“El Tribunal Supremo (TS) remite al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Amnistía al considerar que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica que protege la Constitución Española”

Como no podía ser menos, el alto tribunal expone sus dudas y lo hace, como es habitual, apoyándose en argumentos legales basados en las leyes españolas y en la Constitución, y no en suposiciones y entelequias, como ha hecho el Constitucional cuando anuló las sentencias de implicados en los ERES andaluces e intervenciones semejantes.

Sentencias “nuevas”, “originales”, que han librado a varios condenados por el TSJ, basadas, sobre todo, en que el Pisuerga pasa por Valladolid, como ha sido el decir que los responsables de los desafueros andaluces no fueron los consejeros de la Junta, sino el Parlamento Andaluz, que fue quién los aprobó.

Recuerdo que los miembros del Constitucional no forman parte del Poder Judicial y que los jueces y magistrados del Supremo son elegidos por los vocales del CSPJ, según un baremo de méritos: “durante su sesión constituyente, por mayoría cualificada de tres quintos que se calcula sobre la totalidad de los veintiún miembros del Pleno.”

Es decir que, por mucho que les pese, no son los políticos los que eligen a los miembros del Supremo. Y digo “por mucho que les pese” porque se han oido voces diciendo que “sería bueno”.

Los políticos sí que eligen a una parte de los vocales del CSPJ, pero siendo necesarias tres quintas partes del Pleno para elegirlos, es su trayectoria profesional y no el favor de nadie la que les faculta para ocupar las vacantes que se producen.

Y, que yo conozca, ningún juez cuestiona los nombramientos para ocupar plazas en el Supremo.

Conociendo el descaro de los colocados por el gobierno en los estamentos clave de las instituciones, no puedo aventurar que contestará el Constitucional, pero es seguro que tendrá que hilar muy fino si trata de mantener la Ley en los términos en los que está redactada, porque, en este momento, lo que ocurre en España ya no afecta solo a los españoles, como ha sido hasta ahora, porque la Comunidad Europea y la Comisión de Venecia están muy vigilantes de lo que ocurre en nuestro país con el gobierno y su actitud ante determinados jueces y ante el propio Poder Judicial.

Y no quiero mezclar aquí “las preñadas con las paridas” según el dicho popular, porque hablar de un fiscal general del Estado que desatiende reiteradamente las órdenes del Tribunal Superior de Justicia atendiendo los intereses del gobierno, como el que tenemos en España, merecería mucho que comentar.

El otro día me recordaba un amigo, abogado de profesión y de vocación, que los fiscales franceses acusan “en nombre de la República”, aquí sería en nombre del Estado y no siguiendo órdenes de un superior nombrado a dedo por “los que mandan”

Valencia, 25 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel