Por supuesto que no voy a entrar en el tema de si las decisiones sanitarias de la Comunidad de Madrid fueron o no acertadas, porque están judicializadas y nunca opino sobre lo que lleva un juez. Él dirá.

Pero sí que debo manifestar, como he hecho otras veces, pero ahora con más sorpresa, que no entiendo muy bien esta singularidad en las denuncias, porque lo sucedido en Madrid y sus residencias ocurrió de forma parecida en el resto de España.

Y mucho más que eso.

Recuerdo perfectamente que en un cortísimo plazo de tiempo pasamos de un <<esto no va a ser nada>> a tener totalmente desbordados a los ambulatorios, los hospitales, las funerarias, los servicios de ambulancias pública y privadas, las centrales telefónicas de urgencias de toda índole, las Fuerzas de Orden Público, los Servicios de Emergencia, las Fuerzas Armadas en muchos lugares y cualquiera de los servicios públicos que utilizábamos habitualmente.

Y decir desbordados es poco. Fue como si un sunami cubriera toda España y destruyera todo lo conocido, incluido las relaciones personales con vecinos, amigos y familiares.

Porque solo en casos muy especiales se permitió salir de sus casas a colectivos muy concretos y en horas muy determinadas, siempre con mascarillas y a toda velocidad.

De la misma forma que íbamos a comprar, con mascarillas, mirándonos de reojo unos y otros, manteniendo las distancia y sobresaltados si alguien tosía, estornudaba o simplemente carraspeaba. En un ambiente entre el desconcierto y el temor, nunca vivido y que nunca deberíamos volver a vivir.

Tiempos en los que los perros estaban agotados de tanto sacarlos a pasear a la calle, una de las formas autorizadas para salir de casa.

Y, entre todos ellos, los más dañados fueron los servicios sanitarios, con profesionales que se dejaron la piel, incluso la vida en muchos casos, trabajando sin disponer de equipos de protección, ni espacio suficiente para atender a los millones de afectados, sin respiradores y sin el tiempo necesario para atender a los que llegaban a los hospitales, muchos de los cuales murieron en los pasillos de urgencias, en las salas de espera, en los  comedores, o donde pudieran situarlos, porque, estando en el hospital, nunca pudieron ser atendidos por un médico.

Y los otros muchos centenares de miles a los que, habiendo podido contactar telefónicamente con alguna urgencia médica, les prohibieron ir a hospitales y les recomendaron permanecer en sus casas, en una habitación aislada del resto de la vivienda, con el riesgo de que murieran si realmente tenían el COVID19, incluso contagiando a su familia.

Siendo tal el caos que tuvieron que cerrar los ambulatorios, nuestra puerta habitual para acceder a nuestros servicios sanitarios, quedando como último recurso esos números de teléfono que comunicaban eternamente y que, de contestar, no podía hacer más que tratar de tranquilizarnos y recomendarnos que tomáramos paracetamol y nos mantuviéramos en nuestras casas.

Días en los que algunos desaprensivos, muy pocos, pusieron letreros de <<no queremos que la enfermera de…venga a su casa>> en alguna comunidad de vecinos insolidarios, como también algunos de <<soy la enfermera de la puerta X. No corren peligro porque estoy tomando todas las precauciones>> o <<porque no vengo a casa>>

Y en los que vimos centenares de ataúdes en pabellones deportivos y entierros sin familiares o con los dos o tres autorizados, que no pudieron despedirse de sus familiares difuntos.

Todo ello y mucho más, cumpliendo los requerimientos de expertos en catástrofes, también catástrofes sanitarias, de las comunidades autónomas, porque del famoso equipo fantasma del gobierno central nunca se supo ni nunca apareció.

Aquello se definió como un estado de guerra en el que, sabiendo que no se podría salvar a todos, se intentó salvar a los más posibles, estableciendo un triaje previo cruel y doloroso, pero necesario. Porque siendo una tragedia que muriera injustamente una persona mayor y con patologías de riesgo, lo era mucho más que lo hiciera un joven de 20 años o una señora de 50 con hijos o nietos a los que cuidar.

Y, en cuanto a las residencias, ¿qué diferencias sustanciales se produjeron en Madrid respecto al resto de colectivos?

Pues no lo sé. Puede que se haya estimado que algunos murieran víctimas del triaje, o que se pensó que corrían un riesgo mayor si se trasladaban a hospitales, o quizás, que algunas no supieron establecer los criterios de aislamiento necesario, o que algún paciente rompió el aislamiento y, estando enfermo, contagió a los demás, o que muchos estuvieran ingresados por seguros privados y no supieron a donde llevarlos.

Insisto, no lo sé, pero de lo que estoy seguro es que nadie asesinó a nadie deliberadamente y que muchos de los fallecidos hubieran muerto se hiciera lo que se hiciera con ellos, como murieron muchos otros en hospitales pese a ser atendidos lo mejor que se pudo.

Pero, si las muertes en residencias se produjeron en toda España ¿a qué viene este perseguir tan especialmente lo que ocurrió en Madrid?

Insisto en que hay una causa abierta y la justicia decidirá si hay responsabilidades penales. En cuanto a las responsabilidades políticas de todo aquel desastre, si las hay, puede que algún día sepamos quiénes, cuando, donde y porqué, decidieron lo que decidieron.

Aunque, quizás, lo mejor sería pasar página.

Porque, en mi opinión, todos hicimos lo que pudimos o lo que nos dijeron y si alguien hizo trampas deliberadas, fuel el gobierno de la nación. No porque fuera responsable de los muertos por la desinformación oficial o por haber permitido manifestaciones o algún acto público cuando ya se sabía algo, porque tampoco ellos pudieron suponer la magnitud de lo que se les venían encima, pero sí de haber disuelto el Parlamento durante todo el período del enclaustramiento, teniendo como tenían la herramienta de las videoconferencias y del voto telemático.

Pero Pedro Sánchez no estaba en el mejor momento y vio una oportunidad de ganar tiempo, seguramente pensando que el problema no se alargaría tanto, de forma tan arbitraria y caprichosa que posteriormente se declaró inconstitucional.

Quiero creer que detrás de las denuncias solo hay deseo de justicia y no las mueve algún interés económico, en forma de indemnizaciones, o político. Espero que no, porque sería triste, muy triste. Como lo es siempre que alguien quiere sacar provecho del dolor, sea propio o ajeno.

Valencia, 8 de junio de 2025

José Luis Martínez Ángel.