En España es práctica habitual, marca de la casa, diría yo, dejar que los problemas engorden hasta hacerlos parecer irresolubles. Podría poner muchos ejemplos, pero hoy quiero centrarme en la masificación de los llamados “pisos turísticos” y el problema que está creando en algunos lugares y en algunas comunidades de vecinos.

Y llegados a este punto, parece que el adoptar medidas supondría generar conflictos que no contentarían a ninguna de las partes implicadas: Ayuntamientos, propietarios, inquilinos y vecinos de los inquilinos de este tipo de pisos.

Porque estamos inmersos en una mentalidad sociológica en la que la actitud de la administración a problemas concretos es “mejor no tocarlo”, hasta que explota, o esperar a que otro resuelva el problema, lo que manifiesta cobardía política y falta de compromiso.

Cuando, visto desde la perspectiva de un ciudadano que no vive de la política y ha trabajado en la empresa privada, casos como estos se abordarían con un planteamiento elemental, un “como estamos”, para poder determinar el camino correcto para llegar al “como queremos estar”. Lo habitual en las decisiones empresariales que trabajan en la llamada “calidad total”.

Algo que ya aplicaba Guillermo de Ockam, un pensador del siglo XIV, con su hipótesis de “Principio de Economía”: “una hipótesis es tanto mejor cuanto más explica con menos elementos teóricos”. Es decir, “las hipótesis deben ser sencillas y predecibles y aquello que puede explicarse de forma sencilla no debe ser interpretado mediante hipótesis innecesariamente complejas y alambicadas”.

Pero si los políticos practicaran esta filosofía, ¿De qué vivirían?

Y pongo como ejemplo Valencia ciudad y sus muchísimos pisos turísticos:

Lo primero, en mi opinión, sería cuantificar el número máximo de alojamientos hosteleros que se debe aceptar en la ciudad. Esta es una decisión política, valiente, que debe tomar la autoridad municipal, a ser posible consensuada con la oposición y asesorados por un equipo multidisciplinar de psicólogos, urbanistas y representantes de los gremios directamente afectados.

Y dejar establecida esta modalidad de control de “cantidades” de forma que no se convierta en arma política en caso de cambios de color de las autoridades municipales, aunque se actualicen por circunstancias demográficas.

Limitar el número de plazas hoteleras tendrá la oposición inmediata de parte de la hostelería, especialmente los representantes de bares y restaurantes, pero el respaldo incondicional de los ciudadanos de a pie, los verdaderos “dueños” de la ciudad.

Una vez decidida esa cifra, habría que determinar las prioridades de autorización, que no me parecen muy complicadas.

1.1.- Porque yo empezaría, como es natural, por las plazas de hoteles y apartoteles operativos en la ciudad en el momento en que se realice el estudio.

1.2.- El segundo lugar de preferencia debería ocuparlo los pisos controlados por empresas autorizadas a alquilar pisos propios o de terceros. Es un sector que no suele crear problemas porque tienen normas muy estrictas, tanto para el control de los inquilinos, como para la protección de los vecinos. Valga como ejemplo la disponibilidad de teléfonos 24 horas para contactar con la empresa en caso de que se produzca cualquier incidente.

Este tipo de empresas están establecidas y acreditadas en Europa desde hace muchos años. Yo las he conocido en Londres y ofrecen muchas garantías a los clientes y muy pocas molestias, prácticamente ninguna, a los inquilinos de los inmuebles de que disponen.

Y están cubriendo un espacio muy apropiado y casi inexistente para viajeros que prefieren alojarse en un piso en lugar de un hotel, por precio, por comodidad, o por afinidad familiar de los viajeros. Para ellos es una variación al apartotel, a mejor precio y con mayor oferta y aportando el valor añadido de la variedad de ubicaciones en la ciudad.

1.3.- En tercer lugar, pondría a los propietarios actuales de pisos con autorización para ofrecerlos en la modalidad de “alquiler turístico”. Autorización que presupone que, como en el caso de las empresas, tienen perfectamente controlados a sus inquilinos y soluciones a las posibles molestias que puedan causar a los vecinos de cada uno de estos pisos.

Y también, como no, las condiciones mínimas de habitabilidad de los pisos ofrecidos.

Aunque la medida a aplicar desde el primer momento, antes de decidir las siguientes, es perseguir severamente a los muchísimos infractores actuales que son los realmente responsables de la merecida mala fama de esta modalidad de alquiler: los arrendadores ilegales, los “legales” que no controlan a los inquilinos o no protegen a los vecinos, etc. Supongo que es un número desconocido, como ocurre con los infractores de otros sectores, pero seguro que son muchísimos.

¿Cómo se implementaría todo este proceso? En primer lugar, prohibiendo la construcción de nuevos hoteles antes de saber si “caben” en el proyecto turístico de la ciudad, excepto los que estén en construcción, y paralizando la autorización a nuevas empresas de alquiler, así como el permiso de pisos turísticos a particulares hasta que no se realice un inventario actual de la situación.  

Y a partir de ese momento y habiendo realizado esta auditoría, no suspender nada de lo ya autorizado, aunque “sobren” plazas, en espera de que las restricciones aplicadas y la desaparición de parte de los “alquiladores” de pisos en todas sus formas, acaben por normalizar la situación.

Lo digo porque si se denuncian y cierran todos los pisos turísticos ilegales de particulares o los que no cumplen las condiciones mínimas para ser alquilados, seguro que la tensión provocada en algunos barrios y en determinados inmuebles de la ciudad, se reduciría sensiblemente. 

Es evidente, y es un problema que realmente no tiene nada que ver con los pisos turísticos en sí, que hay movimientos especulativos para expulsar, utilizando cualquier fórmula “legal”, a inquilinos con contratos tradicionales para convertirlos en pisos turísticos. Pero eso es un problema totalmente ajeno al del alquiler por días, que se evitaría con un control exigente de las autoridades para evitar abusos.

Y, por otra parte, la existencia de máximos en el mercado frenaría el interés de los especuladores y de los “desahuciadores” profesionales que tanto proliferan en la actualidad.

Se que lo que digo, que es una de las muchas formas de abordar el problema, no es nada fácil tratándose de la administración y no lo es por los condicionantes políticos de estas medidas: votos que se ganan, votos que se pierden, ya que la medida en si es un ejercicio simple que en la empresa privada se realiza con toda normalidad.

Yo mismo lo he hecho muchas veces siendo responsable de un importante equipo de técnicos de post venta, para determinar el número de técnicos necesarios en Valencia y en que equipos debían estar especializados, para atender un determinado número de máquinas instaladas en los domicilios de los clientes.

Muy, pero que muy sencillo.

Naturalmente mi dirección solía preguntarme si estaba soñando para “pedir tanto” y me exigían una reducción en la petición de nuevos empleados o una mayor justificación de mis razones, pero ambas partes sabíamos que eso solo era el principio de una negociación, las reglas de juego establecidas para proponer decisiones empresariales.

Y, a partir de ese punto, a pelear para convencer, o a aceptar que te equivocabas, pero siempre se llegaba a un acuerdo, casi nunca por el clásico “ordeno y mando” de la dirección y sin daños personales.

Soy consciente, repito, de que pedir cosas tan sencillas como estas a la administración es mucho pedir, pero, por intentarlo, que no quede.

Y si algún funcionario cree que lo que digo es pura ciencia ficción, le invito a que discutamos el tema tomando un café.

Valencia, 2 de junio de 2024

José Luis Martínez Ángel.