El rincón de pensar. Los abundantes enemigos de la democracia.

La historia política a partir del siglo XIX nos dice que los regímenes predominantes en el mundo han sido las dictaduras, el comunismo y, como única alternativa viable, la democracia.

Hoy no existen dictaduras “oficiales” excepto en países del tercer mundo y el comunismo desapareció de la faz de la tierra después de su fracaso en todos los lugares en los que se implantó. Porque el comunismo, que siempre se aprovechó de la miseria de los ciudadanos para llegar al poder, nunca aportó soluciones válidas.

En España y en este momento tenemos un amago de comunismo con tintes revolucionarios chavistas que surgió aprovechando el impulso del 15M, se mantuvo, decayó y ha renacido gracias a la debilidad del presidente Sánchez y teniendo como caldo de cultivo la pandemia del Coronavirus. Ha conseguido entrar en el gobierno con varias carteras y se presenta como una especie de bálsamo de Fierabrás que nos salvará de todos nuestros males e incluso nos liberará de las garras de la perversa Comunidad Europea.

Pero la democracia, que surgió como respuesta a los totalitarismos comunistas y a las dictaduras de todos los colores, tiene una debilidad manifiesta: su dificultad para defenderse de sus enemigos internos, los emboscados, los que la utilizan para medrar dentro del sistema utilizando sus propios recursos.

La democracia es el único modelo político que respeta a individuos y colectivos contrarios a sus planteamientos, aunque no acepten sus compromisos éticos y morales, incluso protegiendo su derecho a disentir. Actitud impensable en las dictaduras o en los regímenes comunistas.

Aunque la democracia tampoco es un sistema perfecto. Simplemente es el menos malo. Y siendo uno de sus grandes males el buenismo de sus normas, ha permitido mantener grandes brechas por las que se han colado  muchos de sus peores enemigos: el capitalismo feroz y descontrolado, por ejemplo, o los falsos demócratas que se aprovechan de su debilidad para medrar en su propio beneficio o defendiendo ideas antidemocráticas.

Situación que empeora con el tiempo y que cada vez es más evidente. Empezó con Hitler, tirano exterminador de pueblos y de razas que ganó unas elecciones en Alemania y que aprovechó el poder para perpetuarse en el gobierno de la nación y cometer las mayores tropelías en nombre de “la patria” y de toda una serie de valores que no entran, de ninguna manera, en la esencia de la democracia.

Eso mismo ha ocurrido y está ocurriendo en muchas naciones americanas en las que gobernantes elegidos en las urnas han maniobrado cambiando leyes y costumbres para mantenerse en el poder, teniendo en común que todos ellos se autoproclaman como líderes revolucionarios de izquierda que se “sacrifican” por el pueblo mientras amasan grandes fortunas personales y crean enormes brechas sociales. Poder y control de sus respectivos países que no soltarán de ninguna manera y que trampearán de todas las formas posibles disfrazando cada trampa con mil eufemismos prefabricados.

Al principio amañaban elecciones, práctica que ahora les resulta muy complicada por la vigilancia de terceros países, pero que ahora tampoco necesitan hacerlo. Les basta con tener el control de las fuerzas de orden y de los ejércitos de sus países para que, eliminando o encarcelando líderes opositores, se llegue a elecciones “limpias” con votos condicionados.

Pero no solo en América de sur. En nuestro continente tenemos a nuestro muy democrático Putin que gana elecciones sin demasiados problemas utilizando todos los recursos, legales e ilegales, para conseguirlo. Y que ha logrado cambiar la constitución en 2020 para conseguir mantenerse en el cargo ¡hasta 2036!  Año en el que cumplirá sus 83 de vida.

Así tendrá tiempo para lograr su sueño delirante: reconstruir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y quizás levantar muros, como el antiguo de Berlín, en Crimea o en cualquier otra nación de la gran Rusia feliz.

Y, más recientemente, nos encontramos con el último presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, también elegido democráticamente, empeñado en una especie de recuperación del Imperio Otomano haciendo añicos la extraordinaria modernización de Turquía que realizó Mustafa Kemal Atatürk quién, siendo militar de profesión, se pasó a la política y acabó aboliendo el sultanado y proclamando la república turca.

Pues bién, Tayyip Erdoğan, también elegido en las urnas y siguiendo el modelo de Putin, está empleando todos los recursos de poder para eliminar a la oposición y cambiar leyes en un país que ya era admirable por su cultura y por su historia y que había avanzado significativamente en avances políticos y en las libertades de los turcos, hasta el punto que llegó a tener muchas posibilidades de integrarse en la Comunidad Europea.

Y que ahora empieza a percibirse como una amenaza para occidente por sus planteamientos totalitarios y por sus devaneos con Putin, que ha alentado desde el primer momento la megalomanía del turco tratando de torpedear sus tradicionales buenas relaciones con los Estados Unidos y con la Comunidad Europea.

También en la misma Europa tenemos algunos escarceos en naciones como Polonia o Hungría, ambas con gobernantes autoritarios afortunadamente embridados por las normas de la Comunidad a la que pertenecen.

Y todas estas naciones tienen en común gobernantes populistas y falsarios que emplean términos ampulosos como “grandeza”, “honor”, “servicio”, “progreso” y palabras biensonantes similares con el único fin de engañas a las masas y actuar como auténticos sátrapas en sus naciones. Y todos alardean de ser grandes líderes que luchan hasta la extenuación por el bien de sus pueblos.

Pero no hay necesidad de viajar a tierras lejanas para localizar un presidente llegado al poder de forma legal, primero por una moción de censura y luego en unas elecciones generales gracias a pactos de investidura antinaturales y negados hasta la saciedad durante la campaña, que está utilizando todos los recursos de que dispone para perpetuarse en el poder.

Estoy seguro de que Pedro Sánchez, a diferencia de Zapatero, no tiene más ideología que mantenerse como presidente. Y que si le fuera necesario para conseguirlo, hasta es posible que pactara con VOX.

Tampoco es de los que se enriquece desde la presidencia y sus corruptelas no van más allá de buscar un buen acomodo para su esposa y para algunos de sus amigos, o hacer la vista gorda sobre algunos desmadres de sus socios de gobierno. Pero en cuanto a mantenerse en el cargo no hay duda de que, por él, no saldría de la Moncloa hasta cumplir los 83 años. Como Putin. Y eso nos está costando y nos costará sangre sudor y lágrimas.

También aquí se habla de pueblo y progresismo. Y probablemente tiene razón porque, perdón por el sarcasmo, no hay en España partidos más “progresistas” que los apoyadores habituales: el PNV, los independentistas catalanes y BILDU.

Es cierto que ni tiene ni tendrá en sus manos el poder de las fuerzas de seguridad ni mucho menos al ejército porque en España hay leyes y tribunales que se lo impiden, como también lo impedirían estos cuerpos si llegara el caso imposible de que tratara de utilizarlos en su provecho. Y porque pertenecemos a una Europa democrática que no le va a permitir más locuras que alguna que otra puesta en escena sabiendo que nunca llegará a mayores.

De la misma forma que el propio Sánchez está actuando con los separatistas, dándoles cuerda mientras le sean útiles y no incumplan de hecho alguna de las leyes fundamentales del Estado que siempre están amenazando con incumplir.

Pero mientras y a cambio de esta locura megalomaníaca que le invade, está haciendo un daño casi irreparable a la nación y provocando una brecha ideológica entre los españoles que nos está llevando a la esquizofrenia. Como está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos de Trump, otro loco con delirios de grandeza que trata de mantenerse en el poder, al que ha llegado por unas lecciones, empleando toda clase de trucos y artimañas.

En este caso nuestro presidente solo tiene la fuerza de su muy potente equipo de propaganda, encabezado y coordinado por Iván Redondo al que también habrá que pedir cuentas en algún momento del futuro por lo dudoso de algunas de sus iniciativas, entre las que están aconsejar al presidente el uso de su demagogia absurda, sus frases hechas, su populismo y sus grandes y reiteradas mentiras.

Cuentas políticas sí, porque hace tiempo que dejó de ser un politólogo, un asesor de imagen o un “coucher” para convertirse en un político en activo, aunque permanezca a la sombra del presidente, e incluso legales porque alguna vez conoceremos que resortes se están utilizando para conseguir sus fines.

Estamos en un estado democrático y soy el primer en defender que la única arma posible para  cambiar el gobierno son las urnas o las mociones de censura, como mantengo que hoy por hoy es casi imposible que se produzcan algunas de las dos oportunidades porque lo tiene todo atado y bien atado con favores e intereses mutuos. La única posibilidad, absolutamente remota, sería que parte de su bancada se dé cuenta de que están participando en un proyecto pernicioso y sin futuro, pero esta no es una bancada del Partido Socialista Obrero Español, sino del Partido Sanchista, con muchas dudas de que esté defendiendo a los obreros, que no lo parece, ni a España, que tampoco.

Y detrás de todo este gran problema y del resto en los que estamos inmersos solo hay un culpable: la nefasta ley electoral que fue aprobada para la transición, pero que hemos mantenido vigente porque interesaba y sigue interesando a los políticos porque es una factoría de “siseñores” sin categoría ni personalidad, a sabiendas de que perjudica gravemente a los ciudadanos.

A mí me parece bien el sistema de elección de presidente con segunda vuelta, como el de Francia, el mismo que está vigente en el País vasco, pero me gusta mucho más el “distrito único” de la Gran Bretaña. Porque en esa nación, ejemplar por su democracia aunque últimamente se vea dañada en su prestigio por otro populista innombrable de la nueva ola, Boris Johnson, el Trump europeo que provocó el Brexit engañando a los británicos, no podría darse lo que estamos padeciendo en España.

Sería del todo imposible porque ni las leyes, ni la tradición, ni el sistema electoral de ese país tienen  fisuras que lo permitan. Que aparezcan políticos mentirosos o corruptos es inevitable en todas partes, también allí, pero los controles y las sanciones son mucho más severos que en España.

En el Reino Unido no existen las listas electorales. Cada uno de los parlamentarios británicos se presenta por propia iniciativa y, aunque se inscriban en algún partido estatal, especialmente al conservador o laborista, son elegidos individualmente en sus ciudades o barrios, en sus distritos electorales, donde son perfectamente conocidos por los electores.

¿Se imaginan que en lugar de votar a una u otra lista cerrada de nombres absolutamente desconocidos para nosotros, eligiéramos como nuestros representantes entre Pedro, Lucía, Pepita o Juan, a los que sí que conocemos porque viven en nuestro barrio o en nuestra cercanía?

El escaño es propiedad de cada uno de ellos y no están sometidos a ningún tipo de disciplina de partido ni tienen que rendir cuentas a los dirigentes de cada uno de ellos. Las cuentas las rinden en sus distritos, eso sí, en los que tienen presencia física y audiencias obligadas para someterse al juicio de sus electores.

Esa es la razón de que el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como se llama, pese a estar compuesto por 650 miembros elegidos en 650 distritos electorales, 533 en Inglaterra, 40 en País de Gales, 59 en Escocia, y 18 en Irlanda del Norte, esté casi siempre medio vació. Los parlamentarios solo acuden si se tratan asuntos muy importantes de Estado o cuando las propuestas de ley afectan a los distritos en los que han sido elegidos. Y cuando lo hacen de forma masiva, como no hay asientos suficientes, permanecen de pie, hacinados en los pasillos o en el piso superior.

Su tiempo lo emplean en hacer gestiones personales relacionadas con sus cargos y en mantener contactos con sus electores en sus respectivos distritos y no lo pierden pasando horas y horas sentados en escaños consultando sus teléfonos móviles o echando alguna cabezada de vez en cuando como ocurre en España.

Por todo ello en el Reino Unido sería inconcebible que un parlamentario de Londres votara una iniciativa de su propio partido si afecta negativamente a la ciudad y no existe ninguna posibilidad de que se pacte algo con el Sinn Féin que favorezca a las posturas de IRA, porque la inmensa mayoría de los parlamentarios de los dos grandes partidos votaría en contra.

¿Qué podemos hacer sabiendo que todos los partidos, desde VOX hasta la CUP están en contra de cambiar la ley electoral?

Tengo que confesar que no tengo ni la más remota idea. Porque incluso una iniciativa parlamentaria popular para cambiar la ley electoral y firmada por diez millones de ciudadanos sería rechazada por este congreso elegido en listas cerradas, con parlamentarios “apesebrados” y de estómagos agradecidos que nos representa.

El rincón de pensar y los Presupuestos Generales del Estado:

Esta mañana comienza la presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos y, como era de esperar, la factoría Redondo tiene a cada cual en el sitio en el que quería tenerlo.

Cuenta con la fidelidad de sus apoyadores habituales, sus “semper fidelis” provisionales, en buena parte porque no pueden permitir una caída del gobierno que les arrastraría inexorablemente hacía terrenos desconocidos y también por las dádivas y concesiones que han obtenido, a VOX como oposición preferida para desgastar al PP como adversario político y a Ciudadanos en sus últimos planteamientos de reducción al absurdo a base de obtener pequeños premios  tratando de recuperar parte del prestigio perdido.

Hace tiempo que no me meto con Ciudadanos porque era el momento de darles espacio para reorganizarse como partido y definir cual son sus objetivos y sus prioridades, pero después de este tiempo y a los hechos me remito, se ha convertido en un grupo manejable por el poder, vulnerable como partido y sin un rumbo definido. Porque si aspiran a ser, como ahora, partido bisagra del poder, no creo que puedan sobrevivir durante mucho tiempo.

Y lo que acaban de proponer, apoyar los presupuestos a cambio de que se retire la exclusión del castellano como lengua vehicular en las comunidades que así lo quieran, es la prueba más evidente.

Supongo que ya habrán leído el borrador y que habrán encontrado muchas partidas discutibles pero, por lo que parece que han dicho, tragarán con todo a condición de que les concedan la medalla de salvadores del castellano, cuando en el fondo es algo que solucionará el Constitucional, o eso espero y que por otra parte es un tema lamentablemente superado porque, de hecho, el castellano, más que legua cooficial y vehicular, es un huésped no deseado en el País Vasco, en Cataluña y en parte de los utópicos “países catalanes”.

Pero el muy eficaz equipo del presidente Sánchez ha conseguido crear tal confusión con sus continuas y variadas propuestas, algunas de ellas deliberadamente incumplibles y otras muchas impracticables porque las frenarán las leyes españolas o la Comunidad Europea, que la oposición no puede debatirlas y la ciudadanía tiene la impresión de que el gobierno lanza muchas iniciativas cuando, de hecho, salvo nombramientos de altos cargos y cosas por el estilo, no ha hecho prácticamente nada.

Y es necesario recuperar la cordura y volver a marcar los tiempos de las cosas. Si se discuten los presupuestos se discuten las partidas y nada más. Si se discute las extrañas propuestas dela ministra Celaá, se discuten sus propuestas. Y así todo lo demás.

Sin mezclar churras con merinas. Es el momento de los presupuestos, el momento anual más importante  de cada legislatura, el que define la política real que aplicará el gobierno  y no se puede supeditar su apoyo a que se retire o no la propuesta de marginar el castellano.

Como tampoco a que el Pisuerga pase o no por Valladolid.

A la vista de lo que está pasando ¿Están locos los estadounidenses?

Estados Unidos es una nación que nos sorprende cada día cuando descubrimos sus peculiaridades y que nos desconcierta cuando, por contraste, tiene fama de ser uno de los países más democráticos del mundo.

Desconcierto justificado porque, en efecto, tienen un modelo basado en una democracia sin fisuras que compatibilizan con las más estrambóticas de las situaciones. Y lo cierto es que ambas cosas son ciertas: Estados Unidos es un país democrático en el fondo y absolutamente desconcertante en sus formas de expresarlo.

El problema es que nosotros juzgamos a esa gran nación desde nuestra perspectiva europea, con muchos cientos de años de experiencia y con una larguísima tradición de organizaciones nacionales, cambiantes en el tiempo, pero inmutables en la forma.

Europa, repito, tiene naciones consolidadas desde hace muchos cientos de años e incluso el lejano oriente nos gana en historia porque tenían imperios muy estructurados mucho antes que nosotros.

Mientras que los Estados Unidos es una nación configurada hace pocos años si consideramos los ciclos históricos y formada por antiguos estados o territorios totalmente diferentes entre sí, muy alejados entre ellos y con leyes y costumbres dispares, incluso antagónicas.

Leyes y costumbres a las que no renunciaron cuando se integraron en esa confederación  aunque aceptaron unas cuantas condiciones, como compartir la defensa nacional, la moneda, la fiscalidad y la política exterior, por ejemplo.

Para todo lo demás son independientes. Tienen leyes especiales y solo si se producen delitos “federales”, es decir que se cometan en varios estados, puede intervenir el FBI. Incluso en algunos de ellos hay pena de muerte. Y solo hace cuatro días en términos históricos que los ciudadanos tenían que ir armados para protegerse de ataques de terceros.

Todo esto, repito, mientas en Europa existían reinos más o menos absolutistas que dictaban leyes y normas de obligado cumplimiento por todos los vasallos, ahora ciudadanos. Es decir. Nosotros partimos de sociedades muy estructuradas y con un orden dirigido de forma piramidal por la “autoridad competente”. Existieron reinos más absolutistas, como el de Castilla y otros más dialogantes, como el de Aragón, pero en ambos casos existían unas leyes comunes que respetar y se respetaban bajo amenaza de sanción e incluso de muerte. Y eso configuró un modelo de ciudadano sabedor de que forma parte de un todo superior que debe respetar.

Y desde esta perspectiva es lógico que nos hagamos cruces con las cosas que ocurren en los Estados Unidos, simplemente porque no les comprendemos. Y no les comprendemos porque no nos ponemos en su lugar. Y los juzgamos con nuestros ojos de hoy y de aquí, de la misma forma que hacemos con los acontecimientos históricos. Descontextualizándolos.

Estados Unidos es un país donde el propio presidente está poniendo en cuestión la pureza de las elecciones o donde estados como Michigan, que resultó fallido por la crisis del automóvil, quedó abandonado a su suerte, muchas empresas cerraron y los habitantes del estado tuvieron que buscarse la vida en otros lugares de la nación. Porque en EEUU no hay subvenciones ni ayudas a empresas o trabajadores como lo hay en la Europa comunitaria.

En suma, EEUU es un país despiadado desde nuestro punto de vista, pero así son porque así lo han decidido. Tienen un sistema electoral común vigente a nivel nacional, el que permite elegir congresistas y senadores y también al presidente, aunque las leyes que regulan las campañas y los recuentos de votos son diferentes para cada estado. Sistema electoral que protege el bipartidismo y que se basa en los votos electorales de cada uno de ellos.

Los norteamericanos tienen enormes diferencias entre ellos, en algunos casos casi se odian y hasta se podría hablar de cuatro zonas diferentes: el norte, el sur, el este y el oeste, pero respetan de forma incuestionable los símbolos nacionales y se consideran orgullosos de pertenecer a una gran nación habitada por gente diferentes. Y por si faltaba algo, el populismo y la política barata ha creado otra brecha cada vez mayor, la de los ultras de Trump y la de los demócratas (que no pasan de ser una derecha europea) para añadirlas a la separación entre blancos y negros, hispanos, etc.

Yo no los puedo entender como tampoco lo harán en el resto del mundo occidental, pero los respeto porque son una nación improvisada que se hizo fuerte por causas circunstanciales y que ha sabido potenciar la industria, por ejemplo, hasta niveles increíbles y donde la investigación y la tecnología casi no tienen techo. Un país de contrastes como ser capaces de hacer aterrizar un satélite diminuto en un peñasco diminuto después de años de viaje y no serlo de organizar un recuento de votos a la europea que obtenga resultados reales en muy pocas horas.

Son así y así los tenemos que aceptar. ¿Son inferiores a nosotros? De ninguna manera. Son diferentes como también lo son los de otras culturas incluso más extrañas para nosotros.

Y sean como sean, los necesitamos tanto o más que ellos nos necesitan a nosotros.

Yo prefiero que gane Biden, por supuesto, pero eso no cambiará la forma de ser de los estadounidenses. Eso seres extraños para mí que me maravillaban cuando se ponían en pie respetuosamente  y se llevaban la mano al corazón cuando sonaba su himno nacional, en honor de alguno de sus atletas participantes en nuestra olimpiada de 1992 que había ganado una prueba.

Como ellos mismos gustan decir con frecuencia, “God save America

Seis meses de anormalidad

La suerte está echada y durante seis meses España deja de ser una democracia al uso y se convierte en un estado autoritario al estilo de ninguno de Europa y algunos de Sudamérica.

Seguramente algunos pensarán que estoy exagerando, pero trataré de razonarlo:

Ayer el Congreso voto la aprobación del estado de alarma por un periodo de seis meses,  durante los cuales quedan suspendidas muchas de las libertades y derechos de los españoles porque se supone que hay una razón mayor que justifica está suspensión. Pero la Constitución solo prevé que una vez decretado por el gobierno, son las Cortes Españolas, el Legislativo, las que deben aprobar prórrogas cada quince días que se concederán o no a criterio de la información del momento y por votación de los congresistas.

Pues bien, el gobierno, aprovechando una mayoría que ya tenía pero que ha reforzado Ciudadanos, ha conseguido que el estado de alarma tenga una duración de seis meses, medida de dudosa constitucionalidad  que solo cabe recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque el resto de posibles impedimentos legales  están desmontados por la situación excepcional en la que nos han situado.

Pero, conociendo la lentitud en las actuaciones de este tribunal, tendremos que resignarnos a que esta extraña situación se mantenga todo el tiempo que estime conveniente el gobierno, único que puede deshacerla.

Casado anunció ayer que llevaría el tema a consulta a la Comisión de Venecia, pero este es un organismo compuesto por  “61 Estados miembros: 47 miembros del Consejo de Europa y otros 14 países, entre ellos, Argelia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguizistán, Marruecos, México, Perú y Túnez” solo tiene la misión de asesoramiento en “asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos. Concretamente, presta asesoramiento para la preparación de las constituciones, enmiendas constitucionales y legislación paraconstitucional, así como la legislación sobre las minorías o legislación electoral.”

Es decir, es un foro de opinión que de dar un dictamen negativo a la decisión del gobierno español lo dejaría en muy mal lugar, pero que no tiene ningún poder ejecutivo porque sus sentencias no son vinculantes

Por lo que, si Dios no lo remedia, tendremos por largo tiempo un gobierno autoritario y sin control en esta nación que tanto había avanzado en democracia y libertades.

Y luego, claro está, la medida se acompaña de frases y atrezos que parecen ser buenas para la nación pero que en el fondo no son más que operaciones de marketing político para uso interno, muy del estilo de la factoría Redondo. El mensaje subliminal que se ha lanzado está claro: Si todo sale bien será mérito del gobierno del líder y si sale mal la culpa la tendrán las autonomías.

Y lo de aurora boreal es el generoso ofrecimiento de última hora cuando anunció que revisaría la situación cada dos meses con el Consejo Territorial, que es el órgano titular de la Federación de Municipios y provincias, con la misión de “hacer cumplir las Resoluciones del Pleno, ( de la FEMP) velar por el cumplimiento de los fines estatutarios, aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el del Pleno, articular las relaciones de la FEMP con las Federaciones Territoriales y elaborar propuestas de actuaciones concretas a emprender conjuntamente con éstas, además de las líneas generales de actuación coordinadas, cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno y en el propio Consejo Territorial, aprobar las cuotas anuales de la Federación, así como los presupuestos ordinarios y las cuentas generales con carácter anual. El Consejo Territorial es el órgano de máxima autoridad durante el periodo de cuatro años que transcurre entre la celebración de los Plenos Ordinarios”.

Es decir, un estamento que no tiene nada que ver los Poderes del Estado y al que no hemos elegido para gobernar a la nación. Hemos elegido, sí,  a parte de sus miembros, alcaldes por ejemplo, pero solo para administrar los municipios de los que son responsables.

Pero claro, decir cosas como estas a la población española, deliberadamente poco conocedora de la organización política del Estado,  suena a gesto democrático del más alto nivel, cuando esta consulta no tiene más valor que si la hiciera a la Federación de Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorros, por ejemplo.

Y digo deliberadamente porque ahora, como ocurría en otros tiempos, los gobiernos de turno no tienen ningún interés en que nuestros niños y jóvenes conozcan los fundamentos de nuestro estado de derecho. Para eso están “ellos”, para interpretar lo que es bueno o malo para nosotros, los ciudadanos.

No digo ni mucho menos que este organismo, la FEMP, no deba ser escuchado e incluso que su opinión pueda ser importante, pero “no es eso, no es eso”, como decía Ortega y Gasset sobre otro de los asuntos políticos de su momento.

Los organismos responsables del  gobierno de la nación son, exclusivamente,  las Cortes Españolas, el Ejecutivo, también el Judicial. Y el control de las autonomías corresponde a sus respectivos gobiernos por delegación del de la nación, por lo que meter a un tercer interlocutor no es más que una coartada inteligente para que parezca lo que no es.

Lo malo es que, como he comentado otras veces, esta serie de disparates y atentados contra la democracia solo se puede romper si en algún momento los socialistas de la bancada deciden que la cosa se está saliendo de madre y rompen su disciplina de voto.

Son los únicos que puede hacerlo porque los partidos de la derecha no tienen mayoría y además están jugando a ver quién la hace o la dice más gorda, y los que apoyan al gobierno no moverán un dedo porque les va en ello la supervivencia política.

Y tal como están las cosas, entre congresistas  del pseudo PSOE  de Sánchez, cobardes y empesebrados, los socialistas de toda la vida sin ninguna voz en la ejecutiva del “sanchismo” y el resto de partidos agarrados  a la tabla de salvación o al cuerno de la abundancia que les ofrece Pedro Sánchez, llámese PNV e independentistas, la cosa va para largo. Como mínimo para seis meses.

Que así no sea.

El asalto al poder judicial (continuación de la continuación):

Nada ha cambiado en lo formal, pero sí que se han producido movimientos en contra de la iniciativa del PSOE para modificar la fórmula de elección de los Consejeros del Poder Judicial.

Y uno de ellos ha sido en la Comunidad Europea en su función de velar por las condiciones democráticas de los estados miembros.

Sánchez, el mago de las palabras y los gestos, ha dicho que ningún presidente de gobierno le ha preguntado por este tema y será verdad. Porque la advertencia no viene de países en particular, que sería injerencia impropia en las normas y leyes de otros estados, sino de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) que es el organismo comunitario encargado de velar por la calidad democrática de los estados miembros en materia de justicia.

Y ha dicho, cumpliendo con su misión, que si algún país promueve cambios en sus procesos internos que afecten a la independencia del Poder Judicial, han de ser, necesariamente, para reforzar esa independencia y nunca para limitarla.

Advertencia que entra de lleno en las competencias que le asignaron en el momento de su creación:

“La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) se creó el 18 de septiembre de 2002 por medio de la Resolución Res(2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Se compone de expertos de todos los 46 Estados Miembros del Consejo de Europa (entre ellos España en cuya Delegación se integra un representante del Consejo General del Poder Judicial) y cuenta con un Secretariado. A sus labores cabe asimismo integrar a observadores en las que participa la Unión Europea.

La misión de la CEPEJ es la de mejorar la eficacia en el funcionamiento de Justicia en los Estados Miembros del Consejo de Europa así como desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por el Consejo de Europa.

Sus tareas son:

  • Analizar los sistemas judiciales
  • Identificar la dificultades que encuentran los sistemas judiciales
  • Definir maneras concretas de mejorar la evaluación de resultados y el funcionamiento de los sistemas judiciales
  • Proporcionar ayuda a los Estados miembros
  • Proponer a las instancias competentes del Consejo de Europa las áreas en donde sería deseable elaborar un instrumento jurídico nuevo.

La CEPEJ no es una institución de supervisión de los sistemas judiciales de los Estados Miembros ni tampoco es competente para elaborar instrumentos normativos. El funcionamiento del CEPEJ es gobernado por su estatuto.

Y nuestro presidente sabe muy bien que ir por libre en las relaciones con la judicatura es jugar con fuego, porque puede afectar a las buenas relaciones con la comunidad, al prestigio de nuestra nación y a dificultar la tramitación de algunas de las ayudas que tenemos programadas.

Y, naturalmente, los voceros del gobierno y del partido se han apresurado a lanzar el mensaje de siempre: la culpa  de esta propuesta es de la oposición, que no quiere llegar a acuerdos, y que, encima, está dañando a España cuando lleva a Europa el asunto del cambio en las elecciones de miembros del consejo.

Pues ni lo uno ni lo otro. No tengo idea de la razón real de las desavenencias ni los nombres que se han barajado, (se dijo que el PP bloqueó el acuerdo por el nombramiento de la Fiscal General, por las Críticas al Rey del ala “desmoderada” del gobierno y ahora porque se niega a que Podemos forme parte de la negociación), pero yo no estaba en esas negociaciones y me niego a lanzar juicios de valor sobre lo que aseguran otros porque en el fondo y sea por la rezón que sea, estoy totalmente en contra del trapicheo continuado de la política en temas de interés nacional, cuando deberían ser absolutamente asépticos. Y uno de ellos es el sistema actual de elección de miembros del consejo.

Decía en un escrito anterior: “Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros del Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio. Sería un auténtico golpe de mesa democrático.”

Pues bien, no ha sido Casado, sino VOX quien ha tomado esta iniciativa, mucho más democrática que cualquiera de las propuestas por los partidos de toda la vida. Los “democráticos”.

Y no digo, ni mucho menos, que VOX sea más democrático que el PSOE, el PP, Ciudadanos y algún que otro partido regionalista de menor entidad en número de votantes, pero sí que lo considero más encajado en  la Constitución que Podemos o IU y eso, afinidades ideológicas aparte, merece que lo valore como partido absolutamente legal y al que hay que tener en cuenta.

Y que quede claro que la denuncia de este asalto al Poder Judicial por parte de la oposición no desprestigia a España, ni siquiera al propio gobierno, ya que, para evitarse los trámites reglamentarios de un proyecto de ley, necesariamente largos, es el partido el que hace una a proposición como la podría hacer yo y 499.999 ciudadanos más.

Luego el que en teoría da la mala imagen es este remedo de PSOE, el “sanchista” que tenemos en el parlamento, encabezado parlamentariamente por Adriana Lastra, la misma que pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral del PP.

Y de Pedro Sánchez, que es quién anunció la iniciativa, supongo en su calidad de secretario del partido.

El asalto al poder judicial (continuación):

Sigo con el tema de días anteriores porque es un asunto que me preocupa especialmente y que hay que parar a toda costa, a toda costa democrática naturalmente. Porque si el ejecutivo consiguiera intervenir indirectamente, como pretende, en el nombramiento de los jueces, estaríamos realmente al nivel de Polonia o Hungría que persiguen las mismas prácticas de dominio absoluto aunque, curiosamente y a diferencia de España donde se da todo lo contrario, estén gobernadas por extremistas de derechas.

Y es que los extremos, sean del color que sean, siempre coinciden en tratar de perpetuarse en el cargo y en conseguir el poder absoluto en los países en los que gobiernan. Y hay una larga lista de ejemplo, tanto en Europa como en Asia, o en la América central o Sudamérica.

“Los aforamientos no desvirtúan la relación de poder de los políticos y los ciudadanos españoles por sí solos, sino que lo hacen en conjunción con el otro gran oprobio del sistema político español: la politización de la justicia. La independencia de la justicia no es necesaria solo porque nuestro sistema se fundamenta de manera formal en el principio de separación de poderes de Montesquieu (quien, con mucho acierto, dijo ya en el siglo XVIII que esa independencia ha de ser real y no sólo aparente) sino que, a nivel práctico, la justicia es la manera más elemental de organizarse que tiene la sociedad para limitar el uso arbitrario del poder político, por ello es esencial que la administración de la justicia (es decir, el control de la arbitrariedad  del poder) se haga de forma independiente del poder político.

En España, el organismo encargado de nombrar y promover a los jueces está designado en su totalidad directamente por los políticos: este sistema de justicia politizada se derogó en Francia ya en 1993; en el Reino Unido, los jueces del Tribunal Supremo los elige un organismo independiente, la Judicial Appointmens Commission; y hasta en Italia el organismo de nombramiento de los jueces lo eligen en parte el Parlamento y en parte las asociaciones de los jueces.

(“Devuélveme el poder”, de Miriam González Durántez)

¿Cómo se puede parar esta iniciativa? En primer lugar hay que aclarar que el gobierno ha registrado una proposición de ley, no una propuesta, porque de esta forma se salta las preceptivas consultas al Consejo de Estado y a otros varios estamentos que, aunque no sean vinculantes, deben escucharse y tiene un importante peso político. Es, pura y simplemente un atajo en el tiempo que, además, le evitará posibles opiniones desfavorables a la iniciativa.

Aclaro la diferencia entre proyectos y proposiciones:

“Los proyectos de ley son elaborados por el Gobierno (consejo de ministros), mientras que las proposiciones de ley proceden del Congreso, Senado, Parlamentos de las Comunidades Autónomas o de la iniciativa legislativa popular mediante 500.000 firmas”.

Llegados a este punto, ¿cómo se podría para esta iniciativa del gobierno?

En primer lugar me cuesta mucho creer que la minoría socialista moderada del consejo de ministros apoye semejante disparate pero, por si acaso, hay otras alternativas. Complicadas de salir adelante, pero posibles:

Podría ocurrir que los socialistas constitucionalistas de toda la vida que estén fuera del poder abran un debate formal para parar los pies a este “sanchismo” tóxico que está erosionando los fundamentos de la democracia española.

O que los socialistas con cargos institucionales, como los Presidentes de Autonomías por ejemplo, pidan a los congresistas y senadores de su autonomía que voten en contra. Es casi imposible que les hagan caso porque el pesebre es el pesebre y hay que comer todos los  días, pero puede que algunos  de ellos se huelan cambios importantes y prefieran pasara  a la historia como los que se opusieron a colaborar con los enemigos de la nación.

Se debería presionar al gobierno con manifiestos y manifestaciones populares, cosa harto difícil porque las fuerzas moderadas, que serían las enemigas de la iniciativa, son en su mayor parte la llamada tradicionalmente “minoría silenciosa”, que ahora debería definirse como “mayoría anestesiada” o “mayoría confundida” por falta de cultura democrática o por desconocimiento real de lo que se está fraguando

Otra posibilidad, más probable, es que la Comunidad Europea, en la que confío, tome posiciones concretas y contrarias a estas iniciativas. Opiniones que de oficializarse,  no solo serían consejos que se lleva el viento porque podrían suponer la imposición de sanciones económicas, como en su día se hizo con Polonia y Hungría por razones similares.

De momento el gobierno español ya está recibiendo algún que otro “aviso para navegantes” de la propia comunidad y de otros organismos:

“La Comisión Europea ve con preocupación la cercana “relación” entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España. No hay nombres y apellidos, no hay referencias a Dolores Delgado ni desde luego a situaciones como la creada por el fiscal Luis Navajas, pero en Bruselas observan con reticencias la forma en la que en nuestro país es nombrada la dirección de la Fiscalía General, la coincidencia de su mandato con las legislaturas políticas y la falta de transparencia.

Los técnicos comunitarios, siguiendo muchas pautas marcadas en el pasado por el Consejo de Europa (que tiene sede en Estrasburgo pero no forma parte de la UE) señalan en concreto que el hecho de que el nombramiento salga de Moncloa y que el mandato de la Fiscal sea el mismo que el de la legislatura afectan a la “percepción de independencia” de la institución. Y piden por ella muchísima más transparencia sobre las relaciones y comunicaciones entre el puesto que ahora ocupa la ex ministra Dolores Delgado y el Ministerio de Justicia”.

Opiniones y “runrunes” de la Comunidad a propósito del nombramiento de nuestra muy imparcial Fiscal General.

Y, más recientemente, hemos leído que:

La Asociación Europea de Jueces, con sede en Roma y miembro de la Asociación Internacional, ha emitido un comunicado este martes en el que expresa su «gran preocupación» tras conocer la intención del Gobierno de España: modificar la legislación sobre el Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos por mayoría en el Parlamento, sin necesidad de una mayoría reforzada que requiera negociación entre los grupos como hasta ahora.

De momento no han reclamado que sean los jueces los electores, pero sí que se mantenga la necesidad de acuerdos mucho más amplios que la simple mayoría.

Y ¿qué debería hacer la oposición?

Saben que esta iniciativa tiene todas las posibilidades de salir adelante porque le interesa a Sánchez para seguir en el gobierno y porque le interesa a los “antipatrias” que le apoyan, incluida esta extraña versión de comunismo bolivarista de coche oficial. Porque les viene bien y porque, indudablemente, sacarán buena tajada en el reparto.

Pero algo deben hacer.

Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros de Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio, Sería un auténtico golpe de mesa democrático.

Sería muy interesante conocer cuál sería el pretexto del “sanchismo” para justificar un voto en contra aunque, de momento, dudo mucho de que el PP, Ciudadanos o VOX estén `por la labor.

Porque ahora les toca perder, pero seguro que en su fuero interno les gustaría tener esta misma oportunidad de ser ellos los que impongan los nombres de los “nombradores de jueces”.

¡Porca miseria!

El Poder Judicial, último bastión de la democracia española, seriamente amenazado por el Ejecutivo.

Cualquiera que lea lo que escribo sabrá que nunca he cuestionado las sentencias de los tribunales. Unas me gustan más y otras menos, como a todos, pero ni siquiera comento estas afinidades o discrepancias porque entiendo que los jueces están sujetos a las leyes que elabora o desarrolla el Legislativo, que son los únicos que conocen todos los hechos y las circunstancias y que, afortunadamente, en su inmensa mayoría siguen manteniendo una independencia en sus actuaciones por muchas presiones que reciban desde la política interesada, los poderes fácticos, las redes sociales y los medios de comunicación.

En este momento tenemos una auténtica crisis nacional provocada por una serie de factores coincidentes que amenazan con  generar una auténtica tormenta perfecta en contra del normal ejercicio de la democracia y de un mínimo de convivencia pacífica entre los españoles.

Ruptura en la convivencia muy difícil de evitar porque los políticos de “alto nivel” necesitan tener detrás de sus iniciativas a ciudadanos-seguidores, aunque se les haya convencido con medias verdades, mentiras, o malas artes democráticas.

El primer facilitador de la tormenta es la actuación y el posicionamiento del gobierno actual, gobierno legítimo y actuando desde la legitimidad, que ha preferido pactar asuntos de estado con minorías prácticamente antisistema, como son los separatistas catalanes y vascos, con Bildu y con un desconcertante partido comunista renacido de las cenizas de los comunismos pre democráticos, marinados en los muy peligrosos caldos de cultivo de algunas falsas democracias latinoamericanas, en las que los gobernantes actúan como auténticos dictadores tratando de conseguir el poder absoluto en sus respectivas naciones.

Todo esto en lugar de buscar acuerdos con otros partidos de gobierno con los que hubiera podido conseguir algunos pactos que consolidaran o actualizaran algunos de los muchos e importantes temas que tenemos pendientes. Un desgraciado gana-gana por el que Pedro Sánchez se mantiene como presidente, que parece ser su único objetivo,  y sus “respaldadores” obtienen concesiones que no obtendrían, seguro, si el “sanchismo” se hubiera aliado con el PP o con Ciudadanos.

Pero esta situación, como la del Legislativo, tan condicionada por la disciplina férrea a la que obligan las listas electorales de nuestro maldito sistema electoral, pude cambiar en las próximas elecciones, o en algún momento del futuro.

Lo de la Judicatura y muy especialmente lo del Poder Judicial, es mucho más complejo porque si bien los jueces son libres como tales en sus tribunales, el Consejo Superior del Poder Judicial tiene una marca de duda en su propia configuración, porque sus miembros son elegidos por los políticos.

¿Y porque ese empeño en colocar en el Consejo Superior del Poder Judicial a determinados personajes?

Solo hay una explicación razonable: Que teniendo la seguridad absoluta de que van a cometer delitos o irregularidades legales, necesitan colocar en el Tribunal Supremo, órgano que les juzgará por estar aforados, a jueces de “su cuerda” pensando que llegado el caso doblarán la vara de la justicia a favor de los que les han elegido. Cosa que no acabo de creer porque la gran mayoría de los jueces son imparciales a la hora de sentenciar, pero que puede darse en algún caso.

Y siendo el Consejo Superior del Poder Judicial el que nombra a los titulares de las salas, ateniéndose a ciertas condiciones por supuesto, blanco y en botella.

¿A ustedes se les ocurre alguna otra razón para mantener esta lucha férrea para colocar nombres el Consejo? A mí no. Y lo digo francamente.

¿Y cuál puede ser  la reacción del gobierno a la vista del bloqueo? Parece ser que actuará como acostumbra, cambiando las reglas de juego si las existentes no le garantizan ganar la partida.

En primer lugar inventarse un “algo” (ley, decreto, o lo que sea) que prohíba a los miembros del Consejo Superior efectuar nombramientos si ya han superado su tiempo de mandato. Cosa que va contra la lógica, contra lo que es normal en todas las entidades de la vida civil, incluso de la religiosa, e incluso contra los Estatutos del Poder Judicial de España, que a este respecto dicen textualmente: “Los vocales son nombrados por un período de mandato de cinco años, a partir de la fecha de la sesión constitutiva. El CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo”.

Es decir: que pueden seguir tomando decisiones y hacerlo de pleno derecho.

Con el agravante de que esta demora en los cambios no lo provoca el propio Consejo, que hace tiempo que están pidiendo de todas las formas posibles que las Cámaras decidan los nombramientos, sino la desidia y el egoísmo de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo en proponer a los candidatos.

La otra cuestión es que Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de que la elección de miembros del Poder Judicial pase a ser de tres quintos a mayoría simple, por lo que bastarían los votos de sus compañeros de aventura para cambiar el espíritu y el texto de la propia Constitución, que en el punto 3 del artículo 122 dice textualmente: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

(Una aclaración seguramente innecesaria, pero conveniente: Cuando dice “nombrados por el Rey” quiere decir que el nombramiento formal, la firma, es la del Rey como representante y máxima autoridad  del Estado Español)

¿Cómo lo van a conseguir? Seguro que la factoría Redondo ya está localizando todas las grietas legales existentes en el texto de nuestra Carta Magna, no en el espíritu, para forzar algún tipo de desarrollo y conseguir sus fines. Como hacen siempre.

Cuando lo que deberían hacer si les quedara algo de vergüenza, es buscar algún tipo de consenso para que sean los jueces los que elijan a la totalidad o a la mayoría de los miembros del Consejo, que ahora dependen de las siguientes votaciones:

Puede que hayan jueces “bizcochables” aunque menos de los que la gente se cree porque una vez en sus juzgados la gran mayoría pierden la parcialidad, pero “jurista de reconocida competencia” puede ser hasta un abogado de ETA si nos descuidamos, esos que pasaban a los presos las consignas de la banda, porque de este gobierno, el que dice que Otegui es un “hombre de paz”,  se puede esperar cualquier cosa.

Y de darse el caso, menos fantástico de lo que parece, no habrían medias tintas ni “verdades judiciales”. Irían a saco como siempre han ido.

Por lo que, insisto, si de verdad tuvieran un mínimo de honorabilidad y de sentido democrático, renunciarían al derecho de nombrar a estos 20 titulares del Consejo en favor delos propios jueces.

Alegan para no hacerlo que muchos jueces “tienen ideología” y podría salir un consejo progresista o conservador.

¿Más ideas políticas que los políticos profesionales? ¿Más intereses? ¿Menos fiabilidad? Es evidente, como no, que los profesionales de la judicatura tendrán interés en conseguir tal o cual plaza o hacer carrera profesional pero, por supuesto, con menos condicionantes y utilizando muchas menos trapacerías que nuestros muy deteriorados democráticamente padres de la patria.

Porque, ellos sí, están expuestos a la luz pública y no pueden arriesgarse a ser acusados de prevaricaciones o posiciones de favor. Entre otras cosas porque sus conductas serían analizadas y sancionadas por el propio Tribunal Superior.

Escribo esta nota en el convencimiento de que es como predicar en el desierto, frase acuñada para San Juan Bautista y salvando todas las circunstancias, pero yo me considero obligado a practicar cierta pedagogía que, por supuesto, no servirá de nada. Ni convencerá a mis seguidores partidistas ni afectará las decisiones de “los que mandan” porque ni siquiera la leerán aunque se la remita como tengo por costumbre.

Pero, al menos, he intentado poner mi granito de arena denunciando estos hechos y las maniobras políticas que se están pergeñando.

Lo demás no depende de mí. Solo tengo un voto y ninguna seguridad de que, vote a quien vote, lo utilizará adecuadamente.

Los poderes del Estado y la actitud inaceptable del gobierno español.

Últimamente y con motivo de la confusión deliberada que está provocando el gobierno central, especialmente por boca de algunos de sus ministros, parece que las cosas no son como son, sino como algunos quieren que parezcan.

Y en este caso me refiero exclusivamente a la posición del Rey en la Constitución Española, sus funciones y sus obligaciones. Y digo exclusivamente porque la confusión no afecta solo a este tema, pero es uno de suma importancia por las consecuencias que pueda tener en cuanto a la información interesada lanzada a los ciudadanos. Información que, como digo, genera confusión aunque no tenga ni peso ni consecuencias legales ya que no hay ninguna posibilidad de que ocurra lo que dicen que va a ocurrir si no se siguen los procedimientos establecidos en la Constitución.

Se trata de hacer ruido y provocar división entre españoles, objetivo nunca disimulado de los partidos comunistas, tan amantes de tensionar situaciones, y de la extrema izquierda, al que, sorprendentemente, se han apuntado los socialistas de la fracción “Sanchista”

En primer lugar, recordar que el Título II de la constitución Española, en su artículo 56, punto 1 dice que: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Es decir, que la figura del Rey está por encima del resto de las instituciones aunque, lógicamente, tenga que coordinar alguna de sus acciones y todas sus opiniones con cualquiera de los tres poderes, especialmente con el ejecutivo, para no interferir en las políticas  puntuales de cada uno de ellos o en las del gobierno de turno.

Pero repito que las cosas son como son y no como dicen que son. La estructura del Estado, cuya representación y máxima autoridad la ostenta el Rey, está basada en la separación de los tres poderes: Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El Legislativo, compuesto por las Cortes Generalesejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”, y es el único lugar en el que se pueden promulgar leyes a propuesta del Ejecutivo o por alguna de las otras iniciativas previstas en el reglamento de las Cortes Españolas. Lo componen las Cortes y el Senado.

El Ejecutivo, que es el gobierno de cada momento, elegido con la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y que está sujeto al control del legislativo y del judicial para garantizar que sus actuaciones se ajustan a derecho en la forma y no incumplen la Constitución en los hechos.

Y el Judicial que tiene la obligación de validar que ciudadanos y estamentos cumplan las leyes  establecidas, incluido, como decía antes, el propio poder Ejecutivo y también a los miembros de la judicatura.

Y ¿Qué tiene que ver todo esto con la polémica actual? Todo.

Decía que el Rey debe consultar y obtener la aprobación del gobierno para evitar interferencias en las políticas de cada gobierno, pero solo en lo que se refiere a las políticas “legales”, aquellas que, como decía, se ajustan a derecho y ni incumplen leyes ni se entrometen las decisiones de los otros poderes en la estructura del Estado.

Es decir: El Rey no puede ir por su cuenta a un acto convocado por la Asociación de Machistas Empedernidos o de Enemigos de la Migración Africana, si es que existieran esas asociaciones  y quiera Dios que nunca existan, ni tampoco organizarse un viaje a un país extranjero sin la aprobación del gobierno porque puede afectar a las relaciones internacionales, pero claro que es libre de aceptar invitaciones o acudir a actos propios de los otros poderes del Estado o de los estamentos y organismos que lo soportan, como son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad,  asociaciones profesionales, etc.

Porque resulta que, por mucho que el gobierno  trate de aparentar lo que no es hinchando las plumas como los pavos reales macho, cada uno de los poderes del Estado tiene su marco de actuación perfectamente definida y tienen reconocido el mismo estatus estatal. Exactamente el mismo.

Es cierto que el Ejecutivo está mucho más en la actualidad por la inmediatez de los acontecimientos y por la dinámica que obliga ser el que tiene la facultad de tomar decisiones sobre temas del día a día, pero eso no significa que esté por encima de los otros dos, ni mucho menos que tenga el mismo nivel que el Rey, único representante real y legal del Estado Español.

Y así ha sido siempre y siempre se han respetado las reglas del juego desde el año 1978. Las que afectan al orden y también las de cortesía. Y todos los presidentes de gobierno, de izquierda o de derechas, las han mantenido escrupulosamente.

Y en este contexto, el presidente del gobierno está facultado para lo que está y únicamente es responsable de lo que es responsable: Gestionar adecuadamente los recursos del Estado, trabajar por la mejora de vida de los españoles, buscar la concordia, mantener buenas relaciones con otros países y, en definitiva, dejar la nación mejor que cuando ocuparon el cargo.

Sería absurdo suponer que cuando el Señor Sánchez va a Bruselas y negocia algún asunto o da una rueda de prensa, por ejemplo, habla en nombre del gobierno, de las cortes y de la judicatura. Eso, hablar en nombre del Estado, solo le corresponde al Rey, pero pretender que se cumplan estos principios elementales es auténtica ciencia ficción en los tiempos que corren.

Porque es evidente que desde que entró en la Moncloa, Pedro Sánchez está tratando de minusvalorar el papel del Rey, desde el famoso ¿error de protocolo? del besamanos, pasando por llegar con retraso a sus citas con el Rey, o el haber suspendido de hecho los despachos semanales en la Moncloa, que no están regulados por leyes, pero que es una costumbre que han mantenido todos los jefes de gobierno y que simbolizan lo que son: El respeto y acatamiento de los gobiernos a la jefatura del Estado.

Respeto que se simboliza en los otros poderes con la apertura oficial de las Cortes de cada legislatura, que preside el Rey, o con la del año judicial que también preside.

Porque cuando el gobierno, las Cortes o el Poder Judicial ejercen sus funciones, no lo hacen en su propio nombre, sino en nombre del Estado, que es como decir en Nombre del Rey que lo representa, de la misma forma que en las naciones republicanas lo hacen en nombre de la República.

Y parezca lo que parezca, desde el punto de vista legal continuamos exactamente igual que hace años, por mucho que le pese a Pablo Iglesias, comunista venido a más y al propio Pedro Sánchez, el peor colaborador del Rey, el más ambicioso y el que menos escrúpulos tiene para medrar en lo personal a costa de lo que sea. Una especie de “trilero mayor del reino” que ayer mismo y en sede parlamentaria, casi afirmó que los que defendían la monarquía la estaban patrimonializando.

Pero, eso sí y como siempre, lanzó la piedra y escondió la mano porque él no atacó al Rey, pero permitió sin inmutarse que parte de su gobierno y de sus socios independentistas lo hicieran. Forma de actuar en política inventada por los nacionalistas vascos de tiempos de Arzallus cuando decían que “unos agitan el árbol y otros recogen las nueces

Pero si preguntáramos a los ciudadanos, incluidos muchos universitarios, contestarían que el que manda es el gobierno y que el resto de poderes, incluida la corona, deben estar sometidos a su autoridad sin pensar que un gobierno de locos, que puede salir porque estamos en una democracia, podría destrozar nuestras estructuras si no hubiera alguien que le controle y le pare los pies..

Se podrá cambiar la forma de Estado y pasar a ser República, se podrá conseguir que el poder judicial y el legislativo dependan de la “máxima autoridad” como ocurre en Venezuela y en otros países con democracias degeneradas, pero para llegar a ello hay que seguir un proceso claramente marcado por la Constitución. Y no me parece ni factible a corto plazo ni oportuno en este momento.

Eso o sacar al ejército a la calle, como en ocurre en esos países, cosa absolutamente imposible teniendo como tenemos unas Fuerzas Armadas y unos Cuerpos de Seguridad del Estado democráticas y preparadas, que me atrevo a asegurar que ni siquiera obedecerían las órdenes del Rey, capitán general delos ejércitos, si les diera una orden inconstitucional.

Como ya se demostró en el desgraciado 23F, que quizás no fue tan “desgraciado” porque sirvió para demostrar con la fuerza de los hechos que la gran mayoría de los poderes del Estado, incluidos los estamentos militares, estaban al servicio de la nación y no al de cabecillas nostálgicos e irredentos.

Todo esto puede parecer “un rollo”, pero es algo que deberían conocer los españoles desde las escuelas como ocurre en los países democráticos de todo el mundo. Si conocemos las normas elementales del código de circulación ¿Cómo ignoramos los fundamentos de la Constitución y de nuestra forma de Estado?

Esta es la verdad de nuestra situación legal y no lo que parece si se escuchan determinadas tertulias, se leen determinados periódicos, o se siguen muchas de nuestras malintencionadas y dirigidas redes sociales.

Pero eso, hablar por boca de ganso, es lo fácil y lo cómodo. Leer algo que no enseñan en los colegios ni tampoco en la Universidad, hasta puede provocar dolor de cabeza.

Incluso se vende como cosas de fachas o de viejos.

Ha llegado lo que tenía que llegar. El Estado y los independentistas catalanes, un matrimonio que no se sostiene.

Leo en una nota de Europa Press, que “el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado este sábado que Cataluña debe decidir “o república catalana o monarquía española”, después de que el pleno del Parlament aprobara el viernes una resolución de JxCat, ERC y la CUP que declara Catalunya republicana y sin rey.”

¡Acabáramos! Esa especie de matrimonio de conveniencia que hemos soportado tantos años y que hemos intentado que funcionara no tiene ninguna solución. Y llegados a este punto, lo mejor, como en todos los casos de convivencia imposible, es que cada uno se vaya por su lado.

Pero no me refiero, ni mucho menos, a que Cataluña y el resto de España se repartan el ajuar y vaya cada uno a su propia casa. “No es eso, no es eso” como decía Ortega y Gasset en una situación parecida de confusión política. El Estado se queda dónde está y Quim Torra y todos los parlamentarios catalanes separatistas se van a donde quieran ir. Incluso se pueden quedar en Cataluña si lo desean. Y, por supuesto, sin ajuar.

Una de pedagogía elemental que el gobierno actual juega a ignorar. O al menos se hace el loco.

La Constitución española establece la existencia de las Comunidades Autónomas a las que se delega una parte de las funciones del Estado:

Definición de “delegar” en el diccionario de la RAR: Dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación.

No se trata, de ninguna manera, de una cesión:

“Ceder”, según el mismo diccionario es: Dar, transferir o traspasar a alguien una cosa, acción o derecho”.

Es cierto que en el lenguaje político actual se habla de “transferencias”, término que puede provocar una cierta confusión muy al estilo de los políticos, pero si alguien tiene dudas de qué estamos hablando, puede consultar los puntos 1, 2 y 3 del artículo 150 de la Constitución que, en resumen, dicen que las autonomías son una representación del Estado en las competencias que el gobierno tenga a bien delegar y, en ningún caso, pueden apoderarse de competencias que no les corresponden.

Y como garantía de protección ante posibles excesos e incumplimientos, está el famoso artículo 155 que, en definitiva, dice que si una autonomía incumple el pacto se le pueden retirar parte o la totalidad de sus competencias hasta que se resuelva el conflicto.

Por poner un ejemplo entendible, el administrador de una propiedad o de una comunidad tiene delegados algunos de los derechos u obligaciones del propietario, pero en ningún caso puede autoproclamarse propietario de lo administrado, ni tampoco dictar normas para las que no está autorizado o que sean contrarias a la ley.

Pues bien: ya metidos en harina, mi opinión es que todos los cargos autonómicos, desde los presidentes hasta los congresistas, pasando por otros cargos de responsabilidad, consiguen dichos cargos tras unas elecciones que puede convocar la propia autonomía según lo previsto en sus competencias, pero los cargos adquiridos suponen una representación de la comunidad en primer lugar y del Estado en segundo, en su ámbito de actuación.  Y por tanto tienen el deber ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución, único marco de actuación de todo este proceso

Es cierto que la permisividad del último gobierno, el anterior solo autorizó la coletilla de “por imperativo legal”, ha permitido que se escuchen fórmulas de toma de posesión que rayan en lo ridículo y lo pueril, pero en el fondo tampoco importa demasiado.

Uno es congresista o cargo autonómico según lo establecido por la Constitución y las leyes españolas  y no por decisión propia ni tampoco, como se dice tan frecuentemente, “porque lo han decidido los ciudadanos”. Naturalmente que sí, pero dentro de un contexto claro e inequívoco. Tú eres lo que seas porque el Estado ha autorizado que lo seas. Y punto pelota

Es un argumento tan falso, también aceptado de forma inexplicable por los gobiernos, de que los impuestos los pagan las autonomías. Ni de coña. Los impuestos los pagamos de forma individual cada uno de los ciudadanos, residamos donde residamos y las autonomías son, en todo caso, beneficiarios directos de parte de esos impuestos.

Volviendo al muy honorable señor Torra y a sus amigos independentistas, no hay ninguna duda de que son españoles. Han nacido en España y tienen la ciudadanía, porque de no ser así no hubieran podido ocupar el puesto que ocupan.

Podrían haberse declarado apátridas y no presentarse y no lo han hecho, por lo que desde un punto de vista legal  son españoles. Tampoco podrían haberse declarado de nacionalidad catalana porque no existe esa nación. Ya lo intentaron con el rollo de los DNI catalanes que no pasaron de ser un mero adorno, porque si tenían que realizar algún trámite oficial o cruzar fronteras no les servía para nada.

Y no hay mejor prueba que el hecho de que cuando les cita un juez, catalán o de la Audiencia Nacional, acuden a la convocatoria como los primeros. Y que cuando alguno intenta soltar sus rollos, como ocurrió en el juicio por el famoso referéndum, el Magistrado que residía la audiencia les cortaba la palabra y les recordaba que no estaban allí para soltar peroratas, sino para contestar a preguntas.

Y se tenían que callar. Recuerdo que en una de las sesiones, las vi casi todas, un listo dijo que estaba allí “por imperativo legal” y el juez le cortó con una contestación lógica e inteligente: “y yo, y todos los que estamos aquí”

Y entramos en lo que ya pasa a ser especulaciones mías. El Tribunal de la Rota de la Iglesia declara que un matrimonio canónigo es nulo cuando no se cumplen o no se cumplieron las condiciones para declararlo completo según la doctrina de la iglesia: Tienen que ir libres, no coaccionados, deben tener intención de tener hijos y no ir al matrimonio con algún otro tipo de reserva mental o moral que lo condicione.

Pues aquí deberá ser exactamente lo mismo: si los que juraron el cargo lo hicieron en falso o tenían reservas sobre respetar y hacer respetar la Constitución,  nunca “consumaron” el cargo. Es decir, desde el punto de vista Constitucional nunca fueron ni presidentes, ni parlamentarios. Aunque hayan ejercido durante años, como ocurre con los citados matrimonios cuando, pasado un tiempo, uno de los conyugues se entera de que el otro nunca quiso tener hijos.

Y como decía al principio: “llegados a este punto, lo mejor, como en todos los casos de convivencia imposible, es que cada uno se vaya por su lado”.

¿Qué haría yo si estuviera en el puesto de Presidente del Gobierno? Les haría la gran pregunta: ¿Tuvieron reservas? Es posible que digan que sí, que no, que si el pueblo catalán y otras zarandajas por el estilo, pero es una pregunta cerrada que solo se puede contestar con un sí o con un no.

Y si se atreven a decir que no por cobardía, es un hecho incuestionable que el día de ayer el Parlamento Catalán aprobó, en sesión plenaria, que  “que declaraba a Catalunya republicana y sin rey·

Blanco y en botella. Se declaran nulos los nombramientos y se convocan elecciones en Cataluña. En mi opinión, sin fundamento jurídico, podría decidirlo el propio gobierno, pero si tienen algún “miedo escénico” o dudas legales, siempre puede recurrir al Tribunal Constitucional.

Lo que no se puede admitir más, ni un solo día, ni con reyes de comportamiento impropios en lo personal, ni con ninguna otra ceremonia de la confusión, es tener como representantes del Estado a los que no reconocen al Estado. Ni un día más. Todo esto es y ha sido un fraude de ley inaceptable.

Otra cosa es que hubieran manifestado su intención de avanzar hacia un estado republicano  para que les concediera no sé qué forma autonómica. Eso sería legal. Pero lo que ha dicho no es eso. Han dicho que se manifiestan república y que no reconocen al Rey de su nación, que es España.

Podría ocurrir que convocadas elecciones los elegidos sigan en sus trece, pero para eso está el seguro del 155.

Y que conste que no pretendo, ni de lejos, ni crear conflictos, ni atacar a Cataluña como autonomía ni nada que se parezca. Es una gran región, ahora autonomía, que tiene todos los encantos de su historia, la real, de su cultura, de sus paisajes y de todo lo que puede hacer grande a una región. Pero también tiene locos fanáticos que están destrozando una parte de sus valores y consiguiendo que el resto de los españoles se formen una imagen falsa de lo que es Cataluña y los catalanes.

Tampoco quiero que se declare ilegal la Autonomía porque pueden y deben tenerla. Solo pretendo que se recupere la democracia y la legalidad real, tanto tiempo desaparecida en Cataluña por los tejemanejes de personajes chantajistas y corruptos, como Jordi Pujol y su entorno, o por descerebrados como los que actualmente controlan, aunque cada vez menos, las voluntades de los catalanes con mentiras y milongas.

Así que, mis muy queridos parlamentarios catalanes, devuelvan al Estado español esas acreditaciones que no les corresponden porque las obtuvieron con engaños.

Que así sea.

Querido presidente:

Le escribo esta carta para informarle de como van las cosas por la España que usted preside ya que estando aislado como está, es posible que no esté al día de las cosas que están pasando.

En cuanto al CODIV19, las infecciones están subiendo y ya casi alcanzamos los peores niveles del mes de mayo. Afortunadamente hay menos fallecimientos, posiblemente porque la edad promedio de los infectados ha bajado notablemente, pero nadie asegura que no volvamos a lamentar muertes en residencias y lugares de alto riesgo.

Ayer la consejera de sanidad del País Vasco declaró que ya estamos en una segunda fase de la pandemia, pero no se preocupe: Fernando Aragón, su “hombre comité de expertos” nos ha vuelto a tranquilizar diciendo que no hay para tanto.

No tengo idea de porque los vascos dicen lo que dicen, pero seguro que hay dinero o petición de nuevas transferencias en juego. Que nunca dan puntada sin hilo.

Pero mientras, no se olvide  de advertir a su equipo de marketing de que utilice el hecho objetivo: “Pedro Sánchez consigue que el porcentaje de fallecidos sobre infectados descienda drásticamente”.

La oposición sigue tan cerril como siempre y sin acceder a “arrimar el hombro” para sacar el país adelante. Ellos preguntan que en que cosas tienen que arrimar el hombro, pero en el fondo todos sabemos que solo son argucias para no colaborar. Cosas de la derecha insolidaria que lo único que quiere es oponerse a todo para derribar al gobierno.

Su vicepresidente, el señor Iglesias, sigue por ahí denunciando el hecho de que no le hayan informado de la salida de España del Rey emérito. Ya le han dicho varias veces que el gobierno no puede impedir ni forzar su salida porque Juan Carlos es un ciudadano libre y puede ir a donde quiera y cuando quiera, pero para mí que no se lo cree.

Por cierto, cuando le preguntan por “lo suyo” se molesta mucho y lamenta que se pierda el tiempo en esas cosas cuando hay asuntos tan importantes como la corrupción del emérito.

Una novedad estética es que se ha recogido la coleta porque dice que sus hijos le tiran del pelo y otra más importante es que ha anunciado que los jóvenes conseguirán que España sea una república. Lo entiendo, porque los jóvenes, muchos de ellos, ni saben muy bien que es una república ni imaginan que este cambio es más importante que celebrar un botellón en la playa en una noche de verano. Que será divertido.

No puede decir que “serán los mayores” porque, aunque muchos sean republicanos, la mayoría sí que tienen una memoria histórica real, no la que solo sirve para cambiar nombres de calles, también para no repetir errores y saben los pros, los contras y lo absurdo que es plantear asuntos como este en los tiempos que corren.

Así que ¡a por los jóvenes! Que, al fin y  al cabo son el futuro. Aunque antes, repito, habrá que explicarles cual es nuestra forma de Estado actual y que es lo que van  a pedir. Tenga en cuenta que buena parte de los jóvenes de hoy pasan de estas cosas porque las consideran “un rollo”.

Leo en un titular de hoy mismo que su vicepresidente está tan enfadado que “amenaza a Sánchez con romper el pacto sobre la Monarquía y agitar la república”. Lo que demuestra lo mentiroso que son los periodistas, al menos los que han publicado esta noticia y que no te puedes fiar de nadie.

Es imposible que haya existido un pacto de este tipo porque Iglesias no ha dejado de hablar de la necesidad de proclamar la república en ningún momento. En algunos casos de forma muy disimulada y sutil, pero si uno es muy inteligente y sabe leer entre líneas, puede adivinar sus “aficiones”

Por ejemplo cuando le preguntaron sobre el tema en la rueda de prensa después de un consejo de ministros y contestó que si hablara como Podemos diría que está a favor de la república, pero que como estaba en  el gobierno no podía manifestarse

Hilando fino es muy posible que quisiera decir que Pablo Iglesias es partidario de la república, pero no el vicepresidente. O al menos eso entendí. Claro que puedo estar equivocado porque ahora hay muchos cargos públicos bipolares que diferencian claramente lo que dice la persona de lo que dice el cargo. Es un poco confuso para mentes como la mía, pero será porque soy mayor.  

Y cuando Pablo Iglesias habla con sus hijos: ¿tiene que aclararles cada vez si lo hace en condición de padre, de vicepresidente del gobierno o como presidente de Podemos? Yo para mí que se van a hacer un lío.

Y, francamente creo que es el momento de que dé el paso. No con “twittes” ni “facebukes” ni con chorradas de ese tipo, que así no se ganan repúblicas. Nada de amagar. Una propuesta parlamentaria en toda regla pidiendo el cambio de forma de Estado y, como decía mi querido Joaquín Prat ¡a jugar!

Pero no sufra, señor presidente, porque me temo que “no hay”. Son gente de mucho ruido pero de muy poca formalidad

Me dicen que Europa está muy preocupada por sus planes futuros. No preguntan si el Señor Iglesias continuará en el gobierno porque la Comunidad Europea no puede interferir en la composición de los gobiernos nacionales, pero sí quieren conocer cuál será su política inmediata, que medidas tomará para asegurar que el dinero que le darán a  fondo perdido se destinará a lo que está previsto y que garantías ofrece de que devolverá el prestado a bajo interés. Es decir, no le preguntan si es de noche, pero quieren saber si el sol ya se ha puesto.

Es que son unos cotillas y unos entrometidos. Lo que antes se llamaba unos “metomentodo”.

Pero continúe tranquilo su descanso porque la factoría Redondo está revisando los monólogos de Mario Moreno, Cantinflas, para ver como les puede hablar mucho sin decir nada. Como sabe es el manual de cabecera de siempre, el que enmarca sus actuaciones, aunque hay un cierto temor a que los presidentes de otras naciones, los muy bordes, ni le entiendan ni quieran arrimar el hombro. Pero tranquilo. Ya pensaremos en como cruzaremos el rio cuando lleguemos a él.

La economía sigue en caída libre. Sé que usted dijo que eso era pasado, pero las bolsas, los bancos y los depositarios de las deudas de las empresas y de los particulares como si no se lo creyeran. Lo práctico sería el conocido “confísquese” de algunas de ellas porque se lo merecen, pero todo esto ha llegado demasiado pronto y no les ha dado tiempo a nacionalizarlas. Un adelanto tan lamentable como la caída del muro de Berlín, que pilló a contrapié al gobierno de la UURRSS.

Hay más parados, pero tampoco sufra por ello. Muchos tienen seguro de desempleo, pero si no pueden llegar a fin de mes, ahí está Cáritas y otras ONG’s para ayudarles. Preguntamos en Servicios Sociales, pero parece que no andan muy sobrados de fondos.

Y una buena noticia, que todo no ha de ser negativo: entre los puestos de trabajo que se han perdido no hay ningún político. Más bien han crecido en cantidad porque se han nombrado nuevos subsecretarios y asesores de toda clase y condición.

Y luego otro tema que  quieren endosarle: cada vez hay más confusión sobre cómo controlar el despliegue de la infección porque nadie sabe muy bien lo que debe hacer. El gobierno dijo en su día que son la autonomías las que deben tomar las medidas necesarias, pero a estas alturas ya se han dado cuenta de que ni la guardia Civil, ni la Policía, ni las fuerzas armadas, dependen de ellos. Ni siquiera las policías municipales que, cómo su nombre indica, son de los ayuntamientos. Y siendo así, como es, ¿Cómo pueden darles órdenes sobre qué hacer con los que entran en pateras, por ejemplo, o como pueden hacer cumplir sus propias decisiones?

El asunto ha llegado a tal punto que incluso la justicia ordinaria está poniendo trabas a las decisiones de los gobiernos autonómicos con el pretexto, ¡siempre queriendo hacerse notar!, de que exceden sus competencias. Y ahí el gran dilema: Si las autonomías no tienen competencias para según qué cosas, el gobierno está tan desaparecido como la asistencia primaria y los especialistas de la Seguridad Social (¡perdón!, ha sido un lapsus) ¿Quién resuelve el conflicto? Siento agobiarle con estas cosas, pero no quiero que se entere por terceros porque la prensa canalla tiende a exagerar las cosas y  le pueden amargar el día.

Mi sugerencia es que anuncie la creación de muchos “comités de expertos”: de inmigración ilegal, competencias de autonomías, represión a la ciudadanía, ocio y botellón, etc. Luego no hace falta que nombre a nadie, pero queda que no veas.

Y también me han dicho, no sé si será verdad, que cuando vuelva de Lanzarote irá a pasar unos días a la finca de Las Marismillas, en el Parque de Doñana. Hace bien, que las vacaciones suelen ser adictivas y hay que evitar la depresión post vacacional. Y no hay nada mejor que dejarlas por etapas,  como hacen los buceadores con botellas de oxígeno cuando vuelven a la superficie haciendo paradas para no sufrir embolias. En su caso no es a la superficie, claro, sino a sus obligaciones como presidente.

Y no sufra porque no hay nada que  no pueda esperar unos días más y la nación sobrevivirá.

Hay muchos otros temas, pero creo que es suficiente por hoy. Espero que esté disfrutando del magnífico palacio de La Mareta que un Rey,  Hussein de Jordania regaló a otro rey, Juan Carlos I, es decir que era de su propiedad particular y que Felipe VI cedió a Patrimonio. No me extraña que Podemos esté cada vez más cabreados con usted con tanto tratar con reyes, pero  ya sabe cómo son esos chicos.

Y le pido perdón. En un comentario anterior dije que se olvide de que es Pedro Sánchez, el triunfador, y que recuerde que es el presidente del gobierno español.

Fue un momento de debilidad por mi parte porque entiendo que es muy duro haber llegado a donde está para renunciar a la Moncloa, al Falcon y al poder que ha acumulado como consecuencia de la maldita pandemia.

Un afectuoso saludo

José Luis Martínez Angel.

P.D.  Un amigo que ha leído esta carta me dice que no debo ser sarcástico con mi presidente. No me explico el comentario porque está escrita sin doblez, es la de un ciudadano agradecido a su presidente de gobierno. Los hay mal pensados