Mi muy estimado y respetado Sr. Punset:

El otro día leí un comentario suyo sobre los supuestos sucesos de Cataluña, y digo supuestos porque en este mundo de mentes torcidas y pasiones encendidas es muy difícil determinar la realidad de los hechos. Tenemos demasiadas versiones de personas interesadas en uno u otro sentido, y numerosos testigos de cosas que han sucedido. O no.

En este comentario se lamenta amargamente de que en España no exista separación de poderes, e incluye afirmaciones, más bien lamentaciones, como la siguiente:

“En España no existe la separación de poderes de Montesquieu; el poder político elige y controla el organismo judicial. Ha llegado el momento en el que los partidos políticos tienen que ceder poder”.

Y digo lamentaciones personales porque me resulta casi imposible pensar que comentarios como este sean fruto de la reflexión, y no el resultado de dejarse llevar por los sentimientos, actitud no extraña en su trayectoria vital, en la que, hasta hablado de ciencia nos transmite mucho más que hechos objetivos más o menos cuestionable. Nos transmite emociones, ilusión, vitalismo.

Pero en eta ocasión, mi muy querido Sr. Punset, sus emociones han sobrepasado con mucho una realidad sobre la que se podrán tener sentimientos varios y muy diferentes, pero donde conviene, y mucho, mantener una actitud moderada y objetiva. Mucho más tratándose de una personalidad como la suya que tiene, sin duda, ascendiente social.

Porque ha hablado de la justica, y tiene razón cuando dice que es manifiestamente mejorable. De hecho, es una de mis reivindicaciones habituales, absolutamente ignoradas dada mi poca posibilidad de influir y mi casi nulo poder de ser escuchado. Las otras, con las que me figuro que estará de acuerdo, son la reforma de la educación, de la ley electoral para ir a un sistema de listas abiertas, reducción del número de congresistas, etc.

Sin embargo, y teniendo muchas carencias estructurales, no estoy de acuerdo con su afirmación de que el ejecutivo controle al poder judicial. Y por muchas razonas. En primer lugar porque a la hora de la verdad, una vez cubiertos los trámites que exige la ley y seguidos los procedimientos que determinan si debe aplicarse la justicia ordinaria o la de los aforados, cada uno de nuestros jueces es independiente en sus decisiones, y esto es un hecho incuestionable.

También lo son los fiscales, aunque tengan una estructura jerárquica y al Fiscal General lo nombre el Gobierno. Los fiscales actúan según su criterio, y existe un Consejo Fiscal para rectificar puntos de vista o para resolver dudas en las instrucciones. Y hace muy poco, a propósito de un procedimiento del fiscal anticorrupción, hemos comprobado su existencia y su eficacia.

Y, porque opine lo que opine el fiscal, es el juez el que toma la última decisión, lo que se llama “verdad judicial”, no siempre de acuerdo con nuestras opiniones particulares, pero siempre ajustadas a derecho.

Y si hubiera dudas, existe la herramienta legal del recurso. Pero claro, yo tengo un gran amigo, jurista de mucho prestigio, al que una vez y en una conversación informal, le comenté que la suya era una profesión que necesitaba mucha vocación, porque la mitad de los solicitantes de justicia o de los intervinientes en causas judiciales, los “perdedores”, se manifestarían insatisfechos con sus sentencias.

Sonrió y me comentó que “la mitad no. Mas de dos terceras partes, porque los que pierden no están de acuerdo, y la mitad de los que ganan tampoco, porque les parece que nuestros fallos no son todo lo duros que ellos quisieran contra sus oponentes, o menos favorables a sus intereses de lo que esperaban”.

Y una justicia que ha encausado a cuatro ex Presidentes de Autonomía, y a una multitud de “ex importantes” en todos los campos de nuestra sociedad, que está investigando a partidos políticos, incluido el PP que es del gobierno, y que ha sentado en un banquillo a ¡la hija de un Rey!, puede tacharse de todo menos de obediente a sugerencias del gobierno, ni de la propia Casa del Rey.

Y, siguiendo con este ejemplo, la instrucción la completó un juez que se manifestaba públicamente como muy de izquierdas, al que la opinión pública consideraba comunista y republicano, y del que se llegó a decir que se le llamó para que se integrara en la lista de Podemos y no aceptó porque quería terminar la instrucción. Son hechos que no puedo confirmar porque se lo he oído o leído a terceros, pero que tienen muchas posibilidades de ser ciertos.

Y, como Ud. sabe muy bien, la aplicación de la justicia tiene su fase de instrucción, el juicio, y la resolución de posibles recursos. Y, lamentablemente, tenemos una justicia lenta y pesada, pero, por lo que estamos viendo, implacable.

Pero en España hemos conseguido que la ciudadanía opine de las sentencias como opina sobre las alineaciones de los equipos de futbol, o de las decisiones de los entrenadores y/o los seleccionadores nacionales.

Y no tienen claro, porque les están mareando en tertulias y titulares de prensa, radio y televisión, que el Juez Instructor, el titular de la causa, y los intervinientes en los posibles recursos, tienen limitado su campo de actuación al del ordenamiento legal redactado por el Poder Legislativo. Y que la acusación más grave que puede sufrir un juez es la de prevaricación.

Y que, a base de intoxicación en los medios, la gente tome como “sentencias” lo que son medidas preventivas previas a la instrucción que, como razonaba anteriormente, tampoco tiene categoría de decisión judicial definitiva, porque el que ejecuta es el juez o tribunal que juzga, valga la redundancia, las pruebas aportadas por el instructor.

Y esto es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa. El que ha provocado su escrito y mi desconcierto.

Lamentablemente entiendo que la sociedad civil, tan mal informada por sectores interesados, no repare en que la figura de la Justicia se represente como una mujer que balancea el peso de los hechos y de las circunstancias que concurren en los propios hechos con las consecuencias penales en las que ha incurrido el reo, que empuña la espada de impartir justician, y que tiene los ojos cubiertos por una venda.

Porque la Justicia no puede ni debe ver más allá de los hechos probados, ni dejarse influir por las circunstancias sociales o los momentos políticos en el que estos hechos se han producido.

Y que los Jueces solo deben obedecer a criterios objetivos. Entiendo que uno de los extraordinarios consejos de Don Quijote a Sancho cuando se dispone a gobernar en Barataria, “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”, no se refiere tanto a que se reblandezca por las circunstancias personales del reo, que en todo caso actuarán como atenuante, sino a una de las máximas de la justicia “In dubio pro reo”, que realmente se traduce por “si tienes dudas falla a favor del reo”, y no dudas por los sentimientos del juez, sino por la calidad y firmeza de las pruebas aportadas.

Por tanto, y desde mi punto de vista, la actuación de la Juez Lamela aplicando las medidas cautelares, es perfectamente legal y, posiblemente, aunque no puedo afirmarlo porque no tengo conocimientos jurídicos, las acertadas a tenor de los hechos denunciados.

Entiendo sus emociones, Sr. Punset, porque los encarcelados son amigos suyos y porque, de alguna manera, puede que entienda que su delito ha sido luchar por un modelo de estado catalán que en alguna medida entienda y hasta puede que comparta. Pero los delitos de los encausados son muy graves, por mucho que se quieran envolver de ideología y/o romanticismo.

En justicia no existe, no debe existir, el bandido generoso ni el político sacrificado por el pueblo, como tampoco existe el famoso “la maté porque era mía”. Los ciudadanos cometen delitos o no, y su gravedad no la puede determinar ni los sentimientos ni la opinión pública, porque, en este caso, los detenidos merecerían cadena perpetua para unos, y la liberación inmediata para otros.

Y, por supuesto, no le juzgo porque le entiendo. Pero entiéndame Ud. a mí cuando digo que lo mejor para todos es que la justicia continúe manteniendo la venda de los ojos, y que los jueces “no manchen sus togas con el polvo del camino”.

Por todo lo anterior, entiendo que su afirmación fue inoportuna y pudo contribuir seriamente a deformar la opinión pública o a enfrentar a la sociedad con los jueces, precisamente porque Ud. está en el grupo de los moderados y los “sabios”. En ese grupo de influyentes que deben medir bien sus palabras porque son escuchadas y tienen peso.

¡Que sería del país si la justicia dependiera de nuestros sentimientos personales!

Con todo mi afecto

Frases hechas, consignas, mantras. El mundo independentista y su modo de actuar. Hay que repetir muchas veces las mismas cosas para confundir, aglutinar y enardecer. El muy conocido “agipró”, agitación y propaganda, de los movimientos revolucionarios.

He visto, leído y oído montones de declaraciones con planteamientos muy similares, mezclando las partes con el todo y pretendiendo que hechos aislados y/o falsos se conviertan en paradigmas: “presos políticos”, “gobierno opresor”, “democracia es votar”, “justicia manipulada por el ejecutivo”, “quieren humillar a Cataluña”, etc.

A un lado están los buenos, los pacíficos, los que no odian, y al otro estamos los demás.

He visto en la televisión a Gerard López diciendo: «No hay derecho a que a los catalanes nos traten como criminales», y también he comprobado que el Barça sigue, erre que erre, mezclando su buen hacer futbolístico con políticas barriobajeras y de muy poco nivel, por muy grandes que sean sus pancartas.

A los catalanes, amigo Gerard, nadie los trata como criminales. A los catalanes que han cometido algún delito se les ha abierto diligencias judiciales, eso sí. Como ocurre con los de Madrid, los de Sevilla o los de Burgos. ¿O hay algún tipo de patente de corso para los ciudadanos de esas tierras que desconocemos?

Catalanes hay millones por toda España y nadie se mete con ellos. Catalanes son los que viven en Cataluña y no piensan en independentismo, y tampoco se meten con ellos. Corrijo: nosotros no, Uds. Sí.

Catalán es Ud. que parece defender la independencia, y tampoco tiene problemas por expresarlo, emplee los argumentos que emplee y con la vehemencia que estime oportuno. Catalán es Pep Guardiola, admirado por muchos cuando era líder de la selección española de futbol y ahora independentista de toda la vida. Y no tiene ningún problema legal, aunque le lluevan las críticas por sus manifestaciones.

¿Qué Matrix les han montado para que personas con formación digan lo que dicen?

Lo contrario del odio es el amor, y sorprende que también han mezclado estos dos conceptos administrándolos según su criterio. Si digo que Cataluña, mi querida Cataluña, debe permanecer en España es que odio a Cataluña. ¿De verdad se lo creen?

Nunca me meto con el Sr. Rufián, entre otras cosas porque creo que él mismo ha creado un personaje de ficción, extremo, para redimirse de su condición de “charnego”.

Que diga lo que quiera, que está en su derecho, pero a mí, que he acompañado una vez a mis amigos de Barcelona, colegas de empresa y catalanes por raíces y convicciones, nacionalistas hasta la médula, nada independentistas, en su marcha a pie de cada año desde Barcelona hasta el monasterio de Montserrat, que sentí como propio el éxito de la Olimpiada de Barcelona porque allí me tuvieron, y a mucha honra, cuando pidieron mi colaboración, no me puede catalogar de enemigo de Cataluña. Ni cien mil “rufianes” podrán hacerlo. De ninguna manera.

Le aseguro que yo amo a Cataluña mucho antes de que Ud. naciera y de que sus padres dejaran su querida Andalucía huyendo de la miseria y se trasladaran a esa comunidad, que les acogió, para ganarse a vida.

Si quiere hablamos de las razones por las que Andalucía era pobre y Cataluña rica en aquellos momentos, pero me figuro que no le interesa porque las sabe. Y su conducta y sus principios de adopción están ayudando a que la brecha existente sea todavía mayor, en perjuicio de los habitantes de la tierra madre de sus antepasados.

Y claro, yo no estoy de acuerdo. Y en estas en las que estamos, me encontrarán en la acera de enfrente de las convicciones democráticas sin necesidad de votar nada en referéndums ilegales y sin garantías, porque ya voto cada cuatro años. Votaciones con garantías, estas sí. Como corresponde.

Así pues, señor Gerard y todos los que piensan como Ud. No pretendo que cambien, ¡ojalá bajaran a tierra firme desde esa nube a la que les han subido!, pero si están esperando que les entienda o les defienda, ¡olvídense!

Por cierto: ayer opiné que sería bueno que la juez Lamela retire la euroorden y permita que el Sr. Puigdemont y sus compañeros de fuga se queden Bélgica dando el coñazo a los belgas. Cada vez me gusta más la idea. Sería bueno para ellos, que eludirían la cárcel, y bueno para nosotros, que nos evitaríamos lamentos y victimismos.

¡Vixca Catalunya!.

Escucho, leo y, por razones profesionales, me he visto inmerso en algunos temas judiciales, casi siempre por temas de relaciones comerciales, pero está claro que no soy un experto.

Sin embargo, siempre he pensado que cuando hay algún conflicto con varias opciones de solución, lo mejor es apostar por la más simple. Y siguiendo este razonamiento estaba sopesando las ventajas e inconvenientes de que la juez Lamela retire la euroorden que se ha emitido para que la justicia belga autorice la repatriación de Puigdemónt y sus acompañantes.

Me explico. Siempre he pensado que Bélgica en una nación “rarita”, como lo demuestra su compleja organización política y algunas peculiaridades, como el hecho de que en los últimos atentados terroristas de París se escapara uno de los implicados, identificado y residente en un barrio de Bruselas, porque, según sus leyes, no se podía detener a nadie a partir de la 21:30. Me suena que ya han cambiado esta norma, pero era especialmente singular y absurda.

Tampoco es un país que facilite las extradiciones, como hemos comprobado en algunos casos de etarras, pero, en cualquier caso, y suponiendo que se acepte la petición de la justicia española, la extradición sería condicionada a que se les juzgue en España, exclusivamente, por los delitos que también lo son en la legislación belga.

Es decir, si les reclaman por delitos de rebeldía y malversación, pongo por caso, y en Bélgica no tienen reconocido el delito de rebelión, cuando vuelvan a España solo se les podría juzgar por el de malversación. Y creo que existe la posibilidad de que así ocurra.

El resultado sería que volverían a España para ser condenados, si procede, por delitos mucho más leves que los de sus compañeros del destituido gobierno y de la mesa. Lo que resultaría injusto para los que se han quedado, y muy paradójico ante la opinión pública.

Por eso pensaba que lo mejor sería retirar la euroorden. Que se queden en Bélgica eternamente dando el coñazo a los belgas y sin poder salir del país. Porque si regresan a España se le detendría de inmediato para juzgarlos por todos los delitos que han cometido, y si van a otro país europeo más “normalito” y colaborador, se podía solicitar su retención hasta que reciban la correspondiente solicitud de extradición y, entonces sí, volverían a España con todas las garantías legales, pero sin condiciones.

Claro que todo esto, seguramente, no pasa de ser una “parida” mental propia de una tarde de sábado.

En los días convulsos, como los que estamos viviendo, es cuando se puede calibrar la cultura política de nuestro país y lo que hemos transmitido a las siguientes generaciones.

No se trata de recordar la transición, de sus enemigos y de todas las piedras que tuvimos que apartar del camino hacia la democracia para conseguir una convivencia pactada y con futuro. A los que no la vivieron y les han dicho que no fue más que una forma de enmascarar los crímenes del franquismo, no hay forma de sacarles de esta curiosa conclusión.

Me rindo.

Pero estamos en 2017 y, en teoría, la educación recibida y el acceso a los medios debería haber conseguido una mayor formación política y el conocimiento de lo que es la democracia representativa cuando, evidentemente, no es así. Quizás ni se habla de ello o se habla poco en las escuelas y los institutos. No lo sé.

Una parte de la ciudadanía emplea su tiempo en insultar, mentir o provocar en las redes sociales, lanzando mensajes absolutamente falsos o malintencionados que, inmediatamente, encuentran miles de seguidores que tratan lo dicho por muchos desaprensivos como verdad revelada. Como hechos incuestionables.

Pero el problema no sería tan grave si los políticos “profesionales”, los que saben con toda seguridad lo que es verdad y es mentira, y lo que es legal o no lo es, no falsearan deliberadamente la realidad de los hechos defendiendo causas egoistas o buscando votos entre la miseria y la podredumbre. Y estos días, muy especialmente y con motivo del problema catalán, los impresentables crecen como setas.

Y pongo como ejemplo paradigmático la última “declaración institucional” de la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, en nombre de su Consistorio, que en unos minutos batió todos los récords de filibusteismo, miseria profesional y falsedad, tratando descaradamente de recoger todas las migajas del destrozo causado por los dirigentes catalanes. A esta señora, con clarísima vocación de poder, no le ha importado encabronar más, y perdón por la expresión, a los ya encabronados, con conocimiento de causa o sin ella, romper más la sociedad catalana, o ampliar la brecha abierta entre esta comunidad y el resto de los pueblos de España.

Esta señora habló de las medidas preventivas adoptadas ayer en términos de venganza del gobierno, voluntad de humillar a Cataluña, y lindezas semejantes. No dijo en ningún momento que las medidas, sean proporcionadas o no porque no tengo formación jurídica para calificarlas, las dictó una juez prestigiosa, con treinta años de experiencia, haciendo uso de la libertad que la ampara para que pueda ejercer la judicatura sin influencias ni directrices de personas como la señora Colau, o el señor Rajoy si fuera el caso, al que, por cierto, no le habrá sentado demasiado bien la decisión de la juez porque altera aún más el momento político de Cataluña.

Pero él sabe, y respeta, que los tiempos de la justicia son como son y así debe ser. Por más que esta mañana haya escuchado en la radio, concretamente en la Cope, al Sr. Montilla, senador y ex de todo, que los jueces “no deben ser autómatas” aplicando la ley, y que deben “considerar” los momentos en que toman medidas o dictan sentencias. Así nos va si un personaje de este calado insisten en que el poder judicial se someta, más o menos, a la influencia de la política o de las circunstancias.

Y esta señora, la alcaldesa de Barcelona, afirma que han metido en la cárcel al gobierno “legítimamente elegido en las últimas elecciones autonómicas”, lo que es rigurosamente cierto. Pero no ha dicho que los gobiernos autonómicos se eligen para administrar los recursos transferidos en beneficio de sus administrados, dentro del marco de la constitución y de las leyes del estado, y las de las propias autonomías, de rango menor que las estatales.

Y que el gobierno de la Generalitat, al que tanto defiende, ha incumplido sistemáticamente este mandato pese a las advertencias de sus propios organismos legales, de la oposición en el Parlament, del gobierno de la nación, y del Tribunal Constitucional, por lo que el gobierno, haciendo lo que le obliga la Constitución y con el apoyo de la gran mayoría de los representantes del estado en el senado, decidió aplicar el artículo 155 para restablecer el orden constitucional en Cataluña, y que la primer medida fue destituir al gobierno desleal que ha querido desafiar al Estado. Y que esta destitución es tan legal como los resultados de las elecciones autonómicas, por lo que, señora Colau, el Gobierno de Puigdemont ya no es legal en Cataluña.

Lo fue en mala hora y para desgracia de los catalanes.

Y también se enmascaran los hechos de ayer, como si las medidas preventivas fueran una sentencia en sí mismas. No los son, señora Colau, y Ud. lo sabe bien. Se hubiera decidido o no la prisión preventiva, y en ello parece haber influido bastante la actitud gallarda del Sr. Puigdemont huyendo a Bélgica, el meollo de la cuestión son los delitos cometidos que se juzgarán en su día, se decidan o no medidas preventivas.

Y, estén o no en la cárcel, en la cárcel ingresarán si así lo decide la sentencia, como ingresarán todos los que gozan de libertad provisional en España por estar acusado de delitos de corrupción por ejemplo, cuando las sentencias sean firmes. Y que las amnistías y los indultos puede que estuvieran previstos en la idílica República de Cataluña, con todos los poderes sometidos a la autoridad de los gobernantes, pero no se contemplan en las leyes españolas. Las leyes que Ud. debe respetar, señora Colau, porque es española y ostenta un cargo público.

Por todo lo cual considero que la muy ambiciosa señora Colau, que quiere ser la futura lideresa de Cataluña, a plena luz o en la sombra, es mentirosa, dañina para la situación actual de Cataluña, en la que hay que apaciguar y no enardecer, y nada de fiar. Todo ello con la ayuda inestimable de otro personaje destacable, Pablo Iglesias, al que la historia pondrá en su sitio a no mucho tardar, porque su carrera política se terminará tan rápidamente como empezó ya que no tiene consistencia ni principios. ¿De izquierda y apoyando a separatistas? ¿Sabe Ud. quién es Francisco Frutos? ¿Sabe que es catalán, hijo de campesinos y campesino en sus primeros tiempos, antes de militar en el extinto PCE? ¿Sabe cómo peleó por los trabajadores y cuantos enemigos se creó por hacerlo? ¿Le escuchó el otro día decir que “Podemos ha sido el palanganero del independentismo en Cataluña”?

Lo más probable es que Francisco Frutos, como tantos otros que pelearon por conseguir la España que tenemos, sea un desconocido para el Sr. Iglesias, como lo será para la inmensa mayoría de los menores de cuarenta y cinco años. Y que conste que nunca he estado de acuerdo con los planteamientos comunistas, pero siempre agradecí la honradez de estos personajes, y su labor de contrapeso, como la que ejerció el entrañable Marcelino Camacho, el hombre enseña de CCOO, que lucía en los inviernos los jerséis de cuello alto que le tejía su mujer, y que nos prevenía de los “contubernios” con aquel hablar tranquilo y familiar. Al que quisieron hacer político y no pudieron, porque era sindicalista. Como le ocurrió a Nicolás Redondo Urbieta, el líder carismático de la UGT.

El, Marcelino Camacho, sí que podía decir con la cabeza muy alta que “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”, porque nació en una familia modesta, vivió modestamente y estuvo encarcelado por defender “al proletariado” de los peligros del “capitalismo y la judeomasonería”. Él, como muchos otros, nunca, jamás, hubiera hecho o dicho algo que no fuera en defensa de la clase obrera, dentro de la ley, que siempre acató, y en apoyando la universalidad de la lucha social, tan contraria a la idea de los nacionalismos y los derechos a decidir.

En cambio, a Ud. señor Iglesias, no le ha costado nada llegar a donde ha llegado. Su andadura política ha sido un camino de rosas. Protegido por las leyes del Estado, estudió y creció en el seno de una Universidad y se hizo famoso porque supo aprovechar la indignación y la desgracia de los desfavorecidos por la crisis el 15 M. Porque inteligente no parece, pero listo sí que es.

Fue la primera vez que se puso delante de una pancarta y, desde entonces, no ha dejado de aprovechar cualquier oportunidad de ponerse a la cabeza de los movimientos que otros han gestado.

Y han sido tantas las pancartas que, francamente, ni podemos reconocer la base política de Podemos, ni puede seguir aglutinando a sus movimientos y sus mareas. Ni le entienden ni le siguen.

Perdonen la pedantería, pero creo que de vez en cuando hay que recordar cuales son los tres poderes del Estado, y como deben actuar para proteger a nuestra sociedad. Al estilo de Epi y Blas, los pedagogos infantiles de la tele de hace muchos años:

El legislativo, que crea o corrige las leyes del Estado Español y controla la gestión del gobierno. Está formado por 350 congresistas. Por cierto; son los mismos que fijó la transición cuando se escribía a mano o con máquina de escribir mecánica, se viajaba en coche, en tren y/o, con suerte y según localidades, en avión. No teníamos más medio de comunicación que el correo ordinario, el teléfono, el telégrafo o los teletipos, y tampoco existían las Autonomías con funciones delegadas. ¿Seguro que no sobrara más de la mitad?

El ejecutivo, que gobierna cumpliendo las leyes y haciéndolas cumplir, dentro de los límites que le marca la constitución.

El judicial, que juzga y califica los incumplimientos de la ley, y dicta sentencias aplicando las leyes que han creado los políticos del poder legislativo.

Todo ello bajo el amparo institucional de la corona, del Rey, representante del Estado español, que reina, pero no gobierna, asumiendo las funciones que le asigna la constitución: El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.”

Son poderes independientes porque, aunque la fiscalía es jerárquica y al Fiscal General lo nombra el gobierno, los fiscales son autónomos en sus decisiones, y, en todo caso, las sentencias las dictan los jueces, que son totalmente independientes. Y si las sentencias no perecen justas, siempre existe el derecho a recurrir. Y si el juez no parace el apropiado para un determinado caso, se puede solicitar su recusación justificando las razones para hacerlo.

Pues bien. Como decía anteriormente, resulta que políticos profesionales, que pertenecen a partidos registrados y ocupan puestos en la administración central, autonómica o local, o no lo sabían cuando ocuparon los cargos, o se han visto afectados por ese mal del populismo que nos ha invadido y que les confunde el entendimiento.

Porque, interpretando la ley y desautorizando al poder judicial, tipifican a su libre albedrío los hechos afirmando que un detenido por orden de un juez es un “preso político”, o que invadir calles y generar tumultos frente a edificios oficiales coaccionando a funcionarios es “derecho de opinión”. Pero cuando los políticos catalanes tuvieron que entrar en el Parlament escoltados por la policía o en helicóptero, no lo entendieron como libertad de expresión. Los denunciaron y pidieron su encarcelamiento por “coartar a los legisladores”, delito tipificado en las leyes españolas. ¡Curioso!

Lo peor de esta historia, insisto, es que están confundiendo gravemente a la ciudadanía a la que están abocando a situaciones extremas en función de sus intereses particulares o, como mucho, de partido.

Paz y sosiego es lo que falta. Lo que sobra son políticos indeseables, arribistas y deformadores de la conciencia de la ciudadanía. Como la Señora Colau, por ejemplo.

Y ¡por favor!, no prostituyan más la palabra «diálogo». Recuerdo un cartelito que compré en un mercadito de Londres que decía «Be flexible. Do things my way», traducido al castellano «Se flexible. Haz las cosas a mi manera», que puse sobre la mesa de mi despacho. Naturalmente era una broma de jefe a mis colaboradores, pero me temo que, en estos tiempos, hay muchos que lo toman literalmente. Son políticos para los que dialogar es «hacer las cosas a su manera».

Valencia, 3 de noviembre de 2017