Financiación insuficiente. ¡Quién lo diría! El Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas

Estoy acuerdo en que la financiación de la comunidad es insuficiente y me uno a todos aquellos que han reclamado una revisión, pero…

Hay que recordar que los impuestos los pagamos los ciudadanos, que somos los únicos generadores de ingresos, y no las autonomías. Aunque no es menos cierto que una degeneración interesada del lenguaje ha conseguido que este hecho sea una verdad enterrada en las catacumbas de la política. No obstante, se mire como se mire, la comunidad valenciana está claramente perjudicada.

Aunque otra cosa es “los paraqués” que reivindican cada uno de los colectivos: unos los quieren para construir más obra pública, otros para mejorar pagos a proveedores, otros para no perder calidad asistencial, otros para el medio ambiente, etc., y todos ellos aseguran, como no, que su razón es la más importante.

Pero olvidan que es la Generalitat la que tiene la obligación de distribuir en justicia los fondos disponibles, sin dejarse influir por aquellos colectivos que tienen más capacidad de presión mediática y política, o de promover algaradas callejeras.

Hablo de Generalitat y “distribución justa”, y leo en Las Provincias que la Consejera de Justicia, Gabriela Bravo, proyecta un “Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas”. “¡Casi res porta el diari!”, como diría un clásico.

No intento averiguar la razón de ser del invento porque seguramente ni lo entendería ni lo aprobaría, pero está claro que va “de memoria” y de muchas cosas más a juzgar por la longitud del título.

Y digo yo: compartiendo el derecho reconocido por ley que tienen las familias a conocer en que cuneta están enterrados sus asesinados en la guerra civil, o de resolver algunos temas puntuales todavía pendientes, ¿De que tenemos que acordarnos? ¿A santo de qué hace falta abrir causas generales sobre temas que no ha vivido la inmensa mayoría de la población española? ¿Qué gana nadie con remover tumbas o abrir cajas de Pandora? ¿Garantizarán estas iniciativas las expectativas de empleo de los parados, las pensiones de los jubilados o la asistencia sanitaria de los españoles? ¿No es más cierto que, puesto que provocan enfrentamientos entre los ciudadanos, dificultan los muy necesarios pactos de futuro?

Ya va siendo hora de que dejemos de mirar hacia atrás y retomemos la dirección correcta. La del futuro. Entre otras cosas porque ningún análisis objetivo soporta verdades incuestionables tan de moda, como que el pasado fue un dechado de virtudes de unos y de inmoralidades de otros.

No existen los puros y los impuros. Nadie puede adjudicarse la referencia moral. Ni colectivos ni particulares. Todos nosotros tenemos armarios históricos en nuestras casas y somos igualmente descendientes de los que mataron y de los que murieron, de los héroes y de los villanos. Y si no asumimos esta realidad, nunca saldremos del charco pestilente de los agravios pendientes.

Y seguiremos matándonos a escopetazos, metafóricamente hablando, por las calles de ese inmenso Puerto Urraco en el que estamos convirtiendo a todo el territorio nacional, porque seguirán existiendo hermanas Izquierdo insistiendo en que sus hermanos hicieron bien matando a los Cabanillas, sus enemigos naturales, y a todos los que se pusieron por delante.

Recuerdo para los que lo hayan olvidado que la tragedia de Puerto Urraco fue un hecho real, no una novela de Shakespeare.

Y esta dispersión mental, tan habitual en mí, viene a cuento de que estoy en desacuerdo con los dos conceptos que soportan el mencionado proyecto: Su oportunidad, la necesidad de crear un mecanismo agitador de memorias, y el gasto que supone.

Porque el proyecto nace con una previsión de 23 puestos de trabajo, que luego crecerán como las setas porque la administración es la administración y los políticos son los políticos, de los cuales 19 tienen estatus de “jefe” y el resto, cuatro, de “empleados de a pie”, con un presupuesto inicial de 1.067.681 €, (luego vendrán las compras inferiores a las cantidades que exigen concurso público). Todo ello solapándose con la Ley de la Memoria Histórica, la 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Naturalmente Gabriela Bravo dirá que ella lo hará bien, no como el gobierno, y aducirá mil razones para aprobar la iniciativa, pero la poca información de que dispongo no me justifica los 23 funcionarios previstos, y me alarma mucho más que más de la mitad del presupuesto se dedique a “gastos de personal”. ¡Caramba!.

Parecería lógico suponer que todos los que han protestado, justamente, por los pocos ingresos de la Generalitat manifestaran su indignación ante semejante despilfarro. Pues no. ¡Todos callados!

Señores que nos gobiernan, en este caso Gabriela Bravo. Como he dicho anteriormente creo que es el momento, ya lo es desde hace tiempo, de dejar de emplear recursos públicos para demostrar, o al menos recordar, lo buenos o malos que fueron nuestros abuelos rojos y lo “fachas” que fueron tales o cuales escritores, actores, políticos, funcionarios u otras gente de mal vivir que vivieron y desarrollaron sus actividades, como todos los que tienen mi edad, en la época de Franco.

¡Qué la mayoría de los implicados en sus recuperaciones de mememoria están muertos y no van a resucitar!

Empleen estos recursos y toda su imaginación en suprimir las carencias de una sociedad que, por otra parte, es absolutamente democrática y con una cobertura social que no tiene nadie en el mundo.

Somos un país democrático y los son todos nuestros partidos políticos, a reserva de algunos “tics” sobre las libertades que aparecen últimamente, y respetamos por mandato de la Constitución los derechos humanos. Y si hay infractores, que los ha habido, los hay, y los habrá, ¡a los tribunales con ellos! Como está pasando con los corruptos..

Quizás yo vea gigantes donde solo hay molinos de viento y lo que se pretende es recordar a los “jóvenes” (antes éramos jóvenes hasta que íbamos a “la mili”, ahora los hay de cincuenta años) son las carencias de los años cuarenta. Porque ellos no las han vivido y creen que todo “nos ha sido dado” no se sabe porque justicia divina o universal, de la misma forma que muchos de nuestros niños creen que los huevos o los pimientos salen de una fábrica. Ahora un poco menos porque les llevan a granjas- escuela.

¿Sería una utopía montar “granjas de política” regidas por historiadores para los mayores de edad menores de cuarenta años? Me temo que sí.

Y a todos los reclamantes de una mejor financiación autonómica, justamente reclamantes, sigan reclamando, pero vigilen estrechamente esa cosa tan dejada de lado, uno de los fundamento de la política, que es la buena administración de los recurso para conseguir una mejor calidad de vida de los ciudadanos que los eligieron. Sobre todo si los recursos son escasos, como parece.

Y no sean blandos ni conveniencieros con los “elegidos” pensando que es mejor tenerlos como amigos. Oblíguenlos a trabajar y pídanles cuentas de como lo hacen.

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