Me declaro culpable, pero con atenuantes.

Ayer, un amigo me “acusó” de que yo le había asegurado en algún momento que Pedro Sánchez se vería forzado a dejar la presidencia del gobierno. Si el lo dice verdad será porque las palabras, cuando salen de la boca, ya no pertenecen al que las dice, sino al que las escucha y, es muy posible que dijera lo que no quería decir, o lo dije de tal manera que pareció lo contrario de lo que era mi intención.

Porque siempre, en todos mis comentarios de Facebook y en mi Blog, he mantenido la seguridad de que el presidente no dejará su puesto, aunque le abandonen sus apoyadores habituales o deje el gobierno su parte “ex podemita”, ahora llamada Sumar, que tampoco lo hará, pase lo que pase en España o en Venezuela.

Y salió el tema de si un nuevo gobierno, en el caso de que alguna vez sea la oposición la que alcance el poder, aunque sea dentro de muchos años, podría deshacer lo hecho por el PSOE. Y mi posición es que, en lo referente al contenido de la llamada Ley de Amnistía, sí, porque no veo ninguna dificultad en que un gobierno en mayoría pueda devolver a donde deben estar los delitos de sedición, malversación y similares.

Como en su día y como era de justicia, se suprimió la Ley de Vagos y Maleantes, cambiándola por otras más ajustadas a la democracia y a la Constitución.

Lo que también he dicho que lo único que nunca se rectifica es lo relacionado con la cesión de competencias a las autonomías, especialmente las referidas a concesiones fiscales o económicas, como las que se anuncian en este momento en Cataluña.

Lo que ocurre, volviendo a la Ley de Amnistía, es que los ya amnistiados seguirían libres de polvo y paja, porque las leyes españolas permiten que los condenados se acojan a la que más les favorece, cómo ha ocurrido con los beneficiados por la malhadada ley del “sí es sí”, que ha beneficiado a muchos que no tenían previstos los inventores de aquel bodrio legal.

Y podríamos encontrarnos en la situación de que, repuestas las antiguas leyes, todos los que las infrinjan serían acusados y, posiblemente, condenados, mientras que los ya amnistiados no perderían su libertad y continuarían libres como pájaros.

Situación que siempre he contemplado como calculada porque soy muy malicioso y me he movido en un mundo en el que muchas veces las cosas no eran lo que parecían. De ahí que, impulsado por el gobierno, los implicados tengan mucha prisa en acogerse a la ley, porque, en el fondo, es la única garantía que tienen de beneficiarse de ella.

Y puede que todo esto haya sido orquestado así para que sean los independentistas catalanes los únicos que podrán gozar de libertad tras haber cometido estos delitos.

En este momento el gobierno tiene una situación muy confusa por los casos de corrupción, por la situación personal del entorno del presidente y por la rebelión de las federaciones socialistas, antaño tan poderosas y ahora reducidas a casi nada por las reformas de Pedro Sanchez para tener poder absoluto sobre el partido, por el pacto con ERC, pero, como he pensado siempre, el presidente resistirá y seguirá sacando conejos de la chistera, como afirmar que estaba “muy feliz” cuando presentó el preacuerdo.

Como he dicho algunas veces en plan sarcástico, seguirá en el cargo, aferrándose al famoso colchón que Begoña y él compraron el primer día de estancia en la Moncloa.

Y empiezo a pensar que, como ha ocurrido en otros casos, el más reciente el del presidente Joe Biden, es “la mujer del presidente” la que está más aferrada al cargo de los dos.

Valencia, 3 de agosto de 2024

José Luis Martínez Ángel.

La Ley de Amnistía y las dudas del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Supremo (TS) remite al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Amnistía al considerar que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica que protege la Constitución Española

Como no podía ser menos, el alto tribunal expone sus dudas y lo hace, como es habitual, apoyándose en argumentos legales basados en las leyes españolas y en la Constitución, y no en suposiciones y entelequias, como ha hecho el Constitucional cuando anuló las sentencias de implicados en los ERES andaluces e intervenciones semejantes.

Sentencias “nuevas”, “originales”, que han librado a varios condenados por el TSJ, basadas, sobre todo, en que el Pisuerga pasa por Valladolid, como ha sido el decir que los responsables de los desafueros andaluces no fueron los consejeros de la Junta, sino el Parlamento Andaluz, que fue quién los aprobó.

Recuerdo que los miembros del Constitucional no forman parte del Poder Judicial y que los jueces y magistrados del Supremo son elegidos por los vocales del CSPJ, según un baremo de méritos: “durante su sesión constituyente, por mayoría cualificada de tres quintos que se calcula sobre la totalidad de los veintiún miembros del Pleno.”

Es decir que, por mucho que les pese, no son los políticos los que eligen a los miembros del Supremo. Y digo “por mucho que les pese” porque se han oido voces diciendo que “sería bueno”.

Los políticos sí que eligen a una parte de los vocales del CSPJ, pero siendo necesarias tres quintas partes del Pleno para elegirlos, es su trayectoria profesional y no el favor de nadie la que les faculta para ocupar las vacantes que se producen.

Y, que yo conozca, ningún juez cuestiona los nombramientos para ocupar plazas en el Supremo.

Conociendo el descaro de los colocados por el gobierno en los estamentos clave de las instituciones, no puedo aventurar que contestará el Constitucional, pero es seguro que tendrá que hilar muy fino si trata de mantener la Ley en los términos en los que está redactada, porque, en este momento, lo que ocurre en España ya no afecta solo a los españoles, como ha sido hasta ahora, porque la Comunidad Europea y la Comisión de Venecia están muy vigilantes de lo que ocurre en nuestro país con el gobierno y su actitud ante determinados jueces y ante el propio Poder Judicial.

Y no quiero mezclar aquí “las preñadas con las paridas” según el dicho popular, porque hablar de un fiscal general del Estado que desatiende reiteradamente las órdenes del Tribunal Superior de Justicia atendiendo los intereses del gobierno, como el que tenemos en España, merecería mucho que comentar.

El otro día me recordaba un amigo, abogado de profesión y de vocación, que los fiscales franceses acusan “en nombre de la República”, aquí sería en nombre del Estado y no siguiendo órdenes de un superior nombrado a dedo por “los que mandan”

Valencia, 25 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel