Puigdemont no está en el fondo del mar. Ahí están la llaves del cambio

Si alguien tenía dudas de que Pedro Sánchez permanecerá en el gobierno por los siglos de los siglos políticos, a no ser que le afecte alguno de los problemas legales relacionados con su entorno, solo tiene que comprobar lo que ocurrió ayer con la aparición de Puigdemont en el centro de Barcelona.

Aparición pactada, sin ninguna duda, entre Junts y el gobierno, con la colaboración necesaria del gobierno de la Generalitat, porque era imprescindible para salvar la ropa del presidente, gran especialista en poner una vela a Dios y otra al diablo, después de su acuerdo con ERC para hacer ministro a Illa.

Porque este acuerdo necesitaba un desagravio rotundo y visible a Junts en forma de humillación pública del Estado español, conseguido con estos minutos de gloria de Puigdemont y asegurar así el apoyo eterno de esta formación, por mucho que le saquen los colores un día sí y otro también en el Parlamento español.

Porque el que le pongan a parir no es algo que le quite el sueño a Pedro Sánchez, acostumbrado a escuchar de todo y de todos, sin más efecto real que algún que otro apretón de mandíbula.

Así que sería bueno para el PP que dejara de perder el tiempo pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, porque cada vez que lo escucha le da la risa, y dedicarse a potenciar su oferta para las próximas elecciones generales, se produzcan cuando se produzcan. Porque, mientras VOX mantenga las ideas que tiene y haga las tonterías que hace, o consigue la mayoría en solitario, o está condenado a perpetuarse en la oposición.

Y todo ello para descrédito nacional e internacional de las Fuerzas de Seguridad del Estado, víctimas colaterales necesarias en el cambalache, y del Tribunal Supremo, que queda desautorizado para mantener ninguna euroorden para detener al protagonista de la historia, porque los gobiernos europeos nos preguntarán, con toda la razón, porque pedimos que hagan ellos lo que no hizo el gobierno de España, sabiendo como sabían donde y a que hora aparecía en cuerpo presente el ex “molt honorable”, muy venido a menos, pero todavía peso pesado en la política española.

Imagino el cabreo del CNI, al que prohibieron investigar nada relacionado con los independentistas, de los mandos de las Fuerzas de Orden, de todas, y de cualquier persona u organismo relacionado con la seguridad del Estado.

Pero estamos en una nación democrática y el que los componentes de estos cuerpos se vean obligados a tragarse el sapo que les ofrecieron ayer, es la prueba del algodón de que esto, que somos una democracia, es un hecho incuestionable.

En cuanto a los muy locuaces miembros del gobierno y sus acólitos más directos para denunciar cosas de la oposición, ciertas o inventadas, espero que les pase pronto la afonía repentina que están sufriendo, la misma que les impide condenar lo que está ocurriendo en Venezuela, cuando tanto han “largado” sobre Argentina, nación hermana donde no han asesinado a nadie ni metido en la cárcel a la oposición, por muy impresentable que sea su presidente.

Vivir para ver y para oír, o no oír, según convenga.

Valencia, 9 de agosto de 2024

José Luis Martínez Ángel

La amnistía, el ministro Bolaños, “las inteligencias naturales” de los españoles y de como Pedro Sánchez va a tomar el pelo a los independentistas catalanes como ha hecho con la mayoría de sus seguidores.

He decidido no mostrar ninguna opinión sobre el caso Koldo, o como se llame, entre otras cosas porque ya está en manos de la justicia y la de nuestra nación es muy sólida, profesional y que, de decantar “la vara de la justicia” hacia algún lado, lo hará hacia el de las garantías de los procesados. Como siempre lo ha hecho.

Y siguiendo mi costumbre, cuando, como en este caso, la justicia interviene, ni opino ni discuto sobre las sentencias definitivas de nuestros tribunales.

En una conversación con un juez amigo mío que acabó formando parte del Supremo de la Comunidad Valenciana, le manifesté mí opinión de que debería ser duro estar tan mentalizados a no dejarse influir por presiones internas y externas, porque el 50 % de los procesados, los que perdían los juicios, les tendrían por jueces injustos. Él me corrigió en el sentido de que no, que son bastantes más, porque hay que incluir a buena parte de los que han obtenido una sentencia favorable que también se consideran injustamente tratados, porque la sentencia al condenado, en condenas reales o en indemnizaciones, les parece poco severa.

¿Cómo hay alguien que pueda tener la más mínima duda de que una justicia que ha sentado en el banquillo a miembros de la familia real, o que estando etiquetados como de tal o cual tendencia han metido en la cárcel a políticos de sus supuestas afinidades?

Tampoco pensaba entrar en el tema de la amnistía, porque, en contra de lo que se está queriendo hacer ver, aquí queda mucho trecho por recorrer, ya que una cosa es que se apruebe la ley y otra muy diferente que se pueda aplicar.

Pero resulta que ayer escuché a un exultante Feliz Bolaños felicitándose a sí mismo por el éxito obtenido y tratando de convencerme a mí, como al resto de los mayores de edad entre  los 48.085.361españoles registrados en el último censo, (yo soy, seguro, el último, el “uno”), de que, prácticamente, estaba todo hecho y de que esa ley iba a ser la maravilla del mundo mundial, ejemplo de herejes, como tantas otras impulsadas por Zapatero y por el propio Pedro Sánchez que se quedaron en agua de borrajas.

Y lo hizo mintiendo descaradamente y sin ningún tipo de rubor, hasta el punto de que llegó a ofenderme personalmente. Y lo hizo porque entre las varias inteligencias humanas conocidas, “lógico-matemática”, “lingüístico-verbal”, “espacial”, “musical”, “kinestésico-corporal”, “intrapersonal”, “interpersonal” y “naturalista”, es muy posible que muchos millones de españoles, incluso los que carecen de estudios, estemos a un nivel similar al suyo, aunque, como suele demostrar en sus intervenciones, destaque en algunas, como la “lingüístico-verbal”, la que permite encontrar las palabras correctas para expresar lo que quieres decir, que no implica que lo que expresas sea la verdad, ni siquiera lo que realmente sientes.

Yo tengo algunas carencias, lo reconozco, pero es muy probable que en la “lógico-matemática”, la que facilita razonar y cuantificar cosas, y la “interpersonal”, la que permite captar las emociones y los motivos de los demás, llegue, al menos, a la media nacional, como sin duda lo hará el abogado del Banco de España, ahora ministro “cuenta cuentos”, que nos quiere convencer de que en el mar corren las liebres y en el monte las sardinas.

Que uno ha trabajado en una multinacional, entre grandes profesionales y sabe distinguir entre una exposición informativa y otra de puro marketing, la que nos ocupa, en este caso con una evidente carga de impostura.

Concretemos:

Lo único que se consiguió ayer es que el comité de justicia de las Cortes aprobara por mayoría la presentación al pleno de la Ley de Amnistía. Nada más.

A partir de ahora la ley se debatirá, se aprobará por mayoría, pasará al Senado, se volverá a debatir, la mayoría del PP convocará a terceras personas que defenderán la inconstitucional de la ley, se votará en contra y volverá al Congreso, que, siendo el que tiene la última palabra, volverá a aprobarla y el gobierno la publicará en el BOE.

Y en paralelo, me figuro que la oposición presentará un recurso de inconstitucionalidad que, viendo “quien es quien” en este organismo, o apoyarán la ley o, lo más probable para no quedar mal del todo, demorarán tanto la sentencia que puede que cuando la hagan pública tengamos Alzheimer una buena parte de nosotros, Puigdemont se haya jubilado como Molt Honorable President de la Generalitat y Pedro Sánchez tenga su residencia habitual en Marruecos.

Y también es previsible que organizaciones de profesionales de la justicia, antiguos jefes de gobierno y políticos de toda condición manifiesten su desacuerdo con la ley. Declaraciones que no pasarán de ser testimoniales, porque en ningún caso serán condicionantes.

Y quizás, supongo que sí, el Supremo presentará una cuestión prejudicial a los tribunales europeos, que, no estoy seguro, podría paralizar la entrada en vigor de la ley hasta que el tribunal sujeto de la reclamación dicte sentencia.

En cuanto a las mil mentiras de Bolaños, las más importantes fueron las que aseguraron la falsa complacencia de la Comisión de Venecia y su comparativa de nuestro caso con otros muchos países, sin especificar si se refería a países europeos y con regímenes totalmente democráticos, cosa que no es así. Ni de lejos.

Porque hablar de “otros países” sin aclarar que entre los 61 citados están los 27 de la Unión Europea, nuestra referencia real y otros   como Argelia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguizistán, Marruecos, México, Perú y Túnez es hacer trampas en el solitario, en este caso en el circunloquio, porque cuando dice que “la medida es comparativa a la de muchos otros países” puede que se refiere, seguramente será así, a los 14 extracomunitarios, muchos de ellos de dudosa calidad democrática.

Y lo peor es su afirmación rotunda, categórica, incuestionable, enfática en la expresión oral y el lenguaje corporal, de que el Consejo de Venecia avala la ley de amnistía y la considera totalmente constitucional, hecho que no valora en ningún momento porque no puede hacerlo. Si es constitucional o no, es algo que tiene que decidir el país afectado, nunca un tercero, por voz de sus organismos legales, en este caso el Supremo y, como última instancia en caso de recurso, el Constitucional.

Leyendo el texto aludido son muchísimas las dudas que plantea y que no voy a citar aquí para no alargar el texto. Texto que corresponde a un borrador que llegó a manos del gobierno español, como es preceptivo en estos casos, por si tenían que hacer alguna consideración, que nunca deberían de haber filtrado a la prensa porque es confidencial.

Con el agravante de que el texto estudiado por la Comisión de Venecia no es el mismo que se votó en la de justicia porque ha sufrido modificaciones, algunas de calado, aunque a la SER de Àngels Barceló le parezcan menudencias.

Así que, amigo Bolaño, menos lobos y más comedimiento.

Aunque, pese a todo lo escrito y siendo malicioso como soy en bastantes ocasiones, me temo que el ministro de justicia no trataba de engañarme a mí, sino a los “beneficiados” por la ley.

Y me explico:

El hecho de que la ley llegue al pleno de las Cortes, en el que saldrá adelante, supone que los “beneficiados” aprobarán los Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán a pleno antes de que terminen los plazos legales para que la Ley de Amnistía aparezca en el BOE.

Y no me puedo creer que con el gran equipo de juristas que asesora al presidente, no tenga serias dudas, casi certeza, de que la ley aprobada en el Congreso será inviable según las leyes españolas.

Pero, con los presupuestos aprobados, Pedro Sánchez se garantizaría una legislatura de largo recorrido. El que le pongan a caer de un burro en cada sesión si algo sale mal y Puigdemont tiene que seguir en Waterloo es lo de menos. Ya lo hace ahora la oposición y parte de sus apoyadores y no le causa ningún problema. Más bien parece que “le pone”.

Ande yo caliente y ríase la gente”, dice el refrán. En este caso, las palabras correctas no serías “y ríase”, sino “e insúlteme”, pero, como digo, su historia dice que al sujeto de los odios le ha importado un pito lo que digan de él y siempre tiene el recurso de no estar presente en la cámara por “razones de agenda”.

Es muy posible que hoy me haya levantado especialmente malicioso, con mi “inteligencia intrapersonal” algo alterada, pero ¡quién sabe! Cosas más raras hemos visto y oido.

Valencia, 8 de marzo de 2024

José Luis Martínez Ángel

Para los socialistas vocacionales, 3: Diferencia entre la Balanza Fiscal y el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales

Son varias las batallas menos conocidas por la ciudadanía que mantiene el gobierno y Puigdemont para sortear o saltarse la Constitución y las leyes españolas y una de ellas es la famosa Balanza Fiscal que quiere redefinir el independentismo catalán en su favor, naturalmente.

No descubro nada, aunque puede que alguien no lo sepa o lo tenga medio olvidado, que en España somo las personas físicas, cada uno de nosotros de forma individual e independiente, los que pagamos los impuestos estatales. Y lo hacemos en función de nuestros ingresos, básicamente en la declaración a Hacienda de cada año, vivamos donde vivamos. Con la excepción de los empadronados en el País Vasco y Navarra que tienen regímenes fiscales propios

Pero los nacionalistas catalanes, porque ya por entonces, antes de ser claramente independentistas ya lo pretendían, querían hacer ver al Estado que son las comunidades las que pagan los impuestos en una especie de “cuenta de la vieja” que agrupa lo que pagan en cada una de ellas los ciudadanos residentes en las mismas.

Pretensión que ya echó para atrás el Tribunal Constitucional cuando lo “colaron” en su estatuto de autonomía.

Y lo pretendían porque la renta per cápita de los residentes en Cataluña era mayor que la media del total de comunidades y ellos, aprovechando este hecho, defendían que Cataluña aportaba más a la hacienda española y que “era justo” que parte de este importe se les devolviera en forma de inversiones o ayudas de cualquier tipo.

Lo que sería totalmente injusto, aparte de inconstitucional, por razones de sentido común, que se entenderá mejor si pongo un ejemplo a modo de parábola:

Imaginémonos que todos “los ricos” de España deciden residir en la comunidad valenciana. Según el criterio que ellos defienden, el de que son las comunidades y no los individuos los que pagan impuestos, resultaría que nuestra comunidad, que sería la de mayor renta per cápita y refugio de “ricos”, sería la que debería recibir más contrapartidas del Estado por este hecho, en lugar de que esos impuestos se repartan equitativamente entre todas las comunidades para soportar los servicios básicos comunes a todos los españoles reflejados en los Presupuestos Generales de cada año.

Es decir, la comunidad “de los ricos” sería la que más dinero recibe gracias a los impuestos pagados por “sus ricos”.

Otra cosa muy diferente es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que establece que las comunidades que obtienen más ingresos que la media por impuestos propios o ayudas del estado, están obligadas a ceder parte de esos ingresos al fondo común para que se utilice para ayudar a las que están por debajo de la media.

Ese es el caso de la comunidad de Madrid, que en 2022 aportó el 73 % de lo ingresado en ese fondo, lo “devuelto” al Estado, exactamente 4.259 millones de euros. El resto, hasta un total de 5.852 millones, lo aportaron entre Cataluña y Baleares, las otras comunidades con más ingresos por estos conceptos.

Como debe de ser, porque en España hay regiones favorecidas y otras perjudicadas y es obligación del gobierno equilibrar en lo posible las diferencias.