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La “espantá” de VOX

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones ,

¡Que quieren! Anoche me acosté más optimista pensando que los gobiernos autonómicos, no se si los municipales, se han liberado de la rémora de un partido que no ha aportado absolutamente nada positivo a la política nacional y que está completando una extraña deriva, incomprensible para mi y supongo que para una parte considerable de sus votantes.

Y lo hice después de escuchar con atención el extraño mensaje de un Abascal que acusa de sátrapa a Pedro Sánchez, mientras le pone los cuernos a Le Pen y a Meloni para lanzarse a los brazos del muy impresentable Orbán, mucho más caudillo sin control que el propio Sanchez, sancionado por la Comunidad Europea por su política de someter a su autoridad al Poder Judicial húngaro y amigo declarado de Putin, otro sátrapa de manual, que acalla a sus adversarios y hace desaparecer a los más significados.

Visto lo cual, entiendo que Abascal prefiera estas compañías en lugar de un “sicario” del gobierno, Feijóo, que permite atender a los menores sin familia que han llegado a nuestras tierras y que, según VOX, llevan en su ADN delinquir y dar machetazos a quien se ponga por delante cuando se hagan mayores.

Estuvo bien que se llegara a los acuerdos de gobierno porque sirvieron para desbancar al PSOE de muchas autonomías y porque convenía hacer la prueba del algodón a VOX para comprobar si eran capaces de entender que gobernar no es lo mismo que arengar, pero este partido se ha radicalizado mucho más una vez que dimitieron de sus cargos los más moderados de su cúpula, hasta demostrar lo cierto de ese dicho tan popular que afirma que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

Siempre he dicho que VOX tiene un suelo de votantes, pero me temo que, con esta decisión, su suelo se reducirá sensiblemente porque no puedo creerme que la gran mayoría de sus seguidores estén de acuerdo con los nuevos rumbos y las extrañas decisiones de su partido. Pero eso es aventurar y ya se verá.

Me gustaría ver la cara de Ignacio Gil Lázaro, el que vio la luz y cambió su PP de todos sus acomodos por un VOX que le ofrecía algo más y mejor, y disfrutaré escuchando las diatribas de los representantes de este partido en todas las oposiciones españolas y muy especialmente las arengas tronantes de los menos presentables, como José Ángel Antelo, líder del partido en Murcia que, seguramente, se doctoró en política de barrio y en malos modos mientras jugaba al baloncesto por la geografía española.

Porque, en resumen, Abascal y sus colaboradores actuales han convertido a VOX en un partido sin posibilidades de gobierno, nunca las ha tenido y sin ninguna capacidad para influenciar en ningún partido de gobierno, metiéndole en un limbo político desde el que no tendrá ningún peso a nivel nacional y muy poco, casi ninguno, en la Comunidad Europea.

Un auténtico “don nadie” en la política española porque, visto lo visto, ni puede, ni sabe, ni entiende.  

Porque que el hecho de que Abascal de abrazos a Orbán o a Trump queda muy bien en la foto, pero, desde luego, no le servirá de nada ni a él ni a su partido.

Valencia, 12 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

Susto o muerte- La Francia de 2024

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones ,

Ayer confirmé que el gobierno de Sánchez “también” ha sido el responsable de que Agrupación Nacional francesa, la ultraderecha, no haya conseguido en la segunda vuelta la mayoría que obtuvo en la primera.

Felicidades a Pedro Sánchez, paladín mundial, que a este paso y según sus ministros “repite frases” acabará siendo el fundador de la Comunidad Europea. Pero me temo que, como decía ayer, el remedio sea peor que la enfermedad, porque el viejo truco de crear “frentes populares” para parar a la ultraderecha está inventado desde hace siglos y nunca ha funcionado. Y no ha funcionado porque las “izquierdas” de todo el mundo, como las españolas, nunca han conseguido mantenerse cohesionadas.

Ahora tenemos a una Le Pen sin posibilidades de gobernar, de lo cual me alegro mucho, y a un Melenchón, inventor de un Sumar francés con el nombre de Nuevo Frente Popular, todavía menos consistente que el español. Un Sumar inventado por Pedro Sánchez n su día para deshacerse de Podemos, aunque haya hecho creer a Yolanda Díaz, otro invento del presidente, que es ella la madre biológica.

Pues ¿qué quieren que les diga? Como describo en la cabecera de este comentario, “susto o muerte”. Porque ¿Alguien se ha molestado en conocer el ideario político del nuevo líder de la extrema izquierda? ¿O en saber que partidos componen el recién estrenado Nuevo Frente Popular?

Me temo que el NFP, que como todos los anteriores se ha construido con una amalgama de grupos de ideología más o menos parecida, pero con objetivos totalmente diferentes, no aguantará más que los históricos españoles, el último en la Segunda República, o los más recientes y bastante más modestos, llámese Podemos, el de las mareas, o el Sumar de las ambigüedades.

Francamente, viendo lo que veo, parece que no queda ninguno de los estudiantes que en el “mayo francés” del 68 gritaban “imaginación al poder”, porque, a lo que parece, Francia ha consumido todas sus reservas de imaginación y tropieza, como otros “ilustrados”, en las piedras de siempre.

Y encima presumen de haber inventado la rueda.

Valencia, 10 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

Insisto, en mi opinión, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial.

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones ,

Me habrán leído decir que tengo por norma no juzgar ni comentar asuntos que estén en proceso judicial porque confió en la justicia española y en qué sus sentencias, recurridas o no, son las ajustadas a la ley, con independencia de las presiones de unos y otros sobre los jueces titulares de las causas.

Pero cuando hablo de tribunales, me refiero a los que integran el Poder Judicial, entre los que, como he comentado en otras ocasiones, no está el Constitucional.  

Y no lo digo por decir. Lo hago porque la Constitución así lo especifica, ya que no lo incluye en el Título VI, el que describe las misiones y funciones del Poder Judicial, sino en el IX, que es uno propio.

Por lo que el Tribunal Constitucional, tribunal especial de garantías, no forma parte de la justicia y por eso no se requiere que sus miembros sean magistrados.

Artículo 159,

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional

Y, entrando en el tema que quiero tratar, este mismo artículo, en el apartado 4, dice que

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

La letra es la que es, pero está muy claro que los redactores de este texto no aceptarían el hecho de que un miembro de este tribunal deje un cargo de compromiso político el día anterior de ser elegido para el tribunal. Y cuando digo el día anterior me refiero a un plazo razonable, que deberías ser nunca, como ha ocurrido con alguno de sus miembros, porque es imposible que no estén contaminados para decidir sobre asuntos sobre los que se han manifestado cuando ocupaban el cargo político.

Póngase como ejemplo a Juan Carlos Campo Moreno, que ha pasado de ser ministro de justicia a miembro de este tribunal. No es el único caso de nombres que no deberían formar parte del Constitucional, pero sí uno muy representativo de lo que no es ético ni estético por mucho que lo permitan las leyes actuales. Un auténtico fraude a la propia Constitución.

Un Juan Carlos Campo que, siendo ministro, manifestó que la Ley de Amnistía era inconstitucional.

Y por eso, como he dicho en otras ocasiones y precisamente porque no forma parte del Poder Judicial ni a sus miembros se les exige ser magistrados, solo expertos en Constitución, este tribunal no es, de ninguna manera, un tribunal de casación.

Es un tribunal de garantías que tiene como misión asegurarse de que las leyes emanadas por el gobierno o las autonomías se ajustan a la Constitución, o que no se han vulnerado los derechos de los reos ni sus garantías procesales mientras fueron juzgados.

Y, en caso de que se incumpla alguna de estas condiciones, pueden decretar la anticonstitucional de una ley, lo que la deja sin efecto, u ordenar que se repita un juicio.

Nunca reinterpretar la sentencia de un tribunal y mucho menos si se trata del Tribunal Supremo, que, según la Constitución es la última “voz de la justicia” reconocida en España y el único autorizado a encausar al gobierno de la nación si comete algún acto criminal.

Tenemos que, por razones no previstas por la Constitución, aunque sean legales, el bloque formado por el gobierno y los grupos que le apoyan, todos ellos por razones espurias y no por el bien de la nación, han conseguido colocar en el Constitucional a personas con mentalidad de partido que, según se teme y se está demostrando, defienden los intereses del gobierno por encima de su función orgánica, provocando que este tribunal se extralimite en sus funciones cuando actúa como de casación.

En la legislación actual, cuando se quiere reestudiar una condena, como ocurre cuando hay un recurso, el tribunal encargado de atenderlo revisa las pruebas, comprueba las declaraciones de los testigos, escucha a las fuerzas de orden y, después de un trabajo especialmente profesional, deciden si la sentencia original era la correcta desde el punto de vista de la ley, o hay que establecer alguna corrección.

Pero estos señores, que ni siquiera necesitan ser jueces y que no tienen que ser expertos en leyes, sino en Constitución, se reúnen, leen el recurso y deciden con argumentos puramente políticos, si no ideológicos, anulando o rectificando sentencias de los grandes profesionales del Tribunal Supremo, con currículums profesionales realmente impresionantes y reconocidos como los más expertos en leyes nacionales.

Y con argumentos tan peregrinos como que un político que haca una propuesta que necesita la aprobación del parlamento, no es responsable de lo propuesto porque es el parlamento y no él, quien lo decide. O, en el caso de Griñán, que el hecho de que Intervención le mandara hasta tres informes denunciando lo que estaba pasando no demuestra que él los recibiera.

De aurora boreal.

Ya he dicho en otra ocasión que, con este argumento, los que ordenan fusilamientos nunca han sido responsable de los asesinatos porque no son ellos los que aprietan el gatillo del arma que mata, sino los componentes del pelotón de fusilamiento.

Y, si analizamos las últimas decisiones del Constitucional anulando delitos de malversación a los condenados por los ERES de Andalucía, ¿quién tiene que devolver la parta ilegal de los seiscientos millones defraudados, la parte “regalada”? ¿El parlamento andaluz?

Porque si no son los promotores, alguien deberá hacerlo

Lo cierto es que España siempre ha sido diferente, pero estamos llegando al esperpento de ser una nación modelo “amanece que no es poco”, de improvisaciones y ocurrencias, que está perdiendo el prestigio internacional de nación con una Constitución moderna y con unos tribunales de justicia garantistas y respetuosos con los derechos procesales de los investigados o encausados por nuestros tribunales de justicia.

Una nación que, por todo lo dicho anteriormente y por otras cosas más de índole parecida, cada vez se parece menos a aquella que nos ilusionó y hermanó cuando redescubrimos la democracia.

Valencia, 9 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

El ascenso de la ultraderecha.

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones

No soy francés ni entiendo la razón de que esa nación, la que tuvo fama de ser “de asilo”, tenga tantos problemas raciales con franceses de tercera generación de origen africano que no han sido capaces de integrarse, o que la extrema derecha esté creciendo hasta el punto de que haya sido mayoría en las elecciones de este fin de semana.

Puedo dar mi opinión, eso sí, de lo que está ocurriendo en España y no estaría de más que tratemos de escarmentar en cabeza ajena. Nunca ha ocurrido, pero ¡quién sabe!

Y es que, en España, como en la mayoría de las naciones de la Comunidad Europea, lo que ahora llaman extrema derecha, metiendo en el mismo saco a Le Pen, a Giorgia Meloni, a Abascal y a los partidos similares de otras naciones, están cogiendo fuerza en detrimento de partidos de centro, menos, y de la extrema izquierda, más.

¿Y por qué les votan? Ya he dado mi opinión muchas otras veces: porque los partidos de izquierda no han sabido adaptarse al cambio de los tiempos y no aportan las soluciones que los ciudadanos necesitan en la actualidad.

Hablando de España, tenemos un PSOE en decadencia, casi desaparecido como tal en favor de un bloque parecido al que se formó en el tercer bienio de la Segunda República, llamado entonces Frente Popular, y formaciones como Podemos, IU o Sumar, en plena fase de desaparición porque, o no ofrecen soluciones, o porque las que ofrecen se basan en el gasto público y carecen de consistencia.

Y, claro, que en la segunda década del siglo XXI la gran izquierda, encabezada por el PSOE, aporte soluciones de la tercera década del siglo XX, sabiendo que fracasaron, es para hacérselo mirar.

Y aquí, por mucho que el relato interesado diga lo contrario, es la izquierda la que alimenta a VOX, mientras que el PP está actuando como dique de contención porque, de momento, está planteando medidas razonables y, en principio, entendibles y posibles de llevar a la práctica si alguna vez gobiernan.

Y eso se está demostrando en las comunidades en las que ya lo hacen, donde los lobos no van por las calles robando derechos a las mujeres, protegiendo a los maltratadores, persiguiendo a los homosexuales, ni nada que se le parezca. Y la prueba de que su mensaje se entiende mejor en todas ellas, es que han conseguido aumentar el número de sus votantes, muchos de ellos procedentes de Ciudadanos, pero también de VOX y del PSOE

Y eso es lo que muchos están reclamando, algo nuevo, algo de esperanza, posibilidad de que se retire los privilegios a quien no los merece, de que, apoyando el turismo, se regule para que no arrolle el bienestar, la tranquilidad y las posibilidades de encontrar una vivienda digna a los nativos, que se deje de demonizar a la patronal, única que crea empleo productivo, o que se recupere la independencia de los tres poderes del Estado.

Y cosas concretas, tangibles, como que se endurezcan las leyes “anti ocupa”, por poner un ejemplo palmario, o que se encuentre soluciones para ese 26 % de ciudadanos que están al borde de la pobreza por mucho que la macroeconomía, las de las bolsas y las multinacionales, vayan “como un cohete”.

Y muchas otras decisiones similares.

Y también necesitamos un partido de centro izquierda fuerte, como lo era el PSOE, para tener una alternativa si el PP gobierna y no cumple lo que prometió.

Porque la democracia consiste en eso, en poder votar libremente al que crees que te ofrece mejores garantías y en disponer de una alternativa si no cumple lo prometido.

No es, para nada, que nos tengan distraídos con lo que dice Bolaños o Cuca Gamarra, lo borde que es o no es el presidente y como le contesta Feijòo, como dogmatiza Patxi López, como organiza Puigdemont la política española, o que hace o deja de hacer el cuñado de no sé quién, o la pareja de no sé quién otro, mientras, aprovechando esas cortinas de humo, se anulan valores y se ataca los cimientos de nuestra democracia tergiversando el espíritu, y en algunos casos,  la letra de nuestra Constitución.

Que no es eso. Que no.

Que la Política, en mayúscula, la buena, es algo que está en paradero desconocido desde hace años en esta España nuestra. Y sería bueno que la encontráramos y la pusiéramos en su justo lugar

Valencia, 1 de julio de 2024

José Luis Martínez Ángel

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P.D.

Artículo 97 de la Constitución:

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El desbloqueo para elegir a los vocales del CSPJ

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones

La suerte está echada y ayer, ¡por fin! se llegó a un acuerdo para la renovación de los vocales de este organismo. Hay voces que lo agradecen y otras, tronantes, que hablan de traiciones y riesgos.

Riegos tiene, y bastantes, pero es evidente que la situación es mucho mejor que la anterior y que, aunque tenga el riesgo de que Pedro Sánchez no mantenga la palabra dada sobre una nueva forma de elección de vocales a propuesta de los miembros del CSPJ, se han conseguido avances y tiene el aval y la tutela de la Comunidad Europea.

Lo dicho. Los agoreros dicen que Pedro Sánchez no cumplirá los compromisos y precedentes “hailos”, pero, de momento, tenemos lo que tenemos y no es poco.

No quiero entrar en detalles, en parte porque los desconozco y también porque la parte por desarrollar, la comprometida, es un futurible que puede ser bueno o malo según presionen PSOE, PP y la Comunidad, pero mantengamos la esperanza de que se mantendrá la independencia del Poder Judicial, que es de lo que se trata.

Y estoy encantado de que los dos grandes partidos de España, que tienen más del setenta por ciento de la representación en el Parlamento, hayan acordado un pacto de Estado, sacudiéndose la mala influencia de radicales de derecha y extremistas o separatistas de izquierda.

Que la democracia consiste en que gobiernen las mayorías con respeto a las minorías, pero estamos en una situación en la que se han invertido los términos y son minorías tóxicas las que están dirigiendo la política nacional por la necesidad de votos del presidente del gobierno.

Espero que este pacto no sea el único y que, con independencia de que el partido ganador aplique sus políticas particulares en el día a día, vean la luz otros como el de la Educación, por poner un caso, y, sueño imposible, un cambio de la maldita Ley Electoral que permite las listas cerradas llenas de calienta sillones obedientes a la voz de su amo se vote lo que se vote y aunque se perjudique a las regiones a las que pertenecen los congresistas.

Y digo sueño imposible porque a los dos grandes, PSOE y PP, les viene de perlas la obediencia debida y nunca permitirán que pasemos al sistema de distrito único, como ocurre en Gran Bretaña.

Me felicito pues por lo conseguido y me parece razonable que Patxi López o Bolaños se hayan apresurado a afirmar que esto no es lo que parece, o que Feijóo se presente como el ganador de la contienda. Son cosas del relato muy de cara a la galería y nada más.

Valencia, 27 de junio de 2024

José Luis Martínez Ángel

El Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación.

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones , , ,

Siguiendo con la estrategia de ocupar con afines todos los puestos clave del Estado, Pedro Sánchez invadió el Constitucional con nombres que nunca debieron estar ahí si el promotor o sus cómplices necesarios tuvieran el más mínimo sentido de la decencia y de respeto a la propia Constitución.

Por que las funciones del Tribunal son:

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

Repito: estas y no otras son las que le confiere el artículo 161 de la Constitución.

Que, en esencia, se limitan a comprobar si las sentencias recurridas se ajustan a lo que permite la constitución, sin más valoraciones (si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada), y a asegurarse de que durante un juicio se han respetado los derechos de los encausados.

Pero, claro, ellos no están para eso y, desde hace algún tiempo, se están comportando como un tribunal de casación, con un supuesto derecho a rectificar las sentencias del tribunal supremo, que es, según la Constitución, el único organismo autorizado para interpretar las leyes y dictar sentencias.

Y pongo un caso del que se está hablando, lo ha dicho el propio Pedro Sánchez en un mitin y seguro que tiene información privilegiada que, por cierto, no debería tener.

Aunque los más jóvenes no la recuerden, Magdalena Álvarez Arza, “mi Maleni” para los íntimos, fue la consejera de economía de la Junta de Andalucía que dictó las leyes que permitieron los líos de la comunidad, ERES y similares y posteriormente, fue ministra de Fomento del Gobierno de Zapatero.

Fueron hechos probados y juzgados que merecieron una sentencia del Tribunal Supremo.

Pues bien, parece ser que el Constitucional podría resolver que se anule o se le reduzca la pena porque, según dicen, no fue ella la que aprobó las leyes, sino el Parlamento Andaluz.

Es decir: que, tal como lo presentan, el Constitucional está por encima de las leyes españolas y del Poder Judicial, algo que no contempla en absoluto la Constitución.

Y, con independencia de lo novedoso del argumento, no sé en qué se están apoyando para semejante idea, porque sentaría un precedente por el que los políticos, presenten las leyes que presente y por muy antinatura que fueren, no tendrían responsabilidad personal ni política porque son los parlamentos quienes las aprueba.

Convirtiéndolos en una especie de Fuenteovejuna que enmascara cualquier responsabilidad personal de los promotores.

Sería como decir que Franco, sus tribunales especiales o quien diera la orden, no son responsables de los fusilamientos durante la dictadura porque no fueron ellos, sino los pelotones de fusilamiento los que dispararon las armas que asesinaron a los fusilados.

¿Hay alguna posibilidad de que alguien, no se quien ni como, pueda acabar con todos estos desatinos antidemocráticos, legales, pero tal lejos del espíritu de la Constitución para que podamos recobrar un mínimo de normalidad?

En la que los jueces juzguen en libertad y de acuerdo con las leyes, el Parlamento tenga presidentes de garantía y con autonomía para ejercer sus funciones, como la ha tenido siempre hasta la llegada de Pedro Sánchez, el sátrapa declarado que tanto daño está causando.

Soy consciente de que estas cosas son muy difíciles de entender, porque parecen muy lejanas, muy de “los políticos” y la mayoría de la ciudadanía está en otras cosas. En sus problemas cotidiano, siguiendo la Copa de Europa de futbol, o planificando las vacaciones.

O porque creen en lo que les dicen los “líderes” de sus partidos, en los que confían, creyendo que es lo mejor para la nación.

Valencia, 22 de junio de 2024

José Luis Martínez Ángel

No son los problemas de la Fiscalía. Son “nuestros” problemas.

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El disparate de la Fiscalía es que el Fiscal General sea nombrado por el gobierno de turno y que tenga esa estructura jerárquica por la que el titular, el único cargo político entre todos los fiscales, tenga poder para imponer su criterio al Consejo Fiscal, un colectivo compuesto, en la mayoría de los casos, por fiscales de prestigio y con más experiencia en el cargo que el propio Fiscal General.

Y así ocurre lo que ocurre y solo comento este caso como ejemplo de lo increíble de la situación, es que Álvaro García Ortiz haya enviado mensajes a la fiscal de la Comunidad de Madrid que lleva el caso de la pareja de Ayuso, diciéndole que «hay que sacar la nota, nos van a ganar el relato»

“El relato”, terminología puramente política, impropia de alguien tan responsable de respetar las leyes, que jamás debe justificar actuaciones de cargos tan importantes para las garantías procesales de los españoles.

Y ayer mismo me enteré de que la fiscalía está defendiendo la posición de que en los altercados que se produjeron en Cataluña como consecuencia del intento independentista, los perjudicados, las víctimas, fueron los manifestantes que quemaban las calles de Barcelona y otras ciudades o asaltaban el aeropuerto.

Por lo que es absolutamente inviable que en España sean los fiscales y no los jueces los que lleven las instrucciones, como ocurre en algunas naciones europeas que respetan la separación de poderes y que nuestro gobierno está intentando implementar.

Medida muy sensata que yo apoyaría si España fuera un país “normal”, porque no tiene objeto que sea un juez el que instruya y otro quien juzga.

¿Se imaginan lo que ocurriría en la España de hoy si fueran los fiscales los instructores sometidos a la disciplina del Fiscal General que, a su vez, es un cargo público nombrado por el gobierno?

Se vetarían los que perjudicaran al gobierno o a quienes los sustentan y se abrirían instrucciones sobre todo lo relacionado con la oposición.

Y, por supuesto, no me refiero solo a este gobierno.

Porque sí, porque somos los que decidimos lo que está bien y lo que está mal, “Impunity Bego”

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones ,

Sánchez manifestó ayer su impaciencia para que llegara el domingo y derrotar a Feijóo. No con estas palabras, pero más o menos. Y eso es parte aceptable de una campaña electoral para la Comunidad Europea, en la que no se ha hablado prácticamente nada de la Comunidad Europea.

No se ha dicho que el futuro de España, su prosperidad, depende en un altísimo porcentaje de la Comunidad, porque es la que en este momento está fijando la política monetaria de todos sus estados miembros y las de medio ambiente, agricultura, pesca y otras que son fundamentales para el desarrollo español, entre las que está fijar un marco jurídico mínimo, imprescindible, para todos los europeos.

Y sin embargo parece que nadie está interesado en hacer ver que una altísima abstención, como la que es habitual en estas elecciones, es un auténtico suicidio a medio plazo.

Campaña que, para colmo del cinismo y de la tergiversación de valores, ha acabado planteándose como un plebiscito sobre la figura de Begoña Gómez, como si fuera ella la piedra angular de España, de nuestro futuro y de nuestro bienestar.

“Free Bego”, decían las pulseras que se ofrecían como “merchandising” en los mítines, como si la libertad de esta nueva Eva Perón, Evita para los argentinos y los íntimos, la potestad de hacer cuanto quiera, fuera un derecho adquirido cuando compraron el nuevo colchón para su cama en la Moncloa.

¿Libertada para qué? Porque la pareja del presidente es tan libre como yo para opinar, manifestarse, reunirse o ejercer cualquiera de las libertades garantizadas por la Constitución. Y que, estando investigada, sigue siendo tan libre como yo y está amparada por una legislación ejemplar para su situación actual como es la nuestra.

Yo creo que el diseñador de la pulsera no estaba muy ducho en el idioma inglés y equivocó el lema que le pedía ese grupo de poder que, como suelo decir, utiliza las siglas del PSOE como coartada. Porque en realidad, el mensaje que quiere transmitir los ideólogos de la campaña es “Impunity Bego”, impunidad para hacer lo que quiera con su vida y sus manejos profesionales, que para eso es la esposa de Pedro Sánchez, el todopoderoso.

Una especie de Carmen Polo de Franco que, según la leyenda de la época, aterrorizaba a los propietarios de las joyerías cuando la veían entrar porque era norma no escrita que no le pasaran las facturas de lo comprado. Eran “regalos voluntarios”, se decía.

Seguramente son habladurías, como también puede que lo sean las supuestas andanzas irregulares de “la presidenta”, título otorgado por el muy clarividente Patxi López, no sé si delictivas porque eso lo tiene que decidir un juez, pero sí confusas.

Porque “algo tendrá el agua cuando la bendicen” sabiendo que la Politécnica está investigando si es cierto que Begoña Gómez ha registrado como suyo un software propiedad de la universidad y que han anunciado que su famosa cátedra no se renovará el próximo curso.

Y ayer, en el colmo de la desfachatez y del “todo vale porque podemos hacerlo”, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, la que actúa como delegada del gobierno en el parlamento, se atrevió a pedir el voto para el PSOE, llamémosle así, durante su intervención en la comisión de investigación a la que había sido citada.

Supongo que este vídeo le parecerá bien a muchos ciudadanos y avergonzará a otros, como me avergüenza a mí. Pero lo reproduzco porque, al verlo, todos, absolutamente todos, recapacitemos sobre lo que está pasando y si este es el estado que queremos y que construimos, con muchísima ilusión, en 1975.

Voten a quien quieran, pero vayan a votar, que nos va mucho en ello,

https://youtu.be/2rK35HPuMU4

Valencia, 8 de junio de 2024

José Luis Martínez Ángel

El grupo de poder que utiliza como coartada las siglas del PSOE y la provocación a elegir entre la integridad de Begoña Gómez, ciudadana española, o la de un juez instructor.

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones ,

Vaya por delante, como siempre, que respeto las creencias de cada uno y, siendo demócrata convencido, nunca censuraré a quién haya votado a cualquiera de los partidos que participan en elecciones, o a los que voten en blanco.

A los únicos que recrimino es a los que no votan, porque, en mi opinión y dado que se niegan a participar, pierden todo el derecho a opinar

Dicho lo cual, me parece realmente extraño que personas a las que considero demócratas y con un conocimiento de la política suficiente para opinar, estén de acuerdo en aceptar el disparate de situación que se viene gestando desde hace tiempo y que puede llegar al clímax en las presentes elecciones a la Comunidad Europea.

Me explico:

No entro a calificar los argumentos de la o las oposiciones porque, como digo, están en la oposición y no tienen la potestad de manejar el BOE ni ninguna de las herramientas que proporciona el Estado a los gobernantes. Ellos se manifiestan, dan argumentos más o menos aceptables, falaces o disparatados, pero, como digo, solo pueden emplear la palabra y, por tanto, no son objeto de mi crítica.

Lo que no entiendo es la evolución del grupo de poder formado por el gobierno y una parte de dirigentes, el llamado “núcleo duro”, que utilizan como coartada las siglas del PSOE para tomar decisiones y derivas impropias de los que nos gobiernan y especialmente peligrosas porque atentan contra el orden establecido en la Constitución y en las leyes.

Como crear un relato con el mensaje subliminal de que Begoña Gómez, esposa del presidente, forma parte del entorno del gobierno y, por tanto, persona a proteger con las armas y argumentos del Estado.

Lo que es absolutamente falso. Porque Begoña Gómez es una civil como tú o como yo, sin rango ni título reconocido y que, como todas las anteriores que han cumplido la misma función, han tenido más obligaciones que privilegios para evitar que alguna de sus indiscreciones salpicara a su pareja, como ha ocurrido en este caso.

Por lo que ayer me sentí totalmente engañado como ciudadano, y manipulado descaradamente, cuando en un mitin del PSOE en el que apareció Begoña Gómez, todo fueron adhesiones y alabanzas a su persona y un ataque claro, rastrero, a la judicatura en general y al juez que lleva su causa en particular.

Juez que atiende, como es su obligación, una denuncia que presenta una asociación de dudosa trayectoria, pero la misma que sentó en el banquillo a miembros de la familia real y metió en la cárcel a uno de ellos.

La misma judicatura, no el mismo juez, mismos denunciantes, mismas leyes.

Porque si el juez ha aceptado abrir diligencias e imputar a la pareja del presidente, es porque ha apreciado algunos indicios para hacerlo. Y si avanzada la investigación comprueba que los indicios son poco consistentes, así lo declarará y a Begoña Gómez, ciudadana española como yo, la declararan tan inocente como lo fue hace un mes y como lo es en este mismo momento.

Pero utilizar a la mujer del presidente y pregonar una supuesta podredumbre en parte de la judicatura como banderín de enganche para que voten al presidente en las Europeas, para lo que es necesario la previa de hacerla “persona importante del estado”, es propio de una dictadura chavista, puro peronismo con una pseudo Evita incluida y una clarísima argumentación propia del mismísimo expresidente Trump, el que se pasa gran parte del tiempo acusando a sus acusadores y diciendo que el juez que le juzga es absolutamente corrupto porque “lo suyo” solo es una conspiración política.

Provocar que la ciudadanía española elija entre la integridad de una ciudadana, pareja del presidente y la del poder judicial de la nación es una irresponsabilidad que todos pagaremos caro por mucho que Pedro Sánchez vaya rateando soluciones a sus problemas personales y políticos.

Pagaremos nosotros con la pérdida de calidad de la democracia, perderá la imagen internacional de España porque pocos en el exterior entenderán semejantes desatinos y perderá el propio Pedro Sánchez que, no sé cuándo, pasará a la historia como el más mentiroso y falsario de toda Europa durante muchos años.

El que dejará tras de sí una fractura política y social que él mismo ha provocado deliberadamente, recordemos cuando anunció que iba a “levantar un muro”, desconocida desde los malhadados años previos a la guerra civil, durante el tercer bienio de la República Española.

Y lo que siento es que, si a Begoña Gómez la imputan por algún delito, cosa que no creo, o se le descubre maniobras impropias de su posición, muchos españoles de toda condición, la mayoría demócratas declarados, seguirán diciendo que todo ha sido una maniobra política para desprestigiar a Pedro Sánchez, como están haciendo, repito, los seguidores de Trump en los Estados Unidos.

Pedro Sánchez, el tramposo más inteligente que conozco, ha utilizado todo lo que tenía al alcance de su poder para permanecer en el gobierno: general leyes a medida de partes, dar competencias autonómicas que nunca debió transferir, repartir dinero que no es suyo para contentar a sus apoyadores o a bloques de ciudadanos catalogados como posibles electores, indultar, amnistiar, etc.

Solo le faltaba utilizar políticamente y a su favor las posibles imprudencias de su esposa.

¡Vivir para ver!

Valencia, 7 de junio de 2024

José Luis Martínez Ángel

Los pisos turísticos, vistos como maldición por el descontrol con que se gestionan

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones ,

En España es práctica habitual, marca de la casa, diría yo, dejar que los problemas engorden hasta hacerlos parecer irresolubles. Podría poner muchos ejemplos, pero hoy quiero centrarme en la masificación de los llamados “pisos turísticos” y el problema que está creando en algunos lugares y en algunas comunidades de vecinos.

Y llegados a este punto, parece que el adoptar medidas supondría generar conflictos que no contentarían a ninguna de las partes implicadas: Ayuntamientos, propietarios, inquilinos y vecinos de los inquilinos de este tipo de pisos.

Porque estamos inmersos en una mentalidad sociológica en la que la actitud de la administración a problemas concretos es “mejor no tocarlo”, hasta que explota, o esperar a que otro resuelva el problema, lo que manifiesta cobardía política y falta de compromiso.

Cuando, visto desde la perspectiva de un ciudadano que no vive de la política y ha trabajado en la empresa privada, casos como estos se abordarían con un planteamiento elemental, un “como estamos”, para poder determinar el camino correcto para llegar al “como queremos estar”. Lo habitual en las decisiones empresariales que trabajan en la llamada “calidad total”.

Algo que ya aplicaba Guillermo de Ockam, un pensador del siglo XIV, con su hipótesis de “Principio de Economía”: “una hipótesis es tanto mejor cuanto más explica con menos elementos teóricos”. Es decir, “las hipótesis deben ser sencillas y predecibles y aquello que puede explicarse de forma sencilla no debe ser interpretado mediante hipótesis innecesariamente complejas y alambicadas”.

Pero si los políticos practicaran esta filosofía, ¿De qué vivirían?

Y pongo como ejemplo Valencia ciudad y sus muchísimos pisos turísticos:

Lo primero, en mi opinión, sería cuantificar el número máximo de alojamientos hosteleros que se debe aceptar en la ciudad. Esta es una decisión política, valiente, que debe tomar la autoridad municipal, a ser posible consensuada con la oposición y asesorados por un equipo multidisciplinar de psicólogos, urbanistas y representantes de los gremios directamente afectados.

Y dejar establecida esta modalidad de control de “cantidades” de forma que no se convierta en arma política en caso de cambios de color de las autoridades municipales, aunque se actualicen por circunstancias demográficas.

Limitar el número de plazas hoteleras tendrá la oposición inmediata de parte de la hostelería, especialmente los representantes de bares y restaurantes, pero el respaldo incondicional de los ciudadanos de a pie, los verdaderos “dueños” de la ciudad.

Una vez decidida esa cifra, habría que determinar las prioridades de autorización, que no me parecen muy complicadas.

1.1.- Porque yo empezaría, como es natural, por las plazas de hoteles y apartoteles operativos en la ciudad en el momento en que se realice el estudio.

1.2.- El segundo lugar de preferencia debería ocuparlo los pisos controlados por empresas autorizadas a alquilar pisos propios o de terceros. Es un sector que no suele crear problemas porque tienen normas muy estrictas, tanto para el control de los inquilinos, como para la protección de los vecinos. Valga como ejemplo la disponibilidad de teléfonos 24 horas para contactar con la empresa en caso de que se produzca cualquier incidente.

Este tipo de empresas están establecidas y acreditadas en Europa desde hace muchos años. Yo las he conocido en Londres y ofrecen muchas garantías a los clientes y muy pocas molestias, prácticamente ninguna, a los inquilinos de los inmuebles de que disponen.

Y están cubriendo un espacio muy apropiado y casi inexistente para viajeros que prefieren alojarse en un piso en lugar de un hotel, por precio, por comodidad, o por afinidad familiar de los viajeros. Para ellos es una variación al apartotel, a mejor precio y con mayor oferta y aportando el valor añadido de la variedad de ubicaciones en la ciudad.

1.3.- En tercer lugar, pondría a los propietarios actuales de pisos con autorización para ofrecerlos en la modalidad de “alquiler turístico”. Autorización que presupone que, como en el caso de las empresas, tienen perfectamente controlados a sus inquilinos y soluciones a las posibles molestias que puedan causar a los vecinos de cada uno de estos pisos.

Y también, como no, las condiciones mínimas de habitabilidad de los pisos ofrecidos.

Aunque la medida a aplicar desde el primer momento, antes de decidir las siguientes, es perseguir severamente a los muchísimos infractores actuales que son los realmente responsables de la merecida mala fama de esta modalidad de alquiler: los arrendadores ilegales, los “legales” que no controlan a los inquilinos o no protegen a los vecinos, etc. Supongo que es un número desconocido, como ocurre con los infractores de otros sectores, pero seguro que son muchísimos.

¿Cómo se implementaría todo este proceso? En primer lugar, prohibiendo la construcción de nuevos hoteles antes de saber si “caben” en el proyecto turístico de la ciudad, excepto los que estén en construcción, y paralizando la autorización a nuevas empresas de alquiler, así como el permiso de pisos turísticos a particulares hasta que no se realice un inventario actual de la situación.  

Y a partir de ese momento y habiendo realizado esta auditoría, no suspender nada de lo ya autorizado, aunque “sobren” plazas, en espera de que las restricciones aplicadas y la desaparición de parte de los “alquiladores” de pisos en todas sus formas, acaben por normalizar la situación.

Lo digo porque si se denuncian y cierran todos los pisos turísticos ilegales de particulares o los que no cumplen las condiciones mínimas para ser alquilados, seguro que la tensión provocada en algunos barrios y en determinados inmuebles de la ciudad, se reduciría sensiblemente. 

Es evidente, y es un problema que realmente no tiene nada que ver con los pisos turísticos en sí, que hay movimientos especulativos para expulsar, utilizando cualquier fórmula “legal”, a inquilinos con contratos tradicionales para convertirlos en pisos turísticos. Pero eso es un problema totalmente ajeno al del alquiler por días, que se evitaría con un control exigente de las autoridades para evitar abusos.

Y, por otra parte, la existencia de máximos en el mercado frenaría el interés de los especuladores y de los “desahuciadores” profesionales que tanto proliferan en la actualidad.

Se que lo que digo, que es una de las muchas formas de abordar el problema, no es nada fácil tratándose de la administración y no lo es por los condicionantes políticos de estas medidas: votos que se ganan, votos que se pierden, ya que la medida en si es un ejercicio simple que en la empresa privada se realiza con toda normalidad.

Yo mismo lo he hecho muchas veces siendo responsable de un importante equipo de técnicos de post venta, para determinar el número de técnicos necesarios en Valencia y en que equipos debían estar especializados, para atender un determinado número de máquinas instaladas en los domicilios de los clientes.

Muy, pero que muy sencillo.

Naturalmente mi dirección solía preguntarme si estaba soñando para “pedir tanto” y me exigían una reducción en la petición de nuevos empleados o una mayor justificación de mis razones, pero ambas partes sabíamos que eso solo era el principio de una negociación, las reglas de juego establecidas para proponer decisiones empresariales.

Y, a partir de ese punto, a pelear para convencer, o a aceptar que te equivocabas, pero siempre se llegaba a un acuerdo, casi nunca por el clásico “ordeno y mando” de la dirección y sin daños personales.

Soy consciente, repito, de que pedir cosas tan sencillas como estas a la administración es mucho pedir, pero, por intentarlo, que no quede.

Y si algún funcionario cree que lo que digo es pura ciencia ficción, le invito a que discutamos el tema tomando un café.

Valencia, 2 de junio de 2024

José Luis Martínez Ángel.