Las desafortunadas declaraciones del presidente Puig

Seguramente será por los calores, pero el presidente Puig se ha despachado con unas declaraciones absurdas, inoportunas y que, por supuesto, ni vienen a cuento ni aportan nada de valor a la Comunidad Valenciana.

Porque ha pedido, nada menos, que se aplique un impuesto especial a la Comunidad de Madrid, a los madrileños, por el plus de ser capital de España. Curioso planteamiento, curiosa justificación, similar a los que podrían utilizar los ciudadanos de Albacete o de Cuenca para pedir un impuesto especial a nuestra comunidad por el valor añadido de tener una costa que atrae a turistas y veraneantes.

Insisto, será el calor.

Porque el señor Puig sabe perfectamente que Madrid es capital de España desde hace siglos y no hace tantos años, no más de diez y durante mucho tiempo antes, Barcelona era el referente de España en el mundo por ser modelo de prosperidad, de modernidad y de ser puntera en todo lo relacionado con la arquitectura, la tecnología, el diseño, la moda y tantas otras cosas fundamentales en el camino hacia la modernidad.

Barcelona, supongo que nadie lo habrá olvidado, era el motor de la economía española, con bancos locales que expandieron sus redes por toda la nación y por alguna que otra fuera de España y un prestigio internacional que le permitió montar ferias y congresos que han sido la envidia de otras comunidades, como el Mobile World Congress, por poner un ejemplo. 

Y eso era así porque, ladrones aparte, estaba muy bien gestionada por los gobiernos de la autonomía, que se resumen en uno solo: La familia Pujol. Es cierto que tuvo apoyos de los gobiernos centrales, pero muchos menos que los que han tenido en los últimos años los disparatados gobiernos independentistas, que han dilapidado en poco tiempo gran parte del capital social y el prestigio de la autonomía.

Y, no lo olvidemos, con la complicidad de una parte del capital y de la sociedad catalana a la que han sabido convencer o asustar, según casos. Luego, lo que ha ocurrido en Cataluña, y lo pongo solo como ejemplo de prosperidad sin capitalidad, es responsabilidad de los catalanes.

Y en contrapartida, hace años que la Comunidad de Madrid, ladrones aparte, comenzó una política diferente consistente en aprovechar hasta el último euro que entró en la comunidad reforzando servicios, mejorando la calidad de la enseñanza, activando una política de apoyo al empleo que ha funcionado y que ha permitido reducir la presión fiscal al mismo tiempo que aumentaba la recaudación, porque, al aumentar el empleo, hay más “aportadores” a las arcas de la comunidad. Y, en definitiva, políticas expansivas con la mirada puesta en un futuro mejor para los madrileños, que les han dado buenos resultados.

Y que también han propiciado un entorno de estabilidad política que resulta atractivo para las inversiones del capital nacional o extranjero.

Y, como estamos en España, Madrid, comunidad que he seguido de cerca y a la que tengo un cariño muy especial por lo bien que me trató el tiempo que viví allí, es objeto de deseo y envidiada por otras comunidades que no han sabido hacer bien su trabajo y ahora se ven “empobrecidas” respecto a lo que Ximo Puig llama “la capital”.

La Comunidad de Madrid, que recibió de los presupuestos del Estado una cantidad equivalente a la del resto de las comunidades por población y otros factores que determinan sus cuantías, en el año 2018 aportó al Estado 84.422 millones de euros, de los 171.056 millones totales aportados por las comunidades bien gestionadas. Es decir: La comunidad de Madrid aportó al Estado casi la mitad del montante total, aporte que ayudó a las comunidades más “pobres” porque no pudieron o no supieron gestionar mejor sus recursos, entre las que está la Valenciana.

La comunidad de Madrid es referente en índice de desempleo y la menos endeudada, muchísimo menos que el resto. Y en lugar de analizar con seriedad las razones de este hecho, algunas otras, especialmente Cataluña y Valencia, se dedican a pedir al gobierno central que “rompa” por decreto su buena gestión aumentándoles los impuestos, con argumentos pueriles que en el fondo enmascaran el clásico “porque sí”. Especialmente porque la señora Ayuso, que está continuando y mejorando las gestiones de otros gobiernos autonómicos, saca los colores a los gestores de otras autonomías que necesitan justificar sus fracasos achacando los éxitos de aquella comunidad a razones coyunturales, ajenas a los méritos de sus gestores.

Pues no, señor Puig. Me temo que si usted gobernara Madrid y sus gestiones dependieran de consensos y componendas con los partidos de la coalición, los recursos de la “capital” de España estarían tan poco aprovechados como lo están en nuestra comunidad y perderían el mismo tiempo que aquí se pierde en tontunas y subvenciones absurdas para causas poco definidas.

Y, aunque no dependa de usted porque es un asunto municipal, tendríamos en Valencia una Plaza del Ayuntamiento digna de su entorno y no el bodrio que han montado, mercado de barrio de los lunes incluidos.

A la Comunidad de Madrid se la podrá acusar de lo que quieran, pero en la mayoría de las ocasiones será por ideología, porque nadie que tenga una calculadora puede poner en duda su buena gestión. Y por eso no han servido de nada las manifestaciones de los últimos años diciendo que la sanidad es “la peor de España” cuando seguramente es la mejor, por tener una enseñanza muy valorada por sus resultados y por su filosofía del esfuerzo, por la iniciativa del ICEMA, que puso de ejemplo la Organización Nacional de la Salud, por haber construido un hospital-reserva, el Isabel Zendal, que sirva de apoyo a la medicina convencional en previsión de futuras emergencias sanitarias y por que la actual presidenta es del PP, o facha, o alta, o fea, o porque se ha apoyado con VOX o por lo que sea. Pero lo cierto es que los madrileños han demostrado mayoritariamente sentirse satisfechos con sus gobernantes. Y entre los votantes, no tengan la menor duda, hay muchos socialistas de a pie que se sienten protegidos por la gestión de su presidenta.

Por cierto, el nombre que han elegido, Isabel Zendal, no es el de una política eminente del PP que fue no sé cuántas cosas y tuvo no sé cuántos cargos. Es el de una enfermera que trabajó para luchar contra las pandemias y para difundir la vacuna de la viruela en España y en América.

Y que coste que a mí tampoco me gusta todo lo que han hecho, como inventar un chiringuito para Toni Cantó, por ejemplo.

Y ahora emplazo al señor Puig a que explique cuáles han sido los grandes logros de su gobierno y porque, si “ellos” y no pongo las comillas porque sean de izquierdas, son tan eficaces y porqué, si son tan, “tan” como dice, ¿Cómo es que no lo vemos los valencianos? ¿Cómo es que no arrasan en las elecciones y han tenido que montar un revoltillo de partidos para alcanzar la mayoría? Absolutamente lícito y democrático, por supuesto, pero revoltillo.

Este comentario es más acalorado de lo habitual porque las críticas del Señor Puig no son más que otra cortina de humo para distraernos de las cosas de nuestra comunidad.

Y porque cada vez más, este país nuestro es un país de locos. Yo hice un comentario, molesto porque hace un año, en Benidorm y el resto de nuestras costas se indignaban pensando que podría llegar “los madrileños”, apestados ellos y personalización de la octava plaga. Esos madrileños, también de otras comunidades, pero menos, que han aportado riqueza con sus segundas viviendas y por el hecho de pasar bastante tiempo en ellas.

Y ahora, los mismos guardianes de la salud de entonces, piden a gritos que lleguen británicos, alemanes, franceses italianos, holandeses, belgas y, por supuesto, muchos madrileños.

Un país en el que se repite día sí y día también, que si no se pagaran pensiones a los políticos se resolvería el problema de las jubilaciones, consiguiendo que semejante falsedad se convierta en creíble, incluso para españoles de cierto nivel cultural

Y es que así, con toda esta sarta de disparates y apoyando a los que los dicen porque son “los suyos”, no vamos a ninguna parte. Ni ahora ni en muchos años.

Y lo único que nos faltaba ahora es una guerra entre Autonomías como la que se produjo en la Primera República entre provincias y ciudades cantonales que acabó como acabó.

Pero también es posible que mis neuronas no funcionen bien y me hagan ver cosas que la gente normal no aprecia

Y, en cualquier caso, el daño ya está hecho. El President ha sido criticado por los medios de toda España y, aunque sé que algunos valencianos estarán de acuerdo con Ximo Puig, estas declaraciones arrastran de alguna manera a todos los valencianos y no nos deja en muy buen lugar precisamente.

Pero, como siempre, “Déu proveirà”.

Elección de vocales para el Consejo Superior del Poder Judicial. Ponga un “Conde-Pumpido” en su lista.

Otra de las grandes falacias del sanchismo es no decir la verdad sobre sus verdaderas razones para defender la fórmula actual de elegir a los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ).

Se acabará pronto el ruido por la sentencia desfavorable del Supremo y al gobierno le ha faltado tiempo para resucitar el tema de la elección de vocales del CSPJ, echando la culpa al PP, ¡cómo no! de “tener secuestrada a la justicia”.

Pero mira tú por donde, el asunto del Constitucional ha puesto en primer plano de la actualidad a uno de los jueces discrepantes, Conde-Pumpido, que ha presentado un voto particular, en el que alegaba, como he comentado hace unos días, que esta sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra la pandemia, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Dos falsedades evidentes: La de personalizar al Estado en la figura del gobierno y afirmar que la sentencia “desarma” al Estado-gobierno ante la pandemia. Supongo que, como componente del Tribunal Constitucional, habrá atendido las alegaciones y leído la sentencia, porque en ella no se dice que el confinamiento fuera una medida equivocada, sino que se empleó la figura legal del estado de alarma, cuando se debió decretar el de excepción. Y lo argumenta afirmando que el estado de excepción es el único que autoriza al gobierno a suspender nuestras libertades individuales.

Pero todo esto, que no son más que brindis al sol, lo único que evidencia es que el señor Conde-Pumpido, conocido por otras actuaciones similares, siempre ha defendido que la justicia mire hacia otro lado cuando se trata de deslices legales del gobierno.

Si se trata de gobiernos de izquierda, naturalmente, porque a los gobiernos del PP o de otros partidos conservadores no hay que perdonarles ni una. Como no perdonó a Rita Barberá, finalmente absuelta, siendo fiscal. Porque es historia que el antiguo fiscal general de Zapatero siempre ha cojeado del mismo pie.

Y esta circunstancia me permite opinar con mucha comodidad sobre el famoso bloqueo del PP a la elección de vocales del CSPJ, porque me facilita explicar con meridiana claridad las diferencias de criterio entre el PSOE y el PP que no son, ni de lejos, las que el gobierno dice que son.

Pedro Sánchez urge a que ambos partidos aporten las listas de sus propios candidatos para negociar los nombramientos. Es decir, que tanto el PP como el PSOE presenten su propia lista de “Condes-Pumpidos” para discutir y regatear hasta llegar a un consenso.

El PP dice que no. Que renuncia a dar nombres de candidatos y propone devolver a los jueces y magistrados la potestad de nombrar a los vocales, potestad que les arrebataron los políticos por una ley orgánica del año 1985

Y mi pregunta es: ¿Cuál es la razón de que los partidos quieran colar en este consejo, el que hace los nombramientos y administra a la judicatura, a personas “de su cuerda”?

Nuestro presidente, en una muestra de cinismo insuperable, descalificó no hace mucho al Tribunal de Cuentas por “estar ideologizado”, precisamente porque, según parece, a la mayoría de los miembros actuales los eligió el PP. A mí me pareció una de tantas falacias suyas, dichas frunciendo el ceño y con ese gesto tan ensayado de tener razón y así lo manifesté en un comentario titulado “Tenemos ideología y capacidad de decidir, somos poco de fiar”, disponible en la dirección IP

Y ahora resulta que, “el señor de las verdades a medias y de las contradicciones” insiste en proponer a candidatos con ideología, con mucha ideología, hasta el punto de que sean “de la confianza” de un partido político y no por su independencia precisamente. Incluso repartiéndoselos por partidos: los del PSOE, los del PP, los de Podemos y no se si también de alguno de sus apoyadores habituales.

¿Estamos locos? Si permitimos estos desafueros sí. Y si no los podemos impedir porque son ellos los que controlan las Cortes Españolas y no protestamos una y otra vez por este auténtico abuso de poder, también.

Naturalmente y en este caso, mi opinión es apoyar sin reservas la propuesta del PP y devolver al poder judicial un poco de la autonomía que le han ido robando a lo largo de los años.

Porque, por otra parte ¿Qué razones puede tener el sanchismo, tan progresistas ellos, para mantener esta situación? La primera es controlar que en el futuro no ocurra lo que les acaba de ocurrir: que la justicia se mantenga firme y no doble su vara en favor de la política. Que actúe como debe, con independencia y equidad si el gobierno de turno se salta alguna de las líneas rojas que le marca el Estado.

Y la segunda, más maliciosa y posiblemente injusta, tener bancada por si alguna vez el Sanchismo o los propios miembros del gobierno tienen problemas con la ley a nivel particular.

Supongo que serán muy pocos los que opinen que la justicia debe supeditarse a la política y que debe pasar por alto estos “excesos” del gobierno. Pero de lo que estoy totalmente seguro es que no son demasiados los españoles que saben lo que hay detrás de estas palabras y estos gestos del presidente, de Lastra, la portavoz del PSOE, o de la casi totalidad de los ministros actuales y de los recién jubilados sin honores.

Porque, además, no olviden que hoy gobierna el PSOE, pero mañana puede gobernar el PP por mayoría, o hacerlo apoyado por VOX.

¿A que ya “no es lo mismo”? Pues sí, es exactamente lo mismo. Y es por eso por lo que hay que poner un muro de protección muy alto alrededor del Poder Judicial, o acabaremos, como siempre digo, como Venezuela o Nicaragua.  Que maneras apuntan.

Los Gobiernos, aunque lo deje caer Gómez-Pumpido, no son el Estado. Es uno de los estamentos que lo configuran y, como todos los demás, están sujetos al imperio de la ley. Lo dice la Constitución y, afortunadamente, también lo dice la Comunidad Europea. Y si no se respetan las reglas del juego, estamos perdidos.

¿Se imaginan lo que haría Pedro Sánchez con el tema de los independentistas catalanes si en la cúpula de todos los estamentos de control del Estado, Tribunal Constitucional, Tribunales de Justicia y Tribunal de Cuentas, tuvieran mayoría los “Gómez-Pumpido”?

Siento personalizar tanto el problema en una persona, pero me ha venido al pelo. Y quiero aclarar que posiblemente sea un hombre honesto, incluso una excelente persona, con un amplísimo currículum de responsabilidades en la judicatura, que está totalmente convencido de que hace lo que tiene que hacer. De ninguna manera quiero insultar al ciudadano Cándido Gómez-Pumpido, del que, insisto, desconozco sus circunstancias personales. Solo critico y lo hago con rotundidad, sus actuaciones como fiscal general primero y como miembro del Constitucional ahora.

Porque me parecen peligrosas y disparatadas.

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PD:

Acabo de escuchar en una tertulia sobre este tema la opinión del muy confuso Carmelo Encinas, un auténtico profesional del “sí, pero” y me reafirmo en la enorme desinformación que estamos recibiendo los españoles, en parte porque le interesa al propio gobierno, pero también por opiniones de periodistas e informadores condicionados por su ideología, en este caso perfectamente lícitas porque todos tenemos derecho a tener opinión.

Ha dicho y es cierto, que el PP consensuó con el PSOE y sin ningún problema las listas anteriores de vocales. Lo que no ha dicho y es fundamental, que nunca, jamás, hemos tenido un gobierno tan interesado en intervenir al Poder Judicial y condicionar sus decisiones. Ayer mismo nuestra juez-portavoz dijo que el Constitucional “tenía que haber considerado la situación del momento”. La teoría de siempre de este grupo de sanchistas que nunca defendió el PSOE histórico: que los jueces y fiscales deben acomodar sus sentencias a las conveniencias del gobierno.

Valencia, 20 de julio de 2021

La sentencia del Constitucional y de como el gobierno de la nación se considera de mayor rango moral que otras instituciones del Estado

Los políticos en general y muy especialmente nuestro gobierno actual, están tratando continuamente de utilizar un lenguaje engañoso para decir cosas o describir situaciones que no se corresponden con la realidad de los hechos.

El último engaño estudiado es repetir constantemente las frases “visión, o sentido de Estado”, mezclando su uso apropiado con la trampa saducea de aplicarla en casos y cosas que no vienen a cuento.

Cuando un policía local o cualquier otro agente de la autoridad impone una multa no lo hace porque tiene sentido de Estado, sino porque es su obligación si presencia una infracción.

Tampoco los jueces dictan sentencias porque tienen sentido de Estado. Las dictan porque su función, dentro de la organización del Estado, es sancionar los incumplimientos de la Ley, o la malversación de fondos públicos, misión específica encomendada al Tribunal de Cuentas.

Ni tampoco tiene porqué tener sentido de Estado el Tribunal Constitucional, que está ahí para vigilar que ninguna autoridad de la nación, sea el gobierno central o los autonómicos, sacan los pies del tiesto y toman decisiones no previstas en la Constitución en la forma o en el espíritu.

Porque la trampa, la gran mentira, es que cuando dicen “sentido de Estado”, están sugiriendo que todos estos estamentos, puestos ahí para protegernos de los malos gobernantes o los malos administradores, deben ajustar sus sentencias a las circunstancias de cada momento. Es decir, abandonar la imparcialidad y apoyar las decisiones del gobierno, sean las que sean, porque son las que “convienen a la nación”.

Y este comentario viene a cuento porque el gobierno ha salido en tropel a cuestionar la sentencia del Constitucional porque, claro, ellos saben mucho más de constitucionalismo que los jueces de ese tribunal, como saben más de leyes que los jueces de los tribunales de mayor rango y de sanidad más que los grandes expertos españoles a los que siempre han orillado.

Y una de las descalificaciones, creo que formulada por la propia portavoz, juez de carrera, es que “no han tenido sentido de Estado” que, como digo y traducido al román paladino, quiere decir sentido de la oportunidad. Como si las leyes fueran flexibles en función de la conveniencia del gobierno de turno.

¿Se imaginan que hubiera sido esta la mentalidad del Gobierno de Felipe González en tiempos del GAL? Algunos ministros y altos cargos de la seguridad nacional defendieron que hicieron lo que tenían que hacer, en mi opinión de forma equivocada, pero no descalificaron ni a la justicia ni a los jueces que les juzgaron. Utilizaron todos los mecanismos de defensa a los que tenían derecho y algunos de ellos acabaron en la cárcel.

L’État, c’est moi”, dicen que dijo Luis XIV de Francia. Puede que el pudiera decirlo porque para eso era el “Rey Sol”, pero para mí que ni él ni nadie se puede arrogar semejante disparate, mucho menos en nuestro siglo XXI y en naciones democráticas.

Porque el Estado no es nada ni nadie en concreto. Ni tampoco es de nadie. Es el conjunto de las instituciones de la nación que representan y defienden, o deben defender, a todos nosotros, los españoles. Y es tan “nadie” que necesita una representación personal y simbólica, en nuestro Rey, como persona física, nuestra bandera y nuestro himno como símbolos y la Constitución como marco de actuación de personas e instituciones

Pero ahora no. Ahora se ha puesto de moda poner etiquetas de “pienso en el Estado más que tú”, “represento al Estado más que tú”, o “se lo que necesita el Estado más que nadie”, en un intento de querer ejercer una misión que nadie les ha encomendado: la de ser los únicos  intérpretes de la letra y el espíritu de la Constitución. Los que de verdad saben lo que querían decir los padres que la redactaron.

Y así salen con disparates como afirmar, para justificar las concesiones a los separatistas catalanes, que la Constitución “fomenta el diálogo”. Tal parece que no la han leído, porque la Constitución, como todas las leyes, marca límites para garantizar la convivencia, eso sí, y es represiva con quien se los salta, pero de fomentar amores y amistades, nada de nada.

Y os aseguro que toda esta palabrería fatua, perversa y falsa convence a mucha gente. A demasiada. ¿Cómo no va a ser verdad si lo dice un ministro que es juez?

Cuando la mejor orquesta del mundo o cualquiera de nuestras magníficas bandas de música nos deleitan con un concierto, ninguno de sus componentes son la orquesta o la banda. Cada uno tiene un papel claro y definido en la obra, incluido el director que es el responsable de armonizar los grupos de instrumentos y hacer que todas esas individualidades se conviertan en un todo genial.

Y los músicos, incluidos los directores, nunca dicen “yo soy La Unió” o yo soy “la Vila”. Dicen, y lo hacen con orgullo, que “son de la Unió o de la Vila”. Porque saben que la fuerza está en la unión y que la única forma de que la banda consiga buenos resultados es interpretando fielmente la partitura que corresponde a su propio instrumento.

Y son conscientes que la “carta magna” de cada concierto es la partitura que compuso un señor que normalmente no está presente en el acto. Es cierto que el director puede darle un cierto sello personal, pero sin alterar el propósito del compositor. 

Así pues, nadie es el Estado, ni siquiera el Rey, porque lo somos todos. La Constitución dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, luego nuestro es el poder, aunque nos lo hayan usurpado los que deberían ser nuestros representantes, los garantes de la democracia, los elegidos para servirnos. Los que han jurado guardar y hacer guardar la Constitución.

Y los estamentos de la nación están ahí para garantizar que la nación funcione como debe funcionar. Sin que nadie desafine y sin que ningún músico, valga el símil, intente interpretar la partitura de otro.

Sabiendo que es tendencia natural que todos los gobiernos caigan en la tentación de robar funciones ajenas para sentirse Estado, para acumular poder, aunque ninguno ni en tan gran medida ni tan descaradamente como el gobierno actual que, encima está tratando de convencernos de que son ellos y no la Constitución los que tienen la razón.

Si no de hecho, porque no han podido, si en intención, como ocurre en Venezuela o Nicaragua. Porque allí si, allí el Estado son Maduro y Daniel Ortega, dos farsantes contrastados de toda la vida que, cubiertos con una pátina de falsa democracia, hacen y deshacen a su antojo como auténticos señores de vidas y haciendas.

Y España presenta claros síntomas de enfermedad democrática cuando el gobierno dice lo que dice y cuando todo un juez, Conde-Pumpido, se permite discrepar con sus compañeros del Constitucional, no solo con su voto particular, sino afirmando públicamente a los cuatro vientos que esta sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemia, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Al Estado no, señor Conde-Pumpido, en todo caso al gobierno. Al Estado no le ha desarmado nadie porque nadie puede hacerlo por mucho que lo intente si no se produce un golpe de Estado. Todo lo contrario, ha sido el Estado, por boca del Tribunal Constitucional, el que ha reaccionado poniendo las cosas en su sitio.

Y las razones son tan sencillas que hasta yo me atrevo a juzgarlas. El Tribunal no condena el confinamiento ni las razones de emergencia para forzarlo, sino que se utilizara la ley de alarma en lugar de la de excepción. Y yo añado, señor juez del Constitucional, nombrado por el PSOE y especialmente significado en casos anteriores por su apoyo a gobiernos socialistas desde otras instituciones del estado, que ya indicaba su forma de entender la política cuando siendo Fiscal General del gobierno de Zapatero afirmó que “la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos” o que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino” y que actuó como instructor en la causa contra Rita Barberá

Es decir, que según su opinión es deseable que la justicia se quite la venda y pierda la imparcialidad “cuando convenga”. ¿Convenga a quién?

Y tampoco tiene razón en decir lo que dice porque el gobierno tuvo tiempo, mucho tiempo, para desarrollar alguna nueva ley que resolviera situaciones como esta, inédita hasta el momento, como le pedía la oposición. Y si no lo hizo fue porque le interesaba políticamente para hacer lo que quisiera sin el control parlamentario.

Y como el gobierno sabe que el ruido por la sentencia es de corto recorrido, ya está lanzando otras especies como que el PP tiene secuestrada la justicia por negarse a pactar la renovación de vocales del Consejo Superior del Poder Judicial.

Pero eso es otro tema, tema muy importante, que comentaré en otro momento.

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Artículos de la Constitución:

9.1 “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

3.3. “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”

9.7 “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

116.1. “Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”

116.2. “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”

116.3. “El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos”

Del socialismo al “sanchismo”. ¿Del “sanchismo” al “madurismo?

El Tribunal Constitucional ha decretado que el estado de alarma fue anticonstitucional, con lo que ha cerrado un ciclo de irregularidades cometidas por el gobierno de la nación, que tan acostumbrados nos tiene a caminar por el filo de la navaja o bordeando zonas pantanosas,

Y esa ha sido su conclusión en atención a que, para suspender libertades individuales de forma general, se necesita el estado de excepción y no el de alarma, que solo permite suspenderlas parcialmente.

Es un tema jurídico sobre el que no puedo opinar, aunque, como siempre hago, acato sin reservas las decisiones de los tribunales, mucho más las del Constitucional, última instancia para la interpretación de nuestra carta magna, con independencia de que la sentencia haya sido obtenida por unanimidad o por mayoría, como en este caso, cosa bastante habitual, por cierto, en las sentencias de nuestros tribunales de mayor rango.

No pretendo frivolizar el tema, sino simplificarlo, cuando digo que una sentencia es una sentencia, sea o no por mayoría, de la misma forma que un partido de futbol ganado es un partido ganado, aunque haya sido por los penaltis.

Y lo que resulta absolutamente insólito, eso sí, es que todo un gobierno de la nación cuestione la decisión del Tribunal Constitucional, mucho más siendo una juez quién hace de portavoz, apoyándose en que ha habido disidencias y en la urgencia del caso. Con el plus añadido de asegurar que con aquella decisión se evitaron cientos de miles de muertes, argumento tan poco demostrable como el afirmar, como hacen otros, que el retraso en tomar medidas provocó cientos de miles de fallecimientos evitables. Pura política de bajo nivel, porque está basada en hechos no demostrables.

La alusión a la urgencia se justifica porque el estado de alarma lo puede decretar el consejo de ministros, mientras que el de excepción necesita la aprobación previa de las Cortes. Pero eso, según he escuchado a algunos juristas, tampoco hubiera supuesto un problema porque, de no haber querido pasar por el trámite de las Cortes, no sé por qué razón, se habría podido declarar el estado de alarma por decisión del consejo de ministros, con lo cual entraba en vigor de inmediato y, posteriormente, convocar al Congreso para decretar el estado de excepción y pedir las prórrogas que fueran necesarias

Lo que ocurre es que está desafortunada posición del gobierno, no es más que la culminación de sucesivos intentos de intervenir en las decisiones de los otros poderes del Estado o de las instituciones. Se empezó con el nombramiento de la Fiscal General, después vino el intento de variar las condiciones para renovar los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial que paró Europa, continuó con los indultos en contra de la opinión del Tribunal Superior de Justicia, alegando una supuesta necesidad de diálogo mientras se insinuaba que las sentencias eran fruto del rencor y la venganza, seguida por las descalificaciones al Tribunal de Cuentas y que termina, no con el error constitucional al aplicar el estado de alarma, sino con el hecho de cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando su obligación, más que la que nadie en este país, es acatar la sentencia sin cuestionarla.

Todo ello evidencia una deriva muy peligrosa en la actitud del gobierno de la nación, que aparece apuntar en la misma dirección que regímenes de dudosa democracia, como el de Venezuela, o en menor escala como los gobernantes de Cataluña, que manifiestas de palabra y con hechos que la máxima autoridad de la nación es el gobierno “elegido por el pueblo”, cuando no es así.  Los gobiernos elegidos por nosotros, los ciudadanos, dejan de ser legítimos si no cumplen las condiciones con las que fueron elegidos y algún otro poder del Estado o determinadas iniciativas parlamentarias, lo pueden demostrar.

Insisto en que el gobierno de España, en contra de lo que dice parte de la oposición, no ha incumplido la Constitución ni vulnerado leyes, pero el hecho de que sus decisiones estén claramente condicionadas por un partido comunista que nunca la ha aceptado, ni aquí ni en ninguna nación y por partidos separatistas que la odian porque supone un freno para sus locuras independentistas, es francamente preocupante.

Muy preocupante.

“Alea iacta est”. O quizás no. El tiempo lo dirá, porque hay cosas que no me creo.

Pedro Sánchez ha abierto la caja de las sorpresas y ha remodelado el gobierno con muchas más altas, bajas y recolocaciones de las que se esperaba.

No conozco a la mayoría de los “nuevos”, por lo que no tengo elementos de juicio para opinar sobre ellos. Ni tampoco los tenía para juzgar a los salientes, pese a que he criticado en bastantes ocasiones algunas de sus decisiones, sin saber la verdadera razón de que las tomaran, si eran motu proprio o impulsadas por el gran líder que nos gobierna y que, fuera como fuese, es el único responsable de las actuaciones del gobierno y de sus ministros.

Y me refiero a las malas, porque en España, seguramente también en otros países, cuando hay buenas noticias que anunciar, siempre aparece el presidente para dar la impresión de que son obra suya, como impulsor o coordinador de los ministerios, como motor de la Nación, incluso dejando caer en algunas ocasiones que el éxito se ha producido a pesar de los inconvenientes que presentan algunas comunidades.

Mientras que, si las cosas no han salido bien o es un globo sonda de alto riesgo, es el ministro de turno el que sale a dar la cara como si fuera cosa suya y “sin el conocimiento” del jefe del ejecutivo. Casi a sus espaldas, como si ello fuera posible.

Y recuerdo como paradigmático el “caso Lastra” y su firma de los acuerdos con Bildu para revocar las reformas del PP. No era ministra, pero si la portavoz y nadie se creyó, ni de lejos, que esa firma se realizara sin el conocimiento de Pedro Sánchez por mucho que luego se hicieran los locos. O el famoso encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas, con nocturnidad y alevosía, del que, con toda seguridad, “tampoco sabía nada”.

Del único que tenía referencias directas anteriores a ser ministro, era de Ábalos y no eran muy buenas por la guerra que tenía declarada a Ximo Puig en Valencia. Guerra fratricida por el poder en la Comunidad que costó muchos disgustos a nuestro presidente. Pero no me merecieron demasiada atención porque son lo habitual en todos los partidos políticos del espectro parlamentario. Incluso del extraparlamentario.

Lo primero que llama la atención, lo esperado, es que nuestro querido presidente, el líder de referencia en Europa, el que aparenta que acaba de dar un golpe de timón de proporciones gigantescas, no tiene ni la más mínima autoridad con la parte podemita de su gobierno.

Porque, por mucho que presuma de haber buscado a ministros de la mayor eficacia para controlar la economía y mejorar nuestras relaciones con Europa, ya me contarás que pintan en ese equipo el titular de universidades, el hombre invisible, o nuestro recién vapuleado ministro Garzón, por ejemplo. Ni uno. No ha cesado ni cambiado de ministerio a ninguno de ellos, simplemente porque Yolanda Díaz le ha mostrado su dedo índice señalando al cielo, con toda educación, eso sí, porque hay que reconocer y agradecer las muy buenas maneras de la vicepresidenta.

Pero eso no asombra porque era lo sabido. Solo lo confirma, porque pase lo que pase y aunque se hunda el mundo, la prioridad de Pedro Sánchez sigue siendo permanecer en la Moncloa y para ello le resulta imprescindible, entre otros, el apoyo de Podemos.

La otra novedad es que el ministro de justicia, el que ha firmado el indulto de los independentistas catalanes con argumentos bastante peregrinos y no ha defendido como debiera al Tribunal de Cuentas, aceptando la tesis gubernamental de que son “piedras en el camino” y sin rebatir las insinuaciones de su presidente sobre que están “ideologizados”, cesa en su cargo.

Pues bien, el que hasta ayer era ministro volverá a la judicatura como el juez Campos y, él sí, sin contaminación ideológica ni información privilegiada que le impida ser justo cuando juzgue y sentencie.

Y que conste que yo no dudo de su futura imparcialidad, pero estas cosas siempre son motivo de distorsiones mediáticas o políticas y, como soy de la opinión de que la mujer del Cesar “tiene que parecer buena”, repito una vez más que se debe acabar de una vez por todas con esos voy y vengo desde la judicatura al gobierno y viceversa.

Y el gran secreto, la auténtica cábala de lo ocurrido ayer, lo inesperado, es la aparente desaparición de Iván Redondo, sustituido por Oscar López como jefe del gabinete de Pedro Sánchez. No lo conozco mucho, pero alguna referencia tengo y algo me tranquiliza que sea un hombre de partido y no un mercenario como Iván Redondo.

Porque es absolutamente imposible que haya sido una salida amistosa si no hay pactos secretos y porque la agenda personal de Redondo, los secretos que se lleva no se dónde, seguro que serían la envidia del propio comisario Villarejo.

Y ese “no sé qué extraño” de la supuesta desaparición del personaje de la vida pública se acentúa leyendo su nota de despedida.

A veces en la política, en la empresa como en la vida, además de saber ganar, saber perder, hay que hacer algo mucho más importante: saber parar.

Muchas gracias por todo, ha sido un honor.

Nos volveremos a ver

Yo no soy especialmente inteligente, pero tampoco soy tonto y aseguro que no se cuál es el mensaje que hay detrás de esta nota escrita en letras mayúsculas. ¿Es una reflexión personal o lo escribe para alguien? ¿Cuándo y dónde “nos volveremos a ver”? y ¿Con quién?

Yo he seguido a Iván Redondo en tertulias mucho antes de toda esta movida con Pedro Sánchez y siempre me pareció muy inteligente, metódico y cerebral. ¿dejaría un personaje con ese perfil una nota tan ambigua como esta? O lo que es más ¿dejaría una nota de cualquier tipo?

Y de hacerlo, le pega más una nota bien redactada explicando lo que quisiera explicar, o mejor aún una entrevista con la prensa, que estarán locos por “pillarle”, diciendo lo que más le convenga. Pero esta nota con membrete de la Presidencia del Gobierno cuando en teoría ya no debería usarlo y escrita con aparente precipitación, como improvisada, no me cuadra para nada con la personalidad de quién ha movido los hilos del gobierno durante todo este tiempo y ha manejado con tanta eficacia tiempos y personas. Aunque fuera para nuestro mal en muchas ocasiones.

Puede que sean puras fantasías mías, pero francamente no me lo creo. Más bien parece un mensaje en clave o el principio de algo.

Algún día se sabrá, porque es inevitable, cuales son esos pactos y que hechizos y conjuros ha tenido que formular durante todo este tiempo para conseguir que un descabalgado de la secretaría General del PSOE haya llegado donde ha llegado.

Continuará. Seguro que continuará

Valencia 11 de julio de 2021

Tenemos ideología y capacidad de decidir, somos poco de fiar.

La entrevista al presidente en televisión fue otra razón más para recapacitar sobre nuestra pobre calidad democrática, la que hemos propiciado nosotros mismos votando a quienes hemos votado y la gran traición, traición democrática pero inexplicable [1], de Pedro Sánchez utilizando los votos como los ha utilizado y pactando con quien ha pactado. Porque cada vez es más evidente que su objetivo de gobierno no es el bienestar de los españoles, ni mejorar nuestra calidad de vida, ni nuestra seguridad. El único fin creíble es su obsesión por mantenerse en el gobierno, para lo que necesita a los independentistas, aunque para ello perjudique a la ciudadanía y amenace con dejar a las instituciones arrasadas, casi en situación de tierra quemada.

Aunque lo disfrace de otras cosas para apaciguar a disidentes internos, como que el objetivo es “acercar” a los gobernantes catalanes, e incluso preparar el camino para una España federal. Pero yo no me lo creo. En este momento parece que en España no hay nada más importante que Sánchez ni más prioridad que mantener su liderazgo.

No lo conseguirá, porque todavía tenemos focos de resistencia en algunas de ellas y porque estamos en Europa, pero intentarlo hasta el final, lo intentará.

Hoy quiero referirme a los últimos comentarios sobre la renovación de los vocales del Consejo del Poder Judicial, reverdecidos estos días y a las canallescas declaraciones del presidente, en la Sexta, a propósito del Tribunal de Cuentas.

Sobre el primer tema, siendo dos los negociadores, no tiene ningún sentido insistir en que el Consejo no se renueva por el bloqueo y la cerrazón del PP. Por mucho que digan lo que no es, lo único cierto es que, en una negociación a dos, los dos son responsables del fracaso porque ninguna de las dos partes se baja de su machito.

¿Y cuál es el machito de cada uno? Siguiendo con mi costumbre de no mezclar temas y acogerme en lo posible a la literalidad de los conflictos, trataré de explicar que es lo que realmente está ocurriendo. Siempre según mi opinión, naturalmente.

El gobierno, no me atrevo a decir el PSOE, insiste en que se acepten determinados nombres en la lista de candidatos, manteniendo el tanto por cien legal que corresponde a la Cámara en este momento, mientras que el PP pide que sean los jueces los que vuelvan a elegir directamente a la totalidad de los que indica la Constitución. Jueces que en este momento elije el Legislativo porque hace años así lo decidieron con una ley absurda, inspirada en el afán permanente de los políticos por acaparar poderes y funciones que no les corresponden.

El artículo 117.3 de la Constitución. Dice que “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”

Es cierto que el texto no dice claramente quién debe elegir “a los doce”, pero lo que está perfectamente claro es que no determina que sean las cámaras quienes lo hagan y este hecho evidencia que no era intención del constituyente que fueran los políticos los que eligieran a los veinte. Porque de haber sido esa su intención, así así lo habrían expresado

Y son esos doce son los que el PP quiere devolver, porque se los “robaron”, a “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, elegidos por jueces en ejercicio, la mejor opción, o a algún otro tribunal designado al efecto y ajeno a las Cámaras”.

Y ante este dilema y como vengo diciendo hace más de cuatro años, estoy totalmente de acuerdo con el PP. Los políticos no tienen por qué elegir a los vocales del Poder Judicial. Es una función que se asignó a los jueces, que ya son mayorcitos para hacerlo, son profesionales en el mundo de la legislatura, tienen criterios objetivos para saber quiénes son los más convenientes y están sujetos a unas reglas y condiciones para elegir entre los candidatos.

¿Y cual es la posición más honesta, que los políticos voten a quienes más les convenga o que lo hagan profesionales de la judicatura, aunque tampoco tengan un cien por cien de objetividad, imposible de alcanzar cuando se elige algo o a alguien?

¿Cuál es el pretexto del gobierno actual y de los anteriores para no restaurar la situación original? Que los jueces tienen ideología y es peligroso dejar que sean ellos los electores para evitar que el Consejo General del Poder Judicial se politice.

¿Se lo pueden creer? Eso equivale a declarar que el monopolio de las inclinaciones políticas de los ciudadanos pertenece a los políticos “de profesión”, los que cobran por serlo. O que la ideología contamina inevitablemente a los ciudadanos.

Porque, amigos míos, llegó la transición y la gran mayoría nos interesamos por la política, por los partidos, por las ideologías y por saber “quién era quién” entre los candidatos en las elecciones. Muchos sabíamos a quién votar y porque hacerlo, porque eran tiempos de ilusiones y teníamos ganas de participar activamente en la democracia utilizando nuestro voto,

Pero pasó el tiempo, los políticos de las primeras hornadas, que nunca estuvieron en partidos porque no eran legales, ni vivieron de la política porque no existían los partidos, fueron dejando paso a los fenómenos sabelotodo actuales, una  buena parte de los cuales no tiene formación académica suficiente, ni saben lo que es ganarse un euro en la empresa privada, porque proceden del funcionariado o de los semilleros de los propios partidos, ocupando puestos reales o inventados en cada uno de ellos.

Y hemos llegado a un punto en qué a los dirigentes políticos actuales, exactamente igual que ocurría en la dictadura, no les interesa que exista más ideología que la suya, la de los profesionales que saben, ellos sí, lo que nosotros debemos pensar. Y si no tuviéramos cerebro, mejor que mejor. Que para eso está la Sexta, TV3 y algún que otro interpretador de la verdad. También otras plataformas de la derecha, por supuesto, aunque estas, al menos en más ocasiones, suelen utilizar argumentos más o menos interesados, en lugar de descalificar a personas.

En la dictadura teníamos el Movimiento Nacional, el que proclamaba que éramos una “unidad de destino en lo universal” y con ello nos bastaba y nos sobraba según la opinión de los dirigentes del momento. Y ahora, pasados estos años en democracia, ya no tenemos servidores públicos. Tenemos líderes carismáticos surgidos de conjunciones astrales, únicos depositarios autorizados de nuestras ideologías particulares.

Lo ideal, diría que lo urgente, es que todos los españoles tuviéramos ideología y principios éticos o morales, pero eso se ha convertido en un gravísimo factor de riesgo, indeseable y condenable si eres civil porque, según los que nos dirigen y controlan, no eres apto para ocupar cargos en los organismos del estado que no dependan directamente del gobierno de la nación. ¡Nada como el “pensamiento único”!

Tener ideología te convierte en indeseable, en inelegible, en motivo de desconfianza. Si eres político, no, claro, porque eres puro. Y si eres juez y ocupas un ministerio o un alto cargo del gobierno y vuelves a la judicatura, tampoco. Porque es evidente que ni la alternancia en los cargos, ni el hecho de tener información privilegiada, afectará al buen juicio de los jueces y a la imparcialidad de las sentencias. ¿Habrase visto mayor descaro?

Espero y deseo que todos los jueces, como el resto de los ciudadanos, tengan ideología porque, insisto, una nación democrática no puede funcionar con una población apolítica. Nos dejaríamos arrastrar, ya ocurre ahora en parte, por el más guapo, el más alto, el más convincente, el que de mejor imagen. Y lo mismo para las candidatas mujeres.

Porque tengo la seguridad de que su ideología, la de los jueces, no afectará a sus sentencias, que además son recurribles. Y sugerir siquiera que eso pueda suceder es tan villano como sería afirmar que un médico socialista no pondría su mejor saber y entender para curar a un paciente del PP y lo mismo en el caso contrario. O que un árbitro de futbol, que tendrá su equipo ideal, como todos nosotros, amaña el arbitraje para favorecerle.

Ningún médico dejó morir a un etarra y en más de una ocasión agentes de la Guardia Civil les prestaron primeros auxilios si resultaban heridos. Por mucho que les odiaran.

En definitiva: todos los españoles somos presuntos corruptos, menos los políticos, que en principio son los únicos que, por profesión y por ambición, sí que condicionan sus decisiones a sus intereses personales, de partido y, si queda espacio, a los de la ciudadanía.

Cuando, curiosamente, son los que peor utilizan sus ideologías porque las han convertido en excluyentes y radicales, de buenos y malos, de nosotros y los otros, en puro sectarismo. Mucho más peligrosa, muchísimo más, que las de cualquier integrante de estamentos en los que se toman decisiones o que los españoles en general. Porque los jueces, sean de derechas o de izquierdas, hablan entre ellos y se respetan. Como lo hacen los médicos o los miembros de cualquier colectivo, mientras que ellos, los que deberían dar ejemplo y romper barreras por el bien de la nación, no es que no se hablen, es que da la sensación de que se odian y que desearían el mal de sus adversarios políticos.

Y así nos va.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, el otro día ya manifesté mi opinión, pero ayer escuché decir a este presidente desleal a la nación y a las instituciones, que es un tribunal con ideología política, ¡cómo no, siempre el mismo argumento! Pues no. Es un tribunal formado por personas de mucha preparación y con ideologías personales, por supuesto, que actuarán objetivamente cuando dicten sentencias.

No es una sorpresa viniendo de este presidente que nuestra mala cabeza nos ha deparado. El único que defiende nuestros intereses de la nación desde puestos importantes que no tiene ninguna preparación previa para ser, nada menos, que presidente de una nación como España. Fue congresista acomodado y “pulsa botones”, sin pena ni gloria, hasta que decidió que eso era poco para él. Y, con la ayuda inestimable de Iván Redondo, pasó a convertirse en un trepa sin escrúpulos que ha debilitado gravemente al PSOE al deshacerse de todos los políticos de nivel que pudieran hacerle sombra y que ahora está tratando de desmontar el prestigio y la autonomía de los otros poderes del Estado.

Hasta el punto de que se ha tenido que fabricar un currículum a medida porque realmente no lo tenía.

Y que se ha apuntado a las tesis independentistas de desprestigiar al Tribunal de Cuentas porque le resulta imprescindible para mantenerse en el cargo y porque, como comentaba en mi nota del otro día, siendo el Tribunal de Cuentas el único organismo que vela porque los políticos no empleen el dinero para lo que no está destinado, ahora son los gobernantes de Cataluña por sus chanchullos, pero en un futuro inmediato sí que puede resultar una piedra en el camino, pero no para las buenas relaciones entre Cataluña y “España”, sino para su propia seguridad y la de alguno de sus ministros.

Porque, una vez que se conozcan los famosos y frecuentes “secretos de Estado” que el mismo ha decretado, es muy probable que les pidan cuentas por algún que otro “explíqueme Usted” sobre como se ha empleado una parte del presupuesto de Presidencia de Gobierno o de algún que otro ministerio.

  • La democracia tiene muchas fisuras que tapar. Nació bajo el principio de que los hombres compartirían intereses comunes y trabajaríamos para el bien de sus respectivas naciones, pero los intereses económicos primero y el egoísmo de muchos de sus dirigentes, que buscan estas grietas legales para usarlas en su beneficio, hace que cada vez sea más importante establecer mecanismos de control, o acabarán con ella los mismos que han sido elegidos para protegerla.

Y la alternativa ya la conocemos: dictadura pura y dura, imposible en España, o disfrazada de democracia, pero con las libertades públicas recortadas y la capacidad de intervención de los ciudadanos muy limitada. Como ocurre en algunas naciones que fueron “hermanas” de allende los mares y apunta en algunas europeas.

El gravísimo problema actual, es que, tal y como están las cosas y las mayorías parlamentarias en España ¿quién le pone el cascabel al gato?


[1] La democracia tiene muchas fisuras que tapar. Nació bajo el principio de que los hombres compartirían intereses comunes y trabajaríamos para el bien de sus respectivas naciones, pero los intereses económicos primero y el egoísmo de muchos de sus dirigentes, que buscan estas grietas legales para usarlas en su beneficio, hace que cada vez sea más importante establecer mecanismos de control, o acabarán con ella los mismos que han sido elegidos para protegerla.

Y la alternativa ya la conocemos: dictadura pura y dura, imposible en España, o disfrazada de democracia, pero con las libertades públicas recortadas y la capacidad de intervención de los ciudadanos muy limitada. Como ocurre en algunas naciones que fueron “hermanas” de allende los mares y apunta en algunas europeas.

El gravísimo problema actual, es que, tal y como están las cosas y las mayorías parlamentarias en España ¿quién le pone el cascabel al gato?

El Tribunal de Cuentas. Otra piedra en el camino

El ministro Ábalos, que continúa en su línea de malinformar, si no de informarnos maliciosamente, ha dicho que el Tribunal de Cuentas es una especie de piedras en el extrañísimo camino que ha emprendido el gobierno esperando una rectificación imposible en los planteamientos de los independentistas catalanes.

Es cierto, como ha dicho el presidente Sánchez a Angels Barceló, una de sus entrevistadoras de cabecera, que ese tribunal no forma parte de la estructura judicial del Estado, pero es él que tiene la obligación, el único que la tiene, de comprobar que el dinero público se destina a lo que debe destinarse. Tampoco Hacienda forma parte de la estructura judicial y ya sabemos cómo se las gasta.

Los tribunales de justicia solo intervienen en aquellos casos en los que se detecta y se denuncian malversaciones que tienen categoría de delito. La función del Tribunal de Cuentas es exigir que los malos administradores restituyan el dinero utilizado para fines diferentes a los previstos. En este caso para apoyar directa o indirectamente algunos de los gastos “del procés”, detrayéndolos de su destino previsto, que es favorecer la protección social y la seguridad de los catalanes, única razón que justifica la existencia de la propia autonomía y de sus dirigentes.

Y, conociendo sus funciones, es evidente que el Tribunal de Cuentas, es una amenaza para los partidos o los funcionarios públicos malversadores, afortunadamente una minoría por muy mediáticos que sean sus casos y una protección para los más de cuarenta y siete millones de españoles, entre los que se encuentran la inmensa mayoría de los funcionarios públicos que no tienen nada que temer porque no tienen nada que ocultar.

Si se consulta la web de este organismo, https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/ se puede leer:

“La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable”

Siendo esta la verdad, ¿cuál es la razón de las mendaces declaraciones del ministro Ábalos, que sabe perfectamente que lo que dice ni es cierto, ni apropiado, ni bueno para la nación ni para los españoles?

En primer lugar, porque la intervención de este tribunal puede dificultar ese “ancha es Castilla”, en el sentido irónico de la frase, que el gobierno ha programado para los delincuentes indultados, y en segundo porque la canallada política de desprestigiar un organismo del Estado ¡desde el gobierno! es un paso más en la trayectoria trazada por  el presidente y la factoría Redondo: eliminar o restar poder y protagonismo a los poderes del Estado, de forma que acabe convirtiéndose en el único señor de vidas y haciendas de España, una especie de señor feudal de la nación.

En un comportamiento similar al de los antiguos señores: una aparente fidelidad a su Rey, al que apoyaban en lo que les convenía y cuando les convenía, manteniendo toda la autoridad en su feudo.

Recuerdo que este tribunal ya actuó contra Artur Mas, que tuvo que recurrir a ayudas de terceros y a una colecta pública para pagar los casi cinco millones malversados, por mucho que intentó evitarlo jugando las cartas que ahora vuelven a estar en la mesa: victimismo, mandato de sus electores, venganza, ruina para su familia, etc.

Exactamente los mismos argumentos que están empezando a utilizar los políticos acusados, porque los sentenciados civiles se libran de esa acusación porque no ostentaban cargos públicos.

Así que, señor Ábalos, Señor Sánchez y toda la peña de falsarios de la información, ni digan lo que no es, ni pretendan restar autoridad a un Tribunal de Cuentas que, posiblemente, les saque los colores algún día a algunos de ustedes, por utilizar medios públicos para uso privado, por ejemplo, o por invitar a amigo o familiares a pasar sus vacaciones en propiedades de Patrimonio Nacional.

Posibilidad que no es nada desdeñable.

El futuro imperfecto de Iván Redondo

Graciano Palomo, autor del libro “Iván Redondo: El manipulador de emociones”, que estoy leyendo en este momento, dice en una entrevista que “va a ser difícil que Iván Redondo vuelva a trabajar en España”. Y estoy de acuerdo con este pronóstico.

Y lo estoy porque su último empleo, “la mano que mece la cuna de Pedro Sánchez”, en ese caso para provecho de ambos y las muchísimas dudas sobre la ética del personaje, no tanto sobre su eficacia, le van a dificultar seriamente el que nadie se atreva a contratarlo para no arrancar campañas de cualquier tipo con el estigma de su sello.

Me refiero en primer lugar, naturalmente, al mundo de la política, que es en el que más ha trabajado como politólogo que dice ser en sus presentaciones personales. La derecha no querrá ni verlo y la izquierda “no sanchista” tampoco. Y los “sanchistas”, a poco que me equivoque, tendrán poco que pintar una vez que se queme la falla de la sección especial que han montado entre él y nuestro presidente.

Podrá trabajar para el mundo de los mortales desde su consultoría “Redondo & Asociados Public Affairs Firm”, pero pienso que los empresarios “normales” se tentarán la ropa antes de ponerse en sus manos. Y no porque no pueda conseguir resultados, porque poder y contactos no le faltarán, pero tiene por delante un posible paralelismo con la trayectoria del muy indeseable comisario Villarejo, que ocupó una buena parte de su vida en mentiras, chantajes y prácticas ilegales.

Iván Redondo nunca será un delincuente, pero si puede resultar un “manejador” de situaciones al que no conviene tener muy cerca. Porque tendría que moverse en el mundo real, sin el poder, la protección y la impunidad que le otorga la Moncloa y sus “secretos de Estado”.

Claro que tiene por delante el filón de los países centro y sud americanos en los que, allí sí, podrá ofrecer sus servicios con muchas probabilidades de conseguir excelentes contratos.

Por lo que tampoco creo que se quede “en la calle”. Sus ahorros estarán creciendo a buena marcha y, de una u otra forma, y en uno u otro continente, siempre encontrará el modo de ganarse la vida.

Valencia, 28 de junio de 2021

Pedro Sánchez, la estatua de la Justicia y la “sirenita de Copenhague”

Pedro Sánchez acaba de concretar su interpretación de lo que debe ser ostentar el poder absoluto en España: ser jefe de gobierno.

Y lo hizo en un tema tan sumamente delicado como es la verdadera utilidad de la justicia, ese paraguas protector de la ciudadanía que sanciona a quién nos agrede, roba, o comete cualquier acto que ponga en peligro nuestras personas, nuestros bienes o nuestras libertades.

Y lo concretó diciendo que “hay momentos en que es útil el castigo y momentos en los que es útil el perdón”. Toda una filosofía novedosa, especialmente viniendo de quién juró el cargo para “guardar y hacer guardar la Constitución”.

Lo cual parece una excelente noticia para los pedófilos, violadores, ladrones, asesinos, timadores o los que ejercen violencia doméstica, pongo por caso.

Pero no. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, la factoría Redondo y sus circunstancias y tiene un idioma especial, disfrazado de castellano, que consiste en que nada de lo que parece, es y que nada de lo que se dice es realmente lo que se quiere decir.

Porque, amigos delincuentes, abandonen toda esperanza. En España hace años, ahora mucho más, que existen dos categorías de humanos: los políticos y los mortales. Y en este segundo grupo estamos incluidos todos lo no-políticos de cualquier sexo y condición, desde el más ilustrado al que valdría la pena escuchar, hasta el más violento de los violentos, del que conviene huir.

Mientras que en el primero hay toda una lista de personas entre los que también hay algunos a los que vale la pena escuchar, pocos en este momento y otros que, realmente, no tienen nada que decir. O que más vale que estén callados porque no dicen más que sandeces. O que no se sabe lo que dicen.

Pero ni eso. Cuando alude a los “momentos de perdón” tampoco se refiere para todos los políticos. Se refiere, en ese mensaje críptico tan difícil de interpretar, a los suyos, a los que le apoyan. Esos sí, de cualquier sexo y condición, o de cualquier pelaje. A los demás, a los políticos de la oposición, “leña al mono”. Acusaciones particulares, comisiones de investigación con conclusiones escritas antes de que se convoquen, señalamientos y todo lo que haga falta. Incluso un poco más no sea que nos quedemos cortos.

Y ¿Quién decide cuales son los momentos de castigar y de perdonar? Porque la Constitución española no hace alusión alguna a este tema. Solo dice que uno de sus objetivos es “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. Es decir, que los españoles queremos que en España impere la ley. Sin más.

Como soy mayor y he conocido muchos acontecimientos mundiales y muchos regímenes en los cinco continentes, me figuro que estos “momentos” no se regulan por planes quinquenales como hacían los países del este. Más bien pretende convencernos de que es el presidente del gobierno, “ÉL”, el único facultado para decidir en que “momento” estamos y quiénes son los galgos y quienes los podencos.

Y para más “inri”, otro de nuestros referentes morales, Don Quijote, aconsejó a Sancho cuando se suponía que iba a ser gobernador de la “Ínsula de Barataria” que “si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia

Es decir, Don Quijote ya entendía que la justicia, además de una balanza para sopesar y una venda para no dejarse influir, debía tener una vara para castigar.

Y, en este caso, más bien parece que Pedro Sánchez, que no se sí ha leído el Quijote, pretende doblar la vara de la justicia, que ni es suya ni está en sus manos, en dirección a la dádiva en forma de apoyo parlamentario. Por lo que ni está respetando a la justicia, ni atiende a los consejos de Don Quijote.

A la justicia porque, en una decisión legal, concede el indulto a personas que no cumplen precisamente los requisitos para beneficiarse y en contra de la opinión del tribunal que los juzgó, en un juicio tan legal, al menos, como la decisión del gobierno de dejar sin efecto parte de la sentencia.

Y porque, por si faltaba algo, está buscando algún subterfugio para quitarse de en medio al Tribunal de Cuentas para que no insista en continuar acusándolos por la malversación de fondos.

Empeño que defendió ayer como si tuviera razón un demócrata de toda la vida, menos en los últimos tiempos y un experto en leyes como es el ministro Ábalos.

Me figuro que en el ministerio de justicia, junto la estatua de la Justicia, la de los ojos vendados para no dejarse influenciar, la balanza para equilibrar hechos, pruebas y descargos y la espada del castigo, habrá que poner una “sirenita de Copenhague” de mirada distraída y pose relajada para simbolizar la otra justicia: la que aplicará el jefe del gobierno en los momentos del perdón, cuando quiera y a quién quiera.

Quedaría bien

Si este texto lo leyera un español que despertara de un coma después de cuatro años, se preguntaría ¿de que nación habla este hombre?

Hablo de España, amigo, de España.

P.D.

Se está insistiendo mucho, para ver si cuela, que la Constitución y las leyes se han escrito para fomentar la convivencia y el diálogo de los españoles. Y es un “sí pero no”. Lo que en definitiva no deja de ser un “no”

Las leyes no son cantos al amor y a la fraternidad. Son reglas severas para castigar a los que no respetan vidas y haciendas, para los que delinquen. Y si que favorecen la convivencia, claro, pero es de forma indirecta, sancionando a los delincuentes y, si procede, retirándolos de la sociedad.

La estatua de la justicia no tiene un corazón ardiente o los brazos extendidos en un gesto de amor. Ojos cubiertos y espada.

Valencia, 26 de junio de 2021

Los problemas de la mujer y las verdades y las mentiras del feminismo español.

Aunque he publicado algún comentario sobre el tema, bastante tangenciales y siempre relacionados con hechos puntuales, nunca he querido meterme a fondo en este asunto porque es espinoso y complicado y porque estoy seguro de que diga lo que diga no tendré toda la razón como tampoco la tienen la inmensa mayoría de los que opinan sobre el tema, casi sentando cátedra y basándose, sobre todo, en el tan hispano “porque lo digo yo”. Opinantes que en su mayoría reaccionan impulsados por la sacudida de algún hecho terrible relacionado de forma directa o indirecta con la violencia contra la mujer y que, casi en su totalidad, no son profesionales de psicología, sociología, biología, medicina en general y/o cualquiera de las ramas profesionales que “conocen” el cuerpo y la mente de la mujer que, de manifestarse, lo hacen con el mismo rechazo e indignación, pero de forma más centrada y comedida.

Profesionales de ambos sexos, por supuesto.

Sabiendo que no estaré acertado, empiezo por decir lo que pienso sobre un tema tan confuso, apoyándome muy pobremente en hechos demostrados porque, como he dicho, alrededor de todo este tema hay mucha visceralidad y poco sustento científico.

Lo primero es que no creo en absoluto en los falsos axiomas que se han difundido alrededor de este tema, alentados por partidos políticos interesados en buscar protagonismo y liderazgo en temas sociales y por los grupos más radicales de entre los feministas. Ni el hombre es “enemigo potencial” de la mujer, ni el hombre “no entiende a la mujer”, ni “es un peligro”, ni son ciertas la mayoría de las simplezas que se están difundiendo. Que el varón tiene un impulso sexual más acusado que la mujer es un hecho incuestionable y que venimos de una cultura absolutamente machista y patriarcal, también. Pero eso, en estos tiempos, solo es un punto de partida para buscar soluciones, nunca un condicionante inamovible.

Es más, estoy convencido que el mejor aliado de todas aquellas que se enfrentan cada día con cosas pequeñas y cosas grandes para mejorar su situación, el más válido, sin ninguna duda, es el varón. En nuestra inmensa mayoría las entendemos, las respetamos y queremos ayudarlas. Y para más añadido, en este momento tenemos más poder y más capacidad para cambiar cosas que las propias mujeres, situadas en este momento en un plano más reivindicativo que ejecutivo. Cosa que está cambiando rápidamente, porque a la vista de cómo está avanzando la mujer en el mundo académico, cultural y económico, estoy casi convencido y permítaseme la broma, que el varón humano no tardará en ser especie a proteger.

Lo segundo, perdonadme, amigas mías, es que soy varón y aunque sea menos inteligente que vosotras, especialmente en algunos “tipos de inteligencia”, cosa que siempre he defendido con toda sinceridad, tonto no soy. Y siendo un gran defensor de la convivencia social y de la dignidad de las personas, de todas las personas, como soy, siempre estaré a favor del débil y, en este momento y desde el punto de vista de las armas de que dispone para sobrevivir y prosperar, no hay ninguna duda de que la mujer es más débil que el hombre.

Y lo argumento prestando muy poca atención las opiniones de los partidos políticos o a las asociaciones feministas asociadas a partidos políticos, porque ellos siempre serán “lo que más les convenga ser en cada circunstancia” y con el más convincente de los gestos y los argumentos.

Y no hablo de que haya unos que defienden los derechos de la mujer y otros no, porque estoy seguro de que todos ellos, si pudieran, resolverían este tema de un plumazo. Pero como no es así y la intención de voto es más importante para las estrategias de los partidos que el feminismo o que cualquier otra cosa que importe realmente a la sociedad, los excluyo de estas consideraciones.

Sin entrar en detalles de los muchos líderes significados de partidos de derecha de izquierda de arriba y de abajo que han lanzado dardos y venablos contra los “enemigos del feminismo” y que han acabado teniendo problemas con la justicia por maltratos, abusos y lindezas semejantes.

Y nos queda lo importante, las asociaciones más independientes y la propia sociedad civil.

Y este si que es un axioma. Los mayores enemigos de las asociaciones de mujeres lideradas por mujeres son otras asociaciones de mujeres lideradas por mujeres, o mujeres más o menos independientes comprometidas con la causa, pero con planteamientos y estrategias claramente definidas. Seguro que todas ellas son feministas y que ninguna de ellas permitiría abusos o maltratos sin denunciarlos, pero se comportan como si estuvieran en bandos enemigos, no como interesadas en llegar a un mismo destino, aunque sea por rutas diferentes.

Lo primero que no tengo demasiado claro es que es el feminismo.

Según la RAE, es “el principio de igualdad de derechos de la mujer” y el hombre, y también el “movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”

Es decir, todo y nada. Y como estoy seguro de que si buscara otras definiciones me ocurriría lo mismo, doy mi propia opinión:

Movimiento provocado por la enorme desigualdad social de la mujer, e inspirado por las ideas del empresario, filósofo, escritor y periodista Friedrich Engels sobre temas puntuales como la necesidad de otorgarles derechos sobre la libertad de maternidad, de disociar maternidad de sexo, de tener jornadas laborales más racionales, de salarios dignos y, en definitiva, dar derechos y oportunidades a la mujer que no tenía en ningún orden, ni familiar ni laboral, ni social.

Engels era amigo personal de Karl Marx, con el que colaboró en muchas ocasiones. Marx se inspiró en algunas de sus obras, una de ellas “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, escrita en 1845.

Al principio fueron grupos aislados de mujeres en diversos puntos del mundo, que fueron cobrando fuerza hasta que el movimiento por la igualdad tuvo su primera aparición en público y de forma estructurada el 3 de mayo de 1908, primer “día de la mujer”, en el teatro Garrick de Chicago y no terminará, espero, hasta conseguir la igualdad legal y real entre mujeres y hombres.

Llegados a este punto, comento mi forma de entender los muchos y muy importantes problemas de la mujer, y como deberían afrontarse:

  • Conseguir una igualdad total de derechos entre hombre y mujeres. Me refiero, naturalmente, a que la mujer tenga los mismos derechos y las mismas garantías legales que los varones. Por lo que yo sé, en España ya está totalmente conseguida, pero no ocurre lo mismo en el resto del mundo, especialmente en el llamado “tercero”, donde se ha avanzado muy poco.
  • Conseguir una igualdad real laboral y social entre hombres y mujeres. Y en este capítulo hay mucho, muchísimo que avanzar, no porque lo impida la ley, sino por la picaresca de los empleadores o, en muchos casos, la picaresca de los mismos empleados, por los pactos entre las parejas, o por la complicada situación de las madres solteras o monoparentales.

En este grupo entran las contratadas por menos horas de las que trabajan realmente, aunque también hay otras que no quieren que las den de alta o que las den por menos horas por el enorme error de querer evitar su cuota parte de impuestos. Lo mismo ocurre con varones, aunque entre las mujeres hay un grupo de mucho peso al que no le dan ninguna opción, chantajeándolas con su necesidad más que en los otros casos, que es el de las empleadas de hogar.

Hay otro grupo que corresponde a los empleados a jornada reducida, entre la que la mayoría son mujeres con pareja e hijos con mayor responsabilidad en maternidad y tareas de hogar y madres solteras, un grupo cada vez más numeroso.

Este grupo está falseando las estadísticas porque, al no ponderar ingresos con horas trabajadas, parece que las mujeres cobran menos. Aunque es absolutamente cierto que estos casos, sean pactados u obligados por ser madre soltera, se produce mayoritariamente por su condición de mujer y su mayor carga en el cuidado y mantenimiento de la familia.

  • Evitar la explotación de las mujeres en forma de trata de blancas para que ejerzan la prostitución o para trabajar en talleres clandestinos o tareas parecidas, esclavizadas por auténticos dueños de sus vidas y destinos.

No me refiero al hecho de la prostitución en sí, que es una opción alegal, pero personal, que tienen hombres y mujeres, sino a las que la ejercen en contra de su voluntad. Y aquí entran muchos factores, como la eficacia policial o la colaboración necesaria de los clientes que son los verdaderos responsables de lo que ocurre, porque la soportan económicamente. Y, aunque no tengan consciencia real de lo que están haciendo, porque me figuro que acuden a este tipo de prostitución porque es más barato contratar los servicios de una mujer de carretera que las que se ofrece en prostíbulos legalizados, de hecho, están cometiendo un abuso, casi una violación, porque la mujer no accede con libertad al acto sexual.

  • Proteger a la mujer del maltrato y la violencia física o psicológica de los hombres.

En cuanto a los violentos desconocidos (abusadores “de calle”, violadores, etc.) hay una parte muy importante que debe poner la mujer evitando transitar por lugares peligrosos en horas peligrosas, desconfiando de desconocidos, especialmente si les invitan a copas que no han estado bajo su control, o a ir a sitios que no conocen, exactamente igual que debemos hacer los hombres como medidas preventivas para evitar problemas graves.

La desafortunadísima afirmación de que la mujer debe tener libertad para “poder ir sola y borracha a casa”, de Irene Montero, es un canto a la insensatez y un poner en peligro a la mujer por utopías partidistas. Esto es suponer que el mal no existe y, con afirmaciones de este tipo, lo único que se puede conseguir es que las mujeres, especialmente las jóvenes, desafíen el peligro y se arriesguen a sufrir daños muy graves, incluso a morir a manos de un asesino.

La violencia de género de cualquier otro tipo realizada por sus parejas, su entorno familiar, o su entorno social tienen connotaciones muy diferentes según quién sea el maltratador o el abusador y las circunstancias de cada caso.

Está claro que lo aconsejable es denunciar los hechos, pero no siempre es fácil porque depende de la fortaleza mental de la mujer víctima, de su posible dependencia del abusador, del tenor a represalias, e incluso de la situación económica de la maltratada que, en algunas ocasiones y por lo que he podido comprobar, prefiere soportar la situación de maltrato para no quedarse en la calle.

Si se trata de parejas, hay dos puntos especialmente delicados: Cuando la mujer anuncia que quiere separarse y cuando, una vez separada, tiene una nueva pareja. Son momentos en los que sus exparejas muestran el máximo de violencia y en los que se producen la mayoría de los casos de agresiones y de muertes.

Y, desgraciadamente, una forma cada vez más habitual es hacer daño a la expareja es dañando a los hijos, incluso aunque también lo sean suyos, como ha ocurrido en el último caso de Tenerife.

Por lo que es necesaria una mayor rapidez de los jueces a la hora de tomar medidas cautelares, medidas de protección más eficaces por parte de las Fuerzas de Orden Público para cumplimentarles y una mejor aplicación de la tecnología actual para mantener realmente controlado al posible agresor.

Evitando, en mi opinión, extremos tan absurdos como la situación actual, en la que, si una mujer denuncia un maltrato, la pareja es presuntamente culpables y las Fuerzas de Orden no tienen más opción que llevárselo detenido sin atender a ninguna otra consideración, lo que ha originado muchas injusticias por denuncias falsas, incluso aconsejadas por abogados, para favorecer causas de divorcio.

  • Son muchas las naciones menos evolucionadas en las que la mujer ocupa lugares de segundo nivel y algunas en las que apenas se les reconoce más función que la de dar satisfacción a los hombres, parir hijos y atender a las familias, llegando a la barbaridad de las ablaciones de clítoris de las hembras en un intento de que no obtengan placer con el sexto, reservado únicamente a los varones.

Incluso en las naciones más evolucionadas, hay grupos sociales que todavía consideran a la mujer como ser impuro y no merecedor de desempeñar algunas funciones. Hay clubs o lugares de encuentro privado donde no se dejan entrar a las mujeres y las organizaciones religiosas son un ejemplo de este hecho. En ninguna de las musulmanas, que yo sepa, pueden ejercer ministerios ni orar con los hombres. E incluso en las cristianas los tienen limitados. La iglesia protestante es la única en la que las mujeres pueden ser ordenadas sacerdotes y ejercer los mismos cargos que los varones, pero la católica, aunque ha avanzado bastante recientemente, no ha pasado de autorizar una especie de diaconado de mayor nivel, sin acceso a determinados sacramentos.

Lo lamentable es que todo esto es mucho más complicado porque en demasiadas ocasiones estas situaciones tienen carácter voluntario y, aunque sea discriminatorio desde el punto de vista de las leyes y las costumbres de la mayoría de las naciones, obedecen a una gran carga cultural o religiosa difícil de entender y más difícil de combatir. Solo se puede obligar a que se cumplan las leyes de cada nación, evitando ablaciones, maltratos físicos o matrimonios concertados por los padres, por ejemplo.

  • Conseguir que la sociedad facilite a las mujeres las ayudas y el entorno necesario para poder desarrollar su vida laboral sin renunciar a sus derechos como mujer, como el de la maternidad, las molestias por los ciclos menstruales, etc.

Todo ello requiere ayudas económicas, adecuación de horarios, creación de guarderías en lugares estratégicos para facilitar las jornadas laborables de las madres, etc.

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Ante semejante proliferación de causas-raíz, porque hay más de las que he enumerado, es absolutamente inadecuado tratar de agruparlo todo en una campaña a favor de los derechos de la mujer o en una denuncia global contra su maltrato, porque resulta muy espectacular, pero ineficaz.

Es cierto que las soluciones las deben aportar los políticos, concretamente el poder ejecutivo, que es el que dicta leyes, pero no dejándoles a su libre albedrio y mucho menos permitiendo un uso político de ninguno de estos gravísimos problemas.

Es la sociedad civil la que debe marcar las prioridades, los ritmos y los plazos evitando que nos movilicemos, o que discutamos entre nosotros, a golpe de titular de periódico o de hechos tan luctuosos como el de Tenerife, cuando en el fondo, la gran mayoría estamos de acuerdo en casi todas las cuestiones de fondo.

Y cuando digo sociedad civil no digo que no participen personas de ideología política o social, ¿cómo no van a participar? Pero esto solo avanzará cuando se consiga determinar cual es el mínimo común denominador que agrupe a hombres y mujeres de VOX, o de Podemos, o de la iglesia, o de cualquier otra asociación. Y que estos temas dejen de ser reclamos electorales para convertirse en asuntos de interés común de todos los españoles, en primer lugar, de todos los europeos en segundo y de la raza humana, en definitiva.

Lo que no es de recibo, ni acepto porque creo que no beneficia a nadie y perjudica a todos, los primeros a los afectados directamente, es ver espectáculos como el que ofreció la ministra Montero mezclando unos temas con otros, apoyando lo que no debía y presionando de forma inapropiada y populista a los jueces que dictan sentencias aplicando leyes que ella, como congresista y no los jueces, ha decretado.

Y que, en lugar de ponerse detrás de la pancarta de la rebelión contra el sistema en forma de ataque a los jueces, presione en el gobierno y en el congreso para que se mejoren las leyes que deben mejorarse y haga pedagogía de que en un país democrático las leyes se decretan por consenso, nunca a gusto de todos y que todos tenemos la obligación de acatarnos por muy inadecuadas que nos parezca.

Lo otro no es ni indignación, ni rabia, ni política. Es populismo barato y de la peor calidad.

Porque no creo que haya en España ni una sola persona que lamente menos que ella el asesinato de los niños. Ni una. Y porque en este país nadie tiene el patrimonio de sentir el dolor ajeno, aunque no montemos mítines para manifestarlo.

Y ahora llegamos a un punto absolutamente personal. Y es que no me fio en absoluto de la objetividad y el interés real de los políticos españoles actuales en solucionar los conflictos de la manera más justa, rápida y eficaz posible, porque necesitan tiempo y parafernalia, bombo, platillos, titulares y medallas que colgar a sus currículums políticos.

Y así lo están haciendo con la enorme cantidad de horas perdidas en comisiones parlamentarias con conclusiones escritas antes de convocarlas y sin más propósito que erosionar al adversario político.

La Comunidad Europea tiene una Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y es ahí en donde se deberían tratar seriamente todos estos temas buscando soluciones. Seria y desapasionadamente, sin sobrecargas ideológicas y libre de ninguna contaminación por intereses nacionales o partidistas.

Y, francamente, no creo que sus puestos estén ocupados por feministas militantes, porque lo que realmente se necesita son profesionales de todo lo que se relacione con el mundo de la mujer en todos sus aspectos: legales, sanitarios, educacionales, etc.

Y que trabaje de oficio, fijando prioridades en función de la gravedad de los temas de su competencia y, también en parte, como reacción a hechos puntuales imprevistos. Personas que juzguen los hechos desapasionadamente, sin inmediatez física ni emocional y que dicten normas de obligado cumplimiento.

Que España dicte leyes sobre el particular no es necesariamente malo, ni mucho menos, pero no sin que exista un marco de actuación europeo que las encuadre. De esta forma se evitarían algunas francamente inútiles o simplemente sensacionalistas dictadas “en caliente” o por oportunismo político que, más que ayudar a las mujeres, están creando brechas importantes entre la ciudadanía.

Que es lo peor de lo malo que puede suceder en temas tan delicados como este.

Y que está ocurriendo en otros asuntos tan importantes como la educación, las jubilaciones y tantos otro que deben ser de Estado y no de partido en el gobierno.

Un pequeño añadido: Ninguna condena, por dura que sea, evitará que un desalmado o un loco cometa atrocidades. Ninguna.

Pero condenas duras y apropiadas al delito pueden apartar a los delincuentes de la sociedad durante muchos años. Y me sorprende mucho ver que cargos políticos que se rasgan las vestiduras y con razón, por hechos como el de Tenerife, también se las rasgan cuando se proponen figuras legales como la prisión permanente revisable o que se opongan a que se modifique la absurda ley del menor, tan sobreprotectora y buenista, que permite que jóvenes menores de 14 años sean prácticamente inmunes  hagan lo que hagan y que menores de 18 años que han cometido toda clase de delitos, muchos de violencia extrema contra las mujeres, tengan un trato penal realmente incomprensible.

Y yo creo en la rehabilitación, claro que sí, pero entre la barbaridad legal de los Estados Unidos, en donde según en que caso se puede juzgar a un niño como adulto y lo que tenemos aquí, hay una horquilla de posibilidades que se debería estudiar con seriedad. Y, de nuevo, objetivamente, sin cargas ideológicas.

Recordando siempre que en este mundo cruel e insolidario se producen cada día una enorme cantidad de injusticias sufridas por determinadas etnias, por personas sin recursos y por una gran parte de la humanidad que sufren constantemente atrocidades como las que motivan este nota sin que aparezcan en titulares. Ni siquiera en la letra más pequeña de cualquier publicación, o en el último rincón del telediario con menos audiencia.

Porque pertenecen, no ya al mundo de los perjudicados socialmente, sino al de los “invisibles”.