Lo he escrito muchas veces, pero lo volveré a repetir. El PP ha sido cómplice en demasiadas ocasiones de la impropia elección de vocales del Consejo Superior del Poder Judicial, pero en esta ocasión las cosas no son, ni remotamente, lo que los voceros del partido sanchista dicen que son: el bloqueo del principal partido de la oposición no se debe a que quieran imponer nombres en la cuota parte que le corresponde. Se debe a que quieren devolver a los jueces la facultad de elegir a los miembros que el gobierno de Felipe González, seguramente a instancias de Alfonso Guerra, les arrebató en el año 1985
Es decir: no defienden “sus” nombres, defienden la independencia del Poder Judicial en los términos que establecía el espíritu de la Constitución, no tan afortunada en el texto, en contra de la obstinación del PSOE en mantener controlado al órgano de gobierno de la judicatura. Y como no hay una razón política que justifique esta postura, todo hace suponer que, o quieren seguir avanzando en desmontar la Constitución a base de quitarle contenido con leyes que la descafeínen, véase el debate actual sobre rebelión o sedición, o, lo que sería peor, hay personas físicas que quieren tener situados a determinados afines en según que tribunales “por si acaso”. Supuesto que, de ser cierto, no tendría ningún efecto porque la justicia española es lenta, desesperadamente lenta, pero prácticamente imposible de manipular.
Y ayer, el nuevo ministro de presidencia, Félix Bolaños, nos ilustró con una opinión que no puedo aceptar como lapsus, como haría si procediera de algún otro de los ministros de tan escasa preparación que forman parte del gobierno.
Ni es un lapsus ni es falta de conocimiento. Es una afirmación falsa, maliciosa y absolutamente tendenciosa de algo que no es cierto en absoluto:
Que no sería democrático que los jueces elijan a jueces, porque ellos no han sido “elegidos por el pueblo”.
Los jueces, como los catedráticos de Universidad, los mandos de las Fuerzas Armadas, o los altos cargos de la Administración, pongo por caso, tampoco han sido elegidos por el pueblo. Ostentan sus cargos porque han cursado estudios de mucho nivel y porque, en muchos casos, han conseguido doctorados y/o ganado oposiciones de altísima exigencia.
Y todos ellos, aunque no hayan sido elegidos por el pueblo, cumplen tareas perfectamente previstas en la Constitución, entre las que están, en algunos casos, la de controlar que los que han sido elegidos por el pueblo no cometan desmanes ni sobrepasen las funciones para las que han sido elegidos. Porque, señor ministro, los elegidos por el pueblo no tienen patente de corso. Han sido elegidos para que cumplan determinadas funciones y tienen un marco de actuación perfectamente definido. Y eso, seguramente, es lo que les molesta.
Porque en este momento, algunos de los “elegidos por el pueblo” que forman parte del actual Ejecutivo, están tomando decisiones muy poco claras nombrando según a quién para según que cargos, colocando a afines en puestos clave de la administración y trapacerías semejantes. Y una de ellas, en la que insisten, es situar a “gente de confianza” en el organismo que asigna jueces a determinados juzgados, no porque lo decidan a dedo, sino porque cumplen determinados requisitos establecidos por la judicatura.
Y fue muy poco democrático, por ejemplo, aunque fuera legal, legal de momento porque está impugnado, el nombramiento de la señora Delgado como fiscal general del Estado, habiendo sido ministra de justicia.
Porque “los que nombramos a los nombrados por el pueblo”, peligrosísimo y torticero amigo, no sabemos de la misa la mitad sobre las personas a las que elegimos. ¡Que digo!, ni siquiera la primera frase de una misa, porque nos ocultan sus verdaderas intenciones o, lo que es peor, hacen cosas que han prometido no hacer.
Así que, muy señor mío, si tiene lo que ha de tener exponga esa misma descabellada teoría frente a un periodista independiente en una cadena independiente, que quedan bastantes y no a la cadena amiga y frente a una señora que no plantea inconvenientes a los de su cuerda, la que se empeñó en convencer a un tertuliano de que no debía abandonar el plató porque se sintió ofendido. Que una periodista no tiene que convencer a nadie de nada. Debe informar con veracidad, que no es poco
Una cadena que nos deleitará próximamente con las lecciones magistrales de la señora Calvo y del señor iglesias. Pero eso es otro asunto.
No es una idea nueva. Ya fue esgrimida en 1985, y seguramente antes, con motivo de la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley estableció un sistema innoble para la elección del Consejo General, aprovechando la desafortunada redacción de la Constitución. Sistema que, para mayor inri, fue admitido por el Tribunal Constitucional.
Yo lo tengo dicho y hasta publicado. El gobierno de los jueces debería ser elegido por los propios jueces. Los políticos no deberían intervenir en la elección de cargos de otro poder. Habría que reformar la Constitución en ese sentido (y en otros).
Pero desde que se instauró el sistema democrático hay quien opina interesadamente que sólo quienes se han presentado a unas elecciones y han sido objeto de elección popular pueden seleccionar a los altos cargos públicos, sean del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, del Banco de España, de RTVE, etc , etc. Haber pasado por las urnas, aunque sea indirectamente, parece implicar una patente de corso para intervenir en todas las instituciones del Estado. Y politizarlas.
Sin embargo, en contra de lo que parece que tú y yo opinamos, debe ser muy rentable elegir a los miembros del Consejo. Caso contrario no existiría la polémica actual.
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Ni un punto ni una coma más. Solo reconocer que tu opinión es más válida que la mía porque eres abogado y porque has ocupado puestos relevantes en alguno de los organismos de control de la administración y sabes lo importante que es potenciarlos para evitar desmanes de «los elegidos por el pueblo». Tengo que agradecer al ministro Bolaños el hallazgo de esta frase, tan real como torticeramente empleada. Un abrazo
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