El disparate de la Fiscalía es que el Fiscal General sea nombrado por el gobierno de turno y que tenga esa estructura jerárquica por la que el titular, el único cargo político entre todos los fiscales, tenga poder para imponer su criterio al Consejo Fiscal, un colectivo compuesto, en la mayoría de los casos, por fiscales de prestigio y con más experiencia en el cargo que el propio Fiscal General.

Y así ocurre lo que ocurre y solo comento este caso como ejemplo de lo increíble de la situación, es que Álvaro García Ortiz haya enviado mensajes a la fiscal de la Comunidad de Madrid que lleva el caso de la pareja de Ayuso, diciéndole que «hay que sacar la nota, nos van a ganar el relato»

“El relato”, terminología puramente política, impropia de alguien tan responsable de respetar las leyes, que jamás debe justificar actuaciones de cargos tan importantes para las garantías procesales de los españoles.

Y ayer mismo me enteré de que la fiscalía está defendiendo la posición de que en los altercados que se produjeron en Cataluña como consecuencia del intento independentista, los perjudicados, las víctimas, fueron los manifestantes que quemaban las calles de Barcelona y otras ciudades o asaltaban el aeropuerto.

Por lo que es absolutamente inviable que en España sean los fiscales y no los jueces los que lleven las instrucciones, como ocurre en algunas naciones europeas que respetan la separación de poderes y que nuestro gobierno está intentando implementar.

Medida muy sensata que yo apoyaría si España fuera un país “normal”, porque no tiene objeto que sea un juez el que instruya y otro quien juzga.

¿Se imaginan lo que ocurriría en la España de hoy si fueran los fiscales los instructores sometidos a la disciplina del Fiscal General que, a su vez, es un cargo público nombrado por el gobierno?

Se vetarían los que perjudicaran al gobierno o a quienes los sustentan y se abrirían instrucciones sobre todo lo relacionado con la oposición.

Y, por supuesto, no me refiero solo a este gobierno.