Leo en Las Provincias que “la Universidad fía ahora a otra reunión el desalojo del Luis Vives”. Reunión que tampoco tendrá éxito. Estaba claro que el “buenismo” de la Universidad no iba a obtener ningún resultado porque parte de algunos errores fundamentales. El primero, que el Rectorado no puede “dialogar” con los ocupas porque es evidente que, siendo como son un grupo de libertarios, no iban a atender a ninguna de las razones. Ellos van a lo suyo y un supuesto dialogo solo sirve para generar titulares, darles protagonismo, y potenciar el efecto llamada.

La otra parte, los ocupas, confunde diálogo con negociación. Y está claro que aquí no pueden existir matices. Sin entrar en valoraciones personales, desde el punto de vista institucional, una de las partes representa a la Universidad, con todo el peso de su magisterio y la autoridad del Rectorado. La otra la componen jóvenes antisistema sin más valor de representación (dirán, como siempre, que son “el pueblo”) que el que ellos mismos se adjudiquen.

Así pues, la única negociación posible es el cómo y el cuándo del desalojo.

Y si caemos en su trampa, la misma que antaño inventó lo de los maestros “colegas”, los padres “amigos” y toda esa colección de replanteamientos formales, estarán perdidos. Son ellos los que habrían ganado.

Y recuerden el ejemplo de Barcelona, siempre Barcelona, donde la “ocupación” fue consiguiendo tanto poder y llegó a amedrantar de tal forma al Ayuntamiento, que se vieron obligados a ceder a sus chantajes y pagar con dinero público el coste de sus ocupaciones. Y fue tanta su fuerza que se llegó a suspender una reunión de ministros de la UE en esa ciudad porque no se podía garantizar la seguridad de los asistentes.

Y otra cosa. Hay una categoría de ocupas que lo son por necesidad. Estos son jóvenes, posiblemente de capas sociales acomodadas, que “juegan” a ejercer políticas fuera del sistema, y a reclamar derechos no previstos en la constitución.

A los que no se les puede ni debe conceder ninguna ventaja. Estamos en una democracia representativa y se puede opinar y votar, pero nunca ocupar o imponer.

Bien está la renuncia del fiscal Manuel Moix porque, legalidad al margen, su continuidad hubiera sido carnaza continua para la oposición, y limitado mucho su “credibilidad” mediática.

No importa que la sociedad de Panamá forme parte de la herencia de su padre, que sea propietario del veinticinco por cierto de la vivienda, y que se haya puesto a la venta hace tiempo sin encontrar comprador. Estamos en España, ya está condenado, y se hubiera hecho un flaco favor a sí mismo y a la fiscalía manteniéndose en el cargo.

Sin embargo, mientras suceden todas estas cosas, seguiremos aplazando, más bien obstruyendo, una de las reformas pendientes de la judicatura: la de la fiscalía.

El ordenamiento jurídico actual establece que cada juez es absolutamente independiente en sus actuaciones, y solo responde de sus decisiones cuando se le denuncia por vulnerar alguno de las normas de buena praxis. Sin embargo la fiscalía, que está teniendo muchos “quedecires” últimamente, es un órgano jerarquizado, por lo que el fiscal general tiene potestad para introducir cambios que mejoren la eficacia y la imparcialidad de los fiscales.

Vaya por delante que yo soy absolutamente partidario de que sean los fiscales y no los jueces los que dirijan las investigaciones, pero para que eso sea posible es necesario regular las funciones y establecer con mucha claridad sus marcos de actuación.

Parece ser que esta era una de las misiones encomendadas al dimitido Sr. Moix, bastante mal vista por la asociación de fiscales que parecen preferir actuar, como los jueces, según criterios personales.

Y leo un artículo publicado por Mateo Balín en Las Provincias del dos de junio, con el título de “El nuevo perfil que busca Maza para poner orden”, en el que comenta que el fiscal general está tratando de unificar criterios, no demasiado claros en la actualidad, y corregir anomalías jurídicas. Cito textualmente:

..la eliminación de investigaciones prospectivas , encaminadas a ver si aparece “algo”; la actuación de la Policía, la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria bajo la dirección de los fiscales y “y no vice versa”, la agilización de los procedimientos y el control de las filtraciones de sumarios bajo secreto.

Criterios con los que estoy absolutamente de acuerdo y que requieren medidas urgentes.

Desaparecido de escena el Sr. Moix es importante que su sucesor siga las líneas trazadas por el fiscal general, en la seguridad de que las muchas y muy poderosas fuerzas ocultas que se oponen a estos cambios,atacarán sin piedad desde la propia fiscalía o desde los partidos de la oposición a quien ocupe el cargo de anticorrupción.

Un poco de pedagogía, por favor. Los fiscales buscan pruebas y acusan, en nombre del estado español, a los denunciados por cualquiera de los canales establecidos (fuerzas de orden, por particulares, o de oficio). Y me refiero a todos los posibles infractores de las leyes del estado, de todas les leyes, sean quienes fueren y residan donde residan.

La primera anomalía actual es que las investigaciones las dirigen jueces instructores, que sí tienen libertad de actuación, lo que provoca frecuentes discrepancias entre ellos y los fiscales. O diferencias de criterio con los propios jueces instructores, que son los que realmente juzgan y tiene la facultad de sentenciar. Estamos viendo ejemplos todos los días, especialmente cuando se trata de casos mediáticos, con el agravante de que en la mayoría de los casos, el juez instructor suele apoyarse en los criterios del fiscal instructor, que se mantiene durante la causa, tanto o más que en los del juez que la instruyó.

La segunda es que, si los fiscales son los que deberían abrir y dirigir las investigaciones en nombre del estado, es absolutamente imprescindible que todos ellos tengan exactamente los mismos criterios de actuación: (el mismo delito, en las mismas circunstancias, debe merecer las mismas propuestas de sanción), y no como ahora que se pueden apreciar diferentes tratos a los mismos delitos.

Teniendo como apoyo el consejo fiscal, órgano colegiado en el que se pueden y deben discutir las dudas que puedan surgir en la investigación.

Y siendo su principio más sólido, el que define y protege su autonomía de actuaciones, la imparcialidad. El no dejarse influir por encausados y acusadores, sean quienes fueren, ni por los políticos, ni por los gobiernos que han propuesto al fiscal general.

Y como creo, insisto, que son los fiscales y no los jueces los que deben dirigir las instrucciones, un paso previo, indispensable, es la unidad de criterio de los fiscales, sin ningún tipo de influencias políticas ni de ningún otro tipo en sus procedimientos. Defendía en una conversación de amigos, y estoy convencido de ello, que no creo que la opinión política influya tanto en jueces y fiscales cuando actúan en causas legales. Todos son profesionales y, en todo caso, las sentencias, excepto las del Supremo, son recurribles.

La que fue Fiscal General del estado, Consuelo Madrigal afirmó en una conferencia del Club Siglo XXI que:

Los fiscales están «listos» para asimilar la instrucción de los procedimientos penales, haciendo funcionar así un «modelo de proceso penal ya instaurado en la casi totalidad de los países del mundo».

Las “resistencias al cambio” vienen desde dos grandes áreas de influencia: La de los propios fiscales, mucho más “libres” en la situación actual, y la de los partidos políticos porque suponen que de esta manera podrán influir más en sus decisiones.

Craso error y anomalía que los ciudadanos no deben consentir.

A los fiscales no los eligen los partidos políticos. Lo son de carrera, ocupan plazas por criterios profesionales, y tienen normas y estatutos que les obligan, entre otras cosas, a cambiar de destino cada cierto tiempo para mantener la neutralidad y evitar un exceso de “amiguismo” con los notables de cada plaza.

A determinados jueces, especialmente en la Audiencia Nacional, sí. Ya me dirán por qué y hasta cuando, pero este hecho puede ser objeto de otra reflexión.

Los fiscales no representan al gobierno de turno. Sería una ilegalidad denunciable. Representan al estado, y su única función es perseguir delitos, apoyándose en las investigaciones y atestados de las policías judiciales de la nación.

Investigaciones que entregarán al juez instructor que, naturalmente, puede solicitar nuevas líneas de actuación o ampliar las abiertas por el fiscal.

El fiscal general del estado, el que tiene la autoridad jerárquica sobre este colectivo, si que “es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad”.

Este puesto necesita la aprobación del congreso, y su independencia se asegura con un mandato de cuatro años, que solo puede revocar el consejo de ministros si se producen circunstancias especialmente graves, o si cambia el gobierno que lo propuso.

Y eso es lo que hay: como siempre todo es mucho más sencillo de lo que nos hacen ver “los interesados”, que muchas veces inventan “tramas ocultas” y/o acusan a los demás de inventarlas.

Pero este es un país tan especial, tan barroco y tan mediático, que seguiremos pensando, y me refiero a nosotros los ciudadanos, que cuando alguien quiere poner orden es porque “tiene algo que ganar”. No sabemos que es, pero seguro, seguro, “que obtiene algún beneficio personal o gremial”.

Y así seguimos. Enlodados en los “tú más” o “tú también”, y sin tiempo para abordar los grandes problemas de la nación: Reforma judicial, fiscal, de educación, pensiones…

Y mi muy deseada reforma de la ley electoral, que fue útil en su tiempo, pero que es, según mi opinión, la casusa-raíz de todas nuestras desdichas.