Ayer saltó la noticia de que la justicia había imputado al antiguo ministro por varios delitos asociados a que los clientes de su antiguo bufete de abogados tenían trato de favor en sus gestiones con Hacienda, su ministerio.

Como siempre hago, no entro en valorar su posible culpabilidad porque eso es cosa del juez que lleve la causa, pero, es cierto que este asunto y algunos otros relacionados con un ministro tan controvertido, ya se comentó cuando estaba en ejercicio sin que estos rumores merecieran ninguna actuación de Mariano Rajoy, entonces presidente.

Otro caso de posible fallo <<in vigilando>> tan común en los gobiernos o los partidos políticos españoles, tan faltos de severidad para investigar y aclarar denuncias internas o de la prensa, muchas veces cerradas con un simple desmentido del afectado.

Cada vez es más evidente que la corrupción y no solo la relacionada con temas económicos, es una lacra en el mundo de la política, como también lo es en el mundo de algunas empresas u otros colectivos, y también que el <<es falso>> ha sido suficiente para abortar asuntos que luego han resultado ser ciertos y demostrados.

Y que, en una nación como la nuestra, que fue capaz de elevar la picaresca a género literario, necesita urgentemente, ya mismo, que funcionen los mecanismos existentes para prevenirla y corregirla, y que se creen otros nuevos, más eficaces, si fuere necesario.

Y un revulsivo social a todos los niveles, incluida la prensa. En España, como en todo el mundo, cada medio de comunicación tiene su propia línea editorial y es sabido, por ejemplo, que El País es más socialista y que ABC nació como periódico monárquico.

Y que cada uno ha defendido con más o menos intensidad sus planteamientos de izquierda o de derecha.

Pero nunca, quizás en la República, se ha llegado al grado de fanatismo, no ya en la política ni en la ciudadanía, también en los supuestos periodistas, bastantes, que tienen su carné y su información tan orientadas hacia un partido, que realmente pierden cualquier objetividad, llegando al extremo de no publicar información de interés púbico, o publicarla sesgada, si perjudica a <<su causa>>

Y todo esto tiene una mala solución a corto plazo. Muy mala.

Será necesaria un cambio importante en la educación, incluyendo una asignatura de <<forma de Estado y análisis de la Constitución>> en algún ciclo, que los periódicos dejen de ser arietes de sus enemigos (¿quién es el enemigo de un periódico?), sin abandonar su línea editorial y, lo más difícil, por no decir imposible, la pedagogía de los gobiernos y los partidos políticos, que deberían llamar canallas, sin ambages, a los canallas, aunque sean sus canallas.

Y asumir responsabilidades políticas y personales, mucho más allá de darles de baja en sus partidos

Incluso, llegando a la utopía, crear la figura del <<defensor del votante>>, ajeno a cualquier partido político, al que recurrir en caso de que nuestros representantes se comporten inadecuadamente, ya que, aquí, mientras no se cambie la maldita ley electoral y se eliminen las listas cerradas,  y a diferencia de Gran Bretaña, los grandes incumplidores que se sientan en los escaños del Parlamento, no tienen obligación de tener una oficina abierta para que podamos manifestarles directamente nuestra opinión sobre determinados temas, recriminarles sus errores o, ¡que ensoñación!, felicitarles por lo bien que lo hacen.

Que la justicia actúe con Montero como suele hacer con todos los encausados, como así será y a seguir soñando en que, algún día, esta nación volverá a ser lo que fue en los años 80, en los que, por cierto, también tuvimos corruptos juzgados y condenados, porque tampoco se ejercía suficiente control sobre políticos, funcionarios o empresas.

A diferencia de los ciudadanos de a pie, los mortales, que siempre estuvimos controlados.

Valencia, 18 de julio de 2025

José Luis Martínez Ángel