El otro día se cerró uno de los trámites más importantes del proceso cuando el Congreso aprobó por mayoría la nueva ley de educación propuesta por la ministra Celaá.

Ley que no puedo juzgar porque tiene muchos aspectos técnicos, pero que está levantando ampollas entre algunos colectivos afectados, especialmente por tres razones.

Porque, según dicen, supone una amenaza para la enseñanza concertada y para la especial. De ser así lo que está obstaculizando es la libertad de elección del tipo de enseñanza que los padres  prefieren para los hijos y la segunda porque afecta a un colectivo que no siendo excesivamente numeroso, sí que es de muy especial sensibilidad por la naturaleza de los alumnos.

El que la concertada tiene un altísimo porcentaje de demanda en los lugares en los que convive con la pública es un hecho. Y, en mi opinión, en lugar de analizar con seriedad las razones que tienen los padres para esa elección, análisis del que podría derivarse mejoras sustanciales para la calidad dela propia enseñanza pública, se decide tratar de estrangularla, lo que no deja de ser una especie de política de tierra quemada impropia de una sociedad avanzada.

Lo fácil, lo que se usa, es decir que en la concertada se adoctrina a los niños, especialmente si se trata de colegios religiosos, pero yo conozco a muchos padres que son ateos, agnósticos o “poco de iglesia” que pelean porque sus hijos vayan a estos colegios. Por algo será, pero nadie se preocupa de averiguarlo.

El otro tópico es decir que los niños conflictivos o marginados solo van a la pública. Es cierto que ocurre en un alto porcentaje, pero, de nuevo, hay que analizar el porqué de las cosas antes de lanzar conclusiones sencillas y poco estudiadas.

Es un hecho real que hay un colectivo de niños que viven situaciones familiares difíciles por ser hijos de inmigrantes que desconocen incluso nuestra lengua  o que viven en cualquier otro entorno que dificulta cualquier apoyo familiar a su formación y que mayoritariamente van a escuelas públicas, aunque también los hay y bastantes, en las concertadas.

Pero, otra vez, lo que hace falta es que en lugar de llegar a conclusiones sencillas y casi populistas, se analice seriamente el hecho y las circunstancias para establecer planes específicos de apoyo a los alumnos más desprotegidos culturalmente en el entorno familiar. Y aplicarlos en la pública y en la concertada, naturalmente

Y, para evitar malos entendidos y pensar que estoy defendiendo especialmente la enseñanza concertada, aclaro que mis cuatro nietas han sido alumnas de la pública y en la rama de valenciano.

En cuanto a la enseñanza especial, casi no me atrevo a opinar. Es cierto que la enseñanza pública dispone de profesores especializados, pero muy posiblemente en número insuficiente. Y que además en estos casos supongo que el éxito de la educación no depende solo de la calidad del docente, sino de otros factores como el del entorno o de las propias limitaciones del alumno.

Por eso creo que es fundamental atender la opinión de los padres que, sin ninguna duda, querrán  lo mejor para sus hijos y tendrán razones fundadas para decidir si conviene que vaya a un colegio público o a uno de enseñanza especial. Atendiendo, claro está, el  necesario equilibrio entre su formación, su desarrollo personal y su integración en el mundo real en el que tendrán que vivir.

Todos sabemos que la enseñanza especial es muy cara, pero no creo que sea este un factor condicionante si tenemos en cuenta lo poco que valoran el dinero los legisladores a tenor del número de asesores y “personas de confianza”  de que disponen. Y esta sí que es una excelente causa.

Y el otro hecho que me asombra es que la ministra Celaá haya presentado la ley sin haber consultado antes con ninguno de los colectivos afectados y, a la postre, responsables de educar a nuestros niños. Ella desaparecerá tarde o temprano mientras que los educadores seguirán durante mucho tiempo, generación tras generación, esforzándose en impartir conocimiento y en imbuirles la curiosidad por el saber. Y ellos, que están a pie de aula y conocen el sentir y entender de los alumnos en cada momento de nuestra historia, momentos sumamente cambiantes por lo acelerado de los tiempos, deben ser escuchados porque tienen mucho que aportar.

Pero hemos llegado a un punto en que los políticos, sin colores por favor, se creen capacitados para liderar cualquier materia que nos afecte: medicina, educación, economía, justicia, etc., sin necesidad de recibir consejos de nadie. Este es un fenómeno que empezó hace años, que ha ido en aumento en los últimos tiempos y que en algún momento tendrá que detenerse.

Precisamente cuando la sociedad civil, las empresas punteras o las universidades de todo el mundo forman gabinetes pluridisciplinares antes de tomar decisiones. Y así, no es de extrañar que en un mismo equipo figuren matemáticos, psicólogos, arquitectos, etc.

Aquí no. Aquí les meten en una lista cerrada o les nombran ministros directamente y ya se creen con capacidad para hacer lo que sea necesario sin más apoyos que los de sus asesores personales que, normalmente, son amigos, del mismo partido político y con los mismos conocimientos que los asesorados. O menos.

Y para terminar lo del castellano. Claro que hay que potenciar los idiomas regionales, en nuestro caso el valenciano, incluso priorizar su enseñanza porque son lenguas en debilidad, pero decidir que el castellano no sea legua vehicular y evitar que comparta la enseñanza con los idiomas maternos es un gran error que a la larga no beneficiará en absoluto ni a los alumnos ni a los defensores de las lenguas minoritarias que, como siempre digo, deben convivir pacíficamente con el castellano en españa y enriquecerse mutuamente con lo aportado por cada uno de ellos a  lo largo de la historia.

Porque en una guerra cultural, los minoritarios siempre tienen las de perder y porque si a los alumnos de valenciano solo se les anima a leer a Joanot  Martorell y otros de nuestros ilustres paisanos antiguos o contemporáneos, sin ninguna referencia a nuestra extraordinaria literatura en castellano escrita en España y en todos los rincones del mundo, creo que les están entrecerrando una puerta que siempre debería estar completamente abierta.

Esto, naturalmente, es una opinión personal basada únicamente en mi deseo de mantener viva la lectura en un mundo infantil y juvenil de videojuegos y video llamadas innecesarias que no aportan ningún valor intelectual al niño espectador o participante.

Y me pareció especialmente bochornoso que una ley que se aprueba ¡por la diferencia de un voto¡ y que afecta de forma tan importante al futuro de nuestros niños se celebre entusiásticamente, como el clásico gol en el último minuto de un partido. Como si fuera, como así ha sido, una victoria sobre el enemigo que, en este caso, representa a casi la mitad de los españoles.

La última vez que recuerdo un intento serio de consensuar una ley de educación fue en tiempos en los que Ángel Gabilondo fue ministro de educación. Consenso que, nunca sabré porqué razón, se rompió cuando casi estaba cerrado. Y me duele pensar que los responsables de que fracasara aquel proyecto, que era un proyecto de calidad, estarán tan tranquilos en sus casas o en sus escaños pensando que “son cosas de la política”.

Lo que menos les importa, maldita sea,  es el interés de los alumnos.

¿Estamos locos? Corrijo: ¿están locos?

Valencia 21/12/20