Son días muy propensos a excesos verbales y a emitir juicios de opinión que en nada ayudan a salir del inmenso pozo en el que nos ha sumergido la riada del pasado 29 de octubre. Porque hoy, ni las palabras más sensatas sobre lo que pasó ayudan a resolver el problema

Hay un sabio refrán español, como lo son la mayoría de ellos, que afirma que “el buen saber es callar, hasta ser tiempo de hablar “y he decidido aplicarlo en este caso, entendiendo que el tiempo de hablar tampoco será el mío, sino el de los tribunales y que, si hoy hablo, que sea solo para construir, nunca para juzgar ni para dividir, por muy mal que lo hayan hecho nuestros responsables políticos y por mucho que esto, dividir, se haya convertido en uno de los grandes deportes nacionales.

Y, partiendo de este punto, solo me surgen preguntas y alguna que otra recomendación, sabiendo que todo lo que pudo haberse hecho hasta ayer solo debería tratarse como “lección aprendida”, “lessons learnt“, según los británicos, muy aficionados, ellos sí, a estudiar porqué salió mal lo que salió mal, sabiendo que nosotros no somos británicos y que muy difícilmente aprenderemos de nuestros errores.

Será que está en nuestro ADN no hacerlo, como expresa otro conocido refrán, que dice que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. Dos, o más.

Pues bien, es un hecho que los organismos de Estado responsables del control de los caudales de nuestras aguas tienen herramientas suficientes para conocer su nivel prácticamente en directo. Y también lo es que existen muchísimas trabas políticas para que los ayuntamientos limpien los cauces de los ríos porque hay leyes que lo impiden, con multas importantes incluidas.

Es decir: yo, Estado, controlo el caudal de las aguas por sus cauces naturales y también tengo la obligación de mantenerlos en buen estado para facilitar que los flujos, incluido momentos de crecida, no arrastren más vegetación o residuos de cualquier tipo que los absolutamente inevitables.

Y también lo es que dispongo de los grandes recursos de intervención ante grandes catástrofes, como son las Fuerzas de Orden Público, las Fuerzas Armadas, parte de los efectivos de bomberos, brigadas forestales y otros organismos como Protección Civil, pongo por caso.

Como lo es que  yo, Autonomía, tengo delegada la dirección de las operaciones en caso de catástrofe, hasta según qué grado de cada una de ellas, pero no tengo autoridad real más allá del ámbito de mi Comunidad, ni más efectivos que la policía autonómica y, según en qué casos, de los cuerpos de bomberos que dependen de los ayuntamientos. Y poco más. Aunque es cierto que puedo pedir ayuda al Estado, incluido al gobierno central de cada momento (separo ambas cosas) y a otras autonomías.

Y también es un hecho evidente las grandes contradicciones y descoordinaciones existentes en este momento entre estamentos para abordar situaciones excepcionales, como la sufrida recientemente en nuestra zona sur de Valencia. Contradicciones comunes a las que se producirían en cualquier otra comunidad, como las siguientes:

1. Los mecanismos automáticos que permiten el conocimiento de cada situación, como el caudal de las aguas, está al alcance de cualquier usuario, pero, a nivel oficial, necesita alguna intervención manual entre organismos, porque la controladora titular no está autorizada a tomar decisiones. Por ejemplo: la Confederación Hidrográfica del del Júcar debe comunicar a la consejería correspondiente que las aguas han alcanzado un caudal peligroso. Sin más.

• Esta comunicación, por lo que parece y estando a finales de 2024, se ha realizado mediante ¡un e-mail!, sistema que necesita la lectura obligatoria de una tercera persona, que puede estar ausente de su puesto en ese momento, o que el propio mensaje se “pierda” entre los cientos, sino miles, que se intercambiarán en momentos de semejante caos informativo. Sin considerar que también puede interrumpirse la comunicación por saturación de las redes o por interrupción de la corriente eléctrica.

• Parece ser que también puede usarse la llamada telefónica, no sé si por protocolo o como recurso, pero la garantía de la comunicación real está tan en el aire como en el caso anterior, porque puede que el receptor de la llamada esté ausente, esté bloqueado por exceso de llamadas, caiga la red telefónica, etc.

• En cualquiera de los casos, el receptor del email o de la llamada, tendrá que ponerse en contacto, supongo, con el que tiene la facultad para lanzar el aviso de emergencia a los teléfonos de los habitantes de las zonas afectadas. Sistema que tampoco asegura la recepción a todos los afectados, porque puede a haber teléfonos desconectados o ser propiedad de personas que, por edad u otras circunstancias, no acaben de entender lo que se les dice.

Mi primera pregunta es: ¿Cuál es la razón para que los organismos del Estado que detecten la emergencia no pueden lanzar la alarma telefónica directamente? No puede ser por protección de datos, porque son muchos otros los organismos que también disponen de nuestros números y, si esta fuera la razón, también estaría afectada la autoridad autonómica que los emite.

La segunda cuestión, bajando a lo analógico, es que he comprobado que muchas ciudades del mundo simultanean los mensajes telefónicos con otros avisos sonoros, como sirenas potentes que avisan de sunamis, terremotos o cualquier otro peligro. Sirenas que pueden funcionar en todas las situaciones, aún en las más complicadas, porque para activarlas, si falla la red eléctrica o sus controles remotos, basta una batería y una sola persona que lo haga manualmente.

Nuestra cultura popular ancestral incluía que las campanas de las iglesias de los pueblos tocaran a rebato ante cualquier peligro, incluida gente “peligrosa” por la cercanía. Así lo he vivido de niño y no había mejor y más eficaz manera de alertar a la población, la que estaba en el pueblo o la que estaba en los campos, de que algo grave sucedía, en tiempos en los que no había teléfonos móviles y poquísimos fijos.

Todos los pueblos afectados por la Dana tienen sus parroquias y la mayoría de ellas tienen campanas que se pueden voltear con motores eléctricos activados a distancia.

Puede parecer arcaico y simplista, pero hubiera sido muy eficaz que también hubieran alertado a la población antes de que la amenaza se convirtiera en desgracia.

Medidas como esta y montar un sistema de megafonía potente en todos los pueblos, sería una solución sencilla y muy económica que ayudaría a prevenir futuras desgracias.

Una solución sencilla, de acuedo con la teoría del fraile, científico y filósofo Guillermo de Ockham, que aconsejaba “quitar la paja” a la hora de tomar decisiones, “desprenderse de todo lo superfluo y quedarse con lo más sencillo a la hora de resolver un problema”.

También será necesario, por supuesto, acometer grandes proyectos, como desvíos o mejoras en el encauzamiento natural de las aguas, decidir si hay que mandar al carajo todos los condicionantes de los ecologistas que impiden que los ayuntamientos saneen los cauces de los ríos, analizar la nueva situación urbana que ha provocado que en calles estrechas de pueblos antiguos se permita el estacionamiento incondicional de coches que, junto a la  maleza y otros materiales arrastrados por las aguas, facilitan la formación de diques que aceleran la subida de las aguas, etc.

Eso son palabras mayores que requerirán actualización de normas y reglamentos, dejando muy claras las competencias del gobierno, de las autonomías, y de los ayuntamientos.

En resumen:

Siendo consciente de que en toda esta calamidad han fallado lamentablemente los responsables de cumplir los protocolos actuales y de ello darán cuenta en su día, no es menos cierto que dichos protocolos son confusos, arcaicos y manifiestamente ineficaces.

 Por todo ello, y empezando por lo más simple, al margen de crear una base de datos de daños y de damnificados para poder devolverles esa vida familiar o laboral que han perdido, no estaría de más que esta tarea se simultanée con actualizarlos.

Valencia, 21 de noviembre de 2024

José Luis Martínez Ángel.