Son tantas las anomalías que se están produciendo, que cada vez que empiezo algún comentario entro en una especie de espiral de desconcierto que termina animándome a <<dejarlo estar>>. Porque lo mío, diga lo que diga y publique lo que publique, no va a solucionar el caos político que preside estos tiempos.

Hasta el punto de que ya no doy importancia el hecho de que el gobierno gaste dinero a espuertas, gran parte de él financiado con más deuda, u otras cosas que nos costará sangre, sudor y lágrimas en los próximos tiempos, gobierne quién gobierne, siempre que continuemos en la Comunidad Europea, cosa que no dudo.

Y que sigamos siendo la misma nación que asombró al mundo cuando pasó sin ninguna violencia de una dictadura a una democracia, gracias a la generosidad de todas las partes implicadas y el total respaldo de la ciudadanía, excepto alguna ultraderecha, la de verdad, la de los Girón de Velasco y compañía, que nunca la aceptaron, pero que fueron barridos por la mayoría de los españoles en aquel 23F que, en mi opinión, fue la verdadera prueba del algodón de la solidez de la democracia.

Pero hay algo que me alarma muy especialmente, como es el intento del gobierno, de Pedro Sánchez, en romper desde dentro la estructura del Poder Judicial, el último garante de nuestras libertades constitucionales. Y me explico con tres ejemplos claros e incuestionables:

Una de las medidas que están preparando es que pueda obtener el título de juez personas sin pasar por una oposición, como ocurre ahora, sino por una serie de méritos que no sé quién fijará, pero me figuro que serán los mismos zorros que ahora guardan las gallinas. Ello permitiría, por poner algún ejemplo, que Bolaños o Susana Díaz, obtengan el título de juez con toda legalidad y que, con una mayoría en el Consejo Superior del Poder Judicial, ocupen plazas estratégicas para proteger a Pedro Sánchez y a cualquier persona de su entorno que cometa algún delito.

Otra, peligrosísima, es la intención de que el fiscal general del Estado tenga un mandato de cinco años y con <<competencia en los nombramientos, ascensos y sanciones de los principales fiscales, función que en la actualidad tiene atribuido el Gobierno>>.

Quere esto decir que, si Pedro Sánchez decide convocar elecciones o concluye su mandato y quince días antes, nombra un fiscal general con el perfil de Dolores Delgado, por poner el nombre de alguien absolutamente fiel a su persona, el resultado sería que, si pierde las elecciones, deja a un fiscal general que, en lugar de buscar la verdad sobre todos los trapos sucios del gobierno anterior y del entorno de Pedro Sánchez que puedan aparecer o estar en curso, los ignore o minimice.

La tercera medida que se está rumiando es que las instrucciones las realicen los fiscales en lugar de los jueces, procedimiento seguido en algunas naciones democráticas y que yo defiendo, porque, la verdad, no tiene mucho sentido que un juez instruya y otro juzgue.

El problema es el mismo que en el punto anterior: estando en un mundo judicial tan contaminado en el que algunos jueces que incoan causas del entorno de Pedro Sánchez o del PSOE, han echado en cara a los fiscales que están actuando más como defensores que como interesados por la verdad, si el fiscal fuera el responsable de instruir, muchos de estos casos no se habrían sustentado por afinidad con el encausado o por orden directa del fiscal general.

Y estas maniobras, torticeras y canallescas, pero legales, que no buscan mejorar la vida de los españoles, sino taparse el trasero ante posibles problemas futuros, demuestran hasta qué punto tenemos que protegernos de nosotros mismos meditando seriamente a quien votamos y para que les votamos.

Y no tanto por lo que dicen que van a hacer, sino por lo que ya han hecho hasta ahora.

Son auténticos fraudes de ley propio de los trileros y manipuladores que nos gobiernan, que atentan contra los pilares de la democracia, mucho más graves que las posibles condenas a Ábalos o a cualquiera del entorno del presidente.

Valencia, 26 de mayo de 2025

José Luis Martínez Ángel