El otro día sufrimos el bochorno de ver hasta que punto de inquina y de falsedad ha llegado el grupo socialista para conseguir sacar adelante el batiburrillo de propuestas de ley y decretos ley que llevó al parlamento. Y me refiero únicamente al grupo socialista porque de los demás no espero absolutamente nada: son lo que son y quieren lo que quieren

La primera gran mentira disfrazada de verdad fue que varios parlamentarios compararan el recurso de amparo presentado por el PP como un nuevo asalto al Congreso, un nuevo 23 F dijeron, solo que en lugar de portar armas entraron con las togas de los jueces de la ultraderecha del Constitucional.

Vayamos por partes:

La primera falsedad en el planteamiento es que las fuerzas que asaltaron el Congreso el 23F no fueron allí para impedir que se votaran determinadas leyes. Fueron para derrocar al gobierno legítimo salido de las urnas y hacerse con el control de la nación.

Fue un golpe de estado real, sin paliativos, cuando, curiosamente y en contra de lo que los intervinientes en el debate parlamentario querían aparentar, no fue un ataque de la extrema derecha contra el Congreso o “contra ellos”, sino contra un gobierno que, en contra de lo que parecían querer aparentar desde la tribuna, era de centro derecha y estaba democratizando a la nación. Y sus promotores, entre otras razones, aducían la debilidad del gobierno con los asesinos de ETA.

El otro tema de suma importancia es la posverdad repetida constantemente, ayer mismo lo repitió el presidente, afirmando que parte de los jueces del Constitucional no están calificados porque tienen caducados sus mandatos.

La primera consideración es que si sus mandatos han rebasado los plazos previstos en su nombramiento es responsabilidad exclusiva de los dos grandes partidos que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los nombres propuestos para la renovación, por lo que, por mucho que hablen de bloqueo del PP, lo cierto y verdad es que el PSOE tiene, sin ninguna duda, el cincuenta por ciento de la responsabilidad, ya que para que exista un acuerdo son los dos los que tienen que ponerse de acuerdo y ceder si es necesario. Y no vale que uno de ellos imponga unas condiciones y pretenda que el otro las secunde sin discutir.

Y como se trata de nombres y no de cualificaciones profesionales, tengo que añadir, eso es de mi cosecha, que los propuestos por el PSOE, tanto para el Poder Judicial como para el Constitucional, tienen mochilas muy pesadas y difícilmente entendibles para mortales como yo, porque pone en cuestión su futura imparcialidad.

Y, como consecuencia de lo anterior, el hecho de que algunos jueces del Constitucional sigan en el cargo pese haber sobrepasado el tiempo de su relevo no quiere decir, de ninguna manera, que estén caducados o deslegitimados. Cada uno de ellos mantienen intactas sus funciones y potestades, entre otras cosas porque lo contrario sería un caos.

Poniendo un ejemplo de andar por casa, es como si a un médico rural le cambiaran el destino a una ciudad, pero cae una gran nevada y su sustituto no puede llegar a tiempo. ¿Dejaría de ser médico o estaría incapacitado para ejercer la medicina porque ya se ha publicado su relevo y la plaza no es oficialmente suya?

¿Quién tomaría decisiones si los jueces no renovados no intervinieran con sus votos? ¿Solo los no “caducados”? ¿Aunque fueran dos?

Sería una situación indeseable porque, entre otras razones, el Constitucional no representaría a mayorías, sino a “pequeños grupos”.

Y, por supuesto, cualquier parlamentario o grupo político puede pedir amparo al Constitucional si lo estima conveniente. Este es un texto tomado del propio Tribunal Constitucional:

El recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional, siendo el objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. La única pretensión que puede hacerse valer a través del recurso de amparo es la del restablecimiento o preservación de los derechos o libertades por razón de los cuales se promueve el recurso”

No sé lo que hará el TC y, en cualquier caso y como siempre, me parecerá bien su decisión, tome la que tome, pero el escándalo denunciado por los socialistas afirmando que el tribunal quería impedir el legítimo funcionamiento del Legislativo, ni tienen razón de ser, ni tampoco ha sido la primera vez.

La primera vez, no en el parlamento español, pero sí en el catalán, fue cuando les advirtieron de la inconstitucionalidad de votar la independencia, y el que sea “la primera vez” en nuestro parlamento tiene una explicación: también es la primera vez que se presentan apresuradamente y sin los filtros previos previstos, unos proyectos de ley muy dudosos en cuanto a su constitucionalidad.

No olvidemos que una de las misiones del TC es la “protección de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional”, lo que supone, y para eso está el derecho de amparo, evitar que las mayorías parlamentarias abusen del poder que se les ha sido conferido, para fines no previstos en la Constitución.

Otra afirmación absurda y falsa de Pedro Sánchez en su eterno afán de robar banderas de otros, fue afirmar ayer que “fue el PSOE el que trajo la Constitución, cuando el PP estaba en otra cosa”. Ni mucho menos. Lo primero es recordar que el PP no existía como partido, y lo segundo es que los llamados “padres de la Constitución” fueron: “Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo por parte del partido Unión de Centro Democrática (UCD); Gregorio Peces-Barba por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Jordi Solé Tura por el Partido Comunista de España (PCE); Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular; y Miquel Roca i Junyent por Minoría Catalana.”

Es decir, que, aunque la constitución se hizo para todos y como tal se aceptó, entre otras cosas porque UCD fue muy dialogante con todo el mundo, la redacción del texto fue más bien de miembros de centro derecha, porque Minoría Catalana lo era en aquellos tiempos, con la participación de Fraga Iribarne, por AP, y de Jordi Solé Tura, del Partido Comunista.

Por lo que el partido socialista, por boca de Pedro Sánchez, no puede atribuirse la autoría de la Constitución, ni real ni moral. Ni tampoco podría decir, sí algún día es capaz de hacerlo, que no está de acuerdo con el texto porque ellos fueron “minoría”. Porque fue aceptada de forma universal por todos los partidos una vez que se vencieron las reticencias de algunos de ellos y nos tragamos los sapos que nos obligó a tragar el PNV con su cupo y su excepcionalidad.

Todo lo dicho, excepto mi comentario de la falta de idoneidad de algunos candidatos para el CGPJ y para el TC propuestos por el gobierno, no son opiniones. Son hechos que he tratado de exponer en mi castellano de todos los días, sin falacias ni eufemismos.

Es lo que pasó, lo que viví y lo que se puede comprobar en cualquier relato fiable de nuestra historia reciente.

Valencia, 18 de diciembre de 2022

José Luis Martínez Ángel