El 4 de marzo de 2023 decía en mi blog:

<<Se ha descubierto el caso de la sinvergüencería de la trama canaria y hay partidos, el PP es uno de ellos, pidiendo ser acusación particular.

Desconozco hasta qué punto esta potestad corresponde al propio juez, jueza en este caso, o hay una norma estatal, pero es urgente prohibir este tipo de personaciones porque lo único que hacen es politizar lo que debería ser una causa objetiva basaba en pruebas o en hechos incuestionables>>.

Realmente defendía que nadie pueda ejercer la acusación particular si no está directamente afectado en la causa y mucho menos los partidos políticos, porque en la inmensa mayoría de los casos, actúan con malicia y las utilizan para obtener información que no deberían tener y que luego filtran a los medios de comunicación para perjudicar a sus adversarios.

Por lo que me parecería bien que se mantengan las acusaciones particulares de personas físicas o entidades que hayan resultado claramente perjudicadas en sus bienes, haciendas o cualquier otra, pero nunca por ideología o por interés político.

Otra cosa muy diferente, sorprendente si tuviéramos todavía capacidad de sorprendernos, es el intento de impedir por ley que se puedan abrir causas por informaciones periodísticas.

¿Se hubiera descubierto un solo caso de corrupción en España si esta ley hubiera estado vigente desde la transición?

Porque los titulares de prensa nunca son una invención del periodista y si lo fuera, es claramente denunciable y condenable, como se ha demostrado en muchas ocasiones a lo largo de todos estos años.

La información periodística suele comenzar con la filtración de un rival político o social y en casi todos los casos tiene fundamento. Luego, el periodista, busca por aquí o por allá y desarrolla lo filtrado hasta corroborar lo sabido y dar cuerpo a la información que muchas vece saca a la luz casos realmente condenables.

Aunque se dé la circunstancia de que el periodista que conoce el delito no puede denunciar ante un juzgado, por lo que, si no lo hace un tercero, todo lo descubierto quedaría impune.

Y es por eso por lo que en algún momento se les llamó el <<cuarto poder>>, ahora menos fiable desde que la ideología también infectó a parte del periodismo y algunos profesionales históricos, los de raza, se han transformado en simples correveidiles a favor de determinada ideología o determinados intereses económicos.

Es cierto que el periodista está condicionado por la línea editorial del medio en el que trabaja, pero eso nunca les ha sujetado porque, llegado el momento, si tenían que elegir entre su libertad o el medio, cambiaban de medio o se convertían en periodistas libres que ofrecían sus informaciones a quien quisiera publicarlas.

Por lo que la propuesta del gobierno es mucho más que una insensatez más. Es una verdadera sinvergüencería, una inmoralidad más del clan de la Moncloa que solo tiene como objeto librar al entorno del presidente, puede qué al propio presidente, de posibles causas criminales. Un auto indulto preventivo.

Porque, llegados a este punto, esta medida hace suponer que puede aparecer algo más que los deslices, no sé si delitos, de Begoña Gómez y de David Sánchez Pérez Castejón, que, tal como están ahora, pueden quedar en nada.

Y la posibilidad de hacerlo retroactivo, como ocurrió cuando anularon los delitos de sedición para favorecer a los independentistas como pago para favorecerse a si mismo, supone que todo lo que haya podido suceder nunca habrá sucedido

Cuando en este país se aceptan sin hacer ascos las denuncias anónimas a Hacienda por sospechas sobre otro ciudadano, sobre delitos conocidos casualmente o sobre posibles malos tratos, en este caso totalmente justificadas para favorecer a las víctimas.

Exactamente lo mismo que ocurre y debe seguir siendo con las denuncias, entren en un juzgado como entren. Porque lo importante no es quien denuncia, sino el hecho denunciado. Y ya se encargarán el juez con ayuda de la policía judicial que tenga asignada, se supone que también de la fiscalía, pero tal y como estamos no estoy tan seguro, de averiguar la verdad de los hechos y encausar o sobreseer según proceda.

Pero no. En este caso y con esta decisión, estamos dando un paso de gigante hacia el “madurismo” venezolano absolutamente indigno, perpetrado por un líder nacional que cada vez se manifiesta más absolutista y convencido de que es la máxima autoridad del Estado, por encima de la Constitución y de las leyes, a las que está buscando siempre posibles debilidades, que las tienen, porque sus redactores nunca supusieron que llegarían al poder personajes como los que nos gobiernan.

Todo ello envuelto en un mensaje cínico de falsa moralina, que pretende hacerles aparecer como los regeneradores de la honradez y la limpieza en una España que ya se deshizo de personajes de esta calaña, tóxicos y manipuladores, con la Ley de Reforma Política que permitió las primeras elecciones en 1977 y una Constitución redactada para los hombres de buena voluntad en 1978.

Y del otro supuesto, la posible recusación de jueces que hayan manifestado algún tipo de ideología, ya hablaré en otro momento.

Valencia, 14 de enero de 2025

José Luis Martínez Ángel