Sobre el caos político actual. ¿A modo de despedida?

Estos días, días horribles de un año horrible por muchas circunstancias, estoy considerando si es acertado que continúe con mis comentarios sobre actualidad política o sobre las decisiones equivocadas de los políticos. Comentarios que siempre tienen una carga de subjetividad, por mucho que trate de evitarlo, porque reflejan mi modo de entender de lo que debería ser una política liberal y respetuosas con las formas y los contenidos.

Y estoy llegando a la conclusión de que no tienen ningún valor. Ni pedagógico, ni de contraste de opiniones, ni de nada de nada. Que son simples pensamientos en voz alta, mejor en letra alta, tan inútiles como innecesarios más allá de que me supongan un desahogo personal ante lo que está pasando.

Porque cuando publico comentarios sobre temas puntuales apenas hay debate y si lo hay se modula de la forma más conveniente para que no llegue a dañar amistades ni buenos rollos, cosa que resulta casi inevitable cuando se participa en una tertulia y aparecen las visceralidades de cada uno de los participantes.

Por lo que estoy cuestionándome la conveniencia de dejar de escribir para el público, aunque sea tan menguado como el mío y puede que este sea el último comentario que publico.

Porque en lo individual hemos llegado a una situación, muy propiciada por el gobierno, en la que los ciudadanos no podemos hacer absolutamente nada. En su momento dimos nuestro voto a unos partidos que en algunos casos los han retorcido de tal forma que la situación real no se parece ni remotamente a lo que todos esperábamos, los constitucionalistas porque queríamos más y los independentistas y antisistema porque no esperaban tanto.

Situación que solo podrá romper la bancada socialista si alguna vez todos o algunos se dan cuenta del daño que se está haciendo a la nación y a nuestra convivencia. Pero eso no lo verán mis ojos. Ni tampoco que se cambie la ley electoral, razón real de nuestras desdichas.

Y como muestra de la penosa situación en la que nos encontramos, basta recordar algunas declaraciones recientes de líderes significativos de partidos políticos:

  • Bildu, por boca de Otegui, ha pedido el voto afirmativo a sus bases para apoyar los presupuestos del estado con el argumento de que será el principio de “la república vasca”. Y ya anteriormente había manifestado que la presencia activa de su partido en la política nacional tenía como objeto conseguir la “democracia y las libertades en España
  • Rufián, de ERC, ha manifestado públicamente que su apoyo a los presupuestos está condicionado a que el gobierno obligue a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos porque es un “paraíso fiscal”. Es decir, el partido que se mantiene firme en el “no me toquen” al gobierno en su territorio, pretende ser el que marque las reglas de juego de otra autonomía, sino de la totalidad del Estado español.

Condición que el gobierno ha aceptado por lo que se desprende de las últimas declaraciones de nuestro presidente al día siguiente de estas exigencias del parlamentario independentista.

  • Pere Aragonés,  presidente provisional de Cataluña y también de ERC, afirma en rueda de prensa que van a conseguir todas las competencias, incluidas las fiscales, para su comunidad.
  • El PNV ha continuado con su estrategia del silencio mientras consigue cosas y, al margen de apuntarse algún éxito menor como la subida de impuestos al diésel, es un hecho que se están acercando presos de ETA y que les han regalado el cuartel de Loyola en San Sebastián, propiedad de Defensa y considerado de importancia estratégica y, especialmente, simbólica.

Y parece que está negociando cosas tan serias como la transferencia de la justicia al País Vasco. Y sabiendo lo que está pasando en Cataluña no es descabellado pensar que eso puede suponer una salida masiva de etarras de las cárceles, se hayan arrepentido o no de sus crímenes.

Se rumorea que el gobierno está trabajando para conseguir una prolongación de la alarma sanitaria hasta 2022, desconozco si es cierto y si el plazo es hasta el principio o al final del año. Es decir, que de ser así, España pasaría prácticamente toda la legislatura en estado de excepción, con un gobierno sin control parlamentario y que puede gobernar a base de decretos ley sin necesidad de que los aprueben las Cortes Generales.

Es muy difícil de creer que se llegue a tal extremo y espero que sea un bulo interesado porque, de darse el caso, Pedro Sánchez estaría en condiciones de conseguirlo con sus “apoyadores” tradicionales. Sin ninguna duda.

Y recuerdo que con estados de excepción semejantes es como empezaron la mayoría de los gobiernos “democráticos desviados” de buena parte del mundo.

Y les llamo “desviados” utilizando el mismo calificativo que escuché a José Maria Fidalgo, personaje lúcido y nada sospechoso de tener o defender intereses personales o políticos en sus afirmaciones, cuando definía la actitud del gobierno a la luz de algunas de sus decisiones.  Gobiernos supuestamente democráticos pero con actitudes peligrosas y tendencias absolutistas o poco claras.

Fenómeno cada vez más frecuente, como denunciaba en mi artículo “los abundantes enemigos de la democracia” al que se accede con este enlace

www.jlmartinezangel.com/2020/11/17/el-rincon-de-pensar-los-abundantes-enemigos-de-la-democracia/

Estamos en manos de un gobierno montado para ensalzar las virtudes de Pedro Sánchez, el que aparece en primera fila cuando hay buenas noticias, con guiones y puestas en escena preparados por la factoría Redondo y desaparece cuando de verdad hay de dar la cara.

Y, naturalmente, para mantenerlo en el poder cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste a la nación, porque a él no le cuesta nada y cuando se vaya, lo hará sin asumir ni incurrir en ninguna responsabilidad.

El mismo que no visitó un hospital durante la época dura del COVI19, ni una morgue, ni apoyó a pie de obra a los sanitarios, a las fuerzas de Orden Público ni a nadie que se jugara el tipo aquellos días.

El que ha ocultado el número de fallecidos por el COV19 para mejorar estadísticas y que ahora, pasado el peligro y con signos de recuperación, aparece con bata blanca en los hospitales o visita plantas de envasado de vacunas como si fuera el mismísimo descubridor y el que nos las va a inyectar personalmente. Porque, naturalmente, el que de verdad entiende de vacunas y vacunaciones es el gobierno central y no las sanidades autonómicas que son las que está vacunando a millones de nosotros desde hace treinta años.

¡Gloria al líder!, proclama la propaganda “redondista”. “Ya suenan los claros clarines”, repetiría Rubén Darío anunciando la llegada del que intenta pasar a la historia como Pedro Sánchez “el vacunador”. “El salvador”, el que nos salvó de la pandemia.

Solo me queda la curiosidad de ver que hará Pedro Sánchez, el que barrió sin piedad a los antiguos líderes del socialismo y ha montado una política de tierra quemada con los antiguos organismos de control del partido, cuando no necesite a Pablo Iglesias.

Será todo un espectáculo y no le arriendo la ganancia al otro supuesto paladín de la justicia y las libertades que cada vez está consiguiendo una España más injusta y con menos libertad.

Hay otra posibilidad nada desdeñable. Que Sánchez “el mentiroso” incumpla todos los pactos acordados con los partidos que lo soportan, como ha incumplido el acuerdo firmado con Bildu sobre la derogación de la reforma laboral de Rajoy, o los que firmó con Albert Rivera, o la última promesa de conseguir la elección de los vocales del Poder Judicial por mayoría simple a Pablo Iglesias. Que de eso sabe y entiende más que nadie

Así que, volviendo al título de este comentario, es muy probable que deje de pensar en voz alta delante del ordenador y vuelva al intimismo de una buena lectura, a escribir fantasías y a escuchar buena música.

Y, por lo demás, que sea lo que Dios quiera. Eso sí, bajo la protección de todos los Santos y de la Comunidad Europea.

La charla de nuestro presidente y la información sobre la vacunación

Ayer la factoría Redondo decidió que era imprescindible contraprogramar las manifestaciones contra la ley Celaá y, otra vez, nos deleitó con la presencia de nuestro presidente en cuerpo mortal en las pantallas de televisión para erogarse triunfos que no son suyos y no tratar ninguno de los temas que competen a su gestión de gobierno. Como es habitual.

Sánchez, que no había aparecido en público desde hace tiempo para no verse obligado a  comentar nada sobre los acuerdos con Bildu, sobre las negociaciones de la ley de educación, ni sobre lo que está  ocurriendo con la entrada masiva de inmigrantes en Canarias, o sobre las declaraciones continuas y provocadoras de su vicepresidente, entre otros asuntos, se puso sus mejores galas para anunciar que tenemos vacunas, cosa que ya sabíamos, que se vacunará en 13.000 puntos, exactamente los mismos en los que nos han vacunado de la gripe porque son los centros de atención primaria de España y que era líder de la programación de la vacuna en Europa, aunque tuvo la deferencia de añadir “junto a Alemania”.

Vacunas que no ha descubierto él, aunque lo parezca, y que tampoco nos inoculará aunque no descarto alguna imagen suya junto a algún “vacunando”.

También nos dijo que las Navidades serán diferentes, cosa que no sabíamos, e incluso nos advirtió que la pandemia estaba teniendo un cierto aplanamiento, sin aclarar que era gracias a las gestiones de las autonomías, algunas de ellas luchando titánicamente contra la postura contraria de un ministerio de sanidad, que casi se ha convertido en un holograma con la misión de proporcionar estadísticas, no muy acertadas por cierto y de decir “no” a la mayoría de las propuestas autonómicas.

Y es una actitud que a mí personalmente me irrita porque evidencia que solo se trata de conseguir protagonismo sin aportar absolutamente nada. Porque, hablando concretamente sobre las vacunas y dando por sentado que las que están en fase tres serán autorizadas por la Agencia Española de Medicamento, autorización que por lo que pareces sí que se concederá, pero no antes de las fechas anunciadas por el presidente. Lo que es posible desde el punto de vista operativo si se apela a un estado de excepción sanitaria.

Leo en el Economista:

“En diciembre habrá dosis bajo una autorización de emergencia pandémica”

 “…Este miércoles se reunirá el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se comenzará a trabajar en esos grupos de población que recibirán primero la futura vacuna. Se realizará un registro y se planeará siempre y cuando la ecuación riesgo/beneficio favorezca a la segunda variable. La Agencia Española del Medicamento ha sido clara en este punto. “”Solo si la amenaza aumenta acudiríamos a esta forma excepcional, basada en la evidencia disponible hasta ese momento”, decía la directora de la Agencia durante un foro organizado por Farmaindustria…”.

Todo es legal y seguramente seguro, pero lo cierto es que en las fechas anunciadas no se dispondrá de la autorización de la Agencia Nacional del Medicamento.

El segundo punto, que no se pudo comentar seguramente porque no disponía de tiempo suficiente en la intervención porque tenía dedicarlo a reforzar su postura de gran lider,  es ¿qué vacunas nos van a administrar? Porque casi todas ellas son muy diferentes en costes, efectividad y comportamiento. Por ejemplo: he escuchado, naturalmente no lo puedo certificar, que la de Oxford es menos eficaz en tanto por ciento, pero actúa mejor sobre las personas de más edad.

No hay duda de que nos van a vacunar aplicando criterios de poblaciones de riesgo pero ¿nos inocularán cualquier vacuna según vayan llegando?

Otra pregunta, no menos importante, es que ocurrirá si un porcentaje significativo de la población se niega a vacunarse. Porque sí dijo que sería “vacunación voluntaria”

Si solo se vacuna el 40 % de la población, pongo por caso y desconociendo como se desconocerá el tiempo de duración de la inmunidad, ¿qué garantías tienen los vacunados? Porque seguirá habiendo un sector de población circulante que pueden ser portadores del virus. O ¿Cómo evitar otra pandemia aunque afecte a menos población?

Es decir. Mucha puesta en escena, mucho “bla, bla, bla” y muy poca información práctica. La que realmente nos interesa. Que, por otra parte, sería preferible escucharla de personas de profesionalidad acreditada y no de los políticos ni de los figurantes del ministerio de sanidad.

Y mucho menos de uno de “nosotros, los líderes mundiales”. No he podido averiguar si Pedro Sánchez tiene abuela, pero  de tenerla, que espero que sí, le da muy poco trabajo.

Pese a todo y a las evidentes incógnitas pendientes de resolver, tengo esperanza que el tratamiento de la vacuna sea mucho más eficaz que lo fue el del COVID19.

En cualquier caso y como esto durará mucho tiempo  ¡Dios nos coja vacunados!

Las enormes dudas sobre la ley Celaá

El otro día se cerró uno de los trámites más importantes del proceso cuando el Congreso aprobó por mayoría la nueva ley de educación propuesta por la ministra Celaá.

Ley que no puedo juzgar porque tiene muchos aspectos técnicos, pero que está levantando ampollas entre algunos colectivos afectados, especialmente por tres razones.

Porque, según dicen, supone una amenaza para la enseñanza concertada y para la especial. De ser así lo que está obstaculizando es la libertad de elección del tipo de enseñanza que los padres  prefieren para los hijos y la segunda porque afecta a un colectivo que no siendo excesivamente numeroso, sí que es de muy especial sensibilidad por la naturaleza de los alumnos.

El que la concertada tiene un altísimo porcentaje de demanda en los lugares en los que convive con la pública es un hecho. Y, en mi opinión, en lugar de analizar con seriedad las razones que tienen los padres para esa elección, análisis del que podría derivarse mejoras sustanciales para la calidad dela propia enseñanza pública, se decide tratar de estrangularla, lo que no deja de ser una especie de política de tierra quemada impropia de una sociedad avanzada.

Lo fácil, lo que se usa, es decir que en la concertada se adoctrina a los niños, especialmente si se trata de colegios religiosos, pero yo conozco a muchos padres que son ateos, agnósticos o “poco de iglesia” que pelean porque sus hijos vayan a estos colegios. Por algo será, pero nadie se preocupa de averiguarlo.

El otro tópico es decir que los niños conflictivos o marginados solo van a la pública. Es cierto que ocurre en un alto porcentaje, pero, de nuevo, hay que analizar el porqué de las cosas antes de lanzar conclusiones sencillas y poco estudiadas.

Es un hecho real que hay un colectivo de niños que viven situaciones familiares difíciles por ser hijos de inmigrantes que desconocen incluso nuestra lengua  o que viven en cualquier otro entorno que dificulta cualquier apoyo familiar a su formación y que mayoritariamente van a escuelas públicas, aunque también los hay y bastantes, en las concertadas.

Pero, otra vez, lo que hace falta es que en lugar de llegar a conclusiones sencillas y casi populistas, se analice seriamente el hecho y las circunstancias para establecer planes específicos de apoyo a los alumnos más desprotegidos culturalmente en el entorno familiar. Y aplicarlos en la pública y en la concertada, naturalmente

Y, para evitar malos entendidos y pensar que estoy defendiendo especialmente la enseñanza concertada, aclaro que mis cuatro nietas han sido alumnas de la pública y en la rama de valenciano.

En cuanto a la enseñanza especial, casi no me atrevo a opinar. Es cierto que la enseñanza pública dispone de profesores especializados, pero muy posiblemente en número insuficiente. Y que además en estos casos supongo que el éxito de la educación no depende solo de la calidad del docente, sino de otros factores como el del entorno o de las propias limitaciones del alumno.

Por eso creo que es fundamental atender la opinión de los padres que, sin ninguna duda, querrán  lo mejor para sus hijos y tendrán razones fundadas para decidir si conviene que vaya a un colegio público o a uno de enseñanza especial. Atendiendo, claro está, el  necesario equilibrio entre su formación, su desarrollo personal y su integración en el mundo real en el que tendrán que vivir.

Todos sabemos que la enseñanza especial es muy cara, pero no creo que sea este un factor condicionante si tenemos en cuenta lo poco que valoran el dinero los legisladores a tenor del número de asesores y “personas de confianza”  de que disponen. Y esta sí que es una excelente causa.

Y el otro hecho que me asombra es que la ministra Celaá haya presentado la ley sin haber consultado antes con ninguno de los colectivos afectados y, a la postre, responsables de educar a nuestros niños. Ella desaparecerá tarde o temprano mientras que los educadores seguirán durante mucho tiempo, generación tras generación, esforzándose en impartir conocimiento y en imbuirles la curiosidad por el saber. Y ellos, que están a pie de aula y conocen el sentir y entender de los alumnos en cada momento de nuestra historia, momentos sumamente cambiantes por lo acelerado de los tiempos, deben ser escuchados porque tienen mucho que aportar.

Pero hemos llegado a un punto en que los políticos, sin colores por favor, se creen capacitados para liderar cualquier materia que nos afecte: medicina, educación, economía, justicia, etc., sin necesidad de recibir consejos de nadie. Este es un fenómeno que empezó hace años, que ha ido en aumento en los últimos tiempos y que en algún momento tendrá que detenerse.

Precisamente cuando la sociedad civil, las empresas punteras o las universidades de todo el mundo forman gabinetes pluridisciplinares antes de tomar decisiones. Y así, no es de extrañar que en un mismo equipo figuren matemáticos, psicólogos, arquitectos, etc.

Aquí no. Aquí les meten en una lista cerrada o les nombran ministros directamente y ya se creen con capacidad para hacer lo que sea necesario sin más apoyos que los de sus asesores personales que, normalmente, son amigos, del mismo partido político y con los mismos conocimientos que los asesorados. O menos.

Y para terminar lo del castellano. Claro que hay que potenciar los idiomas regionales, en nuestro caso el valenciano, incluso priorizar su enseñanza porque son lenguas en debilidad, pero decidir que el castellano no sea legua vehicular y evitar que comparta la enseñanza con los idiomas maternos es un gran error que a la larga no beneficiará en absoluto ni a los alumnos ni a los defensores de las lenguas minoritarias que, como siempre digo, deben convivir pacíficamente con el castellano en españa y enriquecerse mutuamente con lo aportado por cada uno de ellos a  lo largo de la historia.

Porque en una guerra cultural, los minoritarios siempre tienen las de perder y porque si a los alumnos de valenciano solo se les anima a leer a Joanot  Martorell y otros de nuestros ilustres paisanos antiguos o contemporáneos, sin ninguna referencia a nuestra extraordinaria literatura en castellano escrita en España y en todos los rincones del mundo, creo que les están entrecerrando una puerta que siempre debería estar completamente abierta.

Esto, naturalmente, es una opinión personal basada únicamente en mi deseo de mantener viva la lectura en un mundo infantil y juvenil de videojuegos y video llamadas innecesarias que no aportan ningún valor intelectual al niño espectador o participante.

Y me pareció especialmente bochornoso que una ley que se aprueba ¡por la diferencia de un voto¡ y que afecta de forma tan importante al futuro de nuestros niños se celebre entusiásticamente, como el clásico gol en el último minuto de un partido. Como si fuera, como así ha sido, una victoria sobre el enemigo que, en este caso, representa a casi la mitad de los españoles.

La última vez que recuerdo un intento serio de consensuar una ley de educación fue en tiempos en los que Ángel Gabilondo fue ministro de educación. Consenso que, nunca sabré porqué razón, se rompió cuando casi estaba cerrado. Y me duele pensar que los responsables de que fracasara aquel proyecto, que era un proyecto de calidad, estarán tan tranquilos en sus casas o en sus escaños pensando que “son cosas de la política”.

Lo que menos les importa, maldita sea,  es el interés de los alumnos.

¿Estamos locos? Corrijo: ¿están locos?

Valencia 21/12/20

El rincón de pensar. Los abundantes enemigos de la democracia.

La historia política a partir del siglo XIX nos dice que los regímenes predominantes en el mundo han sido las dictaduras, el comunismo y, como única alternativa viable, la democracia.

Hoy no existen dictaduras “oficiales” excepto en países del tercer mundo y el comunismo desapareció de la faz de la tierra después de su fracaso en todos los lugares en los que se implantó. Porque el comunismo, que siempre se aprovechó de la miseria de los ciudadanos para llegar al poder, nunca aportó soluciones válidas.

En España y en este momento tenemos un amago de comunismo con tintes revolucionarios chavistas que surgió aprovechando el impulso del 15M, se mantuvo, decayó y ha renacido gracias a la debilidad del presidente Sánchez y teniendo como caldo de cultivo la pandemia del Coronavirus. Ha conseguido entrar en el gobierno con varias carteras y se presenta como una especie de bálsamo de Fierabrás que nos salvará de todos nuestros males e incluso nos liberará de las garras de la perversa Comunidad Europea.

Pero la democracia, que surgió como respuesta a los totalitarismos comunistas y a las dictaduras de todos los colores, tiene una debilidad manifiesta: su dificultad para defenderse de sus enemigos internos, los emboscados, los que la utilizan para medrar dentro del sistema utilizando sus propios recursos.

La democracia es el único modelo político que respeta a individuos y colectivos contrarios a sus planteamientos, aunque no acepten sus compromisos éticos y morales, incluso protegiendo su derecho a disentir. Actitud impensable en las dictaduras o en los regímenes comunistas.

Aunque la democracia tampoco es un sistema perfecto. Simplemente es el menos malo. Y siendo uno de sus grandes males el buenismo de sus normas, ha permitido mantener grandes brechas por las que se han colado  muchos de sus peores enemigos: el capitalismo feroz y descontrolado, por ejemplo, o los falsos demócratas que se aprovechan de su debilidad para medrar en su propio beneficio o defendiendo ideas antidemocráticas.

Situación que empeora con el tiempo y que cada vez es más evidente. Empezó con Hitler, tirano exterminador de pueblos y de razas que ganó unas elecciones en Alemania y que aprovechó el poder para perpetuarse en el gobierno de la nación y cometer las mayores tropelías en nombre de “la patria” y de toda una serie de valores que no entran, de ninguna manera, en la esencia de la democracia.

Eso mismo ha ocurrido y está ocurriendo en muchas naciones americanas en las que gobernantes elegidos en las urnas han maniobrado cambiando leyes y costumbres para mantenerse en el poder, teniendo en común que todos ellos se autoproclaman como líderes revolucionarios de izquierda que se “sacrifican” por el pueblo mientras amasan grandes fortunas personales y crean enormes brechas sociales. Poder y control de sus respectivos países que no soltarán de ninguna manera y que trampearán de todas las formas posibles disfrazando cada trampa con mil eufemismos prefabricados.

Al principio amañaban elecciones, práctica que ahora les resulta muy complicada por la vigilancia de terceros países, pero que ahora tampoco necesitan hacerlo. Les basta con tener el control de las fuerzas de orden y de los ejércitos de sus países para que, eliminando o encarcelando líderes opositores, se llegue a elecciones “limpias” con votos condicionados.

Pero no solo en América de sur. En nuestro continente tenemos a nuestro muy democrático Putin que gana elecciones sin demasiados problemas utilizando todos los recursos, legales e ilegales, para conseguirlo. Y que ha logrado cambiar la constitución en 2020 para conseguir mantenerse en el cargo ¡hasta 2036!  Año en el que cumplirá sus 83 de vida.

Así tendrá tiempo para lograr su sueño delirante: reconstruir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y quizás levantar muros, como el antiguo de Berlín, en Crimea o en cualquier otra nación de la gran Rusia feliz.

Y, más recientemente, nos encontramos con el último presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, también elegido democráticamente, empeñado en una especie de recuperación del Imperio Otomano haciendo añicos la extraordinaria modernización de Turquía que realizó Mustafa Kemal Atatürk quién, siendo militar de profesión, se pasó a la política y acabó aboliendo el sultanado y proclamando la república turca.

Pues bién, Tayyip Erdoğan, también elegido en las urnas y siguiendo el modelo de Putin, está empleando todos los recursos de poder para eliminar a la oposición y cambiar leyes en un país que ya era admirable por su cultura y por su historia y que había avanzado significativamente en avances políticos y en las libertades de los turcos, hasta el punto que llegó a tener muchas posibilidades de integrarse en la Comunidad Europea.

Y que ahora empieza a percibirse como una amenaza para occidente por sus planteamientos totalitarios y por sus devaneos con Putin, que ha alentado desde el primer momento la megalomanía del turco tratando de torpedear sus tradicionales buenas relaciones con los Estados Unidos y con la Comunidad Europea.

También en la misma Europa tenemos algunos escarceos en naciones como Polonia o Hungría, ambas con gobernantes autoritarios afortunadamente embridados por las normas de la Comunidad a la que pertenecen.

Y todas estas naciones tienen en común gobernantes populistas y falsarios que emplean términos ampulosos como “grandeza”, “honor”, “servicio”, “progreso” y palabras biensonantes similares con el único fin de engañas a las masas y actuar como auténticos sátrapas en sus naciones. Y todos alardean de ser grandes líderes que luchan hasta la extenuación por el bien de sus pueblos.

Pero no hay necesidad de viajar a tierras lejanas para localizar un presidente llegado al poder de forma legal, primero por una moción de censura y luego en unas elecciones generales gracias a pactos de investidura antinaturales y negados hasta la saciedad durante la campaña, que está utilizando todos los recursos de que dispone para perpetuarse en el poder.

Estoy seguro de que Pedro Sánchez, a diferencia de Zapatero, no tiene más ideología que mantenerse como presidente. Y que si le fuera necesario para conseguirlo, hasta es posible que pactara con VOX.

Tampoco es de los que se enriquece desde la presidencia y sus corruptelas no van más allá de buscar un buen acomodo para su esposa y para algunos de sus amigos, o hacer la vista gorda sobre algunos desmadres de sus socios de gobierno. Pero en cuanto a mantenerse en el cargo no hay duda de que, por él, no saldría de la Moncloa hasta cumplir los 83 años. Como Putin. Y eso nos está costando y nos costará sangre sudor y lágrimas.

También aquí se habla de pueblo y progresismo. Y probablemente tiene razón porque, perdón por el sarcasmo, no hay en España partidos más “progresistas” que los apoyadores habituales: el PNV, los independentistas catalanes y BILDU.

Es cierto que ni tiene ni tendrá en sus manos el poder de las fuerzas de seguridad ni mucho menos al ejército porque en España hay leyes y tribunales que se lo impiden, como también lo impedirían estos cuerpos si llegara el caso imposible de que tratara de utilizarlos en su provecho. Y porque pertenecemos a una Europa democrática que no le va a permitir más locuras que alguna que otra puesta en escena sabiendo que nunca llegará a mayores.

De la misma forma que el propio Sánchez está actuando con los separatistas, dándoles cuerda mientras le sean útiles y no incumplan de hecho alguna de las leyes fundamentales del Estado que siempre están amenazando con incumplir.

Pero mientras y a cambio de esta locura megalomaníaca que le invade, está haciendo un daño casi irreparable a la nación y provocando una brecha ideológica entre los españoles que nos está llevando a la esquizofrenia. Como está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos de Trump, otro loco con delirios de grandeza que trata de mantenerse en el poder, al que ha llegado por unas lecciones, empleando toda clase de trucos y artimañas.

En este caso nuestro presidente solo tiene la fuerza de su muy potente equipo de propaganda, encabezado y coordinado por Iván Redondo al que también habrá que pedir cuentas en algún momento del futuro por lo dudoso de algunas de sus iniciativas, entre las que están aconsejar al presidente el uso de su demagogia absurda, sus frases hechas, su populismo y sus grandes y reiteradas mentiras.

Cuentas políticas sí, porque hace tiempo que dejó de ser un politólogo, un asesor de imagen o un “coucher” para convertirse en un político en activo, aunque permanezca a la sombra del presidente, e incluso legales porque alguna vez conoceremos que resortes se están utilizando para conseguir sus fines.

Estamos en un estado democrático y soy el primer en defender que la única arma posible para  cambiar el gobierno son las urnas o las mociones de censura, como mantengo que hoy por hoy es casi imposible que se produzcan algunas de las dos oportunidades porque lo tiene todo atado y bien atado con favores e intereses mutuos. La única posibilidad, absolutamente remota, sería que parte de su bancada se dé cuenta de que están participando en un proyecto pernicioso y sin futuro, pero esta no es una bancada del Partido Socialista Obrero Español, sino del Partido Sanchista, con muchas dudas de que esté defendiendo a los obreros, que no lo parece, ni a España, que tampoco.

Y detrás de todo este gran problema y del resto en los que estamos inmersos solo hay un culpable: la nefasta ley electoral que fue aprobada para la transición, pero que hemos mantenido vigente porque interesaba y sigue interesando a los políticos porque es una factoría de “siseñores” sin categoría ni personalidad, a sabiendas de que perjudica gravemente a los ciudadanos.

A mí me parece bien el sistema de elección de presidente con segunda vuelta, como el de Francia, el mismo que está vigente en el País vasco, pero me gusta mucho más el “distrito único” de la Gran Bretaña. Porque en esa nación, ejemplar por su democracia aunque últimamente se vea dañada en su prestigio por otro populista innombrable de la nueva ola, Boris Johnson, el Trump europeo que provocó el Brexit engañando a los británicos, no podría darse lo que estamos padeciendo en España.

Sería del todo imposible porque ni las leyes, ni la tradición, ni el sistema electoral de ese país tienen  fisuras que lo permitan. Que aparezcan políticos mentirosos o corruptos es inevitable en todas partes, también allí, pero los controles y las sanciones son mucho más severos que en España.

En el Reino Unido no existen las listas electorales. Cada uno de los parlamentarios británicos se presenta por propia iniciativa y, aunque se inscriban en algún partido estatal, especialmente al conservador o laborista, son elegidos individualmente en sus ciudades o barrios, en sus distritos electorales, donde son perfectamente conocidos por los electores.

¿Se imaginan que en lugar de votar a una u otra lista cerrada de nombres absolutamente desconocidos para nosotros, eligiéramos como nuestros representantes entre Pedro, Lucía, Pepita o Juan, a los que sí que conocemos porque viven en nuestro barrio o en nuestra cercanía?

El escaño es propiedad de cada uno de ellos y no están sometidos a ningún tipo de disciplina de partido ni tienen que rendir cuentas a los dirigentes de cada uno de ellos. Las cuentas las rinden en sus distritos, eso sí, en los que tienen presencia física y audiencias obligadas para someterse al juicio de sus electores.

Esa es la razón de que el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como se llama, pese a estar compuesto por 650 miembros elegidos en 650 distritos electorales, 533 en Inglaterra, 40 en País de Gales, 59 en Escocia, y 18 en Irlanda del Norte, esté casi siempre medio vació. Los parlamentarios solo acuden si se tratan asuntos muy importantes de Estado o cuando las propuestas de ley afectan a los distritos en los que han sido elegidos. Y cuando lo hacen de forma masiva, como no hay asientos suficientes, permanecen de pie, hacinados en los pasillos o en el piso superior.

Su tiempo lo emplean en hacer gestiones personales relacionadas con sus cargos y en mantener contactos con sus electores en sus respectivos distritos y no lo pierden pasando horas y horas sentados en escaños consultando sus teléfonos móviles o echando alguna cabezada de vez en cuando como ocurre en España.

Por todo ello en el Reino Unido sería inconcebible que un parlamentario de Londres votara una iniciativa de su propio partido si afecta negativamente a la ciudad y no existe ninguna posibilidad de que se pacte algo con el Sinn Féin que favorezca a las posturas de IRA, porque la inmensa mayoría de los parlamentarios de los dos grandes partidos votaría en contra.

¿Qué podemos hacer sabiendo que todos los partidos, desde VOX hasta la CUP están en contra de cambiar la ley electoral?

Tengo que confesar que no tengo ni la más remota idea. Porque incluso una iniciativa parlamentaria popular para cambiar la ley electoral y firmada por diez millones de ciudadanos sería rechazada por este congreso elegido en listas cerradas, con parlamentarios “apesebrados” y de estómagos agradecidos que nos representa.

El rincón de pensar y los Presupuestos Generales del Estado:

Esta mañana comienza la presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos y, como era de esperar, la factoría Redondo tiene a cada cual en el sitio en el que quería tenerlo.

Cuenta con la fidelidad de sus apoyadores habituales, sus “semper fidelis” provisionales, en buena parte porque no pueden permitir una caída del gobierno que les arrastraría inexorablemente hacía terrenos desconocidos y también por las dádivas y concesiones que han obtenido, a VOX como oposición preferida para desgastar al PP como adversario político y a Ciudadanos en sus últimos planteamientos de reducción al absurdo a base de obtener pequeños premios  tratando de recuperar parte del prestigio perdido.

Hace tiempo que no me meto con Ciudadanos porque era el momento de darles espacio para reorganizarse como partido y definir cual son sus objetivos y sus prioridades, pero después de este tiempo y a los hechos me remito, se ha convertido en un grupo manejable por el poder, vulnerable como partido y sin un rumbo definido. Porque si aspiran a ser, como ahora, partido bisagra del poder, no creo que puedan sobrevivir durante mucho tiempo.

Y lo que acaban de proponer, apoyar los presupuestos a cambio de que se retire la exclusión del castellano como lengua vehicular en las comunidades que así lo quieran, es la prueba más evidente.

Supongo que ya habrán leído el borrador y que habrán encontrado muchas partidas discutibles pero, por lo que parece que han dicho, tragarán con todo a condición de que les concedan la medalla de salvadores del castellano, cuando en el fondo es algo que solucionará el Constitucional, o eso espero y que por otra parte es un tema lamentablemente superado porque, de hecho, el castellano, más que legua cooficial y vehicular, es un huésped no deseado en el País Vasco, en Cataluña y en parte de los utópicos “países catalanes”.

Pero el muy eficaz equipo del presidente Sánchez ha conseguido crear tal confusión con sus continuas y variadas propuestas, algunas de ellas deliberadamente incumplibles y otras muchas impracticables porque las frenarán las leyes españolas o la Comunidad Europea, que la oposición no puede debatirlas y la ciudadanía tiene la impresión de que el gobierno lanza muchas iniciativas cuando, de hecho, salvo nombramientos de altos cargos y cosas por el estilo, no ha hecho prácticamente nada.

Y es necesario recuperar la cordura y volver a marcar los tiempos de las cosas. Si se discuten los presupuestos se discuten las partidas y nada más. Si se discute las extrañas propuestas dela ministra Celaá, se discuten sus propuestas. Y así todo lo demás.

Sin mezclar churras con merinas. Es el momento de los presupuestos, el momento anual más importante  de cada legislatura, el que define la política real que aplicará el gobierno  y no se puede supeditar su apoyo a que se retire o no la propuesta de marginar el castellano.

Como tampoco a que el Pisuerga pase o no por Valladolid.

A la vista de lo que está pasando ¿Están locos los estadounidenses?

Estados Unidos es una nación que nos sorprende cada día cuando descubrimos sus peculiaridades y que nos desconcierta cuando, por contraste, tiene fama de ser uno de los países más democráticos del mundo.

Desconcierto justificado porque, en efecto, tienen un modelo basado en una democracia sin fisuras que compatibilizan con las más estrambóticas de las situaciones. Y lo cierto es que ambas cosas son ciertas: Estados Unidos es un país democrático en el fondo y absolutamente desconcertante en sus formas de expresarlo.

El problema es que nosotros juzgamos a esa gran nación desde nuestra perspectiva europea, con muchos cientos de años de experiencia y con una larguísima tradición de organizaciones nacionales, cambiantes en el tiempo, pero inmutables en la forma.

Europa, repito, tiene naciones consolidadas desde hace muchos cientos de años e incluso el lejano oriente nos gana en historia porque tenían imperios muy estructurados mucho antes que nosotros.

Mientras que los Estados Unidos es una nación configurada hace pocos años si consideramos los ciclos históricos y formada por antiguos estados o territorios totalmente diferentes entre sí, muy alejados entre ellos y con leyes y costumbres dispares, incluso antagónicas.

Leyes y costumbres a las que no renunciaron cuando se integraron en esa confederación  aunque aceptaron unas cuantas condiciones, como compartir la defensa nacional, la moneda, la fiscalidad y la política exterior, por ejemplo.

Para todo lo demás son independientes. Tienen leyes especiales y solo si se producen delitos “federales”, es decir que se cometan en varios estados, puede intervenir el FBI. Incluso en algunos de ellos hay pena de muerte. Y solo hace cuatro días en términos históricos que los ciudadanos tenían que ir armados para protegerse de ataques de terceros.

Todo esto, repito, mientas en Europa existían reinos más o menos absolutistas que dictaban leyes y normas de obligado cumplimiento por todos los vasallos, ahora ciudadanos. Es decir. Nosotros partimos de sociedades muy estructuradas y con un orden dirigido de forma piramidal por la “autoridad competente”. Existieron reinos más absolutistas, como el de Castilla y otros más dialogantes, como el de Aragón, pero en ambos casos existían unas leyes comunes que respetar y se respetaban bajo amenaza de sanción e incluso de muerte. Y eso configuró un modelo de ciudadano sabedor de que forma parte de un todo superior que debe respetar.

Y desde esta perspectiva es lógico que nos hagamos cruces con las cosas que ocurren en los Estados Unidos, simplemente porque no les comprendemos. Y no les comprendemos porque no nos ponemos en su lugar. Y los juzgamos con nuestros ojos de hoy y de aquí, de la misma forma que hacemos con los acontecimientos históricos. Descontextualizándolos.

Estados Unidos es un país donde el propio presidente está poniendo en cuestión la pureza de las elecciones o donde estados como Michigan, que resultó fallido por la crisis del automóvil, quedó abandonado a su suerte, muchas empresas cerraron y los habitantes del estado tuvieron que buscarse la vida en otros lugares de la nación. Porque en EEUU no hay subvenciones ni ayudas a empresas o trabajadores como lo hay en la Europa comunitaria.

En suma, EEUU es un país despiadado desde nuestro punto de vista, pero así son porque así lo han decidido. Tienen un sistema electoral común vigente a nivel nacional, el que permite elegir congresistas y senadores y también al presidente, aunque las leyes que regulan las campañas y los recuentos de votos son diferentes para cada estado. Sistema electoral que protege el bipartidismo y que se basa en los votos electorales de cada uno de ellos.

Los norteamericanos tienen enormes diferencias entre ellos, en algunos casos casi se odian y hasta se podría hablar de cuatro zonas diferentes: el norte, el sur, el este y el oeste, pero respetan de forma incuestionable los símbolos nacionales y se consideran orgullosos de pertenecer a una gran nación habitada por gente diferentes. Y por si faltaba algo, el populismo y la política barata ha creado otra brecha cada vez mayor, la de los ultras de Trump y la de los demócratas (que no pasan de ser una derecha europea) para añadirlas a la separación entre blancos y negros, hispanos, etc.

Yo no los puedo entender como tampoco lo harán en el resto del mundo occidental, pero los respeto porque son una nación improvisada que se hizo fuerte por causas circunstanciales y que ha sabido potenciar la industria, por ejemplo, hasta niveles increíbles y donde la investigación y la tecnología casi no tienen techo. Un país de contrastes como ser capaces de hacer aterrizar un satélite diminuto en un peñasco diminuto después de años de viaje y no serlo de organizar un recuento de votos a la europea que obtenga resultados reales en muy pocas horas.

Son así y así los tenemos que aceptar. ¿Son inferiores a nosotros? De ninguna manera. Son diferentes como también lo son los de otras culturas incluso más extrañas para nosotros.

Y sean como sean, los necesitamos tanto o más que ellos nos necesitan a nosotros.

Yo prefiero que gane Biden, por supuesto, pero eso no cambiará la forma de ser de los estadounidenses. Eso seres extraños para mí que me maravillaban cuando se ponían en pie respetuosamente  y se llevaban la mano al corazón cuando sonaba su himno nacional, en honor de alguno de sus atletas participantes en nuestra olimpiada de 1992 que había ganado una prueba.

Como ellos mismos gustan decir con frecuencia, “God save America

Seis meses de anormalidad

La suerte está echada y durante seis meses España deja de ser una democracia al uso y se convierte en un estado autoritario al estilo de ninguno de Europa y algunos de Sudamérica.

Seguramente algunos pensarán que estoy exagerando, pero trataré de razonarlo:

Ayer el Congreso voto la aprobación del estado de alarma por un periodo de seis meses,  durante los cuales quedan suspendidas muchas de las libertades y derechos de los españoles porque se supone que hay una razón mayor que justifica está suspensión. Pero la Constitución solo prevé que una vez decretado por el gobierno, son las Cortes Españolas, el Legislativo, las que deben aprobar prórrogas cada quince días que se concederán o no a criterio de la información del momento y por votación de los congresistas.

Pues bien, el gobierno, aprovechando una mayoría que ya tenía pero que ha reforzado Ciudadanos, ha conseguido que el estado de alarma tenga una duración de seis meses, medida de dudosa constitucionalidad  que solo cabe recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque el resto de posibles impedimentos legales  están desmontados por la situación excepcional en la que nos han situado.

Pero, conociendo la lentitud en las actuaciones de este tribunal, tendremos que resignarnos a que esta extraña situación se mantenga todo el tiempo que estime conveniente el gobierno, único que puede deshacerla.

Casado anunció ayer que llevaría el tema a consulta a la Comisión de Venecia, pero este es un organismo compuesto por  “61 Estados miembros: 47 miembros del Consejo de Europa y otros 14 países, entre ellos, Argelia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguizistán, Marruecos, México, Perú y Túnez” solo tiene la misión de asesoramiento en “asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos. Concretamente, presta asesoramiento para la preparación de las constituciones, enmiendas constitucionales y legislación paraconstitucional, así como la legislación sobre las minorías o legislación electoral.”

Es decir, es un foro de opinión que de dar un dictamen negativo a la decisión del gobierno español lo dejaría en muy mal lugar, pero que no tiene ningún poder ejecutivo porque sus sentencias no son vinculantes

Por lo que, si Dios no lo remedia, tendremos por largo tiempo un gobierno autoritario y sin control en esta nación que tanto había avanzado en democracia y libertades.

Y luego, claro está, la medida se acompaña de frases y atrezos que parecen ser buenas para la nación pero que en el fondo no son más que operaciones de marketing político para uso interno, muy del estilo de la factoría Redondo. El mensaje subliminal que se ha lanzado está claro: Si todo sale bien será mérito del gobierno del líder y si sale mal la culpa la tendrán las autonomías.

Y lo de aurora boreal es el generoso ofrecimiento de última hora cuando anunció que revisaría la situación cada dos meses con el Consejo Territorial, que es el órgano titular de la Federación de Municipios y provincias, con la misión de “hacer cumplir las Resoluciones del Pleno, ( de la FEMP) velar por el cumplimiento de los fines estatutarios, aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el del Pleno, articular las relaciones de la FEMP con las Federaciones Territoriales y elaborar propuestas de actuaciones concretas a emprender conjuntamente con éstas, además de las líneas generales de actuación coordinadas, cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno y en el propio Consejo Territorial, aprobar las cuotas anuales de la Federación, así como los presupuestos ordinarios y las cuentas generales con carácter anual. El Consejo Territorial es el órgano de máxima autoridad durante el periodo de cuatro años que transcurre entre la celebración de los Plenos Ordinarios”.

Es decir, un estamento que no tiene nada que ver los Poderes del Estado y al que no hemos elegido para gobernar a la nación. Hemos elegido, sí,  a parte de sus miembros, alcaldes por ejemplo, pero solo para administrar los municipios de los que son responsables.

Pero claro, decir cosas como estas a la población española, deliberadamente poco conocedora de la organización política del Estado,  suena a gesto democrático del más alto nivel, cuando esta consulta no tiene más valor que si la hiciera a la Federación de Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorros, por ejemplo.

Y digo deliberadamente porque ahora, como ocurría en otros tiempos, los gobiernos de turno no tienen ningún interés en que nuestros niños y jóvenes conozcan los fundamentos de nuestro estado de derecho. Para eso están “ellos”, para interpretar lo que es bueno o malo para nosotros, los ciudadanos.

No digo ni mucho menos que este organismo, la FEMP, no deba ser escuchado e incluso que su opinión pueda ser importante, pero “no es eso, no es eso”, como decía Ortega y Gasset sobre otro de los asuntos políticos de su momento.

Los organismos responsables del  gobierno de la nación son, exclusivamente,  las Cortes Españolas, el Ejecutivo, también el Judicial. Y el control de las autonomías corresponde a sus respectivos gobiernos por delegación del de la nación, por lo que meter a un tercer interlocutor no es más que una coartada inteligente para que parezca lo que no es.

Lo malo es que, como he comentado otras veces, esta serie de disparates y atentados contra la democracia solo se puede romper si en algún momento los socialistas de la bancada deciden que la cosa se está saliendo de madre y rompen su disciplina de voto.

Son los únicos que puede hacerlo porque los partidos de la derecha no tienen mayoría y además están jugando a ver quién la hace o la dice más gorda, y los que apoyan al gobierno no moverán un dedo porque les va en ello la supervivencia política.

Y tal como están las cosas, entre congresistas  del pseudo PSOE  de Sánchez, cobardes y empesebrados, los socialistas de toda la vida sin ninguna voz en la ejecutiva del “sanchismo” y el resto de partidos agarrados  a la tabla de salvación o al cuerno de la abundancia que les ofrece Pedro Sánchez, llámese PNV e independentistas, la cosa va para largo. Como mínimo para seis meses.

Que así no sea.

El asalto al poder judicial (continuación de la continuación):

Nada ha cambiado en lo formal, pero sí que se han producido movimientos en contra de la iniciativa del PSOE para modificar la fórmula de elección de los Consejeros del Poder Judicial.

Y uno de ellos ha sido en la Comunidad Europea en su función de velar por las condiciones democráticas de los estados miembros.

Sánchez, el mago de las palabras y los gestos, ha dicho que ningún presidente de gobierno le ha preguntado por este tema y será verdad. Porque la advertencia no viene de países en particular, que sería injerencia impropia en las normas y leyes de otros estados, sino de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) que es el organismo comunitario encargado de velar por la calidad democrática de los estados miembros en materia de justicia.

Y ha dicho, cumpliendo con su misión, que si algún país promueve cambios en sus procesos internos que afecten a la independencia del Poder Judicial, han de ser, necesariamente, para reforzar esa independencia y nunca para limitarla.

Advertencia que entra de lleno en las competencias que le asignaron en el momento de su creación:

“La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) se creó el 18 de septiembre de 2002 por medio de la Resolución Res(2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Se compone de expertos de todos los 46 Estados Miembros del Consejo de Europa (entre ellos España en cuya Delegación se integra un representante del Consejo General del Poder Judicial) y cuenta con un Secretariado. A sus labores cabe asimismo integrar a observadores en las que participa la Unión Europea.

La misión de la CEPEJ es la de mejorar la eficacia en el funcionamiento de Justicia en los Estados Miembros del Consejo de Europa así como desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por el Consejo de Europa.

Sus tareas son:

  • Analizar los sistemas judiciales
  • Identificar la dificultades que encuentran los sistemas judiciales
  • Definir maneras concretas de mejorar la evaluación de resultados y el funcionamiento de los sistemas judiciales
  • Proporcionar ayuda a los Estados miembros
  • Proponer a las instancias competentes del Consejo de Europa las áreas en donde sería deseable elaborar un instrumento jurídico nuevo.

La CEPEJ no es una institución de supervisión de los sistemas judiciales de los Estados Miembros ni tampoco es competente para elaborar instrumentos normativos. El funcionamiento del CEPEJ es gobernado por su estatuto.

Y nuestro presidente sabe muy bien que ir por libre en las relaciones con la judicatura es jugar con fuego, porque puede afectar a las buenas relaciones con la comunidad, al prestigio de nuestra nación y a dificultar la tramitación de algunas de las ayudas que tenemos programadas.

Y, naturalmente, los voceros del gobierno y del partido se han apresurado a lanzar el mensaje de siempre: la culpa  de esta propuesta es de la oposición, que no quiere llegar a acuerdos, y que, encima, está dañando a España cuando lleva a Europa el asunto del cambio en las elecciones de miembros del consejo.

Pues ni lo uno ni lo otro. No tengo idea de la razón real de las desavenencias ni los nombres que se han barajado, (se dijo que el PP bloqueó el acuerdo por el nombramiento de la Fiscal General, por las Críticas al Rey del ala “desmoderada” del gobierno y ahora porque se niega a que Podemos forme parte de la negociación), pero yo no estaba en esas negociaciones y me niego a lanzar juicios de valor sobre lo que aseguran otros porque en el fondo y sea por la rezón que sea, estoy totalmente en contra del trapicheo continuado de la política en temas de interés nacional, cuando deberían ser absolutamente asépticos. Y uno de ellos es el sistema actual de elección de miembros del consejo.

Decía en un escrito anterior: “Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros del Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio. Sería un auténtico golpe de mesa democrático.”

Pues bien, no ha sido Casado, sino VOX quien ha tomado esta iniciativa, mucho más democrática que cualquiera de las propuestas por los partidos de toda la vida. Los “democráticos”.

Y no digo, ni mucho menos, que VOX sea más democrático que el PSOE, el PP, Ciudadanos y algún que otro partido regionalista de menor entidad en número de votantes, pero sí que lo considero más encajado en  la Constitución que Podemos o IU y eso, afinidades ideológicas aparte, merece que lo valore como partido absolutamente legal y al que hay que tener en cuenta.

Y que quede claro que la denuncia de este asalto al Poder Judicial por parte de la oposición no desprestigia a España, ni siquiera al propio gobierno, ya que, para evitarse los trámites reglamentarios de un proyecto de ley, necesariamente largos, es el partido el que hace una a proposición como la podría hacer yo y 499.999 ciudadanos más.

Luego el que en teoría da la mala imagen es este remedo de PSOE, el “sanchista” que tenemos en el parlamento, encabezado parlamentariamente por Adriana Lastra, la misma que pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral del PP.

Y de Pedro Sánchez, que es quién anunció la iniciativa, supongo en su calidad de secretario del partido.

El asalto al poder judicial (continuación):

Sigo con el tema de días anteriores porque es un asunto que me preocupa especialmente y que hay que parar a toda costa, a toda costa democrática naturalmente. Porque si el ejecutivo consiguiera intervenir indirectamente, como pretende, en el nombramiento de los jueces, estaríamos realmente al nivel de Polonia o Hungría que persiguen las mismas prácticas de dominio absoluto aunque, curiosamente y a diferencia de España donde se da todo lo contrario, estén gobernadas por extremistas de derechas.

Y es que los extremos, sean del color que sean, siempre coinciden en tratar de perpetuarse en el cargo y en conseguir el poder absoluto en los países en los que gobiernan. Y hay una larga lista de ejemplo, tanto en Europa como en Asia, o en la América central o Sudamérica.

“Los aforamientos no desvirtúan la relación de poder de los políticos y los ciudadanos españoles por sí solos, sino que lo hacen en conjunción con el otro gran oprobio del sistema político español: la politización de la justicia. La independencia de la justicia no es necesaria solo porque nuestro sistema se fundamenta de manera formal en el principio de separación de poderes de Montesquieu (quien, con mucho acierto, dijo ya en el siglo XVIII que esa independencia ha de ser real y no sólo aparente) sino que, a nivel práctico, la justicia es la manera más elemental de organizarse que tiene la sociedad para limitar el uso arbitrario del poder político, por ello es esencial que la administración de la justicia (es decir, el control de la arbitrariedad  del poder) se haga de forma independiente del poder político.

En España, el organismo encargado de nombrar y promover a los jueces está designado en su totalidad directamente por los políticos: este sistema de justicia politizada se derogó en Francia ya en 1993; en el Reino Unido, los jueces del Tribunal Supremo los elige un organismo independiente, la Judicial Appointmens Commission; y hasta en Italia el organismo de nombramiento de los jueces lo eligen en parte el Parlamento y en parte las asociaciones de los jueces.

(“Devuélveme el poder”, de Miriam González Durántez)

¿Cómo se puede parar esta iniciativa? En primer lugar hay que aclarar que el gobierno ha registrado una proposición de ley, no una propuesta, porque de esta forma se salta las preceptivas consultas al Consejo de Estado y a otros varios estamentos que, aunque no sean vinculantes, deben escucharse y tiene un importante peso político. Es, pura y simplemente un atajo en el tiempo que, además, le evitará posibles opiniones desfavorables a la iniciativa.

Aclaro la diferencia entre proyectos y proposiciones:

“Los proyectos de ley son elaborados por el Gobierno (consejo de ministros), mientras que las proposiciones de ley proceden del Congreso, Senado, Parlamentos de las Comunidades Autónomas o de la iniciativa legislativa popular mediante 500.000 firmas”.

Llegados a este punto, ¿cómo se podría para esta iniciativa del gobierno?

En primer lugar me cuesta mucho creer que la minoría socialista moderada del consejo de ministros apoye semejante disparate pero, por si acaso, hay otras alternativas. Complicadas de salir adelante, pero posibles:

Podría ocurrir que los socialistas constitucionalistas de toda la vida que estén fuera del poder abran un debate formal para parar los pies a este “sanchismo” tóxico que está erosionando los fundamentos de la democracia española.

O que los socialistas con cargos institucionales, como los Presidentes de Autonomías por ejemplo, pidan a los congresistas y senadores de su autonomía que voten en contra. Es casi imposible que les hagan caso porque el pesebre es el pesebre y hay que comer todos los  días, pero puede que algunos  de ellos se huelan cambios importantes y prefieran pasara  a la historia como los que se opusieron a colaborar con los enemigos de la nación.

Se debería presionar al gobierno con manifiestos y manifestaciones populares, cosa harto difícil porque las fuerzas moderadas, que serían las enemigas de la iniciativa, son en su mayor parte la llamada tradicionalmente “minoría silenciosa”, que ahora debería definirse como “mayoría anestesiada” o “mayoría confundida” por falta de cultura democrática o por desconocimiento real de lo que se está fraguando

Otra posibilidad, más probable, es que la Comunidad Europea, en la que confío, tome posiciones concretas y contrarias a estas iniciativas. Opiniones que de oficializarse,  no solo serían consejos que se lleva el viento porque podrían suponer la imposición de sanciones económicas, como en su día se hizo con Polonia y Hungría por razones similares.

De momento el gobierno español ya está recibiendo algún que otro “aviso para navegantes” de la propia comunidad y de otros organismos:

“La Comisión Europea ve con preocupación la cercana “relación” entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España. No hay nombres y apellidos, no hay referencias a Dolores Delgado ni desde luego a situaciones como la creada por el fiscal Luis Navajas, pero en Bruselas observan con reticencias la forma en la que en nuestro país es nombrada la dirección de la Fiscalía General, la coincidencia de su mandato con las legislaturas políticas y la falta de transparencia.

Los técnicos comunitarios, siguiendo muchas pautas marcadas en el pasado por el Consejo de Europa (que tiene sede en Estrasburgo pero no forma parte de la UE) señalan en concreto que el hecho de que el nombramiento salga de Moncloa y que el mandato de la Fiscal sea el mismo que el de la legislatura afectan a la “percepción de independencia” de la institución. Y piden por ella muchísima más transparencia sobre las relaciones y comunicaciones entre el puesto que ahora ocupa la ex ministra Dolores Delgado y el Ministerio de Justicia”.

Opiniones y “runrunes” de la Comunidad a propósito del nombramiento de nuestra muy imparcial Fiscal General.

Y, más recientemente, hemos leído que:

La Asociación Europea de Jueces, con sede en Roma y miembro de la Asociación Internacional, ha emitido un comunicado este martes en el que expresa su «gran preocupación» tras conocer la intención del Gobierno de España: modificar la legislación sobre el Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos por mayoría en el Parlamento, sin necesidad de una mayoría reforzada que requiera negociación entre los grupos como hasta ahora.

De momento no han reclamado que sean los jueces los electores, pero sí que se mantenga la necesidad de acuerdos mucho más amplios que la simple mayoría.

Y ¿qué debería hacer la oposición?

Saben que esta iniciativa tiene todas las posibilidades de salir adelante porque le interesa a Sánchez para seguir en el gobierno y porque le interesa a los “antipatrias” que le apoyan, incluida esta extraña versión de comunismo bolivarista de coche oficial. Porque les viene bien y porque, indudablemente, sacarán buena tajada en el reparto.

Pero algo deben hacer.

Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros de Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio, Sería un auténtico golpe de mesa democrático.

Sería muy interesante conocer cuál sería el pretexto del “sanchismo” para justificar un voto en contra aunque, de momento, dudo mucho de que el PP, Ciudadanos o VOX estén `por la labor.

Porque ahora les toca perder, pero seguro que en su fuero interno les gustaría tener esta misma oportunidad de ser ellos los que impongan los nombres de los “nombradores de jueces”.

¡Porca miseria!

El Poder Judicial, último bastión de la democracia española, seriamente amenazado por el Ejecutivo.

Cualquiera que lea lo que escribo sabrá que nunca he cuestionado las sentencias de los tribunales. Unas me gustan más y otras menos, como a todos, pero ni siquiera comento estas afinidades o discrepancias porque entiendo que los jueces están sujetos a las leyes que elabora o desarrolla el Legislativo, que son los únicos que conocen todos los hechos y las circunstancias y que, afortunadamente, en su inmensa mayoría siguen manteniendo una independencia en sus actuaciones por muchas presiones que reciban desde la política interesada, los poderes fácticos, las redes sociales y los medios de comunicación.

En este momento tenemos una auténtica crisis nacional provocada por una serie de factores coincidentes que amenazan con  generar una auténtica tormenta perfecta en contra del normal ejercicio de la democracia y de un mínimo de convivencia pacífica entre los españoles.

Ruptura en la convivencia muy difícil de evitar porque los políticos de “alto nivel” necesitan tener detrás de sus iniciativas a ciudadanos-seguidores, aunque se les haya convencido con medias verdades, mentiras, o malas artes democráticas.

El primer facilitador de la tormenta es la actuación y el posicionamiento del gobierno actual, gobierno legítimo y actuando desde la legitimidad, que ha preferido pactar asuntos de estado con minorías prácticamente antisistema, como son los separatistas catalanes y vascos, con Bildu y con un desconcertante partido comunista renacido de las cenizas de los comunismos pre democráticos, marinados en los muy peligrosos caldos de cultivo de algunas falsas democracias latinoamericanas, en las que los gobernantes actúan como auténticos dictadores tratando de conseguir el poder absoluto en sus respectivas naciones.

Todo esto en lugar de buscar acuerdos con otros partidos de gobierno con los que hubiera podido conseguir algunos pactos que consolidaran o actualizaran algunos de los muchos e importantes temas que tenemos pendientes. Un desgraciado gana-gana por el que Pedro Sánchez se mantiene como presidente, que parece ser su único objetivo,  y sus “respaldadores” obtienen concesiones que no obtendrían, seguro, si el “sanchismo” se hubiera aliado con el PP o con Ciudadanos.

Pero esta situación, como la del Legislativo, tan condicionada por la disciplina férrea a la que obligan las listas electorales de nuestro maldito sistema electoral, pude cambiar en las próximas elecciones, o en algún momento del futuro.

Lo de la Judicatura y muy especialmente lo del Poder Judicial, es mucho más complejo porque si bien los jueces son libres como tales en sus tribunales, el Consejo Superior del Poder Judicial tiene una marca de duda en su propia configuración, porque sus miembros son elegidos por los políticos.

¿Y porque ese empeño en colocar en el Consejo Superior del Poder Judicial a determinados personajes?

Solo hay una explicación razonable: Que teniendo la seguridad absoluta de que van a cometer delitos o irregularidades legales, necesitan colocar en el Tribunal Supremo, órgano que les juzgará por estar aforados, a jueces de “su cuerda” pensando que llegado el caso doblarán la vara de la justicia a favor de los que les han elegido. Cosa que no acabo de creer porque la gran mayoría de los jueces son imparciales a la hora de sentenciar, pero que puede darse en algún caso.

Y siendo el Consejo Superior del Poder Judicial el que nombra a los titulares de las salas, ateniéndose a ciertas condiciones por supuesto, blanco y en botella.

¿A ustedes se les ocurre alguna otra razón para mantener esta lucha férrea para colocar nombres el Consejo? A mí no. Y lo digo francamente.

¿Y cuál puede ser  la reacción del gobierno a la vista del bloqueo? Parece ser que actuará como acostumbra, cambiando las reglas de juego si las existentes no le garantizan ganar la partida.

En primer lugar inventarse un “algo” (ley, decreto, o lo que sea) que prohíba a los miembros del Consejo Superior efectuar nombramientos si ya han superado su tiempo de mandato. Cosa que va contra la lógica, contra lo que es normal en todas las entidades de la vida civil, incluso de la religiosa, e incluso contra los Estatutos del Poder Judicial de España, que a este respecto dicen textualmente: “Los vocales son nombrados por un período de mandato de cinco años, a partir de la fecha de la sesión constitutiva. El CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo”.

Es decir: que pueden seguir tomando decisiones y hacerlo de pleno derecho.

Con el agravante de que esta demora en los cambios no lo provoca el propio Consejo, que hace tiempo que están pidiendo de todas las formas posibles que las Cámaras decidan los nombramientos, sino la desidia y el egoísmo de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo en proponer a los candidatos.

La otra cuestión es que Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de que la elección de miembros del Poder Judicial pase a ser de tres quintos a mayoría simple, por lo que bastarían los votos de sus compañeros de aventura para cambiar el espíritu y el texto de la propia Constitución, que en el punto 3 del artículo 122 dice textualmente: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

(Una aclaración seguramente innecesaria, pero conveniente: Cuando dice “nombrados por el Rey” quiere decir que el nombramiento formal, la firma, es la del Rey como representante y máxima autoridad  del Estado Español)

¿Cómo lo van a conseguir? Seguro que la factoría Redondo ya está localizando todas las grietas legales existentes en el texto de nuestra Carta Magna, no en el espíritu, para forzar algún tipo de desarrollo y conseguir sus fines. Como hacen siempre.

Cuando lo que deberían hacer si les quedara algo de vergüenza, es buscar algún tipo de consenso para que sean los jueces los que elijan a la totalidad o a la mayoría de los miembros del Consejo, que ahora dependen de las siguientes votaciones:

Puede que hayan jueces “bizcochables” aunque menos de los que la gente se cree porque una vez en sus juzgados la gran mayoría pierden la parcialidad, pero “jurista de reconocida competencia” puede ser hasta un abogado de ETA si nos descuidamos, esos que pasaban a los presos las consignas de la banda, porque de este gobierno, el que dice que Otegui es un “hombre de paz”,  se puede esperar cualquier cosa.

Y de darse el caso, menos fantástico de lo que parece, no habrían medias tintas ni “verdades judiciales”. Irían a saco como siempre han ido.

Por lo que, insisto, si de verdad tuvieran un mínimo de honorabilidad y de sentido democrático, renunciarían al derecho de nombrar a estos 20 titulares del Consejo en favor delos propios jueces.

Alegan para no hacerlo que muchos jueces “tienen ideología” y podría salir un consejo progresista o conservador.

¿Más ideas políticas que los políticos profesionales? ¿Más intereses? ¿Menos fiabilidad? Es evidente, como no, que los profesionales de la judicatura tendrán interés en conseguir tal o cual plaza o hacer carrera profesional pero, por supuesto, con menos condicionantes y utilizando muchas menos trapacerías que nuestros muy deteriorados democráticamente padres de la patria.

Porque, ellos sí, están expuestos a la luz pública y no pueden arriesgarse a ser acusados de prevaricaciones o posiciones de favor. Entre otras cosas porque sus conductas serían analizadas y sancionadas por el propio Tribunal Superior.

Escribo esta nota en el convencimiento de que es como predicar en el desierto, frase acuñada para San Juan Bautista y salvando todas las circunstancias, pero yo me considero obligado a practicar cierta pedagogía que, por supuesto, no servirá de nada. Ni convencerá a mis seguidores partidistas ni afectará las decisiones de “los que mandan” porque ni siquiera la leerán aunque se la remita como tengo por costumbre.

Pero, al menos, he intentado poner mi granito de arena denunciando estos hechos y las maniobras políticas que se están pergeñando.

Lo demás no depende de mí. Solo tengo un voto y ninguna seguridad de que, vote a quien vote, lo utilizará adecuadamente.