanos”. Naturalmente que sí, pero dentro de un contexto claro e inequívoco. Tú eres lo que seas porque el Estado ha autorizado que lo seas. Y punto pelota

Es un argumento tan falso, también aceptado de forma inexplicable por los gobiernos, de que los impuestos los pagan las autonomías. Ni de coña. Los impuestos los pagamos de forma individual cada uno de los ciudadanos, residamos donde residamos y las autonomías son, en todo caso, beneficiarios directos de parte de esos impuestos.

Volviendo al muy honorable señor Torra y a sus amigos independentistas, no hay ninguna duda de que son españoles. Han nacido en España y tienen la ciudadanía, porque de no ser así no hubieran podido ocupar el puesto que ocupan.

Podrían haberse declarado apátridas y no presentarse y no lo han hecho, por lo que desde un punto de vista legal  son españoles. Tampoco podrían haberse declarado de nacionalidad catalana porque no existe esa nación. Ya lo intentaron con el rollo de los DNI catalanes que no pasaron de ser un mero adorno, porque si tenían que realizar algún trámite oficial o cruzar fronteras no les servía para nada.

Y no hay mejor prueba que el hecho de que cuando les cita un juez, catalán o de la Audiencia Nacional, acuden a la convocatoria como los primeros. Y que cuando alguno intenta soltar sus rollos, como ocurrió en el juicio por el famoso referéndum, el Magistrado que residía la audiencia les cortaba la palabra y les recordaba que no estaban allí para soltar peroratas, sino para contestar a preguntas.

Y se tenían que callar. Recuerdo que en una de las sesiones, las vi casi todas, un listo dijo que estaba allí “por imperativo legal” y el juez le cortó con una contestación lógica e inteligente: “y yo, y todos los que estamos aquí”

Y entramos en lo que ya pasa a ser especulaciones mías. El Tribunal de la Rota de la Iglesia declara que un matrimonio canónigo es nulo cuando no se cumplen o no se cumplieron las condiciones para declararlo completo según la doctrina de la iglesia: Tienen que ir libres, no coaccionados, deben tener intención de tener hijos y no ir al matrimonio con algún otro tipo de reserva mental o moral que lo condicione.

Pues aquí deberá ser exactamente lo mismo: si los que juraron el cargo lo hicieron en falso o tenían reservas sobre respetar y hacer respetar la Constitución,  nunca “consumaron” el cargo. Es decir, desde el punto de vista Constitucional nunca fueron ni presidentes, ni parlamentarios. Aunque hayan ejercido durante años, como ocurre con los citados matrimonios cuando, pasado un tiempo, uno de los conyugues se entera de que el otro nunca quiso tener hijos.

Y como decía al principio: “llegados a este punto, lo mejor, como en todos los casos de convivencia imposible, es que cada uno se vaya por su lado”.

¿Qué haría yo si estuviera en el puesto de Presidente del Gobierno? Les haría la gran pregunta: ¿Tuvieron reservas? Es posible que digan que sí, que no, que si el pueblo catalán y otras zarandajas por el estilo, pero es una pregunta cerrada que solo se puede contestar con un sí o con un no.

Y si se atreven a decir que no por cobardía, es un hecho incuestionable que el día de ayer el Parlamento Catalán aprobó, en sesión plenaria, que  “que declaraba a Catalunya republicana y sin rey·

Blanco y en botella. Se declaran nulos los nombramientos y se convocan elecciones en Cataluña. En mi opinión, sin fundamento jurídico, podría decidirlo el propio gobierno, pero si tienen algún “miedo escénico” o dudas legales, siempre puede recurrir al Tribunal Constitucional.

Lo que no se puede admitir más, ni un solo día, ni con reyes de comportamiento impropios en lo personal, ni con ninguna otra ceremonia de la confusión, es tener como representantes del Estado a los que no reconocen al Estado. Ni un día más. Todo esto es y ha sido un fraude de ley inaceptable.

Otra cosa es que hubieran manifestado su intención de avanzar hacia un estado republicano  para que les concediera no sé qué forma autonómica. Eso sería legal. Pero lo que ha dicho no es eso. Han dicho que se manifiestan república y que no reconocen al Rey de su nación, que es España.

Podría ocurrir que convocadas elecciones los elegidos sigan en sus trece, pero para eso está el seguro del 155.

Y que conste que no pretendo, ni de lejos, ni crear conflictos, ni atacar a Cataluña como autonomía ni nada que se parezca. Es una gran región, ahora autonomía, que tiene todos los encantos de su historia, la real, de su cultura, de sus paisajes y de todo lo que puede hacer grande a una región. Pero también tiene locos fanáticos que están destrozando una parte de sus valores y consiguiendo que el resto de los españoles se formen una imagen falsa de lo que es Cataluña y los catalanes.

Tampoco quiero que se declare ilegal la Autonomía porque pueden y deben tenerla. Solo pretendo que se recupere la democracia y la legalidad real, tanto tiempo desaparecida en Cataluña por los tejemanejes de personajes chantajistas y corruptos, como Jordi Pujol y su entorno, o por descerebrados como los que actualmente controlan, aunque cada vez menos, las voluntades de los catalanes con mentiras y milongas.

Así que, mis muy queridos parlamentarios catalanes, devuelvan al Estado español esas acreditaciones que no les corresponden porque las obtuvieron con engaños.

Que así sea.

Querido presidente:

Le escribo esta carta para informarle de como van las cosas por la España que usted preside ya que estando aislado como está, es posible que no esté al día de las cosas que están pasando.

En cuanto al CODIV19, las infecciones están subiendo y ya casi alcanzamos los peores niveles del mes de mayo. Afortunadamente hay menos fallecimientos, posiblemente porque la edad promedio de los infectados ha bajado notablemente, pero nadie asegura que no volvamos a lamentar muertes en residencias y lugares de alto riesgo.

Ayer la consejera de sanidad del País Vasco declaró que ya estamos en una segunda fase de la pandemia, pero no se preocupe: Fernando Aragón, su “hombre comité de expertos” nos ha vuelto a tranquilizar diciendo que no hay para tanto.

No tengo idea de porque los vascos dicen lo que dicen, pero seguro que hay dinero o petición de nuevas transferencias en juego. Que nunca dan puntada sin hilo.

Pero mientras, no se olvide  de advertir a su equipo de marketing de que utilice el hecho objetivo: “Pedro Sánchez consigue que el porcentaje de fallecidos sobre infectados descienda drásticamente”.

La oposición sigue tan cerril como siempre y sin acceder a “arrimar el hombro” para sacar el país adelante. Ellos preguntan que en que cosas tienen que arrimar el hombro, pero en el fondo todos sabemos que solo son argucias para no colaborar. Cosas de la derecha insolidaria que lo único que quiere es oponerse a todo para derribar al gobierno.

Su vicepresidente, el señor Iglesias, sigue por ahí denunciando el hecho de que no le hayan informado de la salida de España del Rey emérito. Ya le han dicho varias veces que el gobierno no puede impedir ni forzar su salida porque Juan Carlos es un ciudadano libre y puede ir a donde quiera y cuando quiera, pero para mí que no se lo cree.

Por cierto, cuando le preguntan por “lo suyo” se molesta mucho y lamenta que se pierda el tiempo en esas cosas cuando hay asuntos tan importantes como la corrupción del emérito.

Una novedad estética es que se ha recogido la coleta porque dice que sus hijos le tiran del pelo y otra más importante es que ha anunciado que los jóvenes conseguirán que España sea una república. Lo entiendo, porque los jóvenes, muchos de ellos, ni saben muy bien que es una república ni imaginan que este cambio es más importante que celebrar un botellón en la playa en una noche de verano. Que será divertido.

No puede decir que “serán los mayores” porque, aunque muchos sean republicanos, la mayoría sí que tienen una memoria histórica real, no la que solo sirve para cambiar nombres de calles, también para no repetir errores y saben los pros, los contras y lo absurdo que es plantear asuntos como este en los tiempos que corren.

Así que ¡a por los jóvenes! Que, al fin y  al cabo son el futuro. Aunque antes, repito, habrá que explicarles cual es nuestra forma de Estado actual y que es lo que van  a pedir. Tenga en cuenta que buena parte de los jóvenes de hoy pasan de estas cosas porque las consideran “un rollo”.

Leo en un titular de hoy mismo que su vicepresidente está tan enfadado que “amenaza a Sánchez con romper el pacto sobre la Monarquía y agitar la república”. Lo que demuestra lo mentiroso que son los periodistas, al menos los que han publicado esta noticia y que no te puedes fiar de nadie.

Es imposible que haya existido un pacto de este tipo porque Iglesias no ha dejado de hablar de la necesidad de proclamar la república en ningún momento. En algunos casos de forma muy disimulada y sutil, pero si uno es muy inteligente y sabe leer entre líneas, puede adivinar sus “aficiones”

Por ejemplo cuando le preguntaron sobre el tema en la rueda de prensa después de un consejo de ministros y contestó que si hablara como Podemos diría que está a favor de la república, pero que como estaba en  el gobierno no podía manifestarse

Hilando fino es muy posible que quisiera decir que Pablo Iglesias es partidario de la república, pero no el vicepresidente. O al menos eso entendí. Claro que puedo estar equivocado porque ahora hay muchos cargos públicos bipolares que diferencian claramente lo que dice la persona de lo que dice el cargo. Es un poco confuso para mentes como la mía, pero será porque soy mayor.  

Y cuando Pablo Iglesias habla con sus hijos: ¿tiene que aclararles cada vez si lo hace en condición de padre, de vicepresidente del gobierno o como presidente de Podemos? Yo para mí que se van a hacer un lío.

Y, francamente creo que es el momento de que dé el paso. No con “twittes” ni “facebukes” ni con chorradas de ese tipo, que así no se ganan repúblicas. Nada de amagar. Una propuesta parlamentaria en toda regla pidiendo el cambio de forma de Estado y, como decía mi querido Joaquín Prat ¡a jugar!

Pero no sufra, señor presidente, porque me temo que “no hay”. Son gente de mucho ruido pero de muy poca formalidad

Me dicen que Europa está muy preocupada por sus planes futuros. No preguntan si el Señor Iglesias continuará en el gobierno porque la Comunidad Europea no puede interferir en la composición de los gobiernos nacionales, pero sí quieren conocer cuál será su política inmediata, que medidas tomará para asegurar que el dinero que le darán a  fondo perdido se destinará a lo que está previsto y que garantías ofrece de que devolverá el prestado a bajo interés. Es decir, no le preguntan si es de noche, pero quieren saber si el sol ya se ha puesto.

Es que son unos cotillas y unos entrometidos. Lo que antes se llamaba unos “metomentodo”.

Pero continúe tranquilo su descanso porque la factoría Redondo está revisando los monólogos de Mario Moreno, Cantinflas, para ver como les puede hablar mucho sin decir nada. Como sabe es el manual de cabecera de siempre, el que enmarca sus actuaciones, aunque hay un cierto temor a que los presidentes de otras naciones, los muy bordes, ni le entiendan ni quieran arrimar el hombro. Pero tranquilo. Ya pensaremos en como cruzaremos el rio cuando lleguemos a él.

La economía sigue en caída libre. Sé que usted dijo que eso era pasado, pero las bolsas, los bancos y los depositarios de las deudas de las empresas y de los particulares como si no se lo creyeran. Lo práctico sería el conocido “confísquese” de algunas de ellas porque se lo merecen, pero todo esto ha llegado demasiado pronto y no les ha dado tiempo a nacionalizarlas. Un adelanto tan lamentable como la caída del muro de Berlín, que pilló a contrapié al gobierno de la UURRSS.

Hay más parados, pero tampoco sufra por ello. Muchos tienen seguro de desempleo, pero si no pueden llegar a fin de mes, ahí está Cáritas y otras ONG’s para ayudarles. Preguntamos en Servicios Sociales, pero parece que no andan muy sobrados de fondos.

Y una buena noticia, que todo no ha de ser negativo: entre los puestos de trabajo que se han perdido no hay ningún político. Más bien han crecido en cantidad porque se han nombrado nuevos subsecretarios y asesores de toda clase y condición.

Y luego otro tema que  quieren endosarle: cada vez hay más confusión sobre cómo controlar el despliegue de la infección porque nadie sabe muy bien lo que debe hacer. El gobierno dijo en su día que son la autonomías las que deben tomar las medidas necesarias, pero a estas alturas ya se han dado cuenta de que ni la guardia Civil, ni la Policía, ni las fuerzas armadas, dependen de ellos. Ni siquiera las policías municipales que, cómo su nombre indica, son de los ayuntamientos. Y siendo así, como es, ¿Cómo pueden darles órdenes sobre qué hacer con los que entran en pateras, por ejemplo, o como pueden hacer cumplir sus propias decisiones?

El asunto ha llegado a tal punto que incluso la justicia ordinaria está poniendo trabas a las decisiones de los gobiernos autonómicos con el pretexto, ¡siempre queriendo hacerse notar!, de que exceden sus competencias. Y ahí el gran dilema: Si las autonomías no tienen competencias para según qué cosas, el gobierno está tan desaparecido como la asistencia primaria y los especialistas de la Seguridad Social (¡perdón!, ha sido un lapsus) ¿Quién resuelve el conflicto? Siento agobiarle con estas cosas, pero no quiero que se entere por terceros porque la prensa canalla tiende a exagerar las cosas y  le pueden amargar el día.

Mi sugerencia es que anuncie la creación de muchos “comités de expertos”: de inmigración ilegal, competencias de autonomías, represión a la ciudadanía, ocio y botellón, etc. Luego no hace falta que nombre a nadie, pero queda que no veas.

Y también me han dicho, no sé si será verdad, que cuando vuelva de Lanzarote irá a pasar unos días a la finca de Las Marismillas, en el Parque de Doñana. Hace bien, que las vacaciones suelen ser adictivas y hay que evitar la depresión post vacacional. Y no hay nada mejor que dejarlas por etapas,  como hacen los buceadores con botellas de oxígeno cuando vuelven a la superficie haciendo paradas para no sufrir embolias. En su caso no es a la superficie, claro, sino a sus obligaciones como presidente.

Y no sufra porque no hay nada que  no pueda esperar unos días más y la nación sobrevivirá.

Hay muchos otros temas, pero creo que es suficiente por hoy. Espero que esté disfrutando del magnífico palacio de La Mareta que un Rey,  Hussein de Jordania regaló a otro rey, Juan Carlos I, es decir que era de su propiedad particular y que Felipe VI cedió a Patrimonio. No me extraña que Podemos esté cada vez más cabreados con usted con tanto tratar con reyes, pero  ya sabe cómo son esos chicos.

Y le pido perdón. En un comentario anterior dije que se olvide de que es Pedro Sánchez, el triunfador, y que recuerde que es el presidente del gobierno español.

Fue un momento de debilidad por mi parte porque entiendo que es muy duro haber llegado a donde está para renunciar a la Moncloa, al Falcon y al poder que ha acumulado como consecuencia de la maldita pandemia.

Un afectuoso saludo

José Luis Martínez Angel.

P.D.  Un amigo que ha leído esta carta me dice que no debo ser sarcástico con mi presidente. No me explico el comentario porque está escrita sin doblez, es la de un ciudadano agradecido a su presidente de gobierno. Los hay mal pensados

Tenían razón. La presencia del Rey no era necesaria en Yuso.

Siento tener que decir que, efectivamente, la presencia del Rey no era necesaria porque ni se estaba negociando ningún pacto de Estado ni siquiera un pacto de andar por casa. Lo de ayer fue otro montaje de la “factoría Redondo”, esta vez llevado a nivel de superproducción: exteriores inmejorables, interiores exquisitos y puesta en escena muy cuidada.

Yo, inocente de mí, creía que viniendo de Europa y habiendo conocido la realidad de un pacto, el presidente de la nación convocaba a los presidentes autonómicos con la mejor voluntad de compartir decisiones sobre cómo resolver, o al menos mitigar, los grandes problemas de la nación con la ayuda de los fondos obtenidos de la Comunidad.

Pero otra vez me la ha dado con queso y probablemente a muchos ilusos como yo. Lo de ayer en el monasterio de Yuso se limitó a un discurso del presidente, eso no podía faltar, a escuchar dos minutos a cada presidente y a anunciar con toda solemnidad que “él” iba a “liderar” el reparto de los fondos. Como no podía ser menos porque esa es una de las misiones sagradas de los líderes, de los caudillos: saber lo que conviene a “su pueblo” mucho mejor que “su” propio pueblo.

Naturalmente echo mano del sarcasmo pero ¿Qué otra cosa me queda?

Sé que puede hacerlo, que es legítimo, pero en una España descentralizada no debe hacerlo. Tampoco se puede forzar el consenso porque en la situación en la que nos encontramos es sencillamente imposible dado el extremo egoísmo de algunas autonomías, especialmente Cataluña y el País vasco, pero se podría buscar fórmulas alternativas. Convocar una reunión de consejeros de hacienda autonómicos y forzarles a que acuerden un reparto con cuatro quintas partes de los presentes, por poner un ejemplo.

Algo parecido a lo que está previsto para el reparto de la cuota parte correspondiente a las autonomías en los presupuesto del Estado. Está previsto pero tampoco se hace pese a las propuestas de muchos, porque resulta más “operativo” para el gobierno, desde el punto de vista de negociar prebendas con cada uno a cambio de apoyos, por supuesto.

El muy conocido “tingado de la antigua farsa” de “los intereses creados”  de Don Jacinto Benavente, aunque él no utilizara la frase para enmarcar la actuación de los políticos que nos gobiernan.

Y para mayor humillación, reunión prologada por el chantaje del muy chantajista Urkullu que, para mayor escarnio, afirmó que él había acudido porque le habían dado lo que quería y que el País Vasco no tenía nada que ver con el resto de autonomías presentes.

Y nuestro presidente, cada vez más peligroso por lo falsario, afirmó con toda solemnidad que el desastre económico y la brutal caída del PIB al 18,50 % que se anunció ayer “eran pasado” porque ya estamos en el futuro.

Afirmación que tranquilizó, sin duda, a los parados a los que tienen que cerrar negocios o a los que no les llega para subsistir en el cada día.

¿Cómo es posible que mantenga esa postura grotesca e irracional, semejante impostura, siendo presidente del país que es líder, eso sí, en todos los índices negativos de la Comunidad Europea?

En lugar de irse de vacaciones, señor presidente, aproveche este mes para cerrarse una semana con los líderes de la oposición en cualquier rincón perdido de nuestra hermosa España, lejos del mundanal ruido y acuerden como salir de este socavón en el que estamos metidos.

Y olvide de una maldita vez las palabras huecas y las frases prefabricadas, o pasará a la historia como el presidente más dañino de los conocidos, no porque Usted haya creado los problemas, pero si porque no hizo nada por solucionarlos porque estaba demasiado ocupado en “lo suyo”, mantenerse en el poder a toda costa, desgraciadamente asesorado por un grupo de marketing que ha demostrado su gran eficacia a la hora de conseguir los resultados para los que los contrató.

Olvídese de una vez de que es Pedro Sánchez, el nacido para triunfar, y empiece a pensar que es el presidente del gobierno de España. Y que tiene una enorme responsabilidad

¡Hágalo, por favor!

Nuevas crónicas de “Fabulandia”. De como los congresistas hacen el gran esfuerzo de tomarse vacaciones

Nueva sesión en el congreso y nueva ocasión de comprobar la enorme brecha que separa a los políticos de los ciudadanos. Políticos triunfantes elegidos por ciudadanos dolientes. Y, con perdón, los únicos responsables de lo que está ocurriendo. Me refiero a los ciudadanos, naturalmente.

Es una evidencia que Sánchez apenas tiene ocasiones de demostrar algo positivo como presidente de un gobierno elegido para gestionar el país y mejorar la vida de los ciudadanos, pero no importa. Para eso está la “factoría Redondo” que realmente se está ganando el sueldo.

Ayer sí. Ayer había que aprobar los acuerdos de la Comunidad y hubo pleno en la bancada socialista, incluido algún que otro senador, para recibir como se merece a su amado líder. Como no podía ser menos en vista de los grandes éxitos que está cosechando. Incluso llegó a decir en un momento de su intervención que España ha tenido un papel decisivo para conseguir los acuerdos. Y mira por donde, ahí no mentía, porque si no hubiera dado el “sí” no se podrían  haber cerrado, luego, efectivamente, su firma fue decisiva.

Exactamente igual que la de cada uno de los otros 26 jefes de gobierno.

Pero esto afecta a la firma del acuerdo y no a la negociación, en la que estuvo muy discreto, casi desaparecido, confiando en la buena gestión de las mujeres conservadoras de la Comunidad. Y eso, lo digo en serio, sí que fue un acierto.

Y si faltaba algo para completar el día, VOX anunció una moción de censura  para el mes de septiembre. ¿Por qué  para el mes de septiembre y no ahora?, le preguntó un sonriente Sánchez que se mostraba exultante sabiendo cuanto le va a beneficiar esta iniciativa.

No le respondieron, pero yo se lo puedo aclarar. En septiembre se habrá evidenciado mucho más que ahora la gravísima situación en la que nos encontramos: habrá más paro, la economía estará destrozada y es muy posible que la pandemia nos haya machacado otra vez porque, como ha ocurrido en los últimos dos meses, nadie habrá aprendido de lo sucedido y nos volverá a pillar sin la suficiente preparación y con una estrategia tan confusa como la actual. Otra vez nos atacará “por sorpresa”.

Y VOX tendrá una ocasión de oro, según su forma de pensar, para demostrar que está ahí y que si confiaran en ellos España sería diferente. Serían los salvadores. Con lo que ganará unos pocos votos de forma temporal, perjudicará al PP porque es de donde saldrán los votos y conseguirá que hasta los que critican a Sánchez desde el socialismo hagan piña con él.

Porque entre unos y otros no tendrán ninguna duda sobre a quién apoyar.

Y luego, muy poco después, Abascal hará lo que hizo “el valentón” del verso de Cervantes:

“Y luego, incontinente,
caló el chapeo, requirió la espada
miró al soslayo, fuese y no hubo nada.”

Es decir, España quedará un poco más ingobernable a cambio de nada. De absolutamente nada. Incluso perdiendo algunos avances.

¡Bien pensado, señores de VOX! Han conseguido que “El Gran Circo Parlamento” añada una segunda pista y mejore el espectáculo.

Muy a mi pesar tengo que escribir este comentario usando lo mejor de mí cinismo y de mí hastío, porque estas escenas tan sumamente ridículas de personas mayores fingiendo éxitos que nunca han existido, semejante atrezo, tanta ficción, no son explicables desde lo racional. No podría hacerlo desde una columna de periódico si yo fuera columnista, por ejemplo, porque sencillamente los que tendrían que leerla con atención la ignorarían.

Porque mentir, tergiversar o ignorar la realidad es el pan nuestro de cada día en la política española. Y pongo algunos ejemplos muy sencillos:

Ya he comentado que la bancada socialista apareció a rebosar, contraviniendo el acuerdo de la Mesa del Congreso que marcaba las distancias mínimas entre asientos ocupados y establecía el aforo en un máximo del 50 %. Cuando el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, interpeló a la presidenta sobre esta situación, la señora Batet dijo con todo el aplomo del mundo que no había ningún punto en el reglamento de la cámara que permitiera limitar el número de asistentes.

Naturalmente que no. Tampoco hay en nuestras leyes un punto donde se diga que los ciudadanos debemos confinarnos, pero sí dice que hay estados excepcionales, como el de alarma o el propio de excepción que permiten al gobierno decretar las medidas que estime oportunas para salvaguardar la salud o la seguridad de los españoles

Claro que no dicen nada los reglamentos, señora Batet, pero los acuerdos de la Mesa son pactos que siempre, siempre, han cumplido los partidos políticos. Es un asunto de honor que no afecta a libertad alguna porque se acuerda por votación y por mayoría. Con el agravante de que en la actualidad, la mayoría de la Mesa corresponde a los partidos de la izquierda. Los propios incumplidores en este caso.

Otro ejemplo. Nuestro presidente y otros miembros del gobierno afirmaron que las decisiones sobre medidas sanitarias eran las recomendadas por “un comité de expertos” que les asesoraba y de los que no daban nombres para protegerlos de la presión mediática. Y ahora se ha sabido por una nota del Defensor del Pueblo que:”El comité de expertos que, supuestamente, decidía sobre la desescalada en España nunca llegó a formarse.”

Según ha confesado el propio Salvador Illa, ministro de sanidad, los expertos eran sus funcionarios colaboradores, especialmente Fernando Simón, por lo que, estando bajo la autoridad del propio ministro, que es un político en ejercicio, es inevitable suponer que parte de las opiniones y de las decisiones tenían un cierto contenido político.

Y no son hechos de menor importancia. Que un presidente de gobierno mienta o que el parlamento incumpla pactos es grave. Muy grave. Por los hechos en sí y por lo que tienen de punta del iceberg. Porque si se les pilla en mentiras de este tipo ¿Qué no estarán haciendo sin que lo sepamos?

En un comentario anterior expresaba mi temor de que cualquier día veamos desfilar al presidente por los pasillos del parlamento encabezando una fila de congresistas afines cantando con fervor: “The roof, the roof, the roof is on fire!! Follow the lider, lider, lider, follow the líder…” En la última sesión casi lo hacen. Ahora, señor presidente y señores congresistas, a descansar que se lo han ganado a pulso con tanto trabajo. Descanse mientras media España no sabe cómo solucionará el mañana de su familia o de su negocio o si le atacará o no el COVID19 y como le atacará.

Y cuando vuelvan, morenos y con las pilas cargadas, pueden comenzar el curso con los líderes políticos entrando el parlamento agitando sus canotier y cantando, como Bugs Bunny y el Pato Lucas:

La función Va a empezar
A reír, a cantar
Ya no habrán más penas en el corazón
Al fin todos a gozar


La función Va a empezar
Ya llego la diversión
Artistas a triunfar
Hacer al mundo feliz.

¡País este!

El acuerdo de Europa y otros comentarios

Se terminaron las negociaciones y como era de esperar porque forma parte de las reglas de juego de la comunidad, se ha llegado a un acuerdo por consenso, lo que quiere decir, como le avanzaba a un amigo, que a todos les parecerá mal. Acuerdo que es el fruto de una negociación dura, muy dura, pero obligada inexorablemente a llegar a acuerdos. Para que todos lo entendamos las normas de la comunidad se parecen a las del Vaticano cuando tienen que elegir Papas. El fin es diferente, pero el procedimiento el mismo; estar confinados hasta que se consiga el humo blanco. En el Vaticano siempre de tirón y en la Comunidad puede aplazarse a una segunda convocatoria si se alarga demasiado el acuerdo, pero el objetivo único es alcanzarlo.

Son las condiciones que impuso en su día la propia Comunidad y ni me imagino lo que ocurriría sin ese condicionante y los acuerdos se tomaran por mayorías simples o cualificadas. Y esa es una de las razones por las que soy un europeísta convencido.

Hay acuerdo y ha llegado el momento de que cada cual, los presidentes de gobierno, expliquen a sus ciudadanos el contenido de los pactos (no olvidemos que este tipo de acuerdos deben ser aprobados por todos los parlamentos de las naciones de la Comunidad)  y, como es habitual en estos casos, a otra cosa mariposa.

Solo que en esta ocasión hay alguna variante que conviene aclarar

La parte destinada a ayudas, “a fondo perdido”, estarán sujetas a un destino finalistas del dinero y el control de dicha utilización no corresponderá a la comisión, como hasta ahora, sino a todas y cada una de las naciones, que pueden denunciar y conseguir el cese de las ayudas si comprueban que no se cumple lo pactado.

En el caso español este control echa por tierra todos los planes de Podemos que quería dedicar una parte del dinero a temas sociales según su propio concepto, muy venezolano, de lo que se entiende por “social”.

La gran pregunta es: Después de tantos años de gobiernos prácticamente omnipotentes en España ¿por qué estamos en el grupo de los débiles, los que necesitan ayuda para subsistir?

No espero respuestas de la clase política, responsables últimos de esta situación, pero voy a aventurar algunas teorías:

Hace años que, salvo algún breve amago de recuperar la normalidad de lo que son gobiernos democráticos, los partidos políticos españoles  de todos los signos han ido derivando desde el interés general que contenía el espíritu de la Transición, hacia los intereses de partido. Incluso en algunos casos al interés personal. Y a este fin han dedicado todo su ingenio y todas sus energías. Y también los gobiernos, naturalmente.

Es una explicación muy simple y drástica, pero en un análisis en blanco y negro, sin grises, es la pura realidad.

En el tardo franquismo y la transición teníamos industrias muy potentes de construcción naval que empezaron a ser poco competitivas por una serie de razones asociadas a la globalización y a la falta de actualización de los procesos productivos y no se hizo nada para actualizarlas, por lo que fueron muriendo hasta casi desaparecer.

A nuestros grandes hornos les pasó exactamente lo mismo. Y también a la minería, especialmente la del carbón cuando se empezó a constatar los perjuicios que estaba causando. Pero no se buscaron alternativas, no se crearon industrias y lo que fueron grandes cuencas mineras en toda España, que eran muchas, se dejaron morir y se convirtieron en páramos y sembradero de desempleo y desesperación. Cuando todas ellas tenían algo muy importante: comunicación ferroviaria para sacar mercancías a los puertos más cercanos.

Y así con tantas otras industrias. ¿Y porque?

Puede haber muchas explicaciones, pero una de ellas, supongo que la más probable, es que España descubrió el milagro del turismo y todo el mundo, especialmente los políticos,  se subieron al carro de lo fácil y abandonaron toda intención de complicarse la vida. Poca inversión, mucho “nombre” internacional, comisiones, visitas de famosos. Y no es que hicieran mal en apoyar este sector que no deja de ser otro tipo de industria, es que ni siquiera han sabido controlar y dictar normas que garantizaran la calidad de los servicios turísticos, la profesionalidad de los empleados del sector y un determinado control de los precios.

Y en cuanto al capital privado, ¿por qué iban a complicarse la vida “peleando” con una plantilla de empleados, con los ayuntamientos y con inspecciones de todo tipo si obtenían mucho más beneficio con la construcción de urbanizaciones y con las especulación del suelo?

Y todo el mundo se apuntó al invento y junto a establecimientos de prestigio, no me refiero a los de alto estanding,  surgieron chiringuitos de todo tipo por toda la faz de nuestra geografía. Y así empezó otro de los grandes fraudes de nuestro tiempo: los autónomos, lo que debería ser una forma de generar nuevas iniciativas, pero que por la falta de interés de los políticos no se ha impulsado y apoyado como es menester y muchos de ellos han acabado como falsos empresarios cuando en su mayoría apenas pasan de un autoempleo medianamente digno.

Y cuando digo “falsos empresarios” no niego que lo sean, pero en la realidad del cada día, de este título tienen todas las desventajas y pocos beneficios.

¿Quién ha tenido la culpa? Todos a partir de la transición, porque durante la dictadura, curiosamente y sin que quiera hacer comparaciones maliciosas, las empresas incluidas en el INI se espabilaron mucho y surgieron gran cantidad de nuevos negocios y grandes factorías tipo Pegaso, por la que yo pasaba cada día camino de mi puesto de trabajo en el aeropuerto de Barajas.

Luego, en mi opinión, la razón simplificada de que en este momento tengamos que pedir ayudas porque no podemos soportar nuestros gastos, no es otra que la ceguera, la imprevisión y la ineficacia de nuestros gobiernos. Los mismos, en sentido metafórico porque todos son culpables, que ahora presumen de haber encontrado soluciones.

Y empleo un símil muy histórico: Los mismos gobiernos que provocan las guerras son los que luego presumen de haber conseguido la paz. ¡Que cinismo!

“Pero las cosas no se quedaron allí, porque el ingente poder que cedimos a la clase política española durante la Transición no se ha mantenido estable, sino que se ha ido multiplicando, durante los cuarenta años de democracia, con una serie de prácticas a través de las cuales los políticos españoles (independientemente de su estatus, posición, nivel y orientación política) han extendido sus tentáculos por todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad: el poder de los gobernantes se ha extendido en horizontal, asumiendo cada vez más competencias y copando incluso las áreas de control político; y también en vertical, desde los centros de poder social más altos a los más bajos. La progresiva politización de nuestra sociedad se ha hecho a golpe de legislación y prácticas legales (como la sobrerregulación económica) pero también ilegales (como la contratación pública opaca e incluso corrupta) y otras que no se sabe si son legales o ilegales, pero desde luego son poco éticas (como la influencia política indebida en la Administración)”

De nuevo “devuélveme el poder”, de Miriam González Durántez)

Es decir: desde un determinado momento, los políticos españoles entraron en una vorágine de acaparar poder e influencia y en eso estaban. ¿Cómo iban a pensar en el largo plazo?

Vorágine similar a la que sufrió la ciudadanía en los tiempos del “destape”, donde no había guion que no exigiera desnudos o sexo más o menos explícito.

Y con todas estas cosas, lamentablemente, tiramos por la borda parte de lo hecho y rompimos muchos de los puentes que nos llevaban a un progreso estable y sostenido. Se han hecho cosas, claro que sí, pero más por la iniciativa privada que por apoyos y planes gubernamentales. Y la prueba es que lo que mejor funciona en España, con mucho, son las grandes empresas familiares.

¿Ha sido una vergüenza pedir ayudas? No, porque no podemos subsistir. No solo por los errores pasados sino también por las catástrofes actuales.

¿Tenemos que aceptar condiciones de control? Naturalmente que sí. No tendremos más remedio porque los países que aportan los fondos son los que han hecho sus deberes y tienen derecho a exigir finalidad en las inversiones. Entre otras cosas porque tienen que explicárselo a sus ciudadanos en cada uno de los parlamentos europeos.

¿Esta situación va a provocar una ruptura de las alianzas de Pedro Sánchez? No creo, porque su principal valedor es Podemos y esta marca, gracias a los cambio de orientación y de posición de sus máximos dirigentes se ha convertido de facto en un “Podemos con lo que nos echen” y tragarán lo que haga falta para no salir del gobierno, que sería tanto como desaparecer del mapa político.

Podemos nos perjudicará y mucho, pero en la convivencia, porque tratarán de mantener una apariencia de honestidad política desenterrando todos los tópicos conocidos: La monarquía, la represión franquista, los peligros de la ultra derecha, las supuestas amenazas contra la igualdad, las mujeres, los  homosexuales, etc.

Pero es lo que hay.

Lo que sí que obligará a una reflexión seria, muy seria, es al propio presidente, que tiene por delante la aprobación de unos presupuestos generales que mirará con lupa la Comunidad Europea, sabiendo como sabe que la gran novedad de este acuerdo es que si cualquier país europea averigua que el dinero recibido se dedica a otros fines, tiene derecho a convocar al resto de presidentes y pedir y seguramente obtener, una cancelación de las ayudas.

Es posible que en estas circunstancias el presidente Sánchez, que lo estará pasando muy mal en lo personal ponga la  cara que ponga, se vea obligado a reconsiderar sus objetivos políticos y personales.

Y Pedro Sánchez, al que critico frecuentemente porque toma decisiones que no me gustan, no es responsable de lo que está ocurriendo. Solo es “uno más”

Y, ¡que quieren!, pese a lo que se va a propagar por todas las esquinas, me siento muy seguro perteneciendo a la Comunidad Europea. Nuestro último bastión.

Si no vas a mejorar el silencio, permanece callado