En los últimos días he comenzado a escribir algunos comentarios sobre la actualidad política y social, pero los acontecimientos se producen con tanta rapidez que siempre aparece un tema nuevo antes de que pueda terminar mi comentario sobre el anterior.

Pero hay uno, el último, que no puedo dejar pasar sin una reflexión sobre los modos de gobernar de Pedro Sánchez, un político con graves tendencias autocráticas, que está consiguiendo, como efecto secundario a sus intereses personales, un gravísimo desmantelamiento de los conceptos democráticos y de las formas y estructuras previstas en nuestra Constitución.

Todo ello desde la legalidad, pero buscando atajos y vericuetos impensables en personas que realmente tienen como objetivo el bien común y, en su caso como presidente del gobierno, dejar la organización del país y el bienestar de los ciudadanos mejor que cuando tomó posesión del cargo.

Y, a modo de ejemplo,  me refiero a la última decisión de la presidenta de las Cortes Españolas, de cambiar el reglamento para rebajar los votos necesarios para acceder a la comisión de secretos. Potestad que le confiere el cargo,  como ocurre con casi todo lo anormal referido a esta legislatura, por muy escandalosa que parezca a la opinión pública.

Me explico:

Digo que el presidente gobierna con tendencias autocráticas porque no ha cesado de intentar controlar y tener el poder real sobre todos los estamentos y las instituciones del Estado. Y lo ha hecho colocando a gente “de su cuerda”, muy de su cuerda, en el CIS, en Correos, en la Presidencia de las Cortes y en todas aquellas en las que ha tenido oportunidad.

Y que no ha cesado de minusvalorar de hecho las funciones y la persona del Rey, intentado aparentar que él, “el elegido”, es el “más importante” de España.

Una de las garantías fundamentales de nuestra democracia, casi la más importante porque de que se cumpla dependen muchas otras garantías y libertades, es la separación de poderes para facilitar los controles y evitar los desmanes de los gobiernos de turno. Y sabemos, aunque casi no lo recordemos, que son tres:

El Legislativo, que entre otras obligaciones tiene la de controlar al gobierno, y aprobar, si procede, las leyes que proponga el propio gobierno o que lleguen a las Cortes por los otros canales previstos en la Constitución.

Recuerdo el artículo 66 de la Constitución que describe las funciones de las Cortes Españolas, el Poder Legislativo:

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.

En cuanto al Ejecutivo, el gobierno, el artículo 98 dice

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
   1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
   1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
   1. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Y el 102 aclara   que:

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Es decir, que el Poder Judicial tiene la obligación de controlar que las actuaciones del presidente del gobierno o cualquiera de sus ministros se ajustan a la legalidad. Y es por eso por lo que debe ser libre e independiente, sin ningún tipo de subordinación a los gobiernos que debe controlar.

Pero como la España de la era Sánchez esta especialmente controlada por una partidocracia real y evidente, siendo cierto que el presidente del gobierno no puede intervenir legalmente en las funciones y las decisiones del Legislativo, no es menos cierto que lo está haciendo un día sí y otro también utilizando vías indirectas, legales, pero nada éticas. Diría que inmorales.

Como se ha visto ayer mismo cuando Pedro Sánchez necesitó los votos suficientes para sacar adelantes su última propuesta y, ante las amenazas de los partidos denunciantes del supuesto espionaje del CNI, “ordenó” a Meritxell Batet, presidenta de las Cortes, que cambiara la norma que regula los votos necesarios para elegir a los miembros de la comisión de secretos, porque lo necesitaba como moneda de cambio para conseguir apoyos, y la Presidenta de las Cortes lo hizo.

He entrecomillado el “ordenó” porque no lo hizo desde el BOE o utilizando ningún tipo de documento o formato oficial porque no puede hacerlo. Simplemente lo hizo, seguro, descolgando su teléfono de secretario general del PSOE para llamar a la “militante Batet”, u ordenando a Bolaños que se pusiera en contacto con ella.

Con el resultado de que la Presidenta de las Cortes, del Legislativo, cumplió los deseos del actual presidente del gobierno, el del Ejecutivo. ¿Por qué sino iba a cambiar la norma ese día y con que otro propósito?

Y me resulta impensable que ninguno de los anteriores presidentes de las Cortes, ni los del PSOE ni los del PP, habría actuado de esa manera y con semejante descaro, ignorando la imparcialidad que le exige la Constitución, para favorecer al partido al que pertenecían. Ninguno

¿Cuál es la raíz del problema? Que España ha pasado de ser una monarquía parlamentaria con separación de poderes a una partidocracia, en la que se pueden alterar leyes y normas manteniendo la legalidad.

Repito que todo legal, todo democrático, pero una auténtica catástrofe.

Un presidente tramposo que tiene por costumbre presentar en las Cortes, de forma conjunta, propuestas que no tienen ninguna relación entre sí y que deberían votarse por separado, chantajeando a los otros partidos y manifestando su indignación al pueblo español porque la oposición no vote a favor de aplicar medidas urgentes contra la pandemia, por ejemplo, cuando en el mismo paquete se votaba el ingreso de Pablo Iglesias en la Comisión de secretos, la que controla el C.N.I.

De nuevo legal, pero indignante y propio de un trilero de la política.

Situación, la de la partidocracia, que no tiene visos de solución si no es con un cambio en la ley electoral, cambio que no gusta a ninguno de los dirigentes actuales porque, como es el caso, prefieren tener a miembros de sus partidos en puestos claves de los estamentos de la nación, en la seguridad de que atenderán otros intereses que no son los propios de su cargo.

Y esa es la razón, me temo, de que Sánchez no permita que sean los jueces los que elijan a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, que es, a su vez, el que nombra a los titulares de los tribunales. Porque, siendo antinatura, es muy posible que existan jueces que doblen la vara de la justicia en favor de una ideología o un partido político. Y el PSOE actual puede tener mucha basura bajo las alfombras, o estar tomando decisiones que, en pura lógica, la judicatura puede considerar ilegales.

Hay que recordar que Meritxell Batet declaró en su día un cierre del parlamento que fue declarado anticonstitucional, que se resistió a cumplir una condena judicial que inhabilitaba a un parlamentario. Y que el gobierno tiene varias causas pendientes en tribunales de justicia y sentencias y reclamaciones del Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del de Transparencia que, por cierto, ha ignorado.

Y unos indultos que concedió en contra de la opinión del Supremo, y unas propuestas de rebajar las condenas por sedición y por rebelión que realmente dejan sin contenido el espíritu de la Constitución

Aberraciones democráticas, como que se permita que un juez sea ministro y luego vuelva a la Judicatura como si no hubiera pasado nada. Esto no lo ha inventado Pedro Sánchez, aunque lo esté utilizando, como ha ocurrido recientemente con Dolores Delgado y otros muchos de otros partidos.

Insisto: todo legal, pero con un tufo a autocracia y antidemocracia que asusta. Si Sánchez continua en el poder y sin los controles previstos por el Congreso y por la oposición, mirar mal a una mujer por la calle, cosa que no se debe hacer, por supuesto,  puede acabar siendo un delito condenado con cadena perpetua revisable y declararse en rebeldía, sancionado con sesenta días de tareas comunitarias.

Se que es una exageración, pero, cada vez más, “algo huele a podrido en Dinamarca”. Y en España

Valencia, 30 de abril de 2022