Los cambalaches del Botánic. Legales, por supuesto.

Leído mientras almuerzo: “El Botánico cambia a patronos por políticos en el consejo del Puerto y pelea por sus sillas

Y continúa: “Los socios del Botánico han roto la tradición de incluir empresarios en los puestos del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y se disputan su reparto entre altos cargos y responsables públicos. El primero en ser relevado será el naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, que ya no revalida, y le seguirá el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, aunque no tiene que enfrentarse con el relevo hasta 2021.

Sus sillas entran en el lote de otras dos ocupadas hasta ahora por la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSPV) y el alto comisionado del Corredor Mediterráneo y ex secretario autonómico de la Vertebración del Territorio de la Conselleria de Obras Públicas, Vicent Boira (Compromís)

¡Bien hecho, si señor!

Lo que sigue ya no es de mi cosecha, son algunos párrafos del libro “Devuélveme el poder”, de Miriam González Durántez.

“..Cuando se critica públicamente el número de puestos de libre designación y de interinos y eventuales, se suelen hacer por el coste que representan para las arcas públicas, pero no por el efecto distorsionador del poder que esta lamentable anomalía administrativa tiene en nuestro sistema.

A todo ese enorme número de funcionarios politizados hay que añadirle los que trabajan en el ingente entramado de empresas y fundaciones públicas, tanto estatales como autonómicas o de las diputaciones provinciales, de España. Un auténtico coladero de influencia política, pues los partidos políticos utilizan esas empresas y fundaciones públicas para nombrar agente afín a sus partidos en sus estructuras de Gobierno y así poder controlarlas. Se estima que tenemos más de 500 empresas y fundaciones públicas, más o menos la mitad a nivel estatal y la otra mitad en comunidades autónomas, pero a éstas hay que añadir las de diputaciones y las locales. De nuevo, no hay informes recientes con el número exacto, pero el último inventario publicado por el Ministerio de Hacienda es de 2013 y recoge nada menos que 2.986 empresas públicas y fundaciones a nivel estatal, autonómico y local. Huelga decir que buena parte de ellas son deficitarias. Pero el problema no es el número, ni siquiera el coste, sino la opacidad, porque la falta de transparencia de este tipo de organizaciones es tal que hasta el Tribunal de Cuentas indica en sus informes anuales que no tiene acceso a la información contable de todas estas fundaciones y empresas. Y no hay transparencia porque muchas de estas organizaciones se utilizan para que los políticos canalicen subvenciones y contratos sin el control administrativo que se les aplicaría si las subvenciones y los contratos se gestionasen directamente desde la Administración. No hace falta más que ver los objetivos de muchísimas de estas empresas y fundaciones fantasmas, que no están ahí porque cumplan una misión que no se podría hacer desde la Administración pública. Lo mejor que nos podría ocurrir a los españoles con respecto a esas fundaciones y empresas es que se sometieran al control administrativo ordinario o que simplemente se cerraran.

Poco más puedo añadir.

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