Los ERE, las razones de la sinrazón y los nervios de Conde-Pumpido

Titulares del diario el País

<<La Audiencia de Sevilla se rebela ante el Constitucional y le acusa de vulnerar el Derecho europeo en sus sentencias del ‘caso ERE’

Los jueces rebaten la tesis del tribunal de garantías, un hecho insólito, y elevarán una consulta al Tribunal de Justicia de la UE>>

Curioso el <<se rebela>> que indica la absoluta parcialidad del diario, no ya a favor del propio Constitucional, que resolvió la legalidad de la amnistía, sino del gobierno sanchista que fue el recurrente del tribunal que los condenó en su día.

Y es tal la sumisión del Constitucional a la autoridad de Pedro Sánchez que, según parece por lo leído y escuchado, fue el mismo Conde-Pumpido quién les indicó la mejor manera de formular el recurso.

Por supuesto esto no pasa de ser un <<se dice>> que puede o no ser verdad, pero se dice.

Otro titular, en este caso del Mundo, afirma:

<<Conflicto institucional inédito: Conde-Pumpido no logra frenar a la Audiencia de Sevilla en su intento de llevar los ERE a Europa>>

Es decir, un presidente del Tribunal Constitucional de un país democrático pretende amordazar a la máxima autoridad judicial de una autonomía.

¡Y algunos califican como <<de prestigio>> su carrera! No digo que no haya sido buena, incluso ejemplar, como la de muchos otros jueces que se dejan la piel tratando de aplicar la ley por todos los rincones de España, pero hoy, en el més de marzo del año 2025, la cantidad de barro del camino que ha acumulado su toga por defender una determinada ideología impide ver lo que fue su pasado, porque solo se ve eso, barro.

Volviendo al diario el País, en otro momento afirma <<El presidente del Tribunal Superior de Madrid recuerda el “deber manifiesto de acatar” las sentencias del órgano de garantías>>

Titular que, sacado de contexto, parece indicar que el Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial y en el que no todos son letrados, es una especie de <<ser superior>> infalible, la última palabra sobre leyes, libertades y derechos, aunque pasen por sus manos asuntos que trasciendan las leyes de la Comunidad Europea.

Una especie de <<ex cathedra>> romana, sin ningún parecido con la diosa <<Iustitia>> (nuestra Justicia), porque, en este caso, ni tiene los ojos vendados, ni mantiene en alto una balanza realmente equilibrada.

Y carece de razón, porque ningún tribunal europeo puede aprobar sentencias que contradigan la doctrina del de Justicia de la Unión Europea. Ninguno, porque, ese sí, es el que tiene la última palabra si alguno de los gobiernos de las naciones de la comunidad, o sus tribunales, toma decisiones contrarias a la doctrina de la propia comunidad.

En este caso y siguiendo mi costumbre de no afirmar lo que no puedo comprobar, he consultado las funciones del Tribunal Superior de la Unión Europea (TJUE) y la primera de todas es:

<<Interpretar la legislación (decisiones prejudiciales). Los tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique correctamente, pero a veces los tribunales de distintos países interpretan las normas de distintas maneras. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una ley de la UE, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una ley o práctica nacional es compatible con la legislación de la UE.>>

Blanco y en botella.

Se dice que Conde-Pumpido no duerme viendo si hay alguna coma en la Constitución o en nuestras leyes que le pueda dar alguna razón para bloquear esta iniciativa, pero no. Y es que este <<prestigioso jurista>> según su leyenda, no acepta, no puede consentir, que nadie que habite en esta España de nuestras confusiones, toque ni un solo pelo de su gran protegido.

Aunque, como yo soy como soy, he querido comprobar si uso los términos adecuados para poner en duda el calificativo que suele acompañar a su nombre cuando se le cita por parte de parte de los políticos españoles y también he consultado el diccionario de la RAE para conocer el significado de la palabra <<prestigio>>.

Y, efectivamente, su primera acepción dice que es <<Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito>>, pero también tiene una cuarta que lo define como <<Engaño, ilusión o apariencia con que los prestigiadores emboban y embaucan al pueblo>>

¡A ver si va a ser eso!

Valencia, 29 de marzo de 2025

José Luis Martínez Ángel

Elección de vocales para el Consejo Superior del Poder Judicial. Ponga un “Conde-Pumpido” en su lista.

Otra de las grandes falacias del sanchismo es no decir la verdad sobre sus verdaderas razones para defender la fórmula actual de elegir a los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ).

Se acabará pronto el ruido por la sentencia desfavorable del Supremo y al gobierno le ha faltado tiempo para resucitar el tema de la elección de vocales del CSPJ, echando la culpa al PP, ¡cómo no! de “tener secuestrada a la justicia”.

Pero mira tú por donde, el asunto del Constitucional ha puesto en primer plano de la actualidad a uno de los jueces discrepantes, Conde-Pumpido, que ha presentado un voto particular, en el que alegaba, como he comentado hace unos días, que esta sentencia “no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra la pandemia, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Dos falsedades evidentes: La de personalizar al Estado en la figura del gobierno y afirmar que la sentencia “desarma” al Estado-gobierno ante la pandemia. Supongo que, como componente del Tribunal Constitucional, habrá atendido las alegaciones y leído la sentencia, porque en ella no se dice que el confinamiento fuera una medida equivocada, sino que se empleó la figura legal del estado de alarma, cuando se debió decretar el de excepción. Y lo argumenta afirmando que el estado de excepción es el único que autoriza al gobierno a suspender nuestras libertades individuales.

Pero todo esto, que no son más que brindis al sol, lo único que evidencia es que el señor Conde-Pumpido, conocido por otras actuaciones similares, siempre ha defendido que la justicia mire hacia otro lado cuando se trata de deslices legales del gobierno.

Si se trata de gobiernos de izquierda, naturalmente, porque a los gobiernos del PP o de otros partidos conservadores no hay que perdonarles ni una. Como no perdonó a Rita Barberá, finalmente absuelta, siendo fiscal. Porque es historia que el antiguo fiscal general de Zapatero siempre ha cojeado del mismo pie.

Y esta circunstancia me permite opinar con mucha comodidad sobre el famoso bloqueo del PP a la elección de vocales del CSPJ, porque me facilita explicar con meridiana claridad las diferencias de criterio entre el PSOE y el PP que no son, ni de lejos, las que el gobierno dice que son.

Pedro Sánchez urge a que ambos partidos aporten las listas de sus propios candidatos para negociar los nombramientos. Es decir, que tanto el PP como el PSOE presenten su propia lista de “Condes-Pumpidos” para discutir y regatear hasta llegar a un consenso.

El PP dice que no. Que renuncia a dar nombres de candidatos y propone devolver a los jueces y magistrados la potestad de nombrar a los vocales, potestad que les arrebataron los políticos por una ley orgánica del año 1985

Y mi pregunta es: ¿Cuál es la razón de que los partidos quieran colar en este consejo, el que hace los nombramientos y administra a la judicatura, a personas “de su cuerda”?

Nuestro presidente, en una muestra de cinismo insuperable, descalificó no hace mucho al Tribunal de Cuentas por “estar ideologizado”, precisamente porque, según parece, a la mayoría de los miembros actuales los eligió el PP. A mí me pareció una de tantas falacias suyas, dichas frunciendo el ceño y con ese gesto tan ensayado de tener razón y así lo manifesté en un comentario titulado “Tenemos ideología y capacidad de decidir, somos poco de fiar”, disponible en la dirección IP

Y ahora resulta que, “el señor de las verdades a medias y de las contradicciones” insiste en proponer a candidatos con ideología, con mucha ideología, hasta el punto de que sean “de la confianza” de un partido político y no por su independencia precisamente. Incluso repartiéndoselos por partidos: los del PSOE, los del PP, los de Podemos y no se si también de alguno de sus apoyadores habituales.

¿Estamos locos? Si permitimos estos desafueros sí. Y si no los podemos impedir porque son ellos los que controlan las Cortes Españolas y no protestamos una y otra vez por este auténtico abuso de poder, también.

Naturalmente y en este caso, mi opinión es apoyar sin reservas la propuesta del PP y devolver al poder judicial un poco de la autonomía que le han ido robando a lo largo de los años.

Porque, por otra parte ¿Qué razones puede tener el sanchismo, tan progresistas ellos, para mantener esta situación? La primera es controlar que en el futuro no ocurra lo que les acaba de ocurrir: que la justicia se mantenga firme y no doble su vara en favor de la política. Que actúe como debe, con independencia y equidad si el gobierno de turno se salta alguna de las líneas rojas que le marca el Estado.

Y la segunda, más maliciosa y posiblemente injusta, tener bancada por si alguna vez el Sanchismo o los propios miembros del gobierno tienen problemas con la ley a nivel particular.

Supongo que serán muy pocos los que opinen que la justicia debe supeditarse a la política y que debe pasar por alto estos “excesos” del gobierno. Pero de lo que estoy totalmente seguro es que no son demasiados los españoles que saben lo que hay detrás de estas palabras y estos gestos del presidente, de Lastra, la portavoz del PSOE, o de la casi totalidad de los ministros actuales y de los recién jubilados sin honores.

Porque, además, no olviden que hoy gobierna el PSOE, pero mañana puede gobernar el PP por mayoría, o hacerlo apoyado por VOX.

¿A que ya “no es lo mismo”? Pues sí, es exactamente lo mismo. Y es por eso por lo que hay que poner un muro de protección muy alto alrededor del Poder Judicial, o acabaremos, como siempre digo, como Venezuela o Nicaragua.  Que maneras apuntan.

Los Gobiernos, aunque lo deje caer Gómez-Pumpido, no son el Estado. Es uno de los estamentos que lo configuran y, como todos los demás, están sujetos al imperio de la ley. Lo dice la Constitución y, afortunadamente, también lo dice la Comunidad Europea. Y si no se respetan las reglas del juego, estamos perdidos.

¿Se imaginan lo que haría Pedro Sánchez con el tema de los independentistas catalanes si en la cúpula de todos los estamentos de control del Estado, Tribunal Constitucional, Tribunales de Justicia y Tribunal de Cuentas, tuvieran mayoría los “Gómez-Pumpido”?

Siento personalizar tanto el problema en una persona, pero me ha venido al pelo. Y quiero aclarar que posiblemente sea un hombre honesto, incluso una excelente persona, con un amplísimo currículum de responsabilidades en la judicatura, que está totalmente convencido de que hace lo que tiene que hacer. De ninguna manera quiero insultar al ciudadano Cándido Gómez-Pumpido, del que, insisto, desconozco sus circunstancias personales. Solo critico y lo hago con rotundidad, sus actuaciones como fiscal general primero y como miembro del Constitucional ahora.

Porque me parecen peligrosas y disparatadas.

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PD:

Acabo de escuchar en una tertulia sobre este tema la opinión del muy confuso Carmelo Encinas, un auténtico profesional del “sí, pero” y me reafirmo en la enorme desinformación que estamos recibiendo los españoles, en parte porque le interesa al propio gobierno, pero también por opiniones de periodistas e informadores condicionados por su ideología, en este caso perfectamente lícitas porque todos tenemos derecho a tener opinión.

Ha dicho y es cierto, que el PP consensuó con el PSOE y sin ningún problema las listas anteriores de vocales. Lo que no ha dicho y es fundamental, que nunca, jamás, hemos tenido un gobierno tan interesado en intervenir al Poder Judicial y condicionar sus decisiones. Ayer mismo nuestra juez-portavoz dijo que el Constitucional “tenía que haber considerado la situación del momento”. La teoría de siempre de este grupo de sanchistas que nunca defendió el PSOE histórico: que los jueces y fiscales deben acomodar sus sentencias a las conveniencias del gobierno.

Valencia, 20 de julio de 2021