En uno de los párrafos de mi artículo titulado <<Pedro Sánchez y las cosas que me malicio>> que publiqué el pasado día 10, entre otras cosas, decía:
<< Y yo, seguramente por el instinto de muchos años trabajando en una multinacional donde nadie daba puntada sin hilo, me malicio que la única razón de que esté prolongando su agonía personal, porque lo es, por mucho que viaje por el mundo mostrándose como paladín, casi el inventor, de la defensa contra el cambio climático, es disponer del BOE.
El que le permitirá, si fuera necesario, amnistiar a los posibles condenados por el Tribunal Superior. Porque todo este empeño de manifestar una y otra vez que todos los imputados de su entorno son inocentes, parece una campaña orquestada para hacer comprensible y aceptable la posible amnistía para determinados ámbitos de opinión>>
Me lo maliciaba y me lo malicio mucho más en este momento en el que, no conociendo la sentencia, si sabemos que el fallo es condenatorio para el terco y muy contradictorio Fiscal General, el <<pues eso>> del presidente, y vemos que el gobierno, toda la ultraizquierda, que esa sí qué existe, y los animadores independentistas dicen, poniendo a Patxi López como ejemplo, que <<respetan al tribunal, pero que la sentencia es una auténtica vergüenza>>.
Si eso es respetar, como se decía en mi juventud, <<que venga Dios y lo vea>>, una auténtica cuadratura del círculo de la falsedad y la falta de respeto al Poder Judicial, al que pretenden acogotar por todos los medios. Con muy poco éxito, por cierto.
Y los ahora tronantes, callados cuando el Supremo condenaba a <<los otros>>, acusan al alto tribunal de orquestar una campaña contra Pedro Sánchez.
Los que me siguen, pocos, pero fieles, saben que nunca cuestiono las decisiones judiciales y, este caso, lo mismo hubiera respetado una absolución que esta condena, pero la afirmación de que <<le han condenado sin pruebas>> seguro que es falsa. Relato puro y duro.
Yo no soy experto en temas legales, pero sí que leo y sigo determinadas causas y sé qué para llegar a una resolución desfavorable para el acusado, hay que cumplir previamente una serie de acciones previas que podrían resumirse diciendo:
- Que se produzca alguna sospecha, en cuyo caso alguien formula una denuncia en un juzgado.
- Que se aprecien indicios de que la sospecha tiene cierto fundamento, en cuyo caso el fiscal acepta la denuncia y el juez comienza la instrucción del caso. Y si no es así, el instructor archiva la causa.
- Que el juez responsable de dictar sentencia confirme con pruebas que los indicios estaban justificados, en cuyo caso juzga y sentencia. De no ser así, la causa no prospera y también se archiva.
En todos los casos, excepto si el que juzga es el Tribunal Superior de Justicia, queda la posibilidad del recurso y que sea un tribunal de mayor rango el que revise la sentencia.
Quedando meridianamente claro que el Tribunal Superior de Justicia es el de mayor rango para aplicar leyes, el que tiene la última palabra en todos los casos, según establece la Constitución.
Porque el Constitucional, al que recurrirá el condenado sin ninguna duda, no es un tribunal de casación que pueda decidir por encima del Supremo. Es un tribunal de garantías que tiene que comprobar si durante el proceso se ha respetado los derechos del acusado y el procedimiento se ha ceñido a lo que marca la Constitución.
Y nada más, por mucho que este tribunal, el de Cándido Conde-Pumpido, otro <<pues eso>> del presidente del gobierno, haya tomado decisiones que no le corresponden y que están recurridas a los tribunales europeos.
Pero, ciñéndonos al caso y en contra del super relato y el rasgarse las vestiduras de los que lo están haciendo, las pruebas pueden ser directas o indirectas, como pudieran ser las de este juicio si se basan en la nota de la fiscalía o en hechos semejantes.
Y ellos saben, como yo sé, por poner un ejemplo palmario, que hay condenados por asesinato en casos en los que nunca se encontró el cadáver y con declaraciones contradictorias de supuestos testigos del crimen. Y tenemos algunos de mucho impacto en España u otros en los que se ha condenado por robo, aunque no se haya podido encontrar lo robado ni exista una imagen de cuando se perpetró.
Naturalmente las pruebas circunstanciales tienen menos peso que las directas y es por eso por lo que las sentencias suelen ser menos graves.
Y eso, si lo sé yo, un lego en la materia, lo sabe mucho mejor el propio gobierno, al que pertenecen dos jueces y varios abogados.
Pero el relato es el relato y hay que preparar una buena coartada para que el Constitucional pueda deshacer con cierta apariencia de verosimilitud lo sentenciado por el Supremo, o para que el propio gobierno le conceda una amnistía.
Así que tendremos ruido, mucho ruido, en contra del Poder Judicial. Y si es así en este caso, imaginémonos lo que puede ocurrir si juzgan a la mujer o al hermano del presidente, o si los tribunales descubren irregularidades en la financiación del PSOE, o en las declaraciones de la <<periodista>> Leire Diez.
Este es el país basura en el que están convirtiendo, con premeditación y alevosía y por intereses espurios, a esta nación, en la que, tiempo atrás, se respetaba la Constitución consensuada en 1978.
Por mucho que el Rey, también atacado y ninguneado por nuestro gran dictador particular, el que pretende ser más que el que más, insista en que <<hay que recuperar la reconciliación y al diálogo>>
Valencia, 22 de noviembre de 2025
José Luis Martínez Ángel