Pedro Sánchez, los 8.700 de ERC y los valencianos que roban a los valencianos a favor de los independentistas catalanes.

Ya he comentado en otras ocasiones que Esquerra siempre ha sido un partido casi testimonial, con muy pocos votos en Cataluña y con una estructura asamblearia, por lo que las decisiones de sus dirigentes deben ser aprobadas por sus militantes, exactamente 8.700 en la actualidad.

Partido que nunca tuvo peso hasta que los descalabros electorales del PSOE obligaron a Pedro Sánchez a buscar apoyos en lugares en los que el socialismo formal, el histórico, nunca habría buscado.

Y ahora nos encontramos que, otra vez, necesitan su apoyo para que Salvador Illa pueda gobernar en Cataluña y asegurarse así el granero de votos que le salvó la cabeza el 23 de julio de 2023.

Con el gravísimo problema de que Esquerra exige, entre otras cosas, la capacidad de que sea la Generalitat la que recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña y que, posteriormente, “colaborarán” aportando la cuota parte que les corresponda por los servicios comunes del Estado, como son las Fuerzas Armadas, por poner un ejemplo que todo el mundo entienda.

8.700 catalanes, exactamente el 0,023 % del censo electoral español en julio de 2023, decidiendo la posibilidad de romper la caja única española por el maldito interés de quien nos desgobierna en España.

La Ley de Amnistía fue una absoluta inmoralidad a beneficio de un grupo de delincuentes, pero el pacto de Salvador Illa, el de Pedro Sánchez con Esquerra, es un auténtico atraco a los españoles no residentes en Cataluña. Y probablemente, sabiendo lo que sabemos de los independentistas catalanes, también para los que allí residen.

Porque los ciudadanos catalanes van a pagar lo mismo en impuestos que pagaban antes del acuerdo, si se aprueba, con la diferencia de que lo recaudado queda al libre albedrío de los independentistas, muy acostumbrados a emplear fondos públicos en embajadas o proyectos de cualquier tipo no relacionados con el bienestar de los catalanes. Y recordemos que, en este momento, se ha despenalizado la malversación en la que incurrieron los que siguen siendo dirigentes de los partidos catalanes.

Cesión de competencias que, a diferencia de otros disparates, será imposible de retrotraer porque es bien sabido que, hablando de dinero, “lo que se da no se quita”. No se quita nunca.

Aunque, siendo como es el pacto del PSC con ERC, tendrá que aprobarse en el Congreso porque no está previsto en la Constitución ni se conoce que tipo de encaje legal pueda soportarlo, por lo que quiero recordar a los parlamentarios valencianos del PSPV-PSOE y de Compromís Sumar, los que consiguieron sus escaños en listas cerradas, qué si votan “sí” a esa posible propuesta, están robando dinero valenciano, la autonomía peor financiada de España, en favor de Cataluña.

Esta vez y para siempre.

Y para que recuerden quienes son, hago públicos sus nombres para que los feliciten o los desprecien, según su decisión, si los conocen o los ven por la calle, si son sus vecinos o son amigos de sus amigos.

Búsquenlos y recuérdenles en que responsabilidad están incurriendo

Porque no hay lista cerrada ni disciplina de voto que justifique que un valenciano o valenciana robe dinero de su comunidad para dárselo a los independentistas catalanes, directamente o por intermediación de un posible gobierno de Salvador Illa.

Y lo mismo vale, si esta nota la lee alguien “de fuera”, para los congresistas de otras comunidades.

Los nombres de los valencianos que tienen escaños en el Parlamento Español en este momento son:

Por el PSPV-PSOE

Diana Morant Ripoll

José Luis Ábalos Meco

Carmen Martínez Ramírez.

Vicent Sarrià Morell.

Marta Trenzano Rubio.

Alejandro Soler Mur.

Patricia Blanquer Alcaraz.

Lázaro Azorín Salar.

Araceli Poblador Pacheco.

Susana Ros Martínez.

Artemi Rallo Lombarte.

Por Compromís y Sumar

Àgueda Micó Micó.

Alberto Ibáñez Mezquita.

Nahuel González López.

Txema Guijarro García.

Valencia, 30 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel.

Las elecciones en Venezuela 2024.

Este domingo parece posible, yo no me lo acabo de creer, la caída de un régimen corrupto, criminal, que ha provocado una huida masiva de sus ciudadanos y que campa por sus respetos sobre vidas y haciendas del país, al que ha llevado casi a la miseria.

Encabezado, al menos en las formas, por Maduro, un espécimen político al que hablan los pajaritos, puesto a conveniencia de militares y narcotraficantes, comunista declarado que ha amenazado con un baño de sangre en su país si no gana las elecciones.

Unas elecciones en las que ha inhabilitado por quince años a la cabeza visible de la oposición, la valiente Maria Corina, que no puede figurar en las listas, pero que acompaña en la campaña a Edmundo González Urrutia, al que ha cedido la candidatura a la presidencia.

Unas elecciones en las que no podrán votar los muchos millones de venezolanos residentes en tantos países del mundo y en el que no se ha permitido la libre presencia de observadores de otras naciones.

Pero, cómo no, allí estará, protagonista como siempre, el gran demócrata español, el expresidente Zapatero, valedor de miserables, gran aconsejador en nuestras campañas electorales y supuesto inspirador de la política de Pedro Sánchez.

Digo “supuesto” porque siempre he pensado que nuestro presidente le utiliza, como hace con todos sus colaboradores, porque Zapatero mantiene “caliente” a esa parte del electorado que traga con todo lo que le echen, por mucho que lo que propugna se contradice con lo que está pasando en el mundo.

Representante español en el Grupo Puebla, un supuesto “espacio de reflexión e intercambio político, que trabaja por el desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos” controlado por dirigentes de naciones a las que han llevado a la ruina y con integrantes de tanta solvencia y solidez política, como nuestras españolas Yolanda Díaz e Irene Montero.

Por mis actividades sociales yo tengo contacto con muchos venezolanos, como también con los de otras naciones de centro y Sudamérica. Nunca les he preguntado por su ideología política, pero todos ellos lamentan haberse visto obligados a dejar su tierra, la de sus raíces y en la que siguen residiendo muchos de sus familiares y amigos.

Y, prácticamente todos, sueñan con el día en el que podrán volver poque su nación ha recuperado un mínimo de normalidad social.

Que así sea.

Valencia, 26 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

La Ley de Amnistía y las dudas del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Supremo (TS) remite al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Amnistía al considerar que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica que protege la Constitución Española

Como no podía ser menos, el alto tribunal expone sus dudas y lo hace, como es habitual, apoyándose en argumentos legales basados en las leyes españolas y en la Constitución, y no en suposiciones y entelequias, como ha hecho el Constitucional cuando anuló las sentencias de implicados en los ERES andaluces e intervenciones semejantes.

Sentencias “nuevas”, “originales”, que han librado a varios condenados por el TSJ, basadas, sobre todo, en que el Pisuerga pasa por Valladolid, como ha sido el decir que los responsables de los desafueros andaluces no fueron los consejeros de la Junta, sino el Parlamento Andaluz, que fue quién los aprobó.

Recuerdo que los miembros del Constitucional no forman parte del Poder Judicial y que los jueces y magistrados del Supremo son elegidos por los vocales del CSPJ, según un baremo de méritos: “durante su sesión constituyente, por mayoría cualificada de tres quintos que se calcula sobre la totalidad de los veintiún miembros del Pleno.”

Es decir que, por mucho que les pese, no son los políticos los que eligen a los miembros del Supremo. Y digo “por mucho que les pese” porque se han oido voces diciendo que “sería bueno”.

Los políticos sí que eligen a una parte de los vocales del CSPJ, pero siendo necesarias tres quintas partes del Pleno para elegirlos, es su trayectoria profesional y no el favor de nadie la que les faculta para ocupar las vacantes que se producen.

Y, que yo conozca, ningún juez cuestiona los nombramientos para ocupar plazas en el Supremo.

Conociendo el descaro de los colocados por el gobierno en los estamentos clave de las instituciones, no puedo aventurar que contestará el Constitucional, pero es seguro que tendrá que hilar muy fino si trata de mantener la Ley en los términos en los que está redactada, porque, en este momento, lo que ocurre en España ya no afecta solo a los españoles, como ha sido hasta ahora, porque la Comunidad Europea y la Comisión de Venecia están muy vigilantes de lo que ocurre en nuestro país con el gobierno y su actitud ante determinados jueces y ante el propio Poder Judicial.

Y no quiero mezclar aquí “las preñadas con las paridas” según el dicho popular, porque hablar de un fiscal general del Estado que desatiende reiteradamente las órdenes del Tribunal Superior de Justicia atendiendo los intereses del gobierno, como el que tenemos en España, merecería mucho que comentar.

El otro día me recordaba un amigo, abogado de profesión y de vocación, que los fiscales franceses acusan “en nombre de la República”, aquí sería en nombre del Estado y no siguiendo órdenes de un superior nombrado a dedo por “los que mandan”

Valencia, 25 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

Las complicaciones de Begoña Gómez (2) y de su marido (1).

El otro día decía que la prepotencia y el endiosamiento de los afectados, hizo que lo que se podría haber evitado hace tiempo con una simple explicación y permanecer en la cabecera de los periódicos y en las tertulias de todo tipo durante unos pocos días se está convirtiendo, día tras día, en algo cada vez más enmarañado, que puede que acabe en nada, pero que está teniendo un coste político de mucho peso para Pedro Sánchez.

Y también decía que no conocen muy bien en que país viven, porque una cosa es mandar a amiguetes a emponzoñar instituciones y otra muy diferente es suponer que alguien, por mucho poder que tenga, puede amedrantar o pararle los pies a un juez mientras instruye. Como tampoco parece saber la oposición que a un fiscal general del Estado no se le puede cesar por muy confusa que sea su actuación

Y también era de esperar que si un imputado se niega a declarar, lo más lógico es que el juez tire de testigos y, entre los de Begoña Gómez, está su pareja, no el presidente del gobierno, citado como conocedor de sus visitas a la Moncloa por un empresario también investigado.

Seguramente no declarará porque la ley le permite no hacerlo en contra de su pareja, pero lo que no puede es evitar que el juez se persone en la Moncloa y dicte las normas de la entrevista. Porque en España, nación democrática y de derecho, la Constitución protege a sus jueces y magistrados por encima de todos los ciudadanos, sean quienes fueren, excepto el jefe del estado.

Y ahora, los que en su momento deberían haberle aconsejado lo contrario de lo que está haciendo, se revuelven contra el juez, contra la acusación y contra el CSPJ por no intervenir directamente en los hechos. Como si pudiera hacerlo.

Lo lógico es que el juez acabe la instrucción y decida si hay o no causa y, de haberla y dictar sentencia, se presente de inmediato un recurso, al que todo acusado tiene derecho, y un tribunal superior revisará la causa para apoyar al juez instructor o desestimar las acusaciones.

Supongo que algún insensato está pensado que esto puede llegar al Tribunal Superior de Justicia, de recurso en recurso y que si este sigue declarando juicio justo, se puede apelar al Constitucional que, eses sí y conociendo los precedentes inmediatos, declarará que se han vulnerado los derechos de Begoña Gómez y que es una víctima de la justicia española. Como los de los ERES de Andalucía.

Pero no hay “sobrado” que soporte tanto tiempo de juicio público, seguro que no, especialmente si tiene otras preocupaciones familiares que lo magnifique.

Y la otra estrategia, como no, es desprestigiar a las acusaciones, especialmente a Manos Limpias, una asociación a la que, por supuesto, yo no compraría  un coche usado, recordemos que tras el juicio contra Urdangarin y su socio, también a la infanta, acabaron varios en la cárcel y su acusadora estrella, la muy mediática Virginia López Negrete, acusada de apropiación indebida de más de unos fondos.

Pero estamos en España y, repito la ley es la ley. Y un asesino en serie puede denunciar una agresión sexual a una mujer si ha presenciado los hechos. Y, naturalmente, el juez tendría la obligación de investigar la denuncia. Porque aquí no se enjuicia al acusador, sino los hechos.

Así que hoy hemos visto otro capítulo absurdo de una serie esperpéntica, muy a la española, que pudo acabar regular hace tiempo, pero que cada vez tiene más visos de acabar mal para alguien. Al menos políticamente.

Porque siento verdadera curiosidad de ver como titula la prensa extranjera, la española me la imagino, el que un juez cite a declarar al presidente del gobierno español porque el abogado defenso de su mujer la aconsejó no declarar.

Y es que parece que nos los políticos de nivel  tienen un extra de tozudez, seguramente necesario, pero que, en ocasiones, les hace confundir la velocidad con el tocino.

Y no me refiero solo al presidente Biden.

Valencia, 22 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel.

Las pantallas en azul:

Ayer fue un día importante que debería hacernos reflexionar, porque nos hizo darnos cuenta de lo indefensos que estamos ante un cambio digital tan potente que es el que controla todas nuestras actividades en la actualidad.

Fue un accidente y se solucionó pronto, un error en una actualización que afecto a Microsoft, pero si hubiera sido intencionado y, además, hubiera afectado a la telefonía, nos hubiera retrotraído en un segundo a mis años de juventud, cuando todas las transacciones eran en persona y sobre papel y donde una llamada telefónica de Bocairent a Valencia, “una conferencia”, tardaba una hora en conseguir la conexión.

El problema es que nosotros estábamos acostumbrados, pero ahora sería imposible sobrevivir en estas condiciones.

Y si un hacker malicioso pudiera provocar lo que ayer sucedió, estaríamos absolutamente en sus manos porque, por mucho que ahuequemos las plumas como hacen los pavos reales, no podríamos hacer absolutamente nada y tendríamos que renunciar a casi todo lo que ahora tenemos.

Y, quien sabe, sería una catástrofe porque afectaría a nuestra sanidad y a otros de nuestros servicios vitales, pero quizás sirviera para reiniciarnos hacia los orígenes y valorar todo lo que hemos perdido, mucho de ello muy valioso, y recapacitar sobre lo que hemos “conseguido”, una buena parte inútil y que anula nuestra personalidad.

Yo no podría escribir esta nota, por ejemplo, pero tampoco podía hacerlo antes y el mundo era mucho más limpio y mejor de lo que es ahora.

Hablamos mucho del cambio climático y es bueno hacerlo, pero olvidamos prevenirnos del cambio digital, que ese sí que está presente, y del coste que supone en nuestra salud mental tenerlo todo tan al alcance de la mano.

Por supuesto no espero que suceda lo que podría suceder, pero es bueno que un accidente nos recuerde que, en el fondo, cada uno de nosotros, si no tenemos un enchufe cerca, nos hemos convertido en gotas de agua en el mar.  

Y una prueba de ello es que hoy, una vez superada la crisis, es que los únicos comentarios que he escuchado de los ciudadanos en los telediarios es el clásico “nadie nos informa” del que no puede coger un vuelo y cosas similares.

Una sociedad de poco reflexionar y muy mentalizada a pensar, como se expresa en la frase clásica “manducemus et bibamus; cras enim moriemur” (comamos y bebamos, que mañana moriremos)

Nada que ver con la de Mahatma Gandhi cuando dijo: “vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre

Valencia, 21 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

Las complicaciones de Begoña Gómez

No entiendo al presidente, porque si alguien, él mismo, sus ministros y toda su estructura mediática cree que van a intimidar al juez que está llevando el caso de su mujer, es que no tienen ni idea de lo que es la judicatura ni en el Estado en el que viven.

Podrán dar largas y machacar a la opinión pública con mensajes como el del mismísimo ministro de justicia poniendo a caer de un burro al juez, pero no conseguirán nada, quizás poner en contra a la misma opinión pública que quieren manipular, como tampoco lo consiguieron otros importantes que han pasado por situaciones parecidas.

Todos se declararon inocentes y, casi todos, víctimas de una persecución política, pero los que eran culpables acabaron condenados y los inocentes absueltos o con las causas sobreseídas.

No tengo la más mínima idea de si el juez lleva bien o mal la instrucción, el tiempo y los recursos lo dirán, pero de los que no me fío en absoluto es de los que defienden a ultranza a la mujer del presidente, porque son parte interesada y auténticos maestros en relatos y posverdades.

Pero, como mortal con sentido común, tengo claro que, en este caso concreto, cuanto más se alargue la investigación, más tiempo estará en boca de todos Begoña Gómez, incluida la prensa internacional que cada vez está más interesada en el caso.

Y, visto desde fuera, la estrategia de acogerse a no declarar, por mucho que trate de justificarla el abogado defensor, nunca ha favorecido a encausados inocentes, pero, ellos sabrán.

Lo lamentable de todo este asunto es que, en mi opinión, si la soberbia y el endiosamiento de los implicados no les hubiera nublado el juicio, este asunto se habría acabado hace meses, cuando se levantaron las primeras sospechas, con una declaración de la encausada pidiendo perdón porque “no era consciente” de que esto fuera incorrecto y que pudiera afectar a su marido y que renunciaba a todos sus negocios particulares que tuvieran algo que ver, aunque fuera tangencialmente, con la administración del Estado.

Les habrían dado la vara unos cuantos días en las redes y los medios de comunicación, una semana como máximo y, al ritmo en el que se suceden las noticias, asunto olvidado más allá de algún comentario en el Parlamento sin el menor efecto político porque la afectada “ya había pedido perdón”

No sé cómo acabará todo esto, aunque es evidente que en el punto al que se ha llegado por no haber abortado a su tiempo la causa raíz del problema, cada vez aparecen más asuntos en los que la investigada no debería haberse involucrado, sean o no delitos reales.

Por lo que Begoña Gómez puede salir inocente, pero el daño político que todo lo que está saliendo a la luz está creando a su pareja, el presidente, va a ser muy importante.

Y es que, creerse por encima del bien y del mal y ser “más que el que más”, no es una realidad en una nación como la nuestra, en la que todos somos iguales ante la ley, excepto el jefe del Estado y por razones muy justificadas, ni es un planteamiento que le haya funcionado a nadie.

Valencia, 20 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

La “espantá” de VOX

¡Que quieren! Anoche me acosté más optimista pensando que los gobiernos autonómicos, no se si los municipales, se han liberado de la rémora de un partido que no ha aportado absolutamente nada positivo a la política nacional y que está completando una extraña deriva, incomprensible para mi y supongo que para una parte considerable de sus votantes.

Y lo hice después de escuchar con atención el extraño mensaje de un Abascal que acusa de sátrapa a Pedro Sánchez, mientras le pone los cuernos a Le Pen y a Meloni para lanzarse a los brazos del muy impresentable Orbán, mucho más caudillo sin control que el propio Sanchez, sancionado por la Comunidad Europea por su política de someter a su autoridad al Poder Judicial húngaro y amigo declarado de Putin, otro sátrapa de manual, que acalla a sus adversarios y hace desaparecer a los más significados.

Visto lo cual, entiendo que Abascal prefiera estas compañías en lugar de un “sicario” del gobierno, Feijóo, que permite atender a los menores sin familia que han llegado a nuestras tierras y que, según VOX, llevan en su ADN delinquir y dar machetazos a quien se ponga por delante cuando se hagan mayores.

Estuvo bien que se llegara a los acuerdos de gobierno porque sirvieron para desbancar al PSOE de muchas autonomías y porque convenía hacer la prueba del algodón a VOX para comprobar si eran capaces de entender que gobernar no es lo mismo que arengar, pero este partido se ha radicalizado mucho más una vez que dimitieron de sus cargos los más moderados de su cúpula, hasta demostrar lo cierto de ese dicho tan popular que afirma que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

Siempre he dicho que VOX tiene un suelo de votantes, pero me temo que, con esta decisión, su suelo se reducirá sensiblemente porque no puedo creerme que la gran mayoría de sus seguidores estén de acuerdo con los nuevos rumbos y las extrañas decisiones de su partido. Pero eso es aventurar y ya se verá.

Me gustaría ver la cara de Ignacio Gil Lázaro, el que vio la luz y cambió su PP de todos sus acomodos por un VOX que le ofrecía algo más y mejor, y disfrutaré escuchando las diatribas de los representantes de este partido en todas las oposiciones españolas y muy especialmente las arengas tronantes de los menos presentables, como José Ángel Antelo, líder del partido en Murcia que, seguramente, se doctoró en política de barrio y en malos modos mientras jugaba al baloncesto por la geografía española.

Porque, en resumen, Abascal y sus colaboradores actuales han convertido a VOX en un partido sin posibilidades de gobierno, nunca las ha tenido y sin ninguna capacidad para influenciar en ningún partido de gobierno, metiéndole en un limbo político desde el que no tendrá ningún peso a nivel nacional y muy poco, casi ninguno, en la Comunidad Europea.

Un auténtico “don nadie” en la política española porque, visto lo visto, ni puede, ni sabe, ni entiende.  

Porque que el hecho de que Abascal de abrazos a Orbán o a Trump queda muy bien en la foto, pero, desde luego, no le servirá de nada ni a él ni a su partido.

Valencia, 12 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

Susto o muerte- La Francia de 2024

Ayer confirmé que el gobierno de Sánchez “también” ha sido el responsable de que Agrupación Nacional francesa, la ultraderecha, no haya conseguido en la segunda vuelta la mayoría que obtuvo en la primera.

Felicidades a Pedro Sánchez, paladín mundial, que a este paso y según sus ministros “repite frases” acabará siendo el fundador de la Comunidad Europea. Pero me temo que, como decía ayer, el remedio sea peor que la enfermedad, porque el viejo truco de crear “frentes populares” para parar a la ultraderecha está inventado desde hace siglos y nunca ha funcionado. Y no ha funcionado porque las “izquierdas” de todo el mundo, como las españolas, nunca han conseguido mantenerse cohesionadas.

Ahora tenemos a una Le Pen sin posibilidades de gobernar, de lo cual me alegro mucho, y a un Melenchón, inventor de un Sumar francés con el nombre de Nuevo Frente Popular, todavía menos consistente que el español. Un Sumar inventado por Pedro Sánchez n su día para deshacerse de Podemos, aunque haya hecho creer a Yolanda Díaz, otro invento del presidente, que es ella la madre biológica.

Pues ¿qué quieren que les diga? Como describo en la cabecera de este comentario, “susto o muerte”. Porque ¿Alguien se ha molestado en conocer el ideario político del nuevo líder de la extrema izquierda? ¿O en saber que partidos componen el recién estrenado Nuevo Frente Popular?

Me temo que el NFP, que como todos los anteriores se ha construido con una amalgama de grupos de ideología más o menos parecida, pero con objetivos totalmente diferentes, no aguantará más que los históricos españoles, el último en la Segunda República, o los más recientes y bastante más modestos, llámese Podemos, el de las mareas, o el Sumar de las ambigüedades.

Francamente, viendo lo que veo, parece que no queda ninguno de los estudiantes que en el “mayo francés” del 68 gritaban “imaginación al poder”, porque, a lo que parece, Francia ha consumido todas sus reservas de imaginación y tropieza, como otros “ilustrados”, en las piedras de siempre.

Y encima presumen de haber inventado la rueda.

Valencia, 10 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

Insisto, en mi opinión, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial.

Me habrán leído decir que tengo por norma no juzgar ni comentar asuntos que estén en proceso judicial porque confió en la justicia española y en qué sus sentencias, recurridas o no, son las ajustadas a la ley, con independencia de las presiones de unos y otros sobre los jueces titulares de las causas.

Pero cuando hablo de tribunales, me refiero a los que integran el Poder Judicial, entre los que, como he comentado en otras ocasiones, no está el Constitucional.  

Y no lo digo por decir. Lo hago porque la Constitución así lo especifica, ya que no lo incluye en el Título VI, el que describe las misiones y funciones del Poder Judicial, sino en el IX, que es uno propio.

Por lo que el Tribunal Constitucional, tribunal especial de garantías, no forma parte de la justicia y por eso no se requiere que sus miembros sean magistrados.

Artículo 159,

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional

Y, entrando en el tema que quiero tratar, este mismo artículo, en el apartado 4, dice que

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

La letra es la que es, pero está muy claro que los redactores de este texto no aceptarían el hecho de que un miembro de este tribunal deje un cargo de compromiso político el día anterior de ser elegido para el tribunal. Y cuando digo el día anterior me refiero a un plazo razonable, que deberías ser nunca, como ha ocurrido con alguno de sus miembros, porque es imposible que no estén contaminados para decidir sobre asuntos sobre los que se han manifestado cuando ocupaban el cargo político.

Póngase como ejemplo a Juan Carlos Campo Moreno, que ha pasado de ser ministro de justicia a miembro de este tribunal. No es el único caso de nombres que no deberían formar parte del Constitucional, pero sí uno muy representativo de lo que no es ético ni estético por mucho que lo permitan las leyes actuales. Un auténtico fraude a la propia Constitución.

Un Juan Carlos Campo que, siendo ministro, manifestó que la Ley de Amnistía era inconstitucional.

Y por eso, como he dicho en otras ocasiones y precisamente porque no forma parte del Poder Judicial ni a sus miembros se les exige ser magistrados, solo expertos en Constitución, este tribunal no es, de ninguna manera, un tribunal de casación.

Es un tribunal de garantías que tiene como misión asegurarse de que las leyes emanadas por el gobierno o las autonomías se ajustan a la Constitución, o que no se han vulnerado los derechos de los reos ni sus garantías procesales mientras fueron juzgados.

Y, en caso de que se incumpla alguna de estas condiciones, pueden decretar la anticonstitucional de una ley, lo que la deja sin efecto, u ordenar que se repita un juicio.

Nunca reinterpretar la sentencia de un tribunal y mucho menos si se trata del Tribunal Supremo, que, según la Constitución es la última “voz de la justicia” reconocida en España y el único autorizado a encausar al gobierno de la nación si comete algún acto criminal.

Tenemos que, por razones no previstas por la Constitución, aunque sean legales, el bloque formado por el gobierno y los grupos que le apoyan, todos ellos por razones espurias y no por el bien de la nación, han conseguido colocar en el Constitucional a personas con mentalidad de partido que, según se teme y se está demostrando, defienden los intereses del gobierno por encima de su función orgánica, provocando que este tribunal se extralimite en sus funciones cuando actúa como de casación.

En la legislación actual, cuando se quiere reestudiar una condena, como ocurre cuando hay un recurso, el tribunal encargado de atenderlo revisa las pruebas, comprueba las declaraciones de los testigos, escucha a las fuerzas de orden y, después de un trabajo especialmente profesional, deciden si la sentencia original era la correcta desde el punto de vista de la ley, o hay que establecer alguna corrección.

Pero estos señores, que ni siquiera necesitan ser jueces y que no tienen que ser expertos en leyes, sino en Constitución, se reúnen, leen el recurso y deciden con argumentos puramente políticos, si no ideológicos, anulando o rectificando sentencias de los grandes profesionales del Tribunal Supremo, con currículums profesionales realmente impresionantes y reconocidos como los más expertos en leyes nacionales.

Y con argumentos tan peregrinos como que un político que haca una propuesta que necesita la aprobación del parlamento, no es responsable de lo propuesto porque es el parlamento y no él, quien lo decide. O, en el caso de Griñán, que el hecho de que Intervención le mandara hasta tres informes denunciando lo que estaba pasando no demuestra que él los recibiera.

De aurora boreal.

Ya he dicho en otra ocasión que, con este argumento, los que ordenan fusilamientos nunca han sido responsable de los asesinatos porque no son ellos los que aprietan el gatillo del arma que mata, sino los componentes del pelotón de fusilamiento.

Y, si analizamos las últimas decisiones del Constitucional anulando delitos de malversación a los condenados por los ERES de Andalucía, ¿quién tiene que devolver la parta ilegal de los seiscientos millones defraudados, la parte “regalada”? ¿El parlamento andaluz?

Porque si no son los promotores, alguien deberá hacerlo

Lo cierto es que España siempre ha sido diferente, pero estamos llegando al esperpento de ser una nación modelo “amanece que no es poco”, de improvisaciones y ocurrencias, que está perdiendo el prestigio internacional de nación con una Constitución moderna y con unos tribunales de justicia garantistas y respetuosos con los derechos procesales de los investigados o encausados por nuestros tribunales de justicia.

Una nación que, por todo lo dicho anteriormente y por otras cosas más de índole parecida, cada vez se parece menos a aquella que nos ilusionó y hermanó cuando redescubrimos la democracia.

Valencia, 9 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

El ascenso de la ultraderecha.

No soy francés ni entiendo la razón de que esa nación, la que tuvo fama de ser “de asilo”, tenga tantos problemas raciales con franceses de tercera generación de origen africano que no han sido capaces de integrarse, o que la extrema derecha esté creciendo hasta el punto de que haya sido mayoría en las elecciones de este fin de semana.

Puedo dar mi opinión, eso sí, de lo que está ocurriendo en España y no estaría de más que tratemos de escarmentar en cabeza ajena. Nunca ha ocurrido, pero ¡quién sabe!

Y es que, en España, como en la mayoría de las naciones de la Comunidad Europea, lo que ahora llaman extrema derecha, metiendo en el mismo saco a Le Pen, a Giorgia Meloni, a Abascal y a los partidos similares de otras naciones, están cogiendo fuerza en detrimento de partidos de centro, menos, y de la extrema izquierda, más.

¿Y por qué les votan? Ya he dado mi opinión muchas otras veces: porque los partidos de izquierda no han sabido adaptarse al cambio de los tiempos y no aportan las soluciones que los ciudadanos necesitan en la actualidad.

Hablando de España, tenemos un PSOE en decadencia, casi desaparecido como tal en favor de un bloque parecido al que se formó en el tercer bienio de la Segunda República, llamado entonces Frente Popular, y formaciones como Podemos, IU o Sumar, en plena fase de desaparición porque, o no ofrecen soluciones, o porque las que ofrecen se basan en el gasto público y carecen de consistencia.

Y, claro, que en la segunda década del siglo XXI la gran izquierda, encabezada por el PSOE, aporte soluciones de la tercera década del siglo XX, sabiendo que fracasaron, es para hacérselo mirar.

Y aquí, por mucho que el relato interesado diga lo contrario, es la izquierda la que alimenta a VOX, mientras que el PP está actuando como dique de contención porque, de momento, está planteando medidas razonables y, en principio, entendibles y posibles de llevar a la práctica si alguna vez gobiernan.

Y eso se está demostrando en las comunidades en las que ya lo hacen, donde los lobos no van por las calles robando derechos a las mujeres, protegiendo a los maltratadores, persiguiendo a los homosexuales, ni nada que se le parezca. Y la prueba de que su mensaje se entiende mejor en todas ellas, es que han conseguido aumentar el número de sus votantes, muchos de ellos procedentes de Ciudadanos, pero también de VOX y del PSOE

Y eso es lo que muchos están reclamando, algo nuevo, algo de esperanza, posibilidad de que se retire los privilegios a quien no los merece, de que, apoyando el turismo, se regule para que no arrolle el bienestar, la tranquilidad y las posibilidades de encontrar una vivienda digna a los nativos, que se deje de demonizar a la patronal, única que crea empleo productivo, o que se recupere la independencia de los tres poderes del Estado.

Y cosas concretas, tangibles, como que se endurezcan las leyes “anti ocupa”, por poner un ejemplo palmario, o que se encuentre soluciones para ese 26 % de ciudadanos que están al borde de la pobreza por mucho que la macroeconomía, las de las bolsas y las multinacionales, vayan “como un cohete”.

Y muchas otras decisiones similares.

Y también necesitamos un partido de centro izquierda fuerte, como lo era el PSOE, para tener una alternativa si el PP gobierna y no cumple lo que prometió.

Porque la democracia consiste en eso, en poder votar libremente al que crees que te ofrece mejores garantías y en disponer de una alternativa si no cumple lo prometido.

No es, para nada, que nos tengan distraídos con lo que dice Bolaños o Cuca Gamarra, lo borde que es o no es el presidente y como le contesta Feijòo, como dogmatiza Patxi López, como organiza Puigdemont la política española, o que hace o deja de hacer el cuñado de no sé quién, o la pareja de no sé quién otro, mientras, aprovechando esas cortinas de humo, se anulan valores y se ataca los cimientos de nuestra democracia tergiversando el espíritu, y en algunos casos,  la letra de nuestra Constitución.

Que no es eso. Que no.

Que la Política, en mayúscula, la buena, es algo que está en paradero desconocido desde hace años en esta España nuestra. Y sería bueno que la encontráramos y la pusiéramos en su justo lugar

Valencia, 1 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel


P.D.

Artículo 97 de la Constitución:

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.