El comunicado del Consejo General del Poder Judicial

Por supuesto, me adhiero sin ninguna reserva a la nota que ha hecho pública el CGPJ esta mañana contra los continuos ataques que están recibiendo los jueces y la justicia desde las más altas instancias del gobierno, incluido el presidente, aunque este haya delegado los de más intensidad en sus dos ministros menos democráticos, «los Oscar», reservando para él y para la portavoz del gobierno la parte sibilina de la desinformación.


Porque la justicia española ha demostrado, desde la transición, ser una de las más democráticas y profesionales del mundo, y ha dictado sentencias de inocencia o culpabilidad, como es su obligación, en causas contra partidos de todos los colores, si han cometido delitos, como también a empresarios, o personas notables, incluido miembros que fueron de la familia real.


Y lo ha hecho con el mismo rigor, como no puede ser de otra manera, pertenecieran a los etiquetados como conservadores o progresistas, por más que, en lo personal, tengan ideas diferentes sobre algunos aspectos de «cómo debería ser» la justicia en España.


Porque los jueces, cuando se visten la toga, dejan ideologías al margen y atienden cada caso con todo rigor y aplicando las leyes del Estado, promulgadas por las Cortes Españolas, con muy poca horquilla de interpretación y siempre sujetas a recursos.


Ahora atacados duramente por políticos que, en el fondo, están amparando a posibles delincuentes, porque entienden que siendo “de los suyos” y estando en la cumbre del poder, están por encima de normas y leyes, y no tienen reparos de entrar de hoz y coz contra un poder, el Judicial que, no solo deberían respetar, sino que, siendo el Poder Ejecutivo, deberían garantizar que los demás lo respeten.

Mi comprensión y apoyo a esas personas tan especiales como son los jueces y también a los fiscales, aunque estos últimos están sujetos a las presiones del entorno, como los jueces y, en demasiadas ocasiones, a las de su cúpula legal, la Fiscalía del Estado.

Y si no, que se lo pregunten al Fiscal Anticorrupción.

Valencia, 2 de junio de 2026

José Luis Martínez Ángel