Caso Marlaska. Comentario final sobre la justicia y sus condicionantes.

Utilizando el famoso “decíamos ayer”, conviene dar un repaso a todo lo que hay delante y detrás del famoso “caso Marlaska”, el del cese del coronel Pérez de los Cobos.

Y utilizo este caso, no para darle más vueltas a las razones morales, ética, políticas, mediáticas, ideológicas, o de cualquier otro tipo que rodean el caso, sino para analizar lo bueno que es para la ciudadanía la separación de poderes, para tratar de aclarar “quien es quien” en la organización del Estado y para conocer cuáles son las funciones de cada cual.

Empiezo por presuponer que una buena parte de los jueces del Tribunal Supremo que decidieron dar la razón al ministro por unanimidad, estarán bastante molestos con el gobierno por sus constantes intentos de invadir competencias del poder judicial. Pero, como siempre he defendido, las togas con las que se revisten los jueces en actos judiciales actúan como una barrera que, en la gran mayoría de los casos, les aísla del mundo exterior, el de las opiniones, las presiones y los juicios paralelos, e incluso de sus propios sentimientos e ideologías.

Confirmado por el hecho de que los jueces son los únicos “trabajadores” públicos de los que se conoce lo que hacen y porqué lo hacen, sin trucos ni secretos de Estado, porque todas sus actuaciones, detalladas en las actas, están a disposición de la ciudadanía.

En segundo lugar y refiriéndonos a los casos que tienen que instruir, que juzgar o que revisar, los jueces solo pueden dictar sentencias basándose en pruebas irrefutables. Pueden estar convencidos de que el acusado es el mayor asesino del mundo, pero ese convencimiento íntimo no tiene ningún valor si no hay testigos o pruebas que lo demuestren. Porque a la hora de sentenciar no caben impresiones ni sentimientos.

Y es de analizar como han cambiado las cosas en los últimos tiempos cuando juzgamos a los “juzgadores”.  El derecho romano, base de la legislación española, afirmaba que “dura lex, sed lex”, (la ley es dura, pero es ley), frase que parece hecha para justificar la severidad de algunas sentencias, pero curiosamente, en este momento de confusión, nadie cuestiona la dureza  de los jueces, que son criticados mucho más severamente por la supuesta debilidad de algunas resoluciones, que, según la opinión de ese gran tribunal popular en el que se ha convertido la opinión pública,  parecen fruto de la cobardía o de componendas de los jueces o tribunales que las emiten.

Y nada más lejos de la realidad, porque lo que ha cambiado no es la judicatura, sino la mentalidad de los españoles y no siempre para bien, actualmente muy influenciada por el continuo bombardeo de redes sociales y medios de comunicación con intereses políticos o buscando aumentar las audiencias.

Y eso es lo que ha ocurrido, según el Tribunal Superior, en este caso. En una redacción muy hábil de la motivación del cese, no se dice que el ministro preguntara al coronel por los detalles de la investigación, más bien da la impresión de que se limitó a un genérico “como lo lleváis”, casi en plan colega.

Porque preguntarle por los detalles sería un delito, pero formular una pregunta que merezca una contestación del tipo “están progresando y han encontrado algunas pistas”, sin más, sería una conversación absolutamente normal con la cadena de mando. Nada punible ni criticable.

Y esa es la única información disponible. El coronel afirma que recibió llamadas presionándole para que desvelara el curso de la investigación, pero no están grabadas, lo que posiblemente hubiera sido un delito y, por tanto, nunca han existido para la justicia.

Quizás el coronel pecó de inocente y nunca creyó que las cosas llegarían donde llegaron. Yo, en su caso y como hice siempre cuando trabajaba en una multinacional y recibía alguna instrucción telefónica comprometida, nada más colgar mandaba un correo, postal al principio, digital después, pidiendo una confirmación o una aclaración de lo escuchado.

Y así se aclararon muchas dudas y puede que se pararan algunas iniciativas poco aconsejables.  Normalmente estas consultas, muy poco frecuentes, eran bastante mal recibidas por los destinatarios, pero eso era parte de mis gajes de oficio. Y mis razones íntimas eran las que debería tener el coronel: los directores de empresa y los ministros del gobierno, cambian, pero los clientes en mi caso y la defensa del orden público en el suyo no. Continuaban allí y esos eran a los que debíamos absoluta fidelidad, porque esa era nuestra verdadera responsabilidad.

Y lo era respondiendo a un marco superior, las normas la empresa en mí caso y la Constitución en el suyo, que en algunas ocasiones pretendían violentar o mal interpretar algunos de los jefes circunstanciales.

En fin: el cese del titular de un puesto de confianza necesita pocas motivaciones, pero no estamos hablando de eso, tema importantísimo sobre el que haré un comentario próximamente, sino de la justicia.

Y en el marco de nuestra forma de Estado, yo tengo muy claro donde están mis fidelidades. Fidelidades motivadas por la lectura de nuestra Carta Magna: Zapatero a tus zapatos. El gobierno para administrar el bienestar de la ciudadanía y para dejar la nación mejor que se la encontraron sin salirse del marco de actuación previsto en la Constitución y el Poder Judicial para administrar justicia y proteger a los españoles de los que cometen delitos, sea el que fuere quien infringió las leyes, incluidos otros estamentos del Estado.

P.D. Esta mañana he escuchado duras críticas al juzgado vasco que “no ha prohibido” la manifestación convocada, según vox populi, para homenajear al criminal Parot y para humillar a las víctimas del terrorismo de ETA. Pero, claro, el juez habrá leído las razones de la convocatoria y no habrá encontrado nada de esto. Lo desconozco, pero seguramente dirá que es para pedir la libertad de Parot o algo similar.

Lo que, en el mundo de la justicia, no supone ningún delito y entra en el campo de la libertad de expresión, por lo que no ven razones para suspenderla.

Pero lo que un juez no puede hacer, presuponer, si que lo pueden hacer otros estamentos, como el delegado del gobierno o el propio gobierno vasco que, a la luz de la experiencia de otras manifestaciones, puede impedirla la alegando razones de orden público o de cualquiera otra índole. O estar vigilando la manifestación para suspenderla cuando escuchen la primera frase que suponga “homenaje a” o justificación de la violencia.

Pero no lo harán alegando razones de evitar males mayores o similares. Autoridades que muy posiblemente dan instrucciones de mano blanda con los manifestantes urbanos del “anti lo que sea” que queman contenedores, destrozan escaparates, asaltan tiendas y agreden a las fuerzas de orden, cada vez más desamparadas, con el terrible resultado de “uno o ningún” detenidos.

Pero muchos siguen creyendo que todo esto pasará por generación espontánea, mientras seguimos dando por bueno o por inevitable lo que no es bueno y sí que es evitable. Porque cada vez estamos más anestesiados y tenemos menos ganas de “complicarnos la vida”.

Valencia, 17 de septiembre de 2021

Las verdades y las mentiras de los delitos de odio

En este país de nuestras desdichas en el que las liebres corren por el mar y las sardinas van por el monte, no podía faltar el que los máximos responsables de fomentar nuestro bienestar y nuestra convivencia tengan como estrategia electoral, porque hace muchos años que estamos en continuo período electoral, buscar y fomentar cualquier cosa que nos separe, tarea a la que tienen dedicados potentísimos equipos de marketing, fabricantes de frases rotundas con toda la apariencia de ser verdades evangélica cuando, lo normal, es que sean tan falsas como malintencionadas.

Y siendo cierto que los ataques personales son una desgraciada constante en la política parlamentaria, nunca se ha llegado al nivel actual, en el que se han saltado varias barreras, siendo la más importante que los líderes y portavoces de los partidos se están atreviendo a juzgar, a atacar y a cuestionar el buen juicio de los votantes de los otros partidos.

Y en eso tengo que hacer algunos distingos. Todos se pasan de la raya atacando a los líderes rivales, pero no todos bajan a la arena de agredir verbalmente a los que soportan a los “contrarios”. No lo hace el PP ni ciudadanos, ni tampoco, curiosamente, lo hace VOX, partido que no se caracteriza precisamente por su moderación verbal y sus buenos modos parlamentarios. Lo han hecho, y muy especialmente durante la famosa “campaña de Madrid”, que casi suena a episodio de la guerra civil, el PSOE, Podemos, IU y MásMadrid, entre otros.

Y esto viene a cuento de la mala, malísima, praxis que supone utilizar políticamente las desgracias ajenas y muy especialmente los llamados “delitos de odio”, en lo que son especialmente expertos los partidos de izquierda incluido, muy lamentablemente, el actual sanchismo.

Pero conviene empezar por el principio y es que la inmensa mayoría de los españoles somos defensores de la mujer y enemigos de cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea. Y ni el feminismo, ni la defensa de las igualdades son patrimonio de nadie. Ni de lejos, por mucho que se pongan bandas y medallas por ser “los primeros”, “los únicos” o “los pioneros”.

Escribo esta nota al hilo del desafortunado incidente del homosexual madrileño que presentó una falsa denuncia por agresión por un grupo de encapuchados. Noticia que disparó, como es habitual en estos casos, los mecanismos de los supuestos “salvapatrias”, “salvahumanidades”, “salvalibertades”, “salvahomosexuales” y salva todo, que se apresuraron a decir que “los otros”, refiriéndose especialmente a VOX, pero también al PP, son los responsables de estos sucesos por sus mensajes de odio. Por cierto, desconozco si es el caso de VOX, pero el PP tiene entre sus filas a algunos homosexuales muy cualificados, que nunca ocultaron su identidad sexual.

Y hasta el ministro del interior, el que estaría informado desde el primer momento de que existían serias dudas sobre la denuncia por la ausencia total de testigos en un barrio tan poblado y a una hora tan indiscreta y que debería ser especialmente prudente en las declaraciones por ser el responsable de las fuerzas de seguridad que lo estaban investigando, se apresuró a decir lo que no debía, incluso dando el nombre de VOX como uno de los responsables “de que ocurran estas cosas”.

Noticia que, ¡como no! trató de utilizar de inmediato el caza medallas que gobierna la nación anunciando que iba a presidir personalmente el comité de delitos de odio que, por cierto, parece que está haciendo un buen trabajo. Foto asegurada y méritos a añadir a los muchos ajenos que ha cosechado en los últimos tiempos.

Equipos de marketing y propaganda que, según los acontecimientos, hacen muy especial hincapié en la xenofobia, el maltrato a la mujer, los ataques homófobos o lo que haga falta, proyectando una imagen nacional e internacional de que somos un país plagado de agresores sexuales, maltratadores de mujeres o de gais y lesbianas y de todos los diferentes, cuando nuestros índices comparativos con otros países europeos son sensiblemente mejores. Incluso se dice, no puedo constatarlo, que España es el país más seguro del mundo ellos.

Un país donde el feminismo radical, insensato, inmoral y excluyente, está transmitiendo en los últimos tiempos la sensación de que España es una nación en la que los padres matan a sus hijos por odio a sus mujeres. Aprovechando, maldita sea, los muy desgraciados y escasísimos casos que se han producido en los últimos años

Información que, además de ser falsa, no beneficia en absoluto a la “marca España”

Pues bien, siguiendo mi costumbre he acudido a fuentes de información fiables, en este caso el Ministerio de Asuntos Interiores y he encontrado los siguientes datos oficiales sobre los delitos de odio.

Los realmente contrastados al margen de las informaciones interesadas, tendenciosas y claramente exageradas:

En el año 2020, el mayor número de delitos cometidos lo han sido por “racismo/xenofóbia”, con un total de 485 casos y una disminución de 30 sobre 2019. Este es un delito con causas/raíz sumamente variadas y confusas porque son muchos los factores que pueden favorecer el rechazo o el odio al inmigrante. Y siendo cierto que algunos mensajes procedentes del mundo de la política pueden favorecer el rechazo, dudo mucho que animen el delito.

En segundo lugar aparece, ¡oh sorpresa! los de “ideología”, delito del que no hablan nuestros líderes de izquierda porque, en su inmensa mayoría, son los partidos extremos y los malditos nacionalismos “practicantes” los que la alimentan. Es el odio al fascista, al españolista, al facha y también, en mucho menor número, al comunista. En 2020 fueron 326 y en el año 2019 nada menos que 596.  Es posible que la pandemia, los confinamientos y la prohibición de mítines y actos políticos haya influido en la disminución de estos delitos, pero, tal como están las cosas, me temo que esta cifra subirá notablemente en 2021.

El tercer lugar lo ocupa los delitos por “orientación sexual e identidad de género”, con 227 casos, uno menos que en 2019. Desconozco porque se producen o quién pueda alimentarlos porque, en este caso, todos los partidos tienen homosexuales en sus filas. Y aquí sí que descarto rotundamente a la extrema izquierda porque no solo no son enemigos, sino que parecen fomentadores de la multisexualidad o de la ambigüedad de género. Parece ser que son más propios de grupos tipo “ultras de futbol” o de bandas que salen a “cazar” homosexuales, como ha ocurrido en los últimos casos conocidos, pero ignoro las circunstancias o las motivaciones reales.

La “discriminación por sexo/género” ocupa el cuarto lugar con 99 casos, 33 más que en 2019. Tampoco puedo saber las causas/raíz de este delito, pero es evidente que ha sufrido un importante incremento desde al año anterior.

Y luego están todos los demás: “creencias o prácticas religiosas”, “persona con discapacidad”, “antigitanismo”, “discriminación por razón enfermedades”, “discriminación generacional”,aporofobia” o “antisemitismo”. Son cantidades mucho menores y con pocas variaciones sobre el año anterior.

Por lo visto hasta ahora, entiendo que:

  • En el año 2021 se registraron un total de 1.401 delitos de odio. Uno solo sería injustificable y, de ninguna manera quiero quitar importancia a los ocurridos. Solo trato de exponer los datos objetivos, sin los amplificadores o los amortiguadores, según convenga, de los interesados en utilizarlos políticamente.
  • Es decir, que menos de un 0,003 de los españoles han cometido algún delito de odio, suponiendo que entre los denunciados no haya casos de reincidencia.
  • Es de una claridad meridiana que los delitos de “ideología” no interesan a los grupos de marketing que trabajan para los partidos políticos, o bien porque son ellos mismos los incitadores, los partidos, o porque los cometen algunos de sus socios necesarios.
  • Y si observamos la distribución geográfica de los delitos de odio por cantidades totales, no es de extrañar que las zonas con más incidencia son las que tienen una carga mayor de ideología, especialmente provocada por los nacionalismos y los independentismos.

He intentado localizar datos de otros países europeos para compararlos, pero no he encontrado ninguna fuente fiable que me sirva para la comparación. Pero tengo la absoluta seguridad de que nuestros datos no son peores que el resto de las naciones. Ni mucho menos

Por todo lo anterior no hay ninguna duda de que, como en toda la información que circula por España en los últimos años, hay un altísimo componente de mentiras, falsas interpretaciones o verdades a medias al servicio de la política del peor nivel. La que juega con los sentimientos y las debilidades de los más desfavorecidos.

Tantas mentiras y de tanto calibre que harían avergonzarse al mismísimo NO-DO.

Acompaño algunas de las tablas que reflejan los datos que he comentado.

P.D.

He visto en el telediario que el presidente ha decidido que se creen unidades especiales contra los delitos de odio en la Policía Armada y en la Guardia Civil. No critico la medida, pero sería mejor si se hiciera extensiva a las policías autonómicas que, con esta especialización, podrían atender y entender mejor a los “odiados” en sus territorios por ser de partidos de la derecha o por no ser independentistas. Incluidos muchos policías y guardias civiles odiados por el simple hecho de estar destinados en algunas comunidades.

Ya se que no es justo ni apropiado frivolizar con estos asuntos, pero no soy yo el que lo hace. Son los cínicos que nos gobiernan.

Las formas de elegir a “los elegidos por el pueblo”

En el mundo democrático hay tres modelos fundamentales de leyes electorales:

1.- El modelo francés, con elección de presidente de la República, con una segunda vuelta si no se consigue mayoría absoluta, en la que solo participan los partidos más votados. Eso facilita el bipartidismo gubernamental porque impide la participación de los más extremos, cuyos votantes, o se abstienen en la segunda vuelta o cambian su voto a uno de los “grandes”. Una fórmula parecida, de segunda vuelta, es la que tiene el Parlamento Vasco para elegir al Lendakari.

En el caso francés hay otras elecciones para elegir a los congresistas con resultados que, en este caso, sí que deciden la composición total de la cámara con participación de todos los partidos.

A mí me parece acertado porque de esta forma se evita lo ocurrido últimamente en España: que el presidente, en este caso del gobierno, sea elegido como resultado de componendas y pactos contra natura desconocidos previamente por los electores.

Hay que recordar que, en Francia, como ocurre en Estados Unidos, el presidente de la República ejerce también las funciones de jefe de gobierno, lo que no ocurre en las otras repúblicas europeas, como Alemania o Italia, donde hay un jefe de gobierno y un presidente de la República con funciones de representación y moderación similares a los de los reyes europeos, incluido el de España.

2.- El modelo español, regido por una ley electoral, la D’Hondt, con un reparto proporcional a las poblaciones de cada autonomía y que, en resumen, nos obliga a votar listas cerradas propuestas por cada partido. Listas en las que figuran personas absolutamente desconocidas para los electores, que, a su vez, están sujetas a una férrea disciplina al partido que los propone.

En definitiva:

En España no votamos a personas, sino a partidos políticos, con el gravísimo inconveniente de que, por lo comentado anteriormente, los congresistas votan en bloque, con independencia de que lo votado favorezca o perjudique a las comunidades en las que han sido elegidos.

Según la ley, los escaños son propiedad de los congresistas que, en algunos casos, se desvinculan del partido por el que fueron elegidos, bien cambiando de partido, los famosos tránsfugas, o declarándose independientes o formando grupo parlamentario propio si llegan al mínimo exigido para poder hacerlo. Este es un tema muy controvertido y siempre rodeado de recriminaciones y de reclamaciones legales, porque los partidos “madre” siempre pretenden que renuncien al acta de congresista, cosa que casi nunca consiguen porque la ley les favorece y porque un sueldo es un sueldo, pero no deja de ser una falacia argumental, porque la mayoría de ellos, desconocidos para el votante, nunca hubieran llegado al parlamento si no hubieran formado parte de unas listas.

En España se hizo una modificación para la elección de los candidatos al Senado que permite que podamos votar a nombres y no a listas. Nombres que, por supuesto, no nacen de la iniciativa personal de los candidatos, sino que los propone un partido.

3.- El sistema de distrito único del Reino Unido, el que, con mucha diferencia me parece más democrático y transparente.

Porque cualquier británico puede presentarse libremente y por su cuenta a las elecciones al parlamento con solo conseguir unos avales de ciudadanos “de a pie”.

Los candidatos se presentan de forma individual en sus respectivas circunscripciones y resultan elegidos los que obtienen más votos, solo uno.

Por no hacerlo largo:

Los candidatos exponen, como es natural, a que partido van a apoyar o si son independientes, pero no tienen obligación de inscribirse en ninguno.

El escaño es “propiedad privada” del elegido y es el único que tiene la capacidad y la autoridad para utilizarlo como crea conveniente en función de los intereses de sus electores. Y por esta razón, los parlamentarios británicos son auténticos representantes de sus votantes, a los que siempre atienden, sobre todo porque ellos hacen mucha vida “de barrio”.

Y por eso están poco en el parlamento y mucho en su circunscripción, contactando con los ciudadanos y conociendo de primera mano los problemas de cualquier tipo que les afectan, con obligación de tener una oficina abierta para escuchar a todo aquel que quiera exponerles quejas o comentarles sugerencias en los días programados para ello.

Y por esta propiedad del escaño, en caso de que, por alguna razón, tenga que dejar el cargo, se hace una nueva elección de sus representados para elegir a un sustituto, que, solamente, mantendrá el cargo hasta las próximas elecciones generales. Es decir, allí no existen los “siguientes en la lista”.

Por todas estas razones, repito, los parlamentarios, que tienen oficinas en el edificio adjunto al del parlamento, el del Big Ben, no asisten a la sala de plenos si no se debaten temas relacionados con su circunscripción. En España y gracias a ese interés por desacreditar a los otros sistemas políticos, se suele informar de forma interesada cuando hay desavenencias en las votaciones del parlamento, presentándolas como “rebelión” al líder. Líder que, en la práctica no tienen excepto para los temas que son de interés nacional o de situaciones extremas. Así pues, si se vota una ley que favorezca a Londres y perjudique a York, por ejemplo, lo normal es que los parlamentarios de Londres de un determinado partido la apoyen y los de York la rechacen, aunque al final, como es lógico, lo que vale son las mayorías de votos.

Y si no fuera así, sus votantes los correrían a gorrazos cuando los vean en sus calles.

No como ocurre en España, donde el sistema de listas cerradas obliga a la disciplina de partido y los congresistas de Valencia, por ejemplo, pueden votar y de hecho lo hacen, leyes o propuestas que perjudiquen claramente a su comunidad. Hecho anormal, pero habitual y que hemos acabado “dando por bueno”.

Y esta es la razón del extraño aspecto que presenta el salón de sesiones del parlamento británico, con una ocupación más o menos completa de los asientos de la planta baja.

Resulta que Gran Bretaña tiene 650 parlamentarios, pero el salón de sesiones no tiene tantos asientos ni tampoco están dotados de la super tecnología de los de nuestros congresistas, lo que no resulta un grave problema porque, por lo dicho anteriormente, los congresistas acuden al parlamento en contadas ocasiones y van a lo que van. Nunca a “echar horas” escuchando a los portavoces propios o ajenos, aplaudiendo o abucheando según convenga o cuando y como les indiquen los “que mandan”.

Y, por esta razón, cuando hay debates o votaciones de interés nacional, como ocurrió con el Brexit o con la elección de Boris Johnson, por ejemplo, se ven imágenes difíciles de interpretar en España, con parlamentarios por todas partes, sentados en la planta baja o en la galería del primer piso, de pie o apoyados en cualquier columna.

Gran Bretaña, el Reino Unido, es una nación ejemplar en su modelo de organización política y en la participación real de sus ciudadanos en las decisiones de Estado. Una nación en la que, teniendo una bolsa de forofos por ideología, como ocurre en todas partes, las mayorías que eligen lo hacen más por razones prácticas que por ideológicas, de forma que los que han votado una opción vuelven a votarles si lo hacen bien o votan a la otra si lo han hecho mal.

Nación que ha tenido tan mala prensa en ocasiones anteriores, siempre muy interesada porque su modelo de democracia era el contrapunto extremo a nuestra dictadura, “la pérfida Albión” la llamaban, de igual forma que el España-Rusia de 1964, la del gol de Marcelino nos permitió comprobar que los rusos no tenían cuernos y rabo y que su portero, Yashin, “la araña negra” era un auténtico fuera de serie.

Por supuesto que es una nación de costumbres realmente extrañas para nosotros. Como la que no obliga a los votantes a demostrar su identidad cuando acuden a las urnas. Se fían de ellos. Incluso en la tarjeta electoral que reciben en su casa y que indica donde está su mesa electoral, figura la leyenda “No es necesario llevar este documento para poder votar”. Es decir: van a la mesa, saludan cortésmente a los responsables de las urnas y depositan su voto. Sin más.

¿Se imaginan lo que ocurriría en España si tuviéramos esa facilidad? Es muy posible que la mayoría de nosotros también fuéramos respetuosos con las reglas, pero ni los muy honorables políticos que nos han tocado en suerte ni los fanáticos que les siguen, seguro que no.

Gran Bretaña es una nación que basa la política en la honestidad comunal y que la protege con sistemas de control independientes que actúan con mucha eficacia y con mucha severidad. Severidad que comparte la opinión pública que castiga con dureza los comportamientos impropios de sus políticos.

Con gobiernos que no intentan, ni se le ocurriría, “ocupar” ni condicionar a la judicatura o tratar de manipular a otros estamentos de la nación. Ni en el peor de sus sueños o de sus ambiciones políticas.

Y pongo un ejemplo también incomprendido en España. Tras la votación del Brexit se demostró que en la campaña se utilizaron datos falsos que favorecían la salida. Los “anti” reclamaron una segunda votación por este motivo, pero la tradición lo impide porque la elección fue legal por muy falsos que fueran los argumentos. Y en la extraña mentalidad británica, la responsabilidad final, como ocurre en España, es del votante. Dicho en lenguaje vulgar, más o menos, se argumenta. “Fueron mentirosos, sí, pero tú, como elector tenías la obligación de haber contrastado lo que te decían y no dejarte engañar”. Es decir: hemos salido de Europa porque la mayoría así lo decidió haciendo uso de su libertad y ha sido un elección libre y soberana.

Y la imagen de los jóvenes ingleses o de los culligan que se comportan de forma indebida en Magaluf o en cualquier ciudad española donde juegue un equipo ingles se debe, en parte, a que el ambiente que encuentran en España es mucho más favorable al desmadre al que les rodea en Gran Bretaña.

Por cierto: absténganse los que me van a contar historias o historietas de los “ingleses” en tiempos pasados. Todas las naciones las han tenido y yo me refiero, exclusivamente, a los tiempos actuales.

Aclarar que, en Gran Bretaña, como en España y a diferencia de Francia, es el parlamento el que elige al presidente.

Una nación a la que viajé con muchas prevenciones por primera vez hace muchos años y que no tardó en enamorarme como ejemplo de nación honorable y muy organizada social y políticamente. Una nación culta, en la que todos sus museos eran gratuitos y en la que descubrí una red de transporte público de autobuses, metro y ferrocarriles realmente sorprendentes y en la que nunca, jamás, ni dejaron de atenderme cuando lo solicité, ni tuve el más mínimo incidente en las muchas veces que he viajado con mi familia.

¿Qué son “raros”? ahora menos, pero claro que sí, tan raros que circulan por la izquierda.  Pero ya me daría con un canto en los dientes si nosotros tuviéramos muchas de sus “rarezas”

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños y su extraño concepto de la democracia.

Lo he escrito muchas veces, pero lo volveré a repetir. El PP ha sido cómplice en demasiadas ocasiones de la impropia elección de vocales del Consejo Superior del Poder Judicial, pero en esta ocasión las cosas no son, ni remotamente, lo que los voceros del partido sanchista dicen que son: el bloqueo del principal partido de la oposición no se debe a que quieran imponer nombres en la cuota parte que le corresponde. Se debe a que quieren devolver a los jueces la facultad de elegir a los miembros que el gobierno de Felipe González, seguramente a instancias de Alfonso Guerra, les arrebató en el año 1985

Es decir: no defienden “sus” nombres, defienden la independencia del Poder Judicial en los términos que establecía el espíritu de la Constitución, no tan afortunada en el texto, en contra de la obstinación del PSOE en mantener controlado al órgano de gobierno de la judicatura. Y como no hay una razón política que justifique esta postura, todo hace suponer que, o quieren seguir avanzando en desmontar la Constitución a base de quitarle contenido con leyes que la descafeínen, véase el debate actual sobre rebelión o sedición, o, lo que sería peor, hay personas físicas que quieren tener situados a determinados afines en según que tribunales “por si acaso”. Supuesto que, de ser cierto, no tendría ningún efecto porque la justicia española es lenta, desesperadamente lenta, pero prácticamente imposible de manipular.

Y ayer, el nuevo ministro de presidencia, Félix Bolaños, nos ilustró con una opinión que no puedo aceptar como lapsus, como haría si procediera de algún otro de los ministros de tan escasa preparación que forman parte del gobierno.

Ni es un lapsus ni es falta de conocimiento. Es una afirmación falsa, maliciosa y absolutamente tendenciosa de algo que no es cierto en absoluto:

Que no sería democrático que los jueces elijan a jueces, porque ellos no han sido “elegidos por el pueblo”.

Los jueces, como los catedráticos de Universidad, los mandos de las Fuerzas Armadas, o los altos cargos de la Administración, pongo por caso, tampoco han sido elegidos por el pueblo. Ostentan sus cargos porque han cursado estudios de mucho nivel y porque, en muchos casos, han conseguido doctorados y/o ganado oposiciones de altísima exigencia.

Y todos ellos, aunque no hayan sido elegidos por el pueblo, cumplen tareas perfectamente previstas en la Constitución, entre las que están, en algunos casos, la de controlar que los que han sido elegidos por el pueblo no cometan desmanes ni sobrepasen las funciones para las que han sido elegidos. Porque, señor ministro, los elegidos por el pueblo no tienen patente de corso. Han sido elegidos para que cumplan determinadas funciones y tienen un marco de actuación perfectamente definido. Y eso, seguramente, es lo que les molesta.

Porque en este momento, algunos de los “elegidos por el pueblo” que forman parte del actual Ejecutivo, están tomando decisiones muy poco claras nombrando según a quién para según que cargos, colocando a afines en puestos clave de la administración y trapacerías semejantes. Y una de ellas, en la que insisten, es situar a “gente de confianza” en el organismo que asigna jueces a determinados juzgados, no porque lo decidan a dedo, sino porque cumplen determinados requisitos establecidos por la judicatura.

Y fue muy poco democrático, por ejemplo, aunque fuera legal, legal de momento porque está impugnado, el nombramiento de la señora Delgado como fiscal general del Estado, habiendo sido ministra de justicia.

Porque “los que nombramos a los nombrados por el pueblo”, peligrosísimo y torticero amigo, no sabemos de la misa la mitad sobre las personas a las que elegimos. ¡Que digo!, ni siquiera la primera frase de una misa, porque nos ocultan sus verdaderas intenciones o, lo que es peor, hacen cosas que han prometido no hacer.

Así que, muy señor mío, si tiene lo que ha de tener exponga esa misma descabellada teoría frente a un periodista independiente en una cadena independiente, que quedan bastantes y no a la cadena amiga y frente a una señora que no plantea inconvenientes a los de su cuerda, la que se empeñó en convencer a un tertuliano de que no debía abandonar el plató porque se sintió ofendido. Que una periodista no tiene que convencer a nadie de nada. Debe informar con veracidad, que no es poco

Una cadena que nos deleitará próximamente con las lecciones magistrales de la señora Calvo y del señor iglesias. Pero eso es otro asunto.

No son los jueces, son las leyes.

Últimamente está calando en la opinión pública un supuesto caos en la judicatura por las diferencias de criterio de los jueces al dictar sentencias en casos aparentemente iguales, especialmente en lo que se refiere a las medidas a tomar para proteger la salud pública. Y no es así. El problema no está en los jueces, sino en las leyes, o más bien, en la falta de ellas.

Porque los jueces, aunque tienen una cierta libertad para decidir según su criterio atendiendo a las circunstancias de cada caso, no tienen ninguna capacidad para dictar sentencias fuera del marco de la ley y en estos casos ni tienen legislación, ni precedentes a los que acogerse.

Y como donde hay más desavenencias es en el hecho de respaldar o no las decisiones de los gobiernos autonómicos sobre toques de queda u otras limitaciones que afectan a las libertades individuales de los españoles, a eso quiero referirme.

Aunque, como previa, quiero recordar que las leyes las promulga el Legislativo, las Cortes Españolas, casi siempre a propuesta del Ejecutivo, el gobierno. Hay otras formas, pero son excepcionales y no vienen al caso.

Y los mecanismos previstos son, que el gobierno presente una propuesta de ley al Legislativo, que debe ser aprobada por la mayoría de la Cámara, aunque en caso de emergencia, como ha ocurrido recientemente con la pandemia, puede utilizar la fórmula excepcional de los decreto-ley, que entran en vigor desde el momento en que se publican en el BOE sin necesidad de la aprobación previa de las Cortes, aunque posteriormente también deben pasar por los trámites habituales y ser aprobados por el parlamento.

Pues bien, sabemos que la Constitución Española es especialmente cuidadosa en defender las libertades individuales de los ciudadanos, por lo que solo permite vulnerarlas de forma grupal o colectiva si se decreta el estado de alerta o el de excepción, estados que únicamente puede declarar el gobierno de la nación en casos especialmente graves y urgentes.

La pandemia fue un caso de especial gravedad, pero provocada por un hecho totalmente imprevisto en nuestra nación y en ninguna otra del mundo, porque nunca se había dado una situación de alarma extrema que no fuera por una guerra o un cataclismo natural de gran intensidad: terremotos, grandes inundaciones o catástrofes similares, situaciones en las que el gobierno tenía la autoridad suficiente para suspender libertades individuales de forma inmediata porque estaba en juego la seguridad o la defensa de los ciudadanos.

Pero, repito, con la aparición del COVID19 nos encontramos con una situación absolutamente nueva, por lo que urgía rellenar ese vació legal elaborando leyes que permitieran al gobierno central o a las autonomías tomar determinadas medidas condicionadas a cada circunstancia. Y era sí porque los dos estados que permiten limitar las libertades individuales, alarma o excepción, afectan a todos los españoles cuando, tratándose de amenazas contra la salud, podría no ser necesario utilizarlos.

Y pongo un ejemplo hipotético: si el coronavirus solo hubiera afectado a Galicia, no tendría ningún sentido confinar de entrada a toda la nación por un brote tan localizado y aparentemente fácil de controlar.  Y siguiendo con el supuesto, parece más lógico que las autoridades de esa comunidad, que tiene transferida la sanidad, pudieran aplicar medidas mucho más concretas en según qué puntos y en qué circunstancias.

Pues bien, consensuar una ley de alarmas sanitarias fue una propuesta del PP que contó con el apoyo de Ciudadanos y de VOX, planteada desde el primer momento, en la misma sesión en la que se aprobó el primer estado de excepción y con la que el gobierno se mostró de acuerdo. Pero en este caso, como en tantos otros temas y por razones políticas desconocidas para mí, no ha hecho absolutamente nada y estamos exactamente como estábamos.

Es decir, que solo el gobierno de la nación de forma general y los jueces en cada caso particular, pueden suspender los derechos individuales de los ciudadanos, por lo que cualquier particular o determinados colectivos pueden recurrir un decreto autonómico y conseguir que, según los casos, un juez anule lo ordenado por la comunidad afectada. Exactamente lo que está ocurriendo.

Porque el gobierno tuvo la desfachatez de quitarse de en medio y decir que las autonomías tenían suficientes herramientas para combatir la pandemia y que, en último extremo, podrían recurrir a la justicia. Y se atrevió a decir que el Tribunal Supremo debería unificar criterios sobre anulaciones o no de las suspensiones de derechos, sabiendo como sabe, que eso es casi imposible porque, en principio, las libertades son individuales y es muy complicado ampliar su supresión a colectivos.

Dando la falsa impresión de que el Supremo es una especie de comité de árbitros de fútbol decidiendo que tipo de manos en el área son o no son penalti, e ignorando que cada juez tiene garantizada la independencia y las garantías suficientes para juzgar según su criterio y tomando la decisión más adecuada a cada caso.

Los jueces solo pueden decretar la supresión de derechos a un colectivo si pueden justificar que todo el colectivo es un peligro público, o porque, como está sucediendo, el riesgo de infección a un determinado colectivo o a una determinada localidad, justifica sacrificar las libertades de una mayoría de inocentes para protegerlos de una minoría de contaminantes especialmente peligrosos.

Por lo que respaldar o no una decisión autonómica dependerá casi exclusivamente del tanto por cien de cada una de las partes y de si el entorno urbano facilita más o menos la propagación. Y de ahí las decisiones tan contradictorias

Los españoles deben saber que los jueces no pueden tomar decisiones por criterios políticos, “curándose en salud” como se dice habitualmente y lo cierto es que en la historia de nuestra democracia parece que muy pocos lo están haciendo. Ellos tienen una balanza que les obliga a sentenciar de forma desapasionada en función de las pruebas, que en este caso serán, supongo, los informes de profesionales de la salud, sin ninguna obligación de considerar las consecuencias sociales o políticas de la sentencia.

Y esta falta de legislación de protección a la salud deja cada caso a criterio del juez al que recurran y provoca situaciones tan disparatadas como que se permita el hecho de que un empleado de residencias de mayores o de la salud, no tenga obligación de vacunarse para acudir a su puesto de trabajo. Derecho que le acaba de reconocer el Supremo porque, efectivamente y según la ley, una empresa o una institución no puede conculcar los derechos individuales de un empleado. Totalmente absurdo en este caso, pero es lo que hay.

Incluso se está cuestionando si entra en la letra de la Constitución la obligación de demostrar a un funcionario de aeropuertos o de cualquier otro estamento, si estamos o no vacunados o si nos hemos hecho o no una PCR.

¿Y los jueces? En mi opinión es razonable y natural que cada juez determine medidas diferentes en cada caso porque, lamentablemente y como he dicho antes, ante la falta de una ley de emergencias sanitarias, debe mantener como prioridad las libertades individuales y es realmente complicado conseguir un justo equilibrio entre la defensa de la salud pública, que no es su cometido fundamental, aunque lo asuman, y limitar libertades.

Por poner ejemplos a mi aire porque no soy experto en estos temas, me figuro que un juez puede decretar el cierre de una planta química si se producen fugas que puedan afectar a la salud de una comunidad, o puede apoyar unas medidas sanitarias aplicadas al número de ciudadanos que se pueden sentar en la mesa de un bar, porque de hecho no prohíbe la entrada al establecimiento y lo de sentarse en una mesa u otra parece hilar demasiado fino.

O supongo que podrá apoyar que la autoridad autonómica decrete un toque de queda si el porcentaje de contagiados pasa de un determinado tanto por cien, aplicando el criterio comentado anteriormente de que suspender derechos a muchos es una forma de proteger la salud de estos “muchos”.

Pero me figuro que no aprobarán un confinamiento si se lo piden por el hecho de que se convoquen botellones, porque lo lógico es que recuerde a las autoridades que son ellos los que tienen la obligación de evitar concentraciones de cualquier tipo y la venta de alcohol a determinadas horas.

Lo que si se, sin ningún género de dudas, es que este gobierno ha perdido la oportunidad de elaborar una ley de emergencias sanitarias pactada con la oposición que permita mucha más agilidad y concreción para que se tomen las medidas apropiadas en los lugares necesarios. Ley que se podría haber apuntado como un gran paso en el progreso y la modernidad de la nación.

¿Por qué no lo ha hecho? Tampoco lo sé. Pero puede que en este marasmo provocado por los líos de las identidades sexuales, de las ambigüedades de la ley de enseñanza, o de la defensa de derechos tan fuera de lugar como que las mujeres puedan ir a sus casas borrachas y solas sin correr ningún riesgo, o de mantener una ley del menor que permite que un joven pueda violar o matar a esa mujer que va sola y borracha a casa, o a un varón, también solo y borracho, si quiere hacerle daño por hacerlo o para robarle el reloj y la cartera sin que le pase prácticamente nada, no se ha decidido porque políticamente no puede hacerlo.

Quizás porque los independentistas catalanes le han dicho que no quieren saber nada de nuevas leyes estatales, quizás porque lo había pedido la oposición, quizás porque Podemos hubiera intentado aprovechar la oportunidad tratando de meter en el paquete más supuestos cargados de ideología absurda, o, simplemente, porque le tiene miedo al parlamento. Tampoco lo sé.

Pero lo que es cierto es que ha perdido la gran oportunidad de favorecer a los españoles y de ponerse la medalla de haberla sacado adelante. Porque al final y desde el punto de vista de la historia, es lo que cuenta.

Y pongo un ejemplo: La Segunda República, en su primer trienio, el único bueno, acabó con esa absurda ley que determinaba que los arqueólogos eran propietarios de lo que descubrían, propiedad que compartían con los dueños de los terrenos, decidiendo que lo descubierto fuera de interés público

Inexplicable ley que tantos disgustos causó a nuestro tozudo e impulsivo Padre Belda, el gran arqueólogo bocairentino que no respetaba ni leyes ni propiedades y entraba “de furtivo” en tierras privadas, descubriendo importantísimos yacimientos y coleccionando denuncias y reprimendas hasta de su propio obispado.

Esa, repito, fue una gran ley que figura en el haber de la Segunda República y nadie recordará si fue a iniciativa del propio gobierno o de la oposición.

Pero eso sería hacer política. Lo que prima hoy es ganar tiempo aparentando cambiar muchas cosas para que nada cambie y nuestro insigne presidente, el que se quiere presentar como el paladín que venció a la pandemia, cuando ni consiguió las vacunas ni nos las inyecto, porque lo hicieron las autonomías y que solo aparece en público, o en plasma, cuando hay buenas noticias, continúe en la Moncloa.

Las mentiras y los falsos agravios del nacionalismo catalán.

Un amigo cuestiona uno de mis comentarios que trataba sobre el problema actual que tenemos con Cataluña y las reuniones bilaterales “entre los gobiernos de España y de Cataluña”, según afirmó la ministra portavoz, diciendo que es mejor hacer algo, aunque sea arriesgado. Concretamente que “Ante un problema del calibre del independentismo un gobierno del Estado no puede hacer el don Tancredo.

En un par de años podremos valorar lo que ahora se gestiona.

Si aumenta la desafección de los catalanes a España entonces reconoceré que era mejor seguir haciendo el don Tancredo. Si disminuye entonces Sánchez acertó

Y yo le decía que no estaba de acuerdo y lo desarrollo en este texto, lamentablemente largo, pero es que un asunto tan grave no se puede despachar con frases hechas o con titulares. O al menos yo no soy capaz.

E insisto en que lo que ha ocurrido en Cataluña es otro ejemplo, como el del País Vasco, de una historia, no ya tergiversada, sino totalmente inventada.

No me remonto a los orígenes de la leyenda histórica, recalco lo de leyenda, porque me quiero ceñir a nuestra era democrática, cuando Jordi Pujol, al descubrirse el tinglado que montó su padre en Banca Catalana, el que supuso para el Estado un rescate, el primero de la transición, de 345.000 millones de pesetas, decidió defenderse atacando al gobierno y chantajeándole con romper la convivencia y poner palos en las ruedas de la reciente democracia.

Cosa que Tarradellas, al que odiaba profundamente, nunca hubiera hecho.

Y fue durante el gobierno de Felipe González, cuando el “molt honorable”, quien conociendo perfectamente las trapacerías de su padre e incluso beneficiándose personalmente de ellas, salió al balcón de la Generalitat para decir, por primera vez, que “meterse con él” era atacar a Cataluña.  

Y con esa frase proclamó “el estado soy yo” en que convirtió Cataluña y que he comentado otras veces, porque afirmó con rotundidad que el gobierno, al intentar aclarar y sancionar lo ocurrido con la banca de papá, había hecho “una jugada indigna contra Cataluña

Conociendo a Felipe González, me figuro que tanto él como Fernando Ledesma, su ministro de justicia, hombre serio y con mentalidad de Estado, tendrían razones muy importantes para no seguir adelante con la querella y optar por el rescate. Eran tiempos de debilidad porque acabábamos de estrenar la democracia y todavía quedaban muchos cabos por atar.

Y desde entonces, las relaciones de los gobiernos con la Generalitat han sido muy sencillas: yo te saco de apuros a nivel nacional y tú me das a cambio dinero y competencias. Incluido el del muy íntegro presidente Aznar, el que hablaba catalán en la intimidad.

Y precisamente esa es la razón del odio que les suscitaba Rajoy. Porque fue el primer presidente democrático que se negó a negociar con los catalanes por separado y trató a esa autonomía como a todas las demás.

Odio que vino como anillo al dedo al presidente Sánchez en sus intereses políticos. Odio, o quizás análisis frio de las posibilidades, compartido por el PNV, los traidores de la trama, que tampoco sacaron nada importante del muy bajo reactivo registrador de la propiedad que nos gobernaba. Él sí que hizo de Don Tancredo porque no se dejó influir, pero tampoco actuó con la severidad institucional que le obligaba el cargo hasta que no tuvo más remedio.

Así que, de lo que se dice, nada de nada. Los gobiernos españoles de la democracia nunca han maltratado, ni de lejos, a Cataluña y a las pruebas me remito: Se les dotó con las mejores estructuras de su época, se les permitió emplear parte del dinero de las transferencias, el que sale de nuestros impuestos, para financiar una red de comunicaciones en radio, televisión y prensa escrita superior, muy superior, a la de cualquier otra autonomía.

Medios que se ha pasado todos estos años machacando a su población con sus “España nos roba” y sus falsos agravios en voz de las “Pilar, Pilor, Piler Rahola” de turno. Esos agravios que nunca jamás existieron.

¿Recuerda alguien la enorme, la gigantesca inversión que supuso para Barcelona la olimpiada de 1992, que permitió un cambio de estructuras monumental, nunca conocido en España, con los túneles de Vallvidrera o de Sitges, las rondas norte y sur, la mejora del puerto y de las comunicaciones por tren y carretera?

Desde luego en TV3 no. En ese tema, como en tantos otros, han aplicado su particular memoria histórica

Cataluña fue la primera comunidad que tuvo una importante red de autopistas, aunque ellos decidieron que fueran “de pago”.

Tiene la policía autonómica más potente y mejor dotada de las del resto de las comunidades, pagada, por cierto, por el Ministerio del interior del Estado Español, porque es de quién dependen todas las fuerzas de seguridad. El cambalache es que el ministerio trasfiere el dinero a la comunidad y es su consejero de interior el que establece la cuantía de las nóminas. Cuantía a la que está haciendo frente el ministerio, le gusten o no le gusten.

Espero que esta cantidad se descuente de las transferencias que corresponden a Cataluña en el reparto que hace el gobierno en los presupuestos. Aunque, ahora que lo pienso y perdonen el sarcasmo, seguro que no es así, porque todo es muy legal. El gobierno despliega en toda la nación las fuerzas de seguridad que comanda directamente, fundamentalmente Policía Nacional y Guardia Civil, a las que paga directamente y trasfiere el dinero de las “otras” fuerzas de orden a las autonomías que tienen policías propias, País Vasco y Cataluña, para que sean ellos quién lo hagan llegar a sus funcionarios del orden, Mossos y Ertzainas.

Y es pura casualidad, seguro que sí, que estas fuerzas que, insisto, dependen orgánicamente del ministerio del interior, con salarios fijados por los consejeros de las autonomías, cobren más que las que controla directamente el propio ministerio.

Cataluña es una autonomía que desoye sistemáticamente las sentencias de los tribunales, incluidas las advertencias del Constitucional, y que se salta a la torera lo establecido en las leyes de educación, con unos gobernantes mentirosos que hacen suyos sin perder la vergüenza a personajes históricos como Cristóbal Colón, Galileo Galilei, Cervantes, Mozart, Beethoven, Marco Polo y a todos aquellos que consideran buenos para el prestigio de la causa. A nosotros nos han incautado a Ausias March, las fallas y hasta la paella, con el simple truco de inventarse unos “Paisos Catalans” que nunca han existido ni histórica ni políticamente, apoyándose en la similitud de nuestras lenguas, todas ellas de tronco común.

Y no quiero entrar en el terreno pantanoso de decir que es la misma, ni tampoco de negarlo, porque para mí las lenguas son herramientas para comunicarme con otras personas y no un arma política disgregadora.

En fin, ¿para que seguir? Este es un boceto de la situación de menosprecio y sumisión en la que el Estado Español mantiene a Cataluña, a sus instituciones y al pueblo catalán. ¡Para mí lo quisiera! Con otros gobernantes, por supuesto.

Y que se escudan en una falsedad democrática, como es decir que ellos solo responden ante el pueblo que les ha votado. Primero porque no son un estado soberano y si entraron en las listas electorales autonómicas fue al amparo de la Constitución que ahora niegan y segundo porque el voto catalán está muy mediatizado por el bombardeo de los medios de comunicación afines al independentismo y por el temor personal de muchos catalanes que no quieren que se sepa que “no son” de su cuerda.

No tanto, pero parecido a lo que ocurre en Venezuela. Y si no llegan a ese extremo seguramente es porque no se atreven por temor a las instituciones del Estado.

La historia reciente de la muy hermosa Cataluña que, por otra parte, tiene otra, la real, muy merecedora de ser conocida sin borrones históricos ni falsos agravios de fueros perdidos, es un auténtico desastre de gestión y de destrucción de la convivencia, no solo con España, sino entre ellos mismos.

Porque sí que existió una gran Cataluña, adelantada y con influencia en los reinos de España, como la de Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona, al que Ramiro Primero “el Monje” valoró como hombre de tan alto nivel que negoció su boda con su heredera, Doña Petronila, cuando quiso retirarse a un monasterio, convirtiéndole en Rey consorte del Reino de Aragón.

Comunidad con una historia reciente hecha trizas a beneficio de unos pocos y en la que han involucrado al pueblo catalán.

Dicho todo lo anterior ¿hay alguien que pueda decirme en que han ofendido, oprimido o sojuzgado a los catalanes los gobiernos nacionales o el resto de los españoles? No vale decir el socorrido agravio de que Franco no dejaba hablar catalán porque tampoco dejaba hablar valenciano, ni bable, ni ninguna lengua nativa ajena al castellano.

Y porque me refiero al periodo democrático, en nuestros tiempos. Porque si vamos a buscar agravios de tiempos pasados, no hay tinta, ni tóner, ni papel suficiente para relatar lo que algunos hicieron a muchos, especialmente a los plebeyos, los pertenecientes a la plebe, lo que no sabían quién reinaba en su reino ni en el reino de al lado y que solo tenían derecho a hacer lo que se les decía y a recibir lo que se les quisiera dar. ¿O no era eso lo que los señores catalanes hacían a sus vasallos, como lo hacían los señores feudales de todos los reinos?

Me gustaría conocer casos concretos que no sean negarles lo que piden. Porque, permíteme la broma, “parece que les ha hecho la boca un fraile”, que se decía en la España de mi juventud. Auténticos “niños de teta”

Me refiero a los nacionalistas, naturalmente, no a todos los catalanes entre los que tengo grades amigos, aunque algunos de ellos y en contra de sus deseos, ya no viven en Cataluña.

Valencia, cuatro de agosto de 2020

El “cumplimos” de Pedro Sánchez.

Adolfo Suarez prometió en 1976 “Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”. Y a fe que lo consiguió en buena medida dentro de lo que permitían aquellos primeros pasos de la España de la democracia.

En 1982, cuando el PSOE se hizo cargo del gobierno, Alfonso Guerra, refiriéndose a los cambios democráticos dijo que “Vamos a dejar este país que no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Y, de hecho, el PSOE continuó con los avances democráticas con leyes y medidas pactadas con UCD, como antes había hecho UCD con el PSOE.

Y los dos partidos cumplieron lo prometido y España actualizó y modernizó el código penal y muchos de los ritos y las rutinas del antiguo régimen, hasta convertirse en una de las más avanzadas de Europa, aunque por el camino desapareció UCD y apareció la muy conservadora AP de Fraga, que posteriormente se modernizó, renovó sus cargos dirigentes y cambió su nombre por el actual PP.

Si Pedro Sánchez, tan aficionado al atril sin preguntas, tuviera que construir una frase de este estilo para dirigirse a la nación y fuera sincero, diría algo parecido a:

“Mi objetivo ese elevar a normal en la calle lo que son decisiones de políticos endiosados, que han cambiado su obligación de ser servidores de la nación para convertirse en caudillos indiscutibles que hacen lo que sea necesario para sobrevivir y medrar en la política, como supremo modelo de mantener el poder obtenido en las urnas”.

Porque recogió una nación razonablemente organizada, con leyes modernas y equilibradas y en franca recuperación de la crisis económica de 2008. Pero día tras día, desde que ganó la moción de censura, no ha cesado en su propósito de convertirse en gobernante consolidado y con más autoridad de la que ha tenido ningún otro jefe de gobierno. También a costa de lo que sea, retorciendo leyes, bloqueando controles y comprando favores, o cediendo poder del Estado a las autonomías menos “españolas” y más despilfarradoras de España.

Y así ha demostrado un desmedido interés por interferir en el resto de los Poderes del Estado, metiendo, cada vez más, sus zarpas en el Judicial, con un Legislativo chantajeado y controlado por comunistas e independentistas, absolutamente cerrado a cualquier diálogo con la oposición, por mucho que lo “venda” como responsabilidad de un PP obstruccionista, hasta el punto que, por primera vez en toda nuestra historia democrática y teniendo un parlamento controlado por sus apoyadores, la oposición se ve obligada a recurrir a la justicia si quiere impedir alguna tropelía del gobierno.

Con una gestión de la pandemia francamente lamentable y adoptando medidas heterodoxas, como ha decretado el Constitucional y denuncian casi todas las autonomías. Todas menos la valenciana, por supuesto.

Con una comunidad, la catalana, dirigida por los iluminados con los mejores sueldos de la España autonómica, y con un presidente que se permite la chulería de decir que no irá a la Conferencia de Presidentes porque quiere un trato de igual a igual entre presidentes de naciones.

Chulería sin riesgos porque está seguro de que nuestro señor Sánchez, al que tienen atrapado por salva sea la parte, le concederá una “conferencia” privada. Sin ninguna duda.

Un presidente que se permite cuestionar la calidad democrática de la justicia española, a la que acusó de dictar sentencias por “rencor o venganza” y también al Tribunal Constitucional y al de Cuentas.

Que ha concedido indultos a delincuentes que afirman públicamente que volverán a delinquir, en contra del criterio del tribunal que los juzgó y del Consejo de Estado y que está tratando de cambiar las leyes para que pueda volver el señor Puigdemónt libre de los cargos de los que se le acusa.

Y como último ejemplo de la “normalidad” tan anormal que estamos disfrutando veremos lo que inventan para evitar que el Tribunal de Cuentas, cuestionado por el gobierno en su día como “ideologizado”, impida que la malversación que está juzgando, se resuelva con otra malversación si el dinero lo aporta un organismo de la Generalitat.

Pero este tribunal que no pertenece a la judicatura, pero que es el único que nos protege de las arbitrariedades económicas de las administraciones, ha jugado bien sus cartas y ha pedido la opinión de la Abogacía del Estado para que sean ellos los primeros en opinar sobre la materia

Y, en este caos en el que estamos sumidos, todo el mundo entiende que los abogados del estado van a decir “lo que diga el gobierno”, cosa que no creo que ocurra si les queda dignidad profesional.

Porque digan lo que digan y aunque no sea vinculante, los que darán opinión son los abogados y a título personal, no el gobierno que no puede imponerles su decisión, aunque, naturalmente lo intentará.

Será muy interesante ver como maniobran unos y otros para parecer honrados sin serlo.

No crean que exagero en mi comentario. Muchas más cosas podría decir, pero me temo que, como todo lo que digo, caerá en tierra seca porque hace tiempo que la mayoría de los españoles han aceptado como inevitable lo que está ocurriendo. Inevitables puede que sí, pero denunciable siempre.

Todo ello, en mi opinión, como consecuencia de las funestas influencias de las “terceras generaciones” que históricamente han hecho y siguen haciendo tanto daño a sus naciones.

Valencia, 29 de julio de 2021

Las desafortunadas declaraciones del presidente Puig

Seguramente será por los calores, pero el presidente Puig se ha despachado con unas declaraciones absurdas, inoportunas y que, por supuesto, ni vienen a cuento ni aportan nada de valor a la Comunidad Valenciana.

Porque ha pedido, nada menos, que se aplique un impuesto especial a la Comunidad de Madrid, a los madrileños, por el plus de ser capital de España. Curioso planteamiento, curiosa justificación, similar a los que podrían utilizar los ciudadanos de Albacete o de Cuenca para pedir un impuesto especial a nuestra comunidad por el valor añadido de tener una costa que atrae a turistas y veraneantes.

Insisto, será el calor.

Porque el señor Puig sabe perfectamente que Madrid es capital de España desde hace siglos y no hace tantos años, no más de diez y durante mucho tiempo antes, Barcelona era el referente de España en el mundo por ser modelo de prosperidad, de modernidad y de ser puntera en todo lo relacionado con la arquitectura, la tecnología, el diseño, la moda y tantas otras cosas fundamentales en el camino hacia la modernidad.

Barcelona, supongo que nadie lo habrá olvidado, era el motor de la economía española, con bancos locales que expandieron sus redes por toda la nación y por alguna que otra fuera de España y un prestigio internacional que le permitió montar ferias y congresos que han sido la envidia de otras comunidades, como el Mobile World Congress, por poner un ejemplo. 

Y eso era así porque, ladrones aparte, estaba muy bien gestionada por los gobiernos de la autonomía, que se resumen en uno solo: La familia Pujol. Es cierto que tuvo apoyos de los gobiernos centrales, pero muchos menos que los que han tenido en los últimos años los disparatados gobiernos independentistas, que han dilapidado en poco tiempo gran parte del capital social y el prestigio de la autonomía.

Y, no lo olvidemos, con la complicidad de una parte del capital y de la sociedad catalana a la que han sabido convencer o asustar, según casos. Luego, lo que ha ocurrido en Cataluña, y lo pongo solo como ejemplo de prosperidad sin capitalidad, es responsabilidad de los catalanes.

Y en contrapartida, hace años que la Comunidad de Madrid, ladrones aparte, comenzó una política diferente consistente en aprovechar hasta el último euro que entró en la comunidad reforzando servicios, mejorando la calidad de la enseñanza, activando una política de apoyo al empleo que ha funcionado y que ha permitido reducir la presión fiscal al mismo tiempo que aumentaba la recaudación, porque, al aumentar el empleo, hay más “aportadores” a las arcas de la comunidad. Y, en definitiva, políticas expansivas con la mirada puesta en un futuro mejor para los madrileños, que les han dado buenos resultados.

Y que también han propiciado un entorno de estabilidad política que resulta atractivo para las inversiones del capital nacional o extranjero.

Y, como estamos en España, Madrid, comunidad que he seguido de cerca y a la que tengo un cariño muy especial por lo bien que me trató el tiempo que viví allí, es objeto de deseo y envidiada por otras comunidades que no han sabido hacer bien su trabajo y ahora se ven “empobrecidas” respecto a lo que Ximo Puig llama “la capital”.

La Comunidad de Madrid, que recibió de los presupuestos del Estado una cantidad equivalente a la del resto de las comunidades por población y otros factores que determinan sus cuantías, en el año 2018 aportó al Estado 84.422 millones de euros, de los 171.056 millones totales aportados por las comunidades bien gestionadas. Es decir: La comunidad de Madrid aportó al Estado casi la mitad del montante total, aporte que ayudó a las comunidades más “pobres” porque no pudieron o no supieron gestionar mejor sus recursos, entre las que está la Valenciana.

La comunidad de Madrid es referente en índice de desempleo y la menos endeudada, muchísimo menos que el resto. Y en lugar de analizar con seriedad las razones de este hecho, algunas otras, especialmente Cataluña y Valencia, se dedican a pedir al gobierno central que “rompa” por decreto su buena gestión aumentándoles los impuestos, con argumentos pueriles que en el fondo enmascaran el clásico “porque sí”. Especialmente porque la señora Ayuso, que está continuando y mejorando las gestiones de otros gobiernos autonómicos, saca los colores a los gestores de otras autonomías que necesitan justificar sus fracasos achacando los éxitos de aquella comunidad a razones coyunturales, ajenas a los méritos de sus gestores.

Pues no, señor Puig. Me temo que si usted gobernara Madrid y sus gestiones dependieran de consensos y componendas con los partidos de la coalición, los recursos de la “capital” de España estarían tan poco aprovechados como lo están en nuestra comunidad y perderían el mismo tiempo que aquí se pierde en tontunas y subvenciones absurdas para causas poco definidas.

Y, aunque no dependa de usted porque es un asunto municipal, tendríamos en Valencia una Plaza del Ayuntamiento digna de su entorno y no el bodrio que han montado, mercado de barrio de los lunes incluidos.

A la Comunidad de Madrid se la podrá acusar de lo que quieran, pero en la mayoría de las ocasiones será por ideología, porque nadie que tenga una calculadora puede poner en duda su buena gestión. Y por eso no han servido de nada las manifestaciones de los últimos años diciendo que la sanidad es “la peor de España” cuando seguramente es la mejor, por tener una enseñanza muy valorada por sus resultados y por su filosofía del esfuerzo, por la iniciativa del ICEMA, que puso de ejemplo la Organización Nacional de la Salud, por haber construido un hospital-reserva, el Isabel Zendal, que sirva de apoyo a la medicina convencional en previsión de futuras emergencias sanitarias y por que la actual presidenta es del PP, o facha, o alta, o fea, o porque se ha apoyado con VOX o por lo que sea. Pero lo cierto es que los madrileños han demostrado mayoritariamente sentirse satisfechos con sus gobernantes. Y entre los votantes, no tengan la menor duda, hay muchos socialistas de a pie que se sienten protegidos por la gestión de su presidenta.

Por cierto, el nombre que han elegido, Isabel Zendal, no es el de una política eminente del PP que fue no sé cuántas cosas y tuvo no sé cuántos cargos. Es el de una enfermera que trabajó para luchar contra las pandemias y para difundir la vacuna de la viruela en España y en América.

Y que coste que a mí tampoco me gusta todo lo que han hecho, como inventar un chiringuito para Toni Cantó, por ejemplo.

Y ahora emplazo al señor Puig a que explique cuáles han sido los grandes logros de su gobierno y porque, si “ellos” y no pongo las comillas porque sean de izquierdas, son tan eficaces y porqué, si son tan, “tan” como dice, ¿Cómo es que no lo vemos los valencianos? ¿Cómo es que no arrasan en las elecciones y han tenido que montar un revoltillo de partidos para alcanzar la mayoría? Absolutamente lícito y democrático, por supuesto, pero revoltillo.

Este comentario es más acalorado de lo habitual porque las críticas del Señor Puig no son más que otra cortina de humo para distraernos de las cosas de nuestra comunidad.

Y porque cada vez más, este país nuestro es un país de locos. Yo hice un comentario, molesto porque hace un año, en Benidorm y el resto de nuestras costas se indignaban pensando que podría llegar “los madrileños”, apestados ellos y personalización de la octava plaga. Esos madrileños, también de otras comunidades, pero menos, que han aportado riqueza con sus segundas viviendas y por el hecho de pasar bastante tiempo en ellas.

Y ahora, los mismos guardianes de la salud de entonces, piden a gritos que lleguen británicos, alemanes, franceses italianos, holandeses, belgas y, por supuesto, muchos madrileños.

Un país en el que se repite día sí y día también, que si no se pagaran pensiones a los políticos se resolvería el problema de las jubilaciones, consiguiendo que semejante falsedad se convierta en creíble, incluso para españoles de cierto nivel cultural

Y es que así, con toda esta sarta de disparates y apoyando a los que los dicen porque son “los suyos”, no vamos a ninguna parte. Ni ahora ni en muchos años.

Y lo único que nos faltaba ahora es una guerra entre Autonomías como la que se produjo en la Primera República entre provincias y ciudades cantonales que acabó como acabó.

Pero también es posible que mis neuronas no funcionen bien y me hagan ver cosas que la gente normal no aprecia

Y, en cualquier caso, el daño ya está hecho. El President ha sido criticado por los medios de toda España y, aunque sé que algunos valencianos estarán de acuerdo con Ximo Puig, estas declaraciones arrastran de alguna manera a todos los valencianos y no nos deja en muy buen lugar precisamente.

Pero, como siempre, “Déu proveirà”.

Elección de vocales para el Consejo Superior del Poder Judicial. Ponga un “Conde-Pumpido” en su lista.

Otra de las grandes falacias del sanchismo es no decir la verdad sobre sus verdaderas razones para defender la fórmula actual de elegir a los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ).

Se acabará pronto el ruido por la sentencia desfavorable del Supremo y al gobierno le ha faltado tiempo para resucitar el tema de la elección de vocales del CSPJ, echando la culpa al PP, ¡cómo no! de “tener secuestrada a la justicia”.

Pero mira tú por donde, el asunto del Constitucional ha puesto en primer plano de la actualidad a uno de los jueces discrepantes, Conde-Pumpido, que ha presentado un voto particular, en el que alegaba, como he comentado hace unos días, que esta sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra la pandemia, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Dos falsedades evidentes: La de personalizar al Estado en la figura del gobierno y afirmar que la sentencia “desarma” al Estado-gobierno ante la pandemia. Supongo que, como componente del Tribunal Constitucional, habrá atendido las alegaciones y leído la sentencia, porque en ella no se dice que el confinamiento fuera una medida equivocada, sino que se empleó la figura legal del estado de alarma, cuando se debió decretar el de excepción. Y lo argumenta afirmando que el estado de excepción es el único que autoriza al gobierno a suspender nuestras libertades individuales.

Pero todo esto, que no son más que brindis al sol, lo único que evidencia es que el señor Conde-Pumpido, conocido por otras actuaciones similares, siempre ha defendido que la justicia mire hacia otro lado cuando se trata de deslices legales del gobierno.

Si se trata de gobiernos de izquierda, naturalmente, porque a los gobiernos del PP o de otros partidos conservadores no hay que perdonarles ni una. Como no perdonó a Rita Barberá, finalmente absuelta, siendo fiscal. Porque es historia que el antiguo fiscal general de Zapatero siempre ha cojeado del mismo pie.

Y esta circunstancia me permite opinar con mucha comodidad sobre el famoso bloqueo del PP a la elección de vocales del CSPJ, porque me facilita explicar con meridiana claridad las diferencias de criterio entre el PSOE y el PP que no son, ni de lejos, las que el gobierno dice que son.

Pedro Sánchez urge a que ambos partidos aporten las listas de sus propios candidatos para negociar los nombramientos. Es decir, que tanto el PP como el PSOE presenten su propia lista de “Condes-Pumpidos” para discutir y regatear hasta llegar a un consenso.

El PP dice que no. Que renuncia a dar nombres de candidatos y propone devolver a los jueces y magistrados la potestad de nombrar a los vocales, potestad que les arrebataron los políticos por una ley orgánica del año 1985

Y mi pregunta es: ¿Cuál es la razón de que los partidos quieran colar en este consejo, el que hace los nombramientos y administra a la judicatura, a personas “de su cuerda”?

Nuestro presidente, en una muestra de cinismo insuperable, descalificó no hace mucho al Tribunal de Cuentas por “estar ideologizado”, precisamente porque, según parece, a la mayoría de los miembros actuales los eligió el PP. A mí me pareció una de tantas falacias suyas, dichas frunciendo el ceño y con ese gesto tan ensayado de tener razón y así lo manifesté en un comentario titulado “Tenemos ideología y capacidad de decidir, somos poco de fiar”, disponible en la dirección IP

Y ahora resulta que, “el señor de las verdades a medias y de las contradicciones” insiste en proponer a candidatos con ideología, con mucha ideología, hasta el punto de que sean “de la confianza” de un partido político y no por su independencia precisamente. Incluso repartiéndoselos por partidos: los del PSOE, los del PP, los de Podemos y no se si también de alguno de sus apoyadores habituales.

¿Estamos locos? Si permitimos estos desafueros sí. Y si no los podemos impedir porque son ellos los que controlan las Cortes Españolas y no protestamos una y otra vez por este auténtico abuso de poder, también.

Naturalmente y en este caso, mi opinión es apoyar sin reservas la propuesta del PP y devolver al poder judicial un poco de la autonomía que le han ido robando a lo largo de los años.

Porque, por otra parte ¿Qué razones puede tener el sanchismo, tan progresistas ellos, para mantener esta situación? La primera es controlar que en el futuro no ocurra lo que les acaba de ocurrir: que la justicia se mantenga firme y no doble su vara en favor de la política. Que actúe como debe, con independencia y equidad si el gobierno de turno se salta alguna de las líneas rojas que le marca el Estado.

Y la segunda, más maliciosa y posiblemente injusta, tener bancada por si alguna vez el Sanchismo o los propios miembros del gobierno tienen problemas con la ley a nivel particular.

Supongo que serán muy pocos los que opinen que la justicia debe supeditarse a la política y que debe pasar por alto estos “excesos” del gobierno. Pero de lo que estoy totalmente seguro es que no son demasiados los españoles que saben lo que hay detrás de estas palabras y estos gestos del presidente, de Lastra, la portavoz del PSOE, o de la casi totalidad de los ministros actuales y de los recién jubilados sin honores.

Porque, además, no olviden que hoy gobierna el PSOE, pero mañana puede gobernar el PP por mayoría, o hacerlo apoyado por VOX.

¿A que ya “no es lo mismo”? Pues sí, es exactamente lo mismo. Y es por eso por lo que hay que poner un muro de protección muy alto alrededor del Poder Judicial, o acabaremos, como siempre digo, como Venezuela o Nicaragua.  Que maneras apuntan.

Los Gobiernos, aunque lo deje caer Gómez-Pumpido, no son el Estado. Es uno de los estamentos que lo configuran y, como todos los demás, están sujetos al imperio de la ley. Lo dice la Constitución y, afortunadamente, también lo dice la Comunidad Europea. Y si no se respetan las reglas del juego, estamos perdidos.

¿Se imaginan lo que haría Pedro Sánchez con el tema de los independentistas catalanes si en la cúpula de todos los estamentos de control del Estado, Tribunal Constitucional, Tribunales de Justicia y Tribunal de Cuentas, tuvieran mayoría los “Gómez-Pumpido”?

Siento personalizar tanto el problema en una persona, pero me ha venido al pelo. Y quiero aclarar que posiblemente sea un hombre honesto, incluso una excelente persona, con un amplísimo currículum de responsabilidades en la judicatura, que está totalmente convencido de que hace lo que tiene que hacer. De ninguna manera quiero insultar al ciudadano Cándido Gómez-Pumpido, del que, insisto, desconozco sus circunstancias personales. Solo critico y lo hago con rotundidad, sus actuaciones como fiscal general primero y como miembro del Constitucional ahora.

Porque me parecen peligrosas y disparatadas.

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PD:

Acabo de escuchar en una tertulia sobre este tema la opinión del muy confuso Carmelo Encinas, un auténtico profesional del “sí, pero” y me reafirmo en la enorme desinformación que estamos recibiendo los españoles, en parte porque le interesa al propio gobierno, pero también por opiniones de periodistas e informadores condicionados por su ideología, en este caso perfectamente lícitas porque todos tenemos derecho a tener opinión.

Ha dicho y es cierto, que el PP consensuó con el PSOE y sin ningún problema las listas anteriores de vocales. Lo que no ha dicho y es fundamental, que nunca, jamás, hemos tenido un gobierno tan interesado en intervenir al Poder Judicial y condicionar sus decisiones. Ayer mismo nuestra juez-portavoz dijo que el Constitucional “tenía que haber considerado la situación del momento”. La teoría de siempre de este grupo de sanchistas que nunca defendió el PSOE histórico: que los jueces y fiscales deben acomodar sus sentencias a las conveniencias del gobierno.

Valencia, 20 de julio de 2021

La sentencia del Constitucional y de como el gobierno de la nación se considera de mayor rango moral que otras instituciones del Estado

Los políticos en general y muy especialmente nuestro gobierno actual, están tratando continuamente de utilizar un lenguaje engañoso para decir cosas o describir situaciones que no se corresponden con la realidad de los hechos.

El último engaño estudiado es repetir constantemente las frases “visión, o sentido de Estado”, mezclando su uso apropiado con la trampa saducea de aplicarla en casos y cosas que no vienen a cuento.

Cuando un policía local o cualquier otro agente de la autoridad impone una multa no lo hace porque tiene sentido de Estado, sino porque es su obligación si presencia una infracción.

Tampoco los jueces dictan sentencias porque tienen sentido de Estado. Las dictan porque su función, dentro de la organización del Estado, es sancionar los incumplimientos de la Ley, o la malversación de fondos públicos, misión específica encomendada al Tribunal de Cuentas.

Ni tampoco tiene porqué tener sentido de Estado el Tribunal Constitucional, que está ahí para vigilar que ninguna autoridad de la nación, sea el gobierno central o los autonómicos, sacan los pies del tiesto y toman decisiones no previstas en la Constitución en la forma o en el espíritu.

Porque la trampa, la gran mentira, es que cuando dicen “sentido de Estado”, están sugiriendo que todos estos estamentos, puestos ahí para protegernos de los malos gobernantes o los malos administradores, deben ajustar sus sentencias a las circunstancias de cada momento. Es decir, abandonar la imparcialidad y apoyar las decisiones del gobierno, sean las que sean, porque son las que “convienen a la nación”.

Y este comentario viene a cuento porque el gobierno ha salido en tropel a cuestionar la sentencia del Constitucional porque, claro, ellos saben mucho más de constitucionalismo que los jueces de ese tribunal, como saben más de leyes que los jueces de los tribunales de mayor rango y de sanidad más que los grandes expertos españoles a los que siempre han orillado.

Y una de las descalificaciones, creo que formulada por la propia portavoz, juez de carrera, es que “no han tenido sentido de Estado” que, como digo y traducido al román paladino, quiere decir sentido de la oportunidad. Como si las leyes fueran flexibles en función de la conveniencia del gobierno de turno.

¿Se imaginan que hubiera sido esta la mentalidad del Gobierno de Felipe González en tiempos del GAL? Algunos ministros y altos cargos de la seguridad nacional defendieron que hicieron lo que tenían que hacer, en mi opinión de forma equivocada, pero no descalificaron ni a la justicia ni a los jueces que les juzgaron. Utilizaron todos los mecanismos de defensa a los que tenían derecho y algunos de ellos acabaron en la cárcel.

L’État, c’est moi”, dicen que dijo Luis XIV de Francia. Puede que el pudiera decirlo porque para eso era el “Rey Sol”, pero para mí que ni él ni nadie se puede arrogar semejante disparate, mucho menos en nuestro siglo XXI y en naciones democráticas.

Porque el Estado no es nada ni nadie en concreto. Ni tampoco es de nadie. Es el conjunto de las instituciones de la nación que representan y defienden, o deben defender, a todos nosotros, los españoles. Y es tan “nadie” que necesita una representación personal y simbólica, en nuestro Rey, como persona física, nuestra bandera y nuestro himno como símbolos y la Constitución como marco de actuación de personas e instituciones

Pero ahora no. Ahora se ha puesto de moda poner etiquetas de “pienso en el Estado más que tú”, “represento al Estado más que tú”, o “se lo que necesita el Estado más que nadie”, en un intento de querer ejercer una misión que nadie les ha encomendado: la de ser los únicos  intérpretes de la letra y el espíritu de la Constitución. Los que de verdad saben lo que querían decir los padres que la redactaron.

Y así salen con disparates como afirmar, para justificar las concesiones a los separatistas catalanes, que la Constitución “fomenta el diálogo”. Tal parece que no la han leído, porque la Constitución, como todas las leyes, marca límites para garantizar la convivencia, eso sí, y es represiva con quien se los salta, pero de fomentar amores y amistades, nada de nada.

Y os aseguro que toda esta palabrería fatua, perversa y falsa convence a mucha gente. A demasiada. ¿Cómo no va a ser verdad si lo dice un ministro que es juez?

Cuando la mejor orquesta del mundo o cualquiera de nuestras magníficas bandas de música nos deleitan con un concierto, ninguno de sus componentes son la orquesta o la banda. Cada uno tiene un papel claro y definido en la obra, incluido el director que es el responsable de armonizar los grupos de instrumentos y hacer que todas esas individualidades se conviertan en un todo genial.

Y los músicos, incluidos los directores, nunca dicen “yo soy La Unió” o yo soy “la Vila”. Dicen, y lo hacen con orgullo, que “son de la Unió o de la Vila”. Porque saben que la fuerza está en la unión y que la única forma de que la banda consiga buenos resultados es interpretando fielmente la partitura que corresponde a su propio instrumento.

Y son conscientes que la “carta magna” de cada concierto es la partitura que compuso un señor que normalmente no está presente en el acto. Es cierto que el director puede darle un cierto sello personal, pero sin alterar el propósito del compositor. 

Así pues, nadie es el Estado, ni siquiera el Rey, porque lo somos todos. La Constitución dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, luego nuestro es el poder, aunque nos lo hayan usurpado los que deberían ser nuestros representantes, los garantes de la democracia, los elegidos para servirnos. Los que han jurado guardar y hacer guardar la Constitución.

Y los estamentos de la nación están ahí para garantizar que la nación funcione como debe funcionar. Sin que nadie desafine y sin que ningún músico, valga el símil, intente interpretar la partitura de otro.

Sabiendo que es tendencia natural que todos los gobiernos caigan en la tentación de robar funciones ajenas para sentirse Estado, para acumular poder, aunque ninguno ni en tan gran medida ni tan descaradamente como el gobierno actual que, encima está tratando de convencernos de que son ellos y no la Constitución los que tienen la razón.

Si no de hecho, porque no han podido, si en intención, como ocurre en Venezuela o Nicaragua. Porque allí si, allí el Estado son Maduro y Daniel Ortega, dos farsantes contrastados de toda la vida que, cubiertos con una pátina de falsa democracia, hacen y deshacen a su antojo como auténticos señores de vidas y haciendas.

Y España presenta claros síntomas de enfermedad democrática cuando el gobierno dice lo que dice y cuando todo un juez, Conde-Pumpido, se permite discrepar con sus compañeros del Constitucional, no solo con su voto particular, sino afirmando públicamente a los cuatro vientos que esta sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemia, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Al Estado no, señor Conde-Pumpido, en todo caso al gobierno. Al Estado no le ha desarmado nadie porque nadie puede hacerlo por mucho que lo intente si no se produce un golpe de Estado. Todo lo contrario, ha sido el Estado, por boca del Tribunal Constitucional, el que ha reaccionado poniendo las cosas en su sitio.

Y las razones son tan sencillas que hasta yo me atrevo a juzgarlas. El Tribunal no condena el confinamiento ni las razones de emergencia para forzarlo, sino que se utilizara la ley de alarma en lugar de la de excepción. Y yo añado, señor juez del Constitucional, nombrado por el PSOE y especialmente significado en casos anteriores por su apoyo a gobiernos socialistas desde otras instituciones del estado, que ya indicaba su forma de entender la política cuando siendo Fiscal General del gobierno de Zapatero afirmó que “la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos” o que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino” y que actuó como instructor en la causa contra Rita Barberá

Es decir, que según su opinión es deseable que la justicia se quite la venda y pierda la imparcialidad “cuando convenga”. ¿Convenga a quién?

Y tampoco tiene razón en decir lo que dice porque el gobierno tuvo tiempo, mucho tiempo, para desarrollar alguna nueva ley que resolviera situaciones como esta, inédita hasta el momento, como le pedía la oposición. Y si no lo hizo fue porque le interesaba políticamente para hacer lo que quisiera sin el control parlamentario.

Y como el gobierno sabe que el ruido por la sentencia es de corto recorrido, ya está lanzando otras especies como que el PP tiene secuestrada la justicia por negarse a pactar la renovación de vocales del Consejo Superior del Poder Judicial.

Pero eso es otro tema, tema muy importante, que comentaré en otro momento.

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Artículos de la Constitución:

9.1 “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

3.3. “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”

9.7 “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

116.1. “Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”

116.2. “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”

116.3. “El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos”