En este mundo convulso que nos hemos dado, lleno de falsos paradigmas y de políticos sin vergüenza que aprovechan cualquier noticia, sea cierta o no, para sacar provecho, ha vuelto a ocurrir. Leo en un periódico:

“La audiencia absuelve a los acusados de Les Arts: No hubo desvío de fondos”.

Y con esto alguien puede pensar que se devuelve a los acusados el honor perdido. ¡Ni mucho menos! Nunca lo recuperarán porque siempre quedará y de eso se encargarán algunos indeseables, la sombra de la sospecha.

Detenciones mediáticas, registros domiciliarios, grandes titulares y ríos de tinta, frase muy manida pero ilustrativa de los hechos, en el momento cero. Algún titular, “peros” abundantes de malnacidos a la sentencia cuando resultan absueltos, que no repararán, ni mucho menos,  el dolor de las víctimas.

“La Generalitat se personará en la causa por el ‘saqueo’ en Les Arts”, decían los titulares de los periódicos en abril de 2014. Y el honor de Helga Smith, la que fue Intendente del Palau de Les Arts por los suelos. Por los suelos y pisoteado. Como el de los otros acusados.

Helga Smith que fue la auténtica artífice del éxito del Palau, la que consiguió traer a Valencia a los mejores directores y los mejores intérpretes del mundo de la lírica, la que consiguió acuerdos y correspondencias con otros teatros de la ópera. Esa Helga Smith.

La que acabó su extraordinaria labor sin honor. La que murió sin conocer la sentencia, tirada en la cuneta de las conveniencias.

“Hay que rescatar fondos públicos robados”, clamaban los políticos socialistas. Esos mismos que ahora no quieren que se esclarezcan asignaciones o contratos dudosos firmados sin ningún pudor por los que venían a  regenerar la vida pública.

Y ahora, cuando la verdad judicial afirma que no hubo desvío de fondos, ¿quién recoge el agua derramada? ¿Va a salir nuestro honorable presidente a pedir disculpas tantos días como salió a denunciar “el saqueo” porque convenía a sus intereses?

Ni lo sueñen. Silencio absoluto, mirar hacia otro lado y mantener la actitud de “sí pero”.

Como decía, a Helga Smith le ocurrió lo que a Rita Barberá. Ambas murieron antes de que la justicia las declarara inocentes y ha sido una verdadera lástima, por su pérdida y porque de  seguir vivas sí que pondrían en aprietos a sus denunciantes. Porque ambas dos hicieron mucho por Valencia y las dos pusieron el nombre de la ciudad en todas las agendas culturales  del mundo.

Y que nadie se confunda. El gran problema, el gran delito, lo imperdonable del caso, es que El Palau fue una criatura de otro partido político, en este caso el PP. Y este tipo de disparates inhumanos y antinatura no es privativo del PSOE. También otros lo hacen

Pero las cosas están así. Nuestros Puig, Oltra, Ribó y similares seguirán paseando por las calles de nuestra ciudad como si no pasara nada. Como lo harán muchos otros en España que han acusado con toda vehemencia a políticos que luego han resultado ser inocentes.

¿Pedir perdón? Ni lo sueñen. Y siendo las cosas como son, ¿cómo vamos a creer en la honorabilidad de la clase política dirigente?

En cuanto a los directamente implicados, los acusadores, ¿podrán dormir por las noches? ¿Qué les explicarán a sus hijos o a sus nietos?

Y no dejemos a un lado la excelente trayectoria y la sagacidad del que fuera fiscal anticorrupción, Vicente Torres,  azote de corruptos, que ha acumulado otras grandes “victorias” judiciales, y cito notas de prensa, como  “el caso Rita Barberá, el de la Fórmula 1, el caso Bellver o el de la ex gerente de FGV”.

Si nos ceñimos a los hechos, no parece que su interpretación de la justicia sea su mejor virtud. Muy curioso tratándose de un fiscal. ¿Tampoco se merece algún tipo de recriminación cuando los jueces han determinado la inocencia de tantos de sus acusados?

Espero que llegué el día en que las falsas denuncias y las “acusaciones particulares” merezcan sanciones ejemplarizantes en costes económicos y en obligación de reparaciones públicas.

Tan duras y ejemplarizantes, al menos, como las penas de telediario que han sufrido sus acusados en falso.

Me dirán que fue la Policía Nacional la que investigó los hechos y pasó la información  a la justicia, pero ¿quién denunció las irregularidades? ¿Quién levantó las sospechas? ¿Qué fiscal dio por buenos unos indicios que han resultado ser insuficientes?