Ha sucedido lo previsto: que todas las autonomías, menos una, rechazaron el plan propuesto por la vicepresidenta Montero que, muy enfadada, volvió a su trabalenguas explicativo y a reñir a todos, menos a uno, acusándoles de mentir a la opinión pública y a los habitantes de cada comunidad.

Hay que aclarar dos cosas que casi se olvidan.

La primera es que el IRPF no lo generan las autonomías, sino los ciudadanos y que una parte lo cobra la hacienda Pública y otra las autonomías, porque se les transfirió el cobro como ingreso propio.

Y las más dinámicas, las que más recaudan, son Madrid, Cataluña y Baleares, son las que ingresan más por este concepto.

Pero, como España sigue siendo una nación solidaria, por mucho que les pese a algunos, estas autonomías <<devuelven>> al fondo común parte de lo recaudado para ayudar a otras, abonadas a los números rojos, qué si no fuera por estos apoyos, no podrían prestar muchos de los servicios obligatorios a sus ciudadanos.

Por poner datos reales de 2023, no tengo otros, <<la aportación neta de la comunidad madrileña alcanzó los 7.975 millones de euros, tres veces y media más que Cataluña, que inyectó 2.266. Ambas fueron, junto con Baleares (358 millones), las tres únicas regiones que aportaron más de lo que recibieron>>.

Y esto, devolver los 2.266, millones, es lo que quiere evitar Cataluña. Y no solo eso, porque también está consiguiendo que se le condone su deuda con el Estado y otras cargas financieras a las que debería hacer frente.

Dicho lo cual, es necesario determinar que financiación debe recibir cada autonomía en función de sus características especiales de población dispersión, etc., y esa es precisamente la tarea del Consejo de Política Económica y Fiscal, compuesto por <<el Titular del Ministerio de Hacienda y los titulares de la Consejería de Hacienda de cada Comunidad Autónoma>>, consejeros con voz y voto en las decisiones, que no se reúnen en Madrid para conocer cuánto ha decidido dar a cada una de ellas la ministra de hacienda.

Que, en este momento, como no hay presupuestos aprobados, monta una distribución a su modo y manera, parcheando con ayudas <<especiales>> a las autonomías que cree conveniente, en este caso a Cataluña, por imperativo de Pedro Sánchez para conseguir votos catalanes y a Andalucía, porque la titular del ministerio es la cabeza de cartel por el PSOE en las próximas elecciones autonómicas.

A lo que se niegan el resto de las autonomías, también la andaluza, siendo beneficiada, porque la Constitución española declara la igualdad de los españoles, basada en la solidaridad real entre comunidades.

Porque, repito, el gobierno, como garante de la Constitución, debe respetar las leyes que determinan como distribuir adecuadamente los fondos del Estado, haciendo funcionar los mecanismos establecidos para ello, evitando cualquier intento de manipulación o de utilizarlos políticamente y en beneficio de cualquier ideología, como está ocurriendo en este momento

Valencia, 15 de enero de 2026

JoséLuis Martínez Ángel