El asalto al poder judicial (continuación de la continuación):

Nada ha cambiado en lo formal, pero sí que se han producido movimientos en contra de la iniciativa del PSOE para modificar la fórmula de elección de los Consejeros del Poder Judicial.

Y uno de ellos ha sido en la Comunidad Europea en su función de velar por las condiciones democráticas de los estados miembros.

Sánchez, el mago de las palabras y los gestos, ha dicho que ningún presidente de gobierno le ha preguntado por este tema y será verdad. Porque la advertencia no viene de países en particular, que sería injerencia impropia en las normas y leyes de otros estados, sino de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) que es el organismo comunitario encargado de velar por la calidad democrática de los estados miembros en materia de justicia.

Y ha dicho, cumpliendo con su misión, que si algún país promueve cambios en sus procesos internos que afecten a la independencia del Poder Judicial, han de ser, necesariamente, para reforzar esa independencia y nunca para limitarla.

Advertencia que entra de lleno en las competencias que le asignaron en el momento de su creación:

“La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) se creó el 18 de septiembre de 2002 por medio de la Resolución Res(2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Se compone de expertos de todos los 46 Estados Miembros del Consejo de Europa (entre ellos España en cuya Delegación se integra un representante del Consejo General del Poder Judicial) y cuenta con un Secretariado. A sus labores cabe asimismo integrar a observadores en las que participa la Unión Europea.

La misión de la CEPEJ es la de mejorar la eficacia en el funcionamiento de Justicia en los Estados Miembros del Consejo de Europa así como desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por el Consejo de Europa.

Sus tareas son:

  • Analizar los sistemas judiciales
  • Identificar la dificultades que encuentran los sistemas judiciales
  • Definir maneras concretas de mejorar la evaluación de resultados y el funcionamiento de los sistemas judiciales
  • Proporcionar ayuda a los Estados miembros
  • Proponer a las instancias competentes del Consejo de Europa las áreas en donde sería deseable elaborar un instrumento jurídico nuevo.

La CEPEJ no es una institución de supervisión de los sistemas judiciales de los Estados Miembros ni tampoco es competente para elaborar instrumentos normativos. El funcionamiento del CEPEJ es gobernado por su estatuto.

Y nuestro presidente sabe muy bien que ir por libre en las relaciones con la judicatura es jugar con fuego, porque puede afectar a las buenas relaciones con la comunidad, al prestigio de nuestra nación y a dificultar la tramitación de algunas de las ayudas que tenemos programadas.

Y, naturalmente, los voceros del gobierno y del partido se han apresurado a lanzar el mensaje de siempre: la culpa  de esta propuesta es de la oposición, que no quiere llegar a acuerdos, y que, encima, está dañando a España cuando lleva a Europa el asunto del cambio en las elecciones de miembros del consejo.

Pues ni lo uno ni lo otro. No tengo idea de la razón real de las desavenencias ni los nombres que se han barajado, (se dijo que el PP bloqueó el acuerdo por el nombramiento de la Fiscal General, por las Críticas al Rey del ala “desmoderada” del gobierno y ahora porque se niega a que Podemos forme parte de la negociación), pero yo no estaba en esas negociaciones y me niego a lanzar juicios de valor sobre lo que aseguran otros porque en el fondo y sea por la rezón que sea, estoy totalmente en contra del trapicheo continuado de la política en temas de interés nacional, cuando deberían ser absolutamente asépticos. Y uno de ellos es el sistema actual de elección de miembros del consejo.

Decía en un escrito anterior: “Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros del Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio. Sería un auténtico golpe de mesa democrático.”

Pues bien, no ha sido Casado, sino VOX quien ha tomado esta iniciativa, mucho más democrática que cualquiera de las propuestas por los partidos de toda la vida. Los “democráticos”.

Y no digo, ni mucho menos, que VOX sea más democrático que el PSOE, el PP, Ciudadanos y algún que otro partido regionalista de menor entidad en número de votantes, pero sí que lo considero más encajado en  la Constitución que Podemos o IU y eso, afinidades ideológicas aparte, merece que lo valore como partido absolutamente legal y al que hay que tener en cuenta.

Y que quede claro que la denuncia de este asalto al Poder Judicial por parte de la oposición no desprestigia a España, ni siquiera al propio gobierno, ya que, para evitarse los trámites reglamentarios de un proyecto de ley, necesariamente largos, es el partido el que hace una a proposición como la podría hacer yo y 499.999 ciudadanos más.

Luego el que en teoría da la mala imagen es este remedo de PSOE, el “sanchista” que tenemos en el parlamento, encabezado parlamentariamente por Adriana Lastra, la misma que pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral del PP.

Y de Pedro Sánchez, que es quién anunció la iniciativa, supongo en su calidad de secretario del partido.

El asalto al poder judicial (continuación):

Sigo con el tema de días anteriores porque es un asunto que me preocupa especialmente y que hay que parar a toda costa, a toda costa democrática naturalmente. Porque si el ejecutivo consiguiera intervenir indirectamente, como pretende, en el nombramiento de los jueces, estaríamos realmente al nivel de Polonia o Hungría que persiguen las mismas prácticas de dominio absoluto aunque, curiosamente y a diferencia de España donde se da todo lo contrario, estén gobernadas por extremistas de derechas.

Y es que los extremos, sean del color que sean, siempre coinciden en tratar de perpetuarse en el cargo y en conseguir el poder absoluto en los países en los que gobiernan. Y hay una larga lista de ejemplo, tanto en Europa como en Asia, o en la América central o Sudamérica.

“Los aforamientos no desvirtúan la relación de poder de los políticos y los ciudadanos españoles por sí solos, sino que lo hacen en conjunción con el otro gran oprobio del sistema político español: la politización de la justicia. La independencia de la justicia no es necesaria solo porque nuestro sistema se fundamenta de manera formal en el principio de separación de poderes de Montesquieu (quien, con mucho acierto, dijo ya en el siglo XVIII que esa independencia ha de ser real y no sólo aparente) sino que, a nivel práctico, la justicia es la manera más elemental de organizarse que tiene la sociedad para limitar el uso arbitrario del poder político, por ello es esencial que la administración de la justicia (es decir, el control de la arbitrariedad  del poder) se haga de forma independiente del poder político.

En España, el organismo encargado de nombrar y promover a los jueces está designado en su totalidad directamente por los políticos: este sistema de justicia politizada se derogó en Francia ya en 1993; en el Reino Unido, los jueces del Tribunal Supremo los elige un organismo independiente, la Judicial Appointmens Commission; y hasta en Italia el organismo de nombramiento de los jueces lo eligen en parte el Parlamento y en parte las asociaciones de los jueces.

(“Devuélveme el poder”, de Miriam González Durántez)

¿Cómo se puede parar esta iniciativa? En primer lugar hay que aclarar que el gobierno ha registrado una proposición de ley, no una propuesta, porque de esta forma se salta las preceptivas consultas al Consejo de Estado y a otros varios estamentos que, aunque no sean vinculantes, deben escucharse y tiene un importante peso político. Es, pura y simplemente un atajo en el tiempo que, además, le evitará posibles opiniones desfavorables a la iniciativa.

Aclaro la diferencia entre proyectos y proposiciones:

“Los proyectos de ley son elaborados por el Gobierno (consejo de ministros), mientras que las proposiciones de ley proceden del Congreso, Senado, Parlamentos de las Comunidades Autónomas o de la iniciativa legislativa popular mediante 500.000 firmas”.

Llegados a este punto, ¿cómo se podría para esta iniciativa del gobierno?

En primer lugar me cuesta mucho creer que la minoría socialista moderada del consejo de ministros apoye semejante disparate pero, por si acaso, hay otras alternativas. Complicadas de salir adelante, pero posibles:

Podría ocurrir que los socialistas constitucionalistas de toda la vida que estén fuera del poder abran un debate formal para parar los pies a este “sanchismo” tóxico que está erosionando los fundamentos de la democracia española.

O que los socialistas con cargos institucionales, como los Presidentes de Autonomías por ejemplo, pidan a los congresistas y senadores de su autonomía que voten en contra. Es casi imposible que les hagan caso porque el pesebre es el pesebre y hay que comer todos los  días, pero puede que algunos  de ellos se huelan cambios importantes y prefieran pasara  a la historia como los que se opusieron a colaborar con los enemigos de la nación.

Se debería presionar al gobierno con manifiestos y manifestaciones populares, cosa harto difícil porque las fuerzas moderadas, que serían las enemigas de la iniciativa, son en su mayor parte la llamada tradicionalmente “minoría silenciosa”, que ahora debería definirse como “mayoría anestesiada” o “mayoría confundida” por falta de cultura democrática o por desconocimiento real de lo que se está fraguando

Otra posibilidad, más probable, es que la Comunidad Europea, en la que confío, tome posiciones concretas y contrarias a estas iniciativas. Opiniones que de oficializarse,  no solo serían consejos que se lleva el viento porque podrían suponer la imposición de sanciones económicas, como en su día se hizo con Polonia y Hungría por razones similares.

De momento el gobierno español ya está recibiendo algún que otro “aviso para navegantes” de la propia comunidad y de otros organismos:

“La Comisión Europea ve con preocupación la cercana “relación” entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España. No hay nombres y apellidos, no hay referencias a Dolores Delgado ni desde luego a situaciones como la creada por el fiscal Luis Navajas, pero en Bruselas observan con reticencias la forma en la que en nuestro país es nombrada la dirección de la Fiscalía General, la coincidencia de su mandato con las legislaturas políticas y la falta de transparencia.

Los técnicos comunitarios, siguiendo muchas pautas marcadas en el pasado por el Consejo de Europa (que tiene sede en Estrasburgo pero no forma parte de la UE) señalan en concreto que el hecho de que el nombramiento salga de Moncloa y que el mandato de la Fiscal sea el mismo que el de la legislatura afectan a la “percepción de independencia” de la institución. Y piden por ella muchísima más transparencia sobre las relaciones y comunicaciones entre el puesto que ahora ocupa la ex ministra Dolores Delgado y el Ministerio de Justicia”.

Opiniones y “runrunes” de la Comunidad a propósito del nombramiento de nuestra muy imparcial Fiscal General.

Y, más recientemente, hemos leído que:

La Asociación Europea de Jueces, con sede en Roma y miembro de la Asociación Internacional, ha emitido un comunicado este martes en el que expresa su «gran preocupación» tras conocer la intención del Gobierno de España: modificar la legislación sobre el Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos por mayoría en el Parlamento, sin necesidad de una mayoría reforzada que requiera negociación entre los grupos como hasta ahora.

De momento no han reclamado que sean los jueces los electores, pero sí que se mantenga la necesidad de acuerdos mucho más amplios que la simple mayoría.

Y ¿qué debería hacer la oposición?

Saben que esta iniciativa tiene todas las posibilidades de salir adelante porque le interesa a Sánchez para seguir en el gobierno y porque le interesa a los “antipatrias” que le apoyan, incluida esta extraña versión de comunismo bolivarista de coche oficial. Porque les viene bien y porque, indudablemente, sacarán buena tajada en el reparto.

Pero algo deben hacer.

Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros de Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio, Sería un auténtico golpe de mesa democrático.

Sería muy interesante conocer cuál sería el pretexto del “sanchismo” para justificar un voto en contra aunque, de momento, dudo mucho de que el PP, Ciudadanos o VOX estén `por la labor.

Porque ahora les toca perder, pero seguro que en su fuero interno les gustaría tener esta misma oportunidad de ser ellos los que impongan los nombres de los “nombradores de jueces”.

¡Porca miseria!

El Poder Judicial, último bastión de la democracia española, seriamente amenazado por el Ejecutivo.

Cualquiera que lea lo que escribo sabrá que nunca he cuestionado las sentencias de los tribunales. Unas me gustan más y otras menos, como a todos, pero ni siquiera comento estas afinidades o discrepancias porque entiendo que los jueces están sujetos a las leyes que elabora o desarrolla el Legislativo, que son los únicos que conocen todos los hechos y las circunstancias y que, afortunadamente, en su inmensa mayoría siguen manteniendo una independencia en sus actuaciones por muchas presiones que reciban desde la política interesada, los poderes fácticos, las redes sociales y los medios de comunicación.

En este momento tenemos una auténtica crisis nacional provocada por una serie de factores coincidentes que amenazan con  generar una auténtica tormenta perfecta en contra del normal ejercicio de la democracia y de un mínimo de convivencia pacífica entre los españoles.

Ruptura en la convivencia muy difícil de evitar porque los políticos de “alto nivel” necesitan tener detrás de sus iniciativas a ciudadanos-seguidores, aunque se les haya convencido con medias verdades, mentiras, o malas artes democráticas.

El primer facilitador de la tormenta es la actuación y el posicionamiento del gobierno actual, gobierno legítimo y actuando desde la legitimidad, que ha preferido pactar asuntos de estado con minorías prácticamente antisistema, como son los separatistas catalanes y vascos, con Bildu y con un desconcertante partido comunista renacido de las cenizas de los comunismos pre democráticos, marinados en los muy peligrosos caldos de cultivo de algunas falsas democracias latinoamericanas, en las que los gobernantes actúan como auténticos dictadores tratando de conseguir el poder absoluto en sus respectivas naciones.

Todo esto en lugar de buscar acuerdos con otros partidos de gobierno con los que hubiera podido conseguir algunos pactos que consolidaran o actualizaran algunos de los muchos e importantes temas que tenemos pendientes. Un desgraciado gana-gana por el que Pedro Sánchez se mantiene como presidente, que parece ser su único objetivo,  y sus “respaldadores” obtienen concesiones que no obtendrían, seguro, si el “sanchismo” se hubiera aliado con el PP o con Ciudadanos.

Pero esta situación, como la del Legislativo, tan condicionada por la disciplina férrea a la que obligan las listas electorales de nuestro maldito sistema electoral, pude cambiar en las próximas elecciones, o en algún momento del futuro.

Lo de la Judicatura y muy especialmente lo del Poder Judicial, es mucho más complejo porque si bien los jueces son libres como tales en sus tribunales, el Consejo Superior del Poder Judicial tiene una marca de duda en su propia configuración, porque sus miembros son elegidos por los políticos.

¿Y porque ese empeño en colocar en el Consejo Superior del Poder Judicial a determinados personajes?

Solo hay una explicación razonable: Que teniendo la seguridad absoluta de que van a cometer delitos o irregularidades legales, necesitan colocar en el Tribunal Supremo, órgano que les juzgará por estar aforados, a jueces de “su cuerda” pensando que llegado el caso doblarán la vara de la justicia a favor de los que les han elegido. Cosa que no acabo de creer porque la gran mayoría de los jueces son imparciales a la hora de sentenciar, pero que puede darse en algún caso.

Y siendo el Consejo Superior del Poder Judicial el que nombra a los titulares de las salas, ateniéndose a ciertas condiciones por supuesto, blanco y en botella.

¿A ustedes se les ocurre alguna otra razón para mantener esta lucha férrea para colocar nombres el Consejo? A mí no. Y lo digo francamente.

¿Y cuál puede ser  la reacción del gobierno a la vista del bloqueo? Parece ser que actuará como acostumbra, cambiando las reglas de juego si las existentes no le garantizan ganar la partida.

En primer lugar inventarse un “algo” (ley, decreto, o lo que sea) que prohíba a los miembros del Consejo Superior efectuar nombramientos si ya han superado su tiempo de mandato. Cosa que va contra la lógica, contra lo que es normal en todas las entidades de la vida civil, incluso de la religiosa, e incluso contra los Estatutos del Poder Judicial de España, que a este respecto dicen textualmente: “Los vocales son nombrados por un período de mandato de cinco años, a partir de la fecha de la sesión constitutiva. El CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo”.

Es decir: que pueden seguir tomando decisiones y hacerlo de pleno derecho.

Con el agravante de que esta demora en los cambios no lo provoca el propio Consejo, que hace tiempo que están pidiendo de todas las formas posibles que las Cámaras decidan los nombramientos, sino la desidia y el egoísmo de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo en proponer a los candidatos.

La otra cuestión es que Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de que la elección de miembros del Poder Judicial pase a ser de tres quintos a mayoría simple, por lo que bastarían los votos de sus compañeros de aventura para cambiar el espíritu y el texto de la propia Constitución, que en el punto 3 del artículo 122 dice textualmente: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

(Una aclaración seguramente innecesaria, pero conveniente: Cuando dice “nombrados por el Rey” quiere decir que el nombramiento formal, la firma, es la del Rey como representante y máxima autoridad  del Estado Español)

¿Cómo lo van a conseguir? Seguro que la factoría Redondo ya está localizando todas las grietas legales existentes en el texto de nuestra Carta Magna, no en el espíritu, para forzar algún tipo de desarrollo y conseguir sus fines. Como hacen siempre.

Cuando lo que deberían hacer si les quedara algo de vergüenza, es buscar algún tipo de consenso para que sean los jueces los que elijan a la totalidad o a la mayoría de los miembros del Consejo, que ahora dependen de las siguientes votaciones:

Puede que hayan jueces “bizcochables” aunque menos de los que la gente se cree porque una vez en sus juzgados la gran mayoría pierden la parcialidad, pero “jurista de reconocida competencia” puede ser hasta un abogado de ETA si nos descuidamos, esos que pasaban a los presos las consignas de la banda, porque de este gobierno, el que dice que Otegui es un “hombre de paz”,  se puede esperar cualquier cosa.

Y de darse el caso, menos fantástico de lo que parece, no habrían medias tintas ni “verdades judiciales”. Irían a saco como siempre han ido.

Por lo que, insisto, si de verdad tuvieran un mínimo de honorabilidad y de sentido democrático, renunciarían al derecho de nombrar a estos 20 titulares del Consejo en favor delos propios jueces.

Alegan para no hacerlo que muchos jueces “tienen ideología” y podría salir un consejo progresista o conservador.

¿Más ideas políticas que los políticos profesionales? ¿Más intereses? ¿Menos fiabilidad? Es evidente, como no, que los profesionales de la judicatura tendrán interés en conseguir tal o cual plaza o hacer carrera profesional pero, por supuesto, con menos condicionantes y utilizando muchas menos trapacerías que nuestros muy deteriorados democráticamente padres de la patria.

Porque, ellos sí, están expuestos a la luz pública y no pueden arriesgarse a ser acusados de prevaricaciones o posiciones de favor. Entre otras cosas porque sus conductas serían analizadas y sancionadas por el propio Tribunal Superior.

Escribo esta nota en el convencimiento de que es como predicar en el desierto, frase acuñada para San Juan Bautista y salvando todas las circunstancias, pero yo me considero obligado a practicar cierta pedagogía que, por supuesto, no servirá de nada. Ni convencerá a mis seguidores partidistas ni afectará las decisiones de “los que mandan” porque ni siquiera la leerán aunque se la remita como tengo por costumbre.

Pero, al menos, he intentado poner mi granito de arena denunciando estos hechos y las maniobras políticas que se están pergeñando.

Lo demás no depende de mí. Solo tengo un voto y ninguna seguridad de que, vote a quien vote, lo utilizará adecuadamente.

Primeros pasos del nuevo gobierno. El nombramiento de la Fiscal General y, ¡por fin!, la culminación de la democracia.

Dolores Delgado es la nueva Fiscal General del Estado y visto desde fuera solo tiene dos posibles interpretaciones: o es un desatino, o responde a una estrategia de nuestro presidente para avanzar en su plan de invadir competencias del Poder Judicial.

Estrategia de invasión que en una primera fase, que empezó hace algún tiempo, consistió en descalificar con más o menos sutileza decisiones judiciales,  interpretar sentencias del Tribunal Europeo de forma falaz y mentirosa como si la justicia española fuera cuestionable o estuviera cuestionada, o afirmar que este tribunal rectifica con mucha frecuencia decisiones de tribunales españoles, lo que equivale, de forma subliminal, a poner en duda la calidad democrática de nuestra judicatura. Cuando todo ello es rigurosamente falso.

Puras mentiras.  En los temas relativos al “procés” no ha entrado porque nadie se lo ha pedido hasta el momento. Ni ha habido recurso de las defensas, ni solicitudes de aclaración por parte del Tribunal Superior de Justicia español. Por mucho que digan, repitan, aireen y propaguen los independentistas, los tribunales europeos no han puesto ningún reparo a este juicio, ni mucho menos se puede afirmar como se afirma que, de hecho, “es un  juicio nulo”.

En cuanto a la tan retorcida y tergiversada sentencia sobre la impunidad de Junqueras, emitida como respuesta a una consulta de nuestro Tribunal Superior de Justicia, solo dice que cuando estaba en prisión preventiva se le debería haber dejado ir a Bruselas a acreditarse, como se le permitió ir al parlamento español para inscribirse como congresista electo, pero que una vez condenado e inhabilitado, es el tribunal español el que tiene la competencia para decidir lo que se debe hacer de acuerdo con las leyes españolas.

Y eso es lo que se ha hecho, tanto en su condición de parlamentario de España como del Parlamento Europeo. Porque, contra lo que se da a entender, las elecciones europeas no son algo que controla y regula la propia comunidad como ente autónomo. La comunidad convoca las elecciones, pero son los países miembros los encargados de formar las listas y organizar las votaciones.

No son elecciones a la comunidad dirigidas y controladas por esta institución. Son elecciones para decidir, en España, quienes van a representar a nuestro país en Europa. Es decir, son elecciones españolas, y es nuestro país el que regula el proceso.

En cuanto a la otra gran mentira, es absolutamente falso que España sea una nación muy cuestionada por el Tribunal Europeo. Todo lo contrario. España es una de las naciones que menos sentencias en contra recibe, por debajo de la mayoría delos países más democráticos de Europa. Y como prueba irrefutable, repito un gráfico comparativo que ya publiqué en un artículo dedicado a comentar la situación de nuestra justicia en comparación con el resto de justicias europeas.

Información que, como es habitual, obviarán, ocultarán o tergiversarán los que deberían ser especialmente honestos con la información y muy agresivos defendiendo las bondades de nuestro sistema en lugar de tratar de emborronarlas por puros interese electorales.

En cuanto al nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General, sería un insensato si tratara de valorar su calificación profesional, pero en mi condición de español y votante, y a título particular, tengo muchas objeciones a su nombramiento

En primer lugar, y por aclarar las cosas, no es Sánchez el que la nombra. Es el consejo de ministros, compuesto por los vicepresidentes Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera y los ministros Alberto Garzón, Arancha González Laya, Carolina Darrias,  Irene Montero, Isabel Celaá, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos, José Luis Escrivá, José Manuel Rodríguez Uribes, Juan Carlos Campo, Luis Planas, Margarita Robles, María Jesús Montero, Manuel Castells, Pedro Duque, Reyes Maroto,  Salvador Illa y Yolanda Díaz.

No sabemos si fue una votación unánime, pero a falta de más información, todos y cada uno de estos señores y señoras son corresponsables de la elección, y también lo será de lo que la Señora Delgado haga en el ejercicio de su cargo.

En segundo lugar, porque habiendo sido Ministra de Justicia, dispone de información privilegiada que la descalificará para tomar decisiones según en que asuntos. Dolores Delgado no intervendrá directamente en ningún juicio, pero tiene poder y autoridad para decidir las líneas de actuación de la fiscalía en cada caso y podría maniobrar para acelerar, retrasar o quitar efectividad a la acusación de varias formas. Incluso aportando información obtenida en el ministerio, como ocurrió en otro tiempo con el juez Garzón.

No digo que lo haga, pero siempre que haya casos con carga política, no podrá evitar la sospecha de dirigismo.

Porque, a diferencia de los jueces, los fiscales no pueden ser recusados por los acusados, que no tiene más opción que aceptar el fiscal asignado al caso. La única posibilidad es que alguna de las partes de un procedimiento acuda al superior jerárquico del fiscal, y será este último el que tome la decisión. Pero ese superior seguirá formando parte de una cadena jerárquica y en última instancia, si el caso llegara al Consejo Fiscal, la opinión de los miembros no es vinculante y la última decisión la tiene el Fiscal  General del Estado.

En tercer lugar porque es militante del PSOE y una militante comprometida. La he escuchado opiniones sobre la exhumación de Franco, la iglesia y otros temas que podría haberse evitado. No por la opinión en sí, que tiene derecho a expresarla, sino por la vehemencia que ha empleado.

No es el caso, por ejemplo, de Margarita Robles. No pertenece al PSOE y además se ha limitado a gestionar con eficacia lo que le han encomendado sin sacar nunca los pies del tiesto, sino más bien todo lo contrario. El que haya aplaudido en el congreso cosas poco dignas de aplauso forma parte del lógico apoyo que debe prestar a quién le ha confiado una cartera. Como ocurrió con Josep Borrell, el anterior ministro de exteriores. A estos sí que se les podría comprar un coche usado.

En cuarto lugar porque ha sido una ministra recusada tres veces en el parlamento por sus conversaciones con el comisario Villarejo y otros personajes poco recomendables, en las que apoyaba, o parecía apoyar, prácticas ilegales y reprobables para obtener información. Y en las que decía haber visto comportamientos denunciables de otros miembros de la judicatura que no denunció.

Nunca se debe juzgar la ideología ni las actitudes personales de los criticados, pero en este caso se trata de conversaciones mantenidas en un entorno público, aunque nunca debieron haber sido grabadas. Es algo que puede ocurrir cuando uno se junta con malas compañías.

Y hay un tema que me preocupa especialmente, y esto es un elucubración. Se ha comentado alguna vez que las instrucciones judiciales deberían llevarlas los fiscales y no los jueces. Los jueces serían los que presidieran los juicios orales y dictarían sentencia una vez analizadas las pruebas aportadas por los fiscales y los descargos de las defensas.

Es una práctica que funciona en otros países y que a mí me parece muy bien.

Leído en LegalToday.- El procedimiento penal español cuenta con un modelo de instrucción judicial en el que el juez de instrucción es el órgano encargado de dar inicio al proceso, de dirigir la instrucción y de resolver mediante decisión judicial los asuntos penales.

Sus funciones han estado tradicionalmente ligadas a la búsqueda de indicios sobre la realidad del hecho investigado, su eventual carácter delictivo y la identificación de posibles sujetos responsables, según establecen los artículos 299 y 777.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Él es el director de la fase de instrucción y lleva a cabo la investigación de forma abierta para las partes (ministerio fiscal, acusaciones particular y popular, y defensa), que tienen acceso a las actuaciones en todo momento, salvo cuando se hubiese decretado secreto de sumario por razones tasadas.

Sin embargo, si hacemos un análisis de cómo se tramita esta fase del procedimiento en derecho comparado, en la mayoría de los países, el Ministerio Fiscal tiene un papel fundamental y, en muchos  se le encomienda a él la propia instrucción.”

Y, dada mi mentalidad “conspiranoide” que me ha permitido escribir alguna novela, ¿Qué pasaría si algún día se aprueba en España que sean los fiscales los que llevan la instrucción siendo la fiscalía un organismo jerárquico que depende del Fiscal General, nombrado por el Gobierno?

Si la instrucción la llevan los fiscales y si se están limitando las acusaciones particulares (lo que me parece muy bien porque la mayoría solo sirven para enredar y alargar los juicios), puestos en lo peor, sería el gobierno de turno, el Ejecutivo, quién  determine a quién encausa y a quién no, y los niveles de acusación aplicados en cada caso.

No olvidemos que, por lo que yo sé,  un juez no puede incoar una causa si no hay un fiscal que acuse.

Este supuesto significaría la desaparición de la democracia España, porque una de sus señas de identidad, sin ningún paliativo,  es la separación de poderes.

Esa democracia que nuestra muy querida Carmen Calvo reinaugura cada dos por tres. Como los políticos de bajo nivel que inauguran una carretera varias veces bajo el truco de hacerlo por tramos.

Usando su propio lenguaje coloquial, “no, bonita, no”. La democracia quedó instituida sin ningún tipo de duda el día que se aprobó la Constitución, concretamente el treinta y uno de octubre de 1978. Naturalmente se necesitaba desarrollar y aprobar leyes, como se ha hecho en todos estos años y como se seguirá haciendo en el futuro.

Porque la democracia, querida vicepresidenta, necesita una actualización continuada y una adaptación a los tiempos y a las demandas de la sociedad a la que sirve. Y esa es la misión fundamental del Poder Legislativo: mantenerla “al día”.

La democracia no llegó a su totalidad, como ustedes dijeron,  con la exhumación delos restos de Franco, que no dejó de ser una pura anécdota que solo interesó, como se ha demostrado, a los que carecen de imaginación para generar propuestas constructivas. Y ayer, “bonita”, dijo más o menos, que la formación de un gobierno plural era la “culminación de la democracia”. ¡Se necesita morro! La democracia nunca está consumada. Como he dicho antes, es un ser vivo que necesita muchos cuidados y la protección de los ciudadanos. Porque siempre corre el riesgo de enfermar, incluso de morir.

Y ejemplos de democracias degeneradas y muertas los tenemos a montones en Alemania, Italia, Venezuela y tantos otros países donde los  gobiernos llegaron al poder ganando elecciones, y acabaron actuado como dictaduras.

Ya hace muchos años, querida vicepresidenta, que los españoles votamos y lo hacemos libremente. Incluso, si me apura, estas elecciones han sido un retroceso en la historia de nuestras buenas prácticas democráticas porque el ganador, el Señor Sánchez, mintió descaradamente en su campaña electoral.

Y si usted llama “culminar la democracia” nombrar a una Fiscal General claramente partidista y muy poco de fiar en cuanto a su objetividad, que venga Dios y lo vea, como diría alguno de mis antepasados.

Y, ahondando más en lo absurdo de la situación actual, la de “su” democracia, hemos sabido que Iván Redondo, el “hacedor” del último Pedro Sánchez, ha pasado a ser un super manejador de todo, en un puesto de muchísimo poder y sin ningún control parlamentario. ¡Muy democrático!

De lo que no culpo al Señor Redondo, mercenario de a sueldo de quién le pague o le haya pagado, dicho con todo respeto y sin segundas porque es un buen profesional, que jugando, jugando ha conseguido una posición inesperada y fuera de los esquemas tradicionales. Porque ya no es un asesor. Es una persona que toma decisiones de mucha relevancia. Una especie de Rasputín.

Claro que los “rasputines históricos” solo han existido cuando los que tenían el poder eran personas de poco nivel y exigua capacidad para pensar por ellos mismos. Conozco la trayectoria del Señor Redondo y es una persona muy inteligente, pero es un politólogo sin ideología. Un profesional, repito, que ha trabajado para varias formaciones políticas de derechas o de izquierdas hasta dar en la diana. Muy inteligente, pero tampoco me parece un genio.

Pero, por lo que se ve, más inteligente que su asesorado si tanto le necesita y tanto poder le ha concedido.

Y un ligero apunte sobre nuestro flamante nuevo vicepresidente, el Señor Iglesias, al que ayer escuché en la entrevista de Antena 3. Entrevista en la que se desdijo de casi todo lo que había dicho en los últimos años y en la que mostró un talante mentiroso y mitinero impropio de su nuevo cargo.

Porque afirmó, siendo totalmente falso, que el tribunal europeo había “humillado” al supremo de España y que, muy defensor de lo nuestro él, afirmó sin ninguna duda que la justicia española, de tan poca calidad, debía estar sujeta a la autoridad de las instancias europeas. Y si esta última fase no la dijo en su literalidad, lo dio por sentado y sin ninguna duda.

Sin embargo cuando se le preguntó como encajaría la Comunidad Europea los planes de suprimir la reforma laboral, afirmó con toda energía que cada país es soberano para tomar las decisiones políticas o sociales que estime conveniente.

A eso se llama coherencia.

Pero no se trata de extenderme aquí tratando de analizar la postura y las actitudes del Señor Iglesias, político de mucho nivel por cierto,  porque se merece un comentario exclusivo. Conociendo su ideología, comunista, y sus referentes, Cuba, Venezuela y naciones similares, será muy interesante observar cómo se maneja en una España con una democracia representativa consolidada, socio de una Comunidad Europea democrática, que no permitió veleidades a la Grecia de Alexis Tsipras, ni a la Italia de Matteo Salvini. Y que está parando los pies al gobierno polaco en su intento de controlar al Poder Judicial de su país.  

Espero que le resulte tan inútil como a esos competidores de fiestas populares que tratan de trepar sin ayuda postes engrasados para alcanzar el premio colocado en la parte superior. Normalmente, y espero que este sea el caso, acaban dándose un buen batacazo. Batacazo político naturalmente.