El otro día decía que la prepotencia y el endiosamiento de los afectados, hizo que lo que se podría haber evitado hace tiempo con una simple explicación y permanecer en la cabecera de los periódicos y en las tertulias de todo tipo durante unos pocos días se está convirtiendo, día tras día, en algo cada vez más enmarañado, que puede que acabe en nada, pero que está teniendo un coste político de mucho peso para Pedro Sánchez.

Y también decía que no conocen muy bien en que país viven, porque una cosa es mandar a amiguetes a emponzoñar instituciones y otra muy diferente es suponer que alguien, por mucho poder que tenga, puede amedrantar o pararle los pies a un juez mientras instruye. Como tampoco parece saber la oposición que a un fiscal general del Estado no se le puede cesar por muy confusa que sea su actuación

Y también era de esperar que si un imputado se niega a declarar, lo más lógico es que el juez tire de testigos y, entre los de Begoña Gómez, está su pareja, no el presidente del gobierno, citado como conocedor de sus visitas a la Moncloa por un empresario también investigado.

Seguramente no declarará porque la ley le permite no hacerlo en contra de su pareja, pero lo que no puede es evitar que el juez se persone en la Moncloa y dicte las normas de la entrevista. Porque en España, nación democrática y de derecho, la Constitución protege a sus jueces y magistrados por encima de todos los ciudadanos, sean quienes fueren, excepto el jefe del estado.

Y ahora, los que en su momento deberían haberle aconsejado lo contrario de lo que está haciendo, se revuelven contra el juez, contra la acusación y contra el CSPJ por no intervenir directamente en los hechos. Como si pudiera hacerlo.

Lo lógico es que el juez acabe la instrucción y decida si hay o no causa y, de haberla y dictar sentencia, se presente de inmediato un recurso, al que todo acusado tiene derecho, y un tribunal superior revisará la causa para apoyar al juez instructor o desestimar las acusaciones.

Supongo que algún insensato está pensado que esto puede llegar al Tribunal Superior de Justicia, de recurso en recurso y que si este sigue declarando juicio justo, se puede apelar al Constitucional que, eses sí y conociendo los precedentes inmediatos, declarará que se han vulnerado los derechos de Begoña Gómez y que es una víctima de la justicia española. Como los de los ERES de Andalucía.

Pero no hay “sobrado” que soporte tanto tiempo de juicio público, seguro que no, especialmente si tiene otras preocupaciones familiares que lo magnifique.

Y la otra estrategia, como no, es desprestigiar a las acusaciones, especialmente a Manos Limpias, una asociación a la que, por supuesto, yo no compraría  un coche usado, recordemos que tras el juicio contra Urdangarin y su socio, también a la infanta, acabaron varios en la cárcel y su acusadora estrella, la muy mediática Virginia López Negrete, acusada de apropiación indebida de más de unos fondos.

Pero estamos en España y, repito la ley es la ley. Y un asesino en serie puede denunciar una agresión sexual a una mujer si ha presenciado los hechos. Y, naturalmente, el juez tendría la obligación de investigar la denuncia. Porque aquí no se enjuicia al acusador, sino los hechos.

Así que hoy hemos visto otro capítulo absurdo de una serie esperpéntica, muy a la española, que pudo acabar regular hace tiempo, pero que cada vez tiene más visos de acabar mal para alguien. Al menos políticamente.

Porque siento verdadera curiosidad de ver como titula la prensa extranjera, la española me la imagino, el que un juez cite a declarar al presidente del gobierno español porque el abogado defenso de su mujer la aconsejó no declarar.

Y es que parece que nos los políticos de nivel  tienen un extra de tozudez, seguramente necesario, pero que, en ocasiones, les hace confundir la velocidad con el tocino.

Y no me refiero solo al presidente Biden.

Valencia, 22 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel.