Si hubieran ganado “los buenos” hace 82 años.

Por fin, después de leer y escuchar tantas cosas y tan graves, en buena parte reales, sobre la represión después de la maldita guerra civil, me han convencido del gran error, la broma de mal gusto que nos jugó la historia haciendo que ganaran los sublevados.

Porque, ahora estoy seguro, de haber ganado el bando republicano, todo hubiera sido una balsa de aceite. Un mundo de amor y perdón en el que los vencedores habrían recibido a los vencidos con aplausos y ofreciéndoles tabaco para fumar, vino para beber, pan para comer y un abrazo para perdonar.  

Lister, el Campesino y los generales de la guerra habrían ordenado a sus tropas que recibieran con abrazos a los que habían sido sus enemigos y les manifestaran comprensión y afecto. Actitud que solo superarían los batallones anarquistas que antes les habían combatido a sangre y fuego.

Los responsables de las muchas checas que se abrieron por toda la geografía nacional habrían liberado de inmediato a los detenidos y localizarían a los familiares de los que habían asesinado para indicarles en qué lugar les habían enterrado y poder así recuperar sus cuerpos.

Los que antes sacaban de sus casas a los muy peligrosos enemigos de la patria para fusilarles en alguna cuneta, se dedicarían a trasladar a los vencidos a sus pueblos para que pudieran reunirse con sus familias.

Ningún juicio sumarísimo, ningún fusilamiento, ninguna represión, ninguna causa general. Ningún prisionero para construir carreteras o “valles de los caídos”.

El día de la victoria hubiera sido el de la auténtica paz, el de demostrar al mundo que la reconciliación es posible y que, por fin, un bando vencedor lo había demostrado con hechos.

Naturalmente esto es una ficción dramática y triste. Ficción que no pretende más que afirmar que no, que el mundo de las posguerras no está compuesto de buenos y malos, solo de vencedores y vencidos. Y que los vencedores siempre son crueles. Puede que unos más que otros, pero lo son más los que también lo fueron durante las guerras.

Maldita sea. Estoy harto, muy harto, que se continue demonizando y/o santificando a unos u otros según una visión ideológica, casi irracional de hechos que nunca debieron producirse y en el que participaron seres humanos, la mayoría forzados a hacerlo, que ni la causaron, ni la quisieron y en las que no se les había pedido nada. Relato que, en algunos casos, demasiados, solo obedece a campañas de marketing que pretenden beneficiar a determinados partidos políticos, partidos carroñeros, con relatos falsos o exagerados de algo que sucedió cuando casi nadie de los protagonistas vive en la actualidad.

Hace ¡ochenta y dos años que terminó! y todavía continúa la matraca de los empeñados en que solo unos fueron los malos y que, además, lo fueron hasta unos niveles de crueldad desconocidos hasta el momento. Y que los otros, los sufridores, los que perdieron eran buenos y defendían causas románticas y luchaban por nuestras libertades.

Y es cierto que hay relatos reales de hechos sucedidos, pero, curiosamente, solo se refieren a uno de los bandos contendientes. Como si “en el otro lado” no hubiera ocurrido nada punible, nada condenable.

Váyanse a paseo. ¡claro que los vencidos eran buenos! Pero no lo fueron quienes les obligaron a salir de sus pueblos para empuñar fusiles que no querían empuñar y matar a enemigos que ni lo eran ni nunca lo habían sido.

Comentario que, estoy seguro, no servirá de nada. Pero, al menos, permítanme el desahogo.

La vicepresidenta Yolanda Díaz y el comunismo

Tengo que adelantar que la vicepresidenta Yolanda Díaz es una persona que cae bien. Es educada, de muy buen aspecto, muy trabajadora, de apariencia sosegada y de excelentes modales. Mucho más eficaz para su causa, seguro, que aquel Pablo Iglesias que fue, consumidor de series de televisión, de muchas palabras y pocos hechos, que ahora, después de fracasar en todo lo que ha intentado, se dedica a darnos consejos de lo que debemos hacer desde foros amigos.

Yolanda es más pragmática, de pocas palabras y muchas presencias en momentos oportunos, que gestiona con mucho éxito una estrategia cuidada y eficaz.

Si tuviera que compararla con una planta, diría que es una margarita silvestre, hermosa y resistente como ninguna. No como su antecesor, Iglesias, al que compararía con un “echinopsis turbárico”, un tipo de cactus engolado y pretencioso, pero con muchas espinas

Tengo la seguridad de que bajo ese manto de calma y serenidad se esconde una voluntad de hierro y una estructura mental muy preparada para la lucha y para la victoria. No es una libélula, no, mejor me parece una mantis religiosa.

Pero tiene un importante problema: es de Podemos y, por tanto, comunista.

Y como tal la aceptaría como amiga sin ninguna reserva e incluso la podría votar para una alcaldía, pero nunca para un gobierno. Porque los comunistas que yo he conocido son honrados administrando, pero muy peligrosos gobernando. Y porque todos los comunistas que conozco, históricos y actuales, cuando llegan al poder, incluso de forma democrática, no hay forma humana de que acepten perderlo. Y a los estados comunistas actuales me remito.

Con la decadencia de la Unión Soviética, el comunismo trató de participar en la Europa moderna con el famoso “eurocomunismo” francés, lanzado igualmente en Italia y en España, donde fue desapareciendo de forma inexorable, hasta diluirse en las profundidades de la actual Izquierda Unida.

Ese es el comunismo que ahora quiere resucitar Podemos, que quiere asociar de forma absolutamente interesada, falsa y mendaz con la figura de la República, para tratar de atraer al sector republicano español y que apenas podrá convencer a unos pocos románticos idealistas, aunque sean miles, que solo saben del comunismo lo que les han contado, la mayoría mentiras y fabulaciones.

Todo mi respeto, pues, para Yolanda Díaz persona, pero mis reservas, mis muchas reservas para la política         que se esconde detrás de tan buena presencia y exquisitos modales.

Porque el comunismo nunca, jamás, ha sido la solución en las naciones en las que se implantó. Es cierto que consiguió mejorar el nivel de vida de los rusos en un primer momento, pero es que tampoco resultaba tan difícil conseguirlo teniendo como tenían una vida realmente miserable en los tiempos de la gran Rusia de los zares.

Y luego, escasez, precariedad de vida, anulación absoluta de las libertades de los ciudadanos y adoctrinamiento. Mucho adoctrinamiento.

Los que sí que prosperaron, sin duda, fueron las clases dirigentes, militares y políticos de mayor nivel. Porque la famosa dictadura del proletariado se convirtió muy rápidamente en dictadura al proletariado y lo que fueron soviet de obreros y soldados durante la revolución rusa, no tardó en convertirse en el Soviet Supremo que gobernó con mano de hierro a la nación rusa y a los soldados rasos y los obreros que ganaron la revolución, bajo la dirección indiscutible del presidente de turno.

Es sabido que el comunismo no admite disidentes. Si no les puede convencer o amedrentar, los encarcela o los asesina. Y no es algo que diga por decir, es lo que fue y lo que sigue siendo en las naciones en las que actúa a pecho descubierto, como Cuba y en las del pro comunismo evidente, como Venezuela, China o Rusia, por ejemplo, nación, esta última, en la que los disidentes se auto envenenan o se inyectan sustancias radioactivas en vena creyendo inyectarse cocaína.

Y, señora Díaz, los soldados rusos destinados en las alambradas de Berlín no estaban precisamente para impedir que los ciudadanos del sector occidental se pasaran al oriental. Era para detener a tiros a los berlineses del este que querían huir del paraíso soviético y cruzar la barrera.

El comunismo murió con la llegada de la democracia, la cultura sin ataduras y la libertad de opción de los ciudadanos. Y murió porque ese sistema absurdo de las decisiones colectivas, absolutamente falso porque los ciudadanos no tenían opción a participar en nada, impedía el crecimiento natural de la nación porque coartaba la iniciativa y la capacidad de tomar decisiones de los ciudadanos que, solo podían obedecer y trabajar en los lugares donde les señalaban,  con e resultado que todas las naciones prosperaban mientras las de la URSS continuaban estancadas y cada vez más empobrecidas respecto a las naciones  libres

Y, por otra parte, el comunismo, en todas sus modalidades, es el sistema político que más muertes ha provocado. Con mucha diferencia. Y no solo en países que eran lejanos hace algunos años, como la China de Mao, también en otros más próximos como la Rusia de Stalin.

En un artículo publicado en mi blog el 11 de mayo de 2018, titulado “tus muertos, mis muertos, nuestros muertos”, decía que:

“….ni los muertos en China a causa de las directrices de Mao Zedong primero, y de las purgas de la Revolución Cultural. Los que fueron ejecutados por los Guardias Rojos que seguían las directrices de su famoso “libro rojo”, dirigidos por Jiang King, esposa de Mao. Y estas muertes se estimaron en muchos millones de personas. ¡Muchos millones de personas!

Tampoco se hizo nada para evitar los dos millones de muertos causados por Pol Pot y sus Jemeres Rojos en Camboya. Muertes, una economía desaparecida, y un patrimonio cultural totalmente destruido.

Ni por los más de 21 millones de ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas muertos bajo el mandato de Stalin. Y estos muertos, como todos, tampoco eran héroes. Fueron víctimas

Así que, querida presidenta, le deseo el más rotundo fracaso político en el gobierno de la nación porque, aunque la considero incapaz de hacer mal a nadie, el comunismo, su comunismo, es una política invasora y dañina, como las lenguas de la lava que están destrozando nuestra “isla bonita”.

Y uso esta metáfora, posiblemente impropia, con mis mejores deseos para los hermanos canarios que están sufriendo en sus carnes la furia de la naturaleza que, de vez en cuando, nos demuestra lo poco que somos por mucho que aparentemos.

Caso Marlaska. Comentario final sobre la justicia y sus condicionantes.

Utilizando el famoso “decíamos ayer”, conviene dar un repaso a todo lo que hay delante y detrás del famoso “caso Marlaska”, el del cese del coronel Pérez de los Cobos.

Y utilizo este caso, no para darle más vueltas a las razones morales, ética, políticas, mediáticas, ideológicas, o de cualquier otro tipo que rodean el caso, sino para analizar lo bueno que es para la ciudadanía la separación de poderes, para tratar de aclarar “quien es quien” en la organización del Estado y para conocer cuáles son las funciones de cada cual.

Empiezo por presuponer que una buena parte de los jueces del Tribunal Supremo que decidieron dar la razón al ministro por unanimidad, estarán bastante molestos con el gobierno por sus constantes intentos de invadir competencias del poder judicial. Pero, como siempre he defendido, las togas con las que se revisten los jueces en actos judiciales actúan como una barrera que, en la gran mayoría de los casos, les aísla del mundo exterior, el de las opiniones, las presiones y los juicios paralelos, e incluso de sus propios sentimientos e ideologías.

Confirmado por el hecho de que los jueces son los únicos “trabajadores” públicos de los que se conoce lo que hacen y porqué lo hacen, sin trucos ni secretos de Estado, porque todas sus actuaciones, detalladas en las actas, están a disposición de la ciudadanía.

En segundo lugar y refiriéndonos a los casos que tienen que instruir, que juzgar o que revisar, los jueces solo pueden dictar sentencias basándose en pruebas irrefutables. Pueden estar convencidos de que el acusado es el mayor asesino del mundo, pero ese convencimiento íntimo no tiene ningún valor si no hay testigos o pruebas que lo demuestren. Porque a la hora de sentenciar no caben impresiones ni sentimientos.

Y es de analizar como han cambiado las cosas en los últimos tiempos cuando juzgamos a los “juzgadores”.  El derecho romano, base de la legislación española, afirmaba que “dura lex, sed lex”, (la ley es dura, pero es ley), frase que parece hecha para justificar la severidad de algunas sentencias, pero curiosamente, en este momento de confusión, nadie cuestiona la dureza  de los jueces, que son criticados mucho más severamente por la supuesta debilidad de algunas resoluciones, que, según la opinión de ese gran tribunal popular en el que se ha convertido la opinión pública,  parecen fruto de la cobardía o de componendas de los jueces o tribunales que las emiten.

Y nada más lejos de la realidad, porque lo que ha cambiado no es la judicatura, sino la mentalidad de los españoles y no siempre para bien, actualmente muy influenciada por el continuo bombardeo de redes sociales y medios de comunicación con intereses políticos o buscando aumentar las audiencias.

Y eso es lo que ha ocurrido, según el Tribunal Superior, en este caso. En una redacción muy hábil de la motivación del cese, no se dice que el ministro preguntara al coronel por los detalles de la investigación, más bien da la impresión de que se limitó a un genérico “como lo lleváis”, casi en plan colega.

Porque preguntarle por los detalles sería un delito, pero formular una pregunta que merezca una contestación del tipo “están progresando y han encontrado algunas pistas”, sin más, sería una conversación absolutamente normal con la cadena de mando. Nada punible ni criticable.

Y esa es la única información disponible. El coronel afirma que recibió llamadas presionándole para que desvelara el curso de la investigación, pero no están grabadas, lo que posiblemente hubiera sido un delito y, por tanto, nunca han existido para la justicia.

Quizás el coronel pecó de inocente y nunca creyó que las cosas llegarían donde llegaron. Yo, en su caso y como hice siempre cuando trabajaba en una multinacional y recibía alguna instrucción telefónica comprometida, nada más colgar mandaba un correo, postal al principio, digital después, pidiendo una confirmación o una aclaración de lo escuchado.

Y así se aclararon muchas dudas y puede que se pararan algunas iniciativas poco aconsejables.  Normalmente estas consultas, muy poco frecuentes, eran bastante mal recibidas por los destinatarios, pero eso era parte de mis gajes de oficio. Y mis razones íntimas eran las que debería tener el coronel: los directores de empresa y los ministros del gobierno, cambian, pero los clientes en mi caso y la defensa del orden público en el suyo no. Continuaban allí y esos eran a los que debíamos absoluta fidelidad, porque esa era nuestra verdadera responsabilidad.

Y lo era respondiendo a un marco superior, las normas la empresa en mí caso y la Constitución en el suyo, que en algunas ocasiones pretendían violentar o mal interpretar algunos de los jefes circunstanciales.

En fin: el cese del titular de un puesto de confianza necesita pocas motivaciones, pero no estamos hablando de eso, tema importantísimo sobre el que haré un comentario próximamente, sino de la justicia.

Y en el marco de nuestra forma de Estado, yo tengo muy claro donde están mis fidelidades. Fidelidades motivadas por la lectura de nuestra Carta Magna: Zapatero a tus zapatos. El gobierno para administrar el bienestar de la ciudadanía y para dejar la nación mejor que se la encontraron sin salirse del marco de actuación previsto en la Constitución y el Poder Judicial para administrar justicia y proteger a los españoles de los que cometen delitos, sea el que fuere quien infringió las leyes, incluidos otros estamentos del Estado.

P.D. Esta mañana he escuchado duras críticas al juzgado vasco que “no ha prohibido” la manifestación convocada, según vox populi, para homenajear al criminal Parot y para humillar a las víctimas del terrorismo de ETA. Pero, claro, el juez habrá leído las razones de la convocatoria y no habrá encontrado nada de esto. Lo desconozco, pero seguramente dirá que es para pedir la libertad de Parot o algo similar.

Lo que, en el mundo de la justicia, no supone ningún delito y entra en el campo de la libertad de expresión, por lo que no ven razones para suspenderla.

Pero lo que un juez no puede hacer, presuponer, si que lo pueden hacer otros estamentos, como el delegado del gobierno o el propio gobierno vasco que, a la luz de la experiencia de otras manifestaciones, puede impedirla la alegando razones de orden público o de cualquiera otra índole. O estar vigilando la manifestación para suspenderla cuando escuchen la primera frase que suponga “homenaje a” o justificación de la violencia.

Pero no lo harán alegando razones de evitar males mayores o similares. Autoridades que muy posiblemente dan instrucciones de mano blanda con los manifestantes urbanos del “anti lo que sea” que queman contenedores, destrozan escaparates, asaltan tiendas y agreden a las fuerzas de orden, cada vez más desamparadas, con el terrible resultado de “uno o ningún” detenidos.

Pero muchos siguen creyendo que todo esto pasará por generación espontánea, mientras seguimos dando por bueno o por inevitable lo que no es bueno y sí que es evitable. Porque cada vez estamos más anestesiados y tenemos menos ganas de “complicarnos la vida”.

Valencia, 17 de septiembre de 2021

Las verdades y las mentiras de los delitos de odio

En este país de nuestras desdichas en el que las liebres corren por el mar y las sardinas van por el monte, no podía faltar el que los máximos responsables de fomentar nuestro bienestar y nuestra convivencia tengan como estrategia electoral, porque hace muchos años que estamos en continuo período electoral, buscar y fomentar cualquier cosa que nos separe, tarea a la que tienen dedicados potentísimos equipos de marketing, fabricantes de frases rotundas con toda la apariencia de ser verdades evangélica cuando, lo normal, es que sean tan falsas como malintencionadas.

Y siendo cierto que los ataques personales son una desgraciada constante en la política parlamentaria, nunca se ha llegado al nivel actual, en el que se han saltado varias barreras, siendo la más importante que los líderes y portavoces de los partidos se están atreviendo a juzgar, a atacar y a cuestionar el buen juicio de los votantes de los otros partidos.

Y en eso tengo que hacer algunos distingos. Todos se pasan de la raya atacando a los líderes rivales, pero no todos bajan a la arena de agredir verbalmente a los que soportan a los “contrarios”. No lo hace el PP ni ciudadanos, ni tampoco, curiosamente, lo hace VOX, partido que no se caracteriza precisamente por su moderación verbal y sus buenos modos parlamentarios. Lo han hecho, y muy especialmente durante la famosa “campaña de Madrid”, que casi suena a episodio de la guerra civil, el PSOE, Podemos, IU y MásMadrid, entre otros.

Y esto viene a cuento de la mala, malísima, praxis que supone utilizar políticamente las desgracias ajenas y muy especialmente los llamados “delitos de odio”, en lo que son especialmente expertos los partidos de izquierda incluido, muy lamentablemente, el actual sanchismo.

Pero conviene empezar por el principio y es que la inmensa mayoría de los españoles somos defensores de la mujer y enemigos de cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea. Y ni el feminismo, ni la defensa de las igualdades son patrimonio de nadie. Ni de lejos, por mucho que se pongan bandas y medallas por ser “los primeros”, “los únicos” o “los pioneros”.

Escribo esta nota al hilo del desafortunado incidente del homosexual madrileño que presentó una falsa denuncia por agresión por un grupo de encapuchados. Noticia que disparó, como es habitual en estos casos, los mecanismos de los supuestos “salvapatrias”, “salvahumanidades”, “salvalibertades”, “salvahomosexuales” y salva todo, que se apresuraron a decir que “los otros”, refiriéndose especialmente a VOX, pero también al PP, son los responsables de estos sucesos por sus mensajes de odio. Por cierto, desconozco si es el caso de VOX, pero el PP tiene entre sus filas a algunos homosexuales muy cualificados, que nunca ocultaron su identidad sexual.

Y hasta el ministro del interior, el que estaría informado desde el primer momento de que existían serias dudas sobre la denuncia por la ausencia total de testigos en un barrio tan poblado y a una hora tan indiscreta y que debería ser especialmente prudente en las declaraciones por ser el responsable de las fuerzas de seguridad que lo estaban investigando, se apresuró a decir lo que no debía, incluso dando el nombre de VOX como uno de los responsables “de que ocurran estas cosas”.

Noticia que, ¡como no! trató de utilizar de inmediato el caza medallas que gobierna la nación anunciando que iba a presidir personalmente el comité de delitos de odio que, por cierto, parece que está haciendo un buen trabajo. Foto asegurada y méritos a añadir a los muchos ajenos que ha cosechado en los últimos tiempos.

Equipos de marketing y propaganda que, según los acontecimientos, hacen muy especial hincapié en la xenofobia, el maltrato a la mujer, los ataques homófobos o lo que haga falta, proyectando una imagen nacional e internacional de que somos un país plagado de agresores sexuales, maltratadores de mujeres o de gais y lesbianas y de todos los diferentes, cuando nuestros índices comparativos con otros países europeos son sensiblemente mejores. Incluso se dice, no puedo constatarlo, que España es el país más seguro del mundo ellos.

Un país donde el feminismo radical, insensato, inmoral y excluyente, está transmitiendo en los últimos tiempos la sensación de que España es una nación en la que los padres matan a sus hijos por odio a sus mujeres. Aprovechando, maldita sea, los muy desgraciados y escasísimos casos que se han producido en los últimos años

Información que, además de ser falsa, no beneficia en absoluto a la “marca España”

Pues bien, siguiendo mi costumbre he acudido a fuentes de información fiables, en este caso el Ministerio de Asuntos Interiores y he encontrado los siguientes datos oficiales sobre los delitos de odio.

Los realmente contrastados al margen de las informaciones interesadas, tendenciosas y claramente exageradas:

En el año 2020, el mayor número de delitos cometidos lo han sido por “racismo/xenofóbia”, con un total de 485 casos y una disminución de 30 sobre 2019. Este es un delito con causas/raíz sumamente variadas y confusas porque son muchos los factores que pueden favorecer el rechazo o el odio al inmigrante. Y siendo cierto que algunos mensajes procedentes del mundo de la política pueden favorecer el rechazo, dudo mucho que animen el delito.

En segundo lugar aparece, ¡oh sorpresa! los de “ideología”, delito del que no hablan nuestros líderes de izquierda porque, en su inmensa mayoría, son los partidos extremos y los malditos nacionalismos “practicantes” los que la alimentan. Es el odio al fascista, al españolista, al facha y también, en mucho menor número, al comunista. En 2020 fueron 326 y en el año 2019 nada menos que 596.  Es posible que la pandemia, los confinamientos y la prohibición de mítines y actos políticos haya influido en la disminución de estos delitos, pero, tal como están las cosas, me temo que esta cifra subirá notablemente en 2021.

El tercer lugar lo ocupa los delitos por “orientación sexual e identidad de género”, con 227 casos, uno menos que en 2019. Desconozco porque se producen o quién pueda alimentarlos porque, en este caso, todos los partidos tienen homosexuales en sus filas. Y aquí sí que descarto rotundamente a la extrema izquierda porque no solo no son enemigos, sino que parecen fomentadores de la multisexualidad o de la ambigüedad de género. Parece ser que son más propios de grupos tipo “ultras de futbol” o de bandas que salen a “cazar” homosexuales, como ha ocurrido en los últimos casos conocidos, pero ignoro las circunstancias o las motivaciones reales.

La “discriminación por sexo/género” ocupa el cuarto lugar con 99 casos, 33 más que en 2019. Tampoco puedo saber las causas/raíz de este delito, pero es evidente que ha sufrido un importante incremento desde al año anterior.

Y luego están todos los demás: “creencias o prácticas religiosas”, “persona con discapacidad”, “antigitanismo”, “discriminación por razón enfermedades”, “discriminación generacional”,aporofobia” o “antisemitismo”. Son cantidades mucho menores y con pocas variaciones sobre el año anterior.

Por lo visto hasta ahora, entiendo que:

  • En el año 2021 se registraron un total de 1.401 delitos de odio. Uno solo sería injustificable y, de ninguna manera quiero quitar importancia a los ocurridos. Solo trato de exponer los datos objetivos, sin los amplificadores o los amortiguadores, según convenga, de los interesados en utilizarlos políticamente.
  • Es decir, que menos de un 0,003 de los españoles han cometido algún delito de odio, suponiendo que entre los denunciados no haya casos de reincidencia.
  • Es de una claridad meridiana que los delitos de “ideología” no interesan a los grupos de marketing que trabajan para los partidos políticos, o bien porque son ellos mismos los incitadores, los partidos, o porque los cometen algunos de sus socios necesarios.
  • Y si observamos la distribución geográfica de los delitos de odio por cantidades totales, no es de extrañar que las zonas con más incidencia son las que tienen una carga mayor de ideología, especialmente provocada por los nacionalismos y los independentismos.

He intentado localizar datos de otros países europeos para compararlos, pero no he encontrado ninguna fuente fiable que me sirva para la comparación. Pero tengo la absoluta seguridad de que nuestros datos no son peores que el resto de las naciones. Ni mucho menos

Por todo lo anterior no hay ninguna duda de que, como en toda la información que circula por España en los últimos años, hay un altísimo componente de mentiras, falsas interpretaciones o verdades a medias al servicio de la política del peor nivel. La que juega con los sentimientos y las debilidades de los más desfavorecidos.

Tantas mentiras y de tanto calibre que harían avergonzarse al mismísimo NO-DO.

Acompaño algunas de las tablas que reflejan los datos que he comentado.

P.D.

He visto en el telediario que el presidente ha decidido que se creen unidades especiales contra los delitos de odio en la Policía Armada y en la Guardia Civil. No critico la medida, pero sería mejor si se hiciera extensiva a las policías autonómicas que, con esta especialización, podrían atender y entender mejor a los “odiados” en sus territorios por ser de partidos de la derecha o por no ser independentistas. Incluidos muchos policías y guardias civiles odiados por el simple hecho de estar destinados en algunas comunidades.

Ya se que no es justo ni apropiado frivolizar con estos asuntos, pero no soy yo el que lo hace. Son los cínicos que nos gobiernan.

Las formas de elegir a “los elegidos por el pueblo”

En el mundo democrático hay tres modelos fundamentales de leyes electorales:

1.- El modelo francés, con elección de presidente de la República, con una segunda vuelta si no se consigue mayoría absoluta, en la que solo participan los partidos más votados. Eso facilita el bipartidismo gubernamental porque impide la participación de los más extremos, cuyos votantes, o se abstienen en la segunda vuelta o cambian su voto a uno de los “grandes”. Una fórmula parecida, de segunda vuelta, es la que tiene el Parlamento Vasco para elegir al Lendakari.

En el caso francés hay otras elecciones para elegir a los congresistas con resultados que, en este caso, sí que deciden la composición total de la cámara con participación de todos los partidos.

A mí me parece acertado porque de esta forma se evita lo ocurrido últimamente en España: que el presidente, en este caso del gobierno, sea elegido como resultado de componendas y pactos contra natura desconocidos previamente por los electores.

Hay que recordar que, en Francia, como ocurre en Estados Unidos, el presidente de la República ejerce también las funciones de jefe de gobierno, lo que no ocurre en las otras repúblicas europeas, como Alemania o Italia, donde hay un jefe de gobierno y un presidente de la República con funciones de representación y moderación similares a los de los reyes europeos, incluido el de España.

2.- El modelo español, regido por una ley electoral, la D’Hondt, con un reparto proporcional a las poblaciones de cada autonomía y que, en resumen, nos obliga a votar listas cerradas propuestas por cada partido. Listas en las que figuran personas absolutamente desconocidas para los electores, que, a su vez, están sujetas a una férrea disciplina al partido que los propone.

En definitiva:

En España no votamos a personas, sino a partidos políticos, con el gravísimo inconveniente de que, por lo comentado anteriormente, los congresistas votan en bloque, con independencia de que lo votado favorezca o perjudique a las comunidades en las que han sido elegidos.

Según la ley, los escaños son propiedad de los congresistas que, en algunos casos, se desvinculan del partido por el que fueron elegidos, bien cambiando de partido, los famosos tránsfugas, o declarándose independientes o formando grupo parlamentario propio si llegan al mínimo exigido para poder hacerlo. Este es un tema muy controvertido y siempre rodeado de recriminaciones y de reclamaciones legales, porque los partidos “madre” siempre pretenden que renuncien al acta de congresista, cosa que casi nunca consiguen porque la ley les favorece y porque un sueldo es un sueldo, pero no deja de ser una falacia argumental, porque la mayoría de ellos, desconocidos para el votante, nunca hubieran llegado al parlamento si no hubieran formado parte de unas listas.

En España se hizo una modificación para la elección de los candidatos al Senado que permite que podamos votar a nombres y no a listas. Nombres que, por supuesto, no nacen de la iniciativa personal de los candidatos, sino que los propone un partido.

3.- El sistema de distrito único del Reino Unido, el que, con mucha diferencia me parece más democrático y transparente.

Porque cualquier británico puede presentarse libremente y por su cuenta a las elecciones al parlamento con solo conseguir unos avales de ciudadanos “de a pie”.

Los candidatos se presentan de forma individual en sus respectivas circunscripciones y resultan elegidos los que obtienen más votos, solo uno.

Por no hacerlo largo:

Los candidatos exponen, como es natural, a que partido van a apoyar o si son independientes, pero no tienen obligación de inscribirse en ninguno.

El escaño es “propiedad privada” del elegido y es el único que tiene la capacidad y la autoridad para utilizarlo como crea conveniente en función de los intereses de sus electores. Y por esta razón, los parlamentarios británicos son auténticos representantes de sus votantes, a los que siempre atienden, sobre todo porque ellos hacen mucha vida “de barrio”.

Y por eso están poco en el parlamento y mucho en su circunscripción, contactando con los ciudadanos y conociendo de primera mano los problemas de cualquier tipo que les afectan, con obligación de tener una oficina abierta para escuchar a todo aquel que quiera exponerles quejas o comentarles sugerencias en los días programados para ello.

Y por esta propiedad del escaño, en caso de que, por alguna razón, tenga que dejar el cargo, se hace una nueva elección de sus representados para elegir a un sustituto, que, solamente, mantendrá el cargo hasta las próximas elecciones generales. Es decir, allí no existen los “siguientes en la lista”.

Por todas estas razones, repito, los parlamentarios, que tienen oficinas en el edificio adjunto al del parlamento, el del Big Ben, no asisten a la sala de plenos si no se debaten temas relacionados con su circunscripción. En España y gracias a ese interés por desacreditar a los otros sistemas políticos, se suele informar de forma interesada cuando hay desavenencias en las votaciones del parlamento, presentándolas como “rebelión” al líder. Líder que, en la práctica no tienen excepto para los temas que son de interés nacional o de situaciones extremas. Así pues, si se vota una ley que favorezca a Londres y perjudique a York, por ejemplo, lo normal es que los parlamentarios de Londres de un determinado partido la apoyen y los de York la rechacen, aunque al final, como es lógico, lo que vale son las mayorías de votos.

Y si no fuera así, sus votantes los correrían a gorrazos cuando los vean en sus calles.

No como ocurre en España, donde el sistema de listas cerradas obliga a la disciplina de partido y los congresistas de Valencia, por ejemplo, pueden votar y de hecho lo hacen, leyes o propuestas que perjudiquen claramente a su comunidad. Hecho anormal, pero habitual y que hemos acabado “dando por bueno”.

Y esta es la razón del extraño aspecto que presenta el salón de sesiones del parlamento británico, con una ocupación más o menos completa de los asientos de la planta baja.

Resulta que Gran Bretaña tiene 650 parlamentarios, pero el salón de sesiones no tiene tantos asientos ni tampoco están dotados de la super tecnología de los de nuestros congresistas, lo que no resulta un grave problema porque, por lo dicho anteriormente, los congresistas acuden al parlamento en contadas ocasiones y van a lo que van. Nunca a “echar horas” escuchando a los portavoces propios o ajenos, aplaudiendo o abucheando según convenga o cuando y como les indiquen los “que mandan”.

Y, por esta razón, cuando hay debates o votaciones de interés nacional, como ocurrió con el Brexit o con la elección de Boris Johnson, por ejemplo, se ven imágenes difíciles de interpretar en España, con parlamentarios por todas partes, sentados en la planta baja o en la galería del primer piso, de pie o apoyados en cualquier columna.

Gran Bretaña, el Reino Unido, es una nación ejemplar en su modelo de organización política y en la participación real de sus ciudadanos en las decisiones de Estado. Una nación en la que, teniendo una bolsa de forofos por ideología, como ocurre en todas partes, las mayorías que eligen lo hacen más por razones prácticas que por ideológicas, de forma que los que han votado una opción vuelven a votarles si lo hacen bien o votan a la otra si lo han hecho mal.

Nación que ha tenido tan mala prensa en ocasiones anteriores, siempre muy interesada porque su modelo de democracia era el contrapunto extremo a nuestra dictadura, “la pérfida Albión” la llamaban, de igual forma que el España-Rusia de 1964, la del gol de Marcelino nos permitió comprobar que los rusos no tenían cuernos y rabo y que su portero, Yashin, “la araña negra” era un auténtico fuera de serie.

Por supuesto que es una nación de costumbres realmente extrañas para nosotros. Como la que no obliga a los votantes a demostrar su identidad cuando acuden a las urnas. Se fían de ellos. Incluso en la tarjeta electoral que reciben en su casa y que indica donde está su mesa electoral, figura la leyenda “No es necesario llevar este documento para poder votar”. Es decir: van a la mesa, saludan cortésmente a los responsables de las urnas y depositan su voto. Sin más.

¿Se imaginan lo que ocurriría en España si tuviéramos esa facilidad? Es muy posible que la mayoría de nosotros también fuéramos respetuosos con las reglas, pero ni los muy honorables políticos que nos han tocado en suerte ni los fanáticos que les siguen, seguro que no.

Gran Bretaña es una nación que basa la política en la honestidad comunal y que la protege con sistemas de control independientes que actúan con mucha eficacia y con mucha severidad. Severidad que comparte la opinión pública que castiga con dureza los comportamientos impropios de sus políticos.

Con gobiernos que no intentan, ni se le ocurriría, “ocupar” ni condicionar a la judicatura o tratar de manipular a otros estamentos de la nación. Ni en el peor de sus sueños o de sus ambiciones políticas.

Y pongo un ejemplo también incomprendido en España. Tras la votación del Brexit se demostró que en la campaña se utilizaron datos falsos que favorecían la salida. Los “anti” reclamaron una segunda votación por este motivo, pero la tradición lo impide porque la elección fue legal por muy falsos que fueran los argumentos. Y en la extraña mentalidad británica, la responsabilidad final, como ocurre en España, es del votante. Dicho en lenguaje vulgar, más o menos, se argumenta. “Fueron mentirosos, sí, pero tú, como elector tenías la obligación de haber contrastado lo que te decían y no dejarte engañar”. Es decir: hemos salido de Europa porque la mayoría así lo decidió haciendo uso de su libertad y ha sido un elección libre y soberana.

Y la imagen de los jóvenes ingleses o de los culligan que se comportan de forma indebida en Magaluf o en cualquier ciudad española donde juegue un equipo ingles se debe, en parte, a que el ambiente que encuentran en España es mucho más favorable al desmadre al que les rodea en Gran Bretaña.

Por cierto: absténganse los que me van a contar historias o historietas de los “ingleses” en tiempos pasados. Todas las naciones las han tenido y yo me refiero, exclusivamente, a los tiempos actuales.

Aclarar que, en Gran Bretaña, como en España y a diferencia de Francia, es el parlamento el que elige al presidente.

Una nación a la que viajé con muchas prevenciones por primera vez hace muchos años y que no tardó en enamorarme como ejemplo de nación honorable y muy organizada social y políticamente. Una nación culta, en la que todos sus museos eran gratuitos y en la que descubrí una red de transporte público de autobuses, metro y ferrocarriles realmente sorprendentes y en la que nunca, jamás, ni dejaron de atenderme cuando lo solicité, ni tuve el más mínimo incidente en las muchas veces que he viajado con mi familia.

¿Qué son “raros”? ahora menos, pero claro que sí, tan raros que circulan por la izquierda.  Pero ya me daría con un canto en los dientes si nosotros tuviéramos muchas de sus “rarezas”

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños y su extraño concepto de la democracia.

Lo he escrito muchas veces, pero lo volveré a repetir. El PP ha sido cómplice en demasiadas ocasiones de la impropia elección de vocales del Consejo Superior del Poder Judicial, pero en esta ocasión las cosas no son, ni remotamente, lo que los voceros del partido sanchista dicen que son: el bloqueo del principal partido de la oposición no se debe a que quieran imponer nombres en la cuota parte que le corresponde. Se debe a que quieren devolver a los jueces la facultad de elegir a los miembros que el gobierno de Felipe González, seguramente a instancias de Alfonso Guerra, les arrebató en el año 1985

Es decir: no defienden “sus” nombres, defienden la independencia del Poder Judicial en los términos que establecía el espíritu de la Constitución, no tan afortunada en el texto, en contra de la obstinación del PSOE en mantener controlado al órgano de gobierno de la judicatura. Y como no hay una razón política que justifique esta postura, todo hace suponer que, o quieren seguir avanzando en desmontar la Constitución a base de quitarle contenido con leyes que la descafeínen, véase el debate actual sobre rebelión o sedición, o, lo que sería peor, hay personas físicas que quieren tener situados a determinados afines en según que tribunales “por si acaso”. Supuesto que, de ser cierto, no tendría ningún efecto porque la justicia española es lenta, desesperadamente lenta, pero prácticamente imposible de manipular.

Y ayer, el nuevo ministro de presidencia, Félix Bolaños, nos ilustró con una opinión que no puedo aceptar como lapsus, como haría si procediera de algún otro de los ministros de tan escasa preparación que forman parte del gobierno.

Ni es un lapsus ni es falta de conocimiento. Es una afirmación falsa, maliciosa y absolutamente tendenciosa de algo que no es cierto en absoluto:

Que no sería democrático que los jueces elijan a jueces, porque ellos no han sido “elegidos por el pueblo”.

Los jueces, como los catedráticos de Universidad, los mandos de las Fuerzas Armadas, o los altos cargos de la Administración, pongo por caso, tampoco han sido elegidos por el pueblo. Ostentan sus cargos porque han cursado estudios de mucho nivel y porque, en muchos casos, han conseguido doctorados y/o ganado oposiciones de altísima exigencia.

Y todos ellos, aunque no hayan sido elegidos por el pueblo, cumplen tareas perfectamente previstas en la Constitución, entre las que están, en algunos casos, la de controlar que los que han sido elegidos por el pueblo no cometan desmanes ni sobrepasen las funciones para las que han sido elegidos. Porque, señor ministro, los elegidos por el pueblo no tienen patente de corso. Han sido elegidos para que cumplan determinadas funciones y tienen un marco de actuación perfectamente definido. Y eso, seguramente, es lo que les molesta.

Porque en este momento, algunos de los “elegidos por el pueblo” que forman parte del actual Ejecutivo, están tomando decisiones muy poco claras nombrando según a quién para según que cargos, colocando a afines en puestos clave de la administración y trapacerías semejantes. Y una de ellas, en la que insisten, es situar a “gente de confianza” en el organismo que asigna jueces a determinados juzgados, no porque lo decidan a dedo, sino porque cumplen determinados requisitos establecidos por la judicatura.

Y fue muy poco democrático, por ejemplo, aunque fuera legal, legal de momento porque está impugnado, el nombramiento de la señora Delgado como fiscal general del Estado, habiendo sido ministra de justicia.

Porque “los que nombramos a los nombrados por el pueblo”, peligrosísimo y torticero amigo, no sabemos de la misa la mitad sobre las personas a las que elegimos. ¡Que digo!, ni siquiera la primera frase de una misa, porque nos ocultan sus verdaderas intenciones o, lo que es peor, hacen cosas que han prometido no hacer.

Así que, muy señor mío, si tiene lo que ha de tener exponga esa misma descabellada teoría frente a un periodista independiente en una cadena independiente, que quedan bastantes y no a la cadena amiga y frente a una señora que no plantea inconvenientes a los de su cuerda, la que se empeñó en convencer a un tertuliano de que no debía abandonar el plató porque se sintió ofendido. Que una periodista no tiene que convencer a nadie de nada. Debe informar con veracidad, que no es poco

Una cadena que nos deleitará próximamente con las lecciones magistrales de la señora Calvo y del señor iglesias. Pero eso es otro asunto.