La enorme magnitud de lo acontecido en Valencia como consecuencia de la última Dana y la confusión en la información a la ciudadanía, interesada o no, aconseja que se analice con un poco de calma las competencias de cada cual en según que cosas para evitar frases como “quiero que todos me ayuden” o similares, que es tanto como decir que “desconozco quién tiene que ayudarme”.
No hay duda de que todos los organismos implicados han cometido errores que habrá que valorar en un futuro, pero ese no es el objeto de este artículo. Si lo es salir al paso de algún comentario de barbería en el que se afirmaba que el presidente autonómico no había pedido la ayuda necesaria al gobierno de la nación, o no ha ayudado a las víctimas como se esperaban.
Acabando con la gran pregunta: ¿para qué sirven las autonomías?
Pues bien, las autonomías sirven para muchas cosas, pero casi todas ellas relacionadas con la descentralización de las tareas administrativas y burocráticas del cada día y para hacer cumplir las leyes estatales y las particulares incluidas en sus propios estatutos.
Pero, desde luego, no hay ninguna que esté preparada para afrontar situaciones de seguridad ciudadana de envergadura, ni tampoco, para catástrofes naturales más allá de incendios forestales, en los que tampoco tienen “la autoridad”, porque la coordinación y la dirección operativa la lleva Protección Civil, los consorcios de bomberos y el resto de las organizaciones estatales o las previstas en cada comunidad.
Y son ellos los que, si procede, requieren la ayuda de la UNE o de medios aéreos al gobierno de la nación o las ayudas pertinentes a otras comunidades. Porque pedir ayuda a la UNE es una norma de uso, aceptada sin reservas por el gobierno Central y los autonómicos.
Pero no hay la menor posibilidad de que un presidente de comunidad pueda dirigir o coordinar las acciones convenientes para situaciones catastróficas. Y no puede hacerlo porque no tiene la autoridad necesaria para tomar decisiones.
Y es por eso por lo que, en estos casos, si el gobierno no lo hace, como debería, la autonomía debe solicitar que se declare emergencia nacional cuando en su territorio se ha sufrido daños de este nivel.
“Lo que tradicionalmente se conoce como declaración de zona catastrófica se recoge actualmente en la legislación como declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», regulada en el capítulo V de la Ley del Sistema de Protección Civil.”
Que tiene como objetivo:
«Reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes».
Y sigue:
“La Estrategia de Seguridad Nacional plantea como objetivo en el ámbito de la protección ante emergencias y catástrofes, establecer un Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos que garantice una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.”
En uno de sus puntos dice:
“Las líneas de acción estratégica que propone para alcanzar este objetivo son las siguientes:
- Adopción de un enfoque integrador y potenciador de las actuaciones entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales -particularmente en los ámbitos de detección, planificación y desarrollo de actuaciones ante emergencias y catástrofes- para conseguir una acción preventiva, una respuesta adecuada y un uso eficiente de los recursos limitados disponibles. Estas actuaciones tendrán como referencia los principios de cautela y prevención, colaboración y cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación e igualdad.
- Elaboración de un marco de referencia en la materia que propicie el impulso y la coordinación de esfuerzos, establezca prioridades y optimice los recursos para alcanzar objetivos comunes.”
En resumen: Que, invirtiendo los términos de lo que aquí está pasando, como debe ser, es el gobierno de la nación el que tiene que dirigirlo todo porque es el que tiene todo el poder y el único que puede publicar en el BOE.
Así, Defensa podría mandar tropas para ayudar a desescombrar, brigadas de ingenieros para construir puentes provisionales, pontones flotantes, o generadores para proporcionar luz eléctrica, caballería motorizada para ayudar en los desplazamientos, medicina militar, intendencia para suministrar comidas, ropa y material higiénico, helicópteros, etc.
En fin, todo lo que se necesite en cada uno de los lugares y en la justa proporción de hombres y recursos técnicos.
Montándolo como una operación militar, que de eso sabe mucho el ministerio, como está demostrando en despliegues internacionales.
Y ¿porque no declara el estado de excepción? Al final el coste podría ser el mismo que ayudar con cuentagotas y siguiendo los criterios de un presidente de la Generalidad, licenciado en derecho en este caso y asesorado por consejeros que saben de todo esto menos que él.
La única explicación, según mi opinión, es que en una operación de este calibre se producirán algunos fallos, por muy bien que lo quieran hacer, y muchas insatisfacciones de los que se consideren perjudicados, que será una buena parte de las víctimas de la Dana.
Y eso, el coste político, es lo que nunca ha estado dispuesto a afrontar nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que, básicamente, vive de golpes de efectos positivos y que tienen verdadera obsesión en dar una imagen de gran estadista, certero en las decisiones y libre de las equivocaciones que otros cometerían en su caso.
De esta forma se puede apuntar todo lo que sea ayudas y colaboraciones con los valencianos, sin que le salpique ni una gota de los problemas de gestión que se puedan producir.
Me temo que eso es lo que hay.
Valencia, 4 de noviembre de 2024
José Luis Martínez Ángel.
—
Enlace con las normas de Seguridad Nacional, Protección Ante Emergencias y Catástrofes
José Luis Martínez Ángel 