¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?

La pasada noche fue muy mala para mí, porque después de la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar el recurso de amparo del PP y dictar normas cautelares paralizando la votación del senado, tuve el disgusto de presenciar la salida en tromba del gobierno y de los presidentes de algunas instituciones, utilizando la plataforma de TVE, para anunciar que acataban la sentencia, lo contrario hubiera sido delito, y desautorizar de forma feroz e injusta al tribunal.

Con la potencia habitual de los canales de propaganda de la izquierda, maestros en estas lides.

Hay que aclarar que el Constitucional no ha entrado en el fondo de las leyes propuestas, lo hará en su día, sino por el procedimiento empleado para aprobarlas, ya que el gobierno ha propuesto un batiburrillo de leyes mezclando en el mismo paquete reformas de leyes ordinarias con algunas orgánicas que, por si alguien lo desconoce, son las fundamentales que soportan y regulan los mecanismos del Estado Español.

Que es exactamente lo mismo que manifestaron en su día los letrados de las Cortes, sin que la muy indignada Meritxell Batet les hiciera ni puñetero caso.

Algunos comentarios sobre lo visto y oído:

Todos, la presidenta de las cortes, el del senado y el ministro, coincidieron en que esta decisión era un ataque a la democracia porque impedía que las Cortes, representantes de la voz del pueblo, siguieran el proceso de aprobar leyes. Y para ello apelaban al artículo 66 de la Constitución e incluso tuvieron la osadía de afirmar que Peces Barbas, único miembro socialista del grupo de “padres de la Constitución”, esa que según Pedro Sánchez había “alumbrado” el partido Socialista, incluso teniendo un solo representante, fue quien añadió la norma que defendía este derecho de los congresistas.

Y esta es la primera posverdad, es decir, la primera mentira, porque si bien el artículo 66 dice que: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”.

También indica, que las Cortes Españolas, como todos los Estamentos, no pueden ir por libre ya que sus competencias son las “que le atribuye la Constitución”. Y que, como veremos adelante, también están sujetas a controles.

Pero el artículo 1, “la madre del cordero” constitucional, dice literalmente que:

“1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”

Todos los poderes, no solo el Legislativo, como afirman torticeramente los que deberían haberse mantenido al margen de esta guerra del Gobierno contra el Constitucional.

Y que basa las libertades, como orden superior, en el “ordenamiento jurídico” al que define como, “garante de la libertad, la justicia y el pluralismo político”.

En resumen, siendo cierto que la soberanía nacional reside en las Cortes, también lo es que esta soberanía popular está condicionada por los límites que impone la Constitución y las leyes en vigor. Y uno de los límites es evitar que un gobierno presidido por un presidente autoritario, en los límites de la autarquía, sobrepase las competencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico.

Y, llegado el caso, es el Poder Judicial el único autorizado para “parar” estas iniciativas. Un Poder Judicial que tiene como misión constitucional controlarse a si mismo y al gobierno de la nación, por muy democrática que haya sido su elección.

Entre otras cosas porque la democracia tiene muchas grietas y pocas defensas, y puede ocurrir, cómo en este caso, que el partido en el poder, gracias a sus alianzas parlamentarias, ha ganado unas elecciones en base a un programa electoral y a un discurso de su líder totalmente contrario a lo que luego ha hecho. Y que, una vez con el BOE en sus manos, se dedique a cometer tropelías antidemocráticas.

Lo que no deja de ser, en la práctica, un fraude de ley.

No olvidemos que gobiernos elegidos democráticamente, como en Venezuela y otros países, han abusado del poder, pasando a ser dictaduras de hecho, sin olvidar el caso extremo de Hitler, que también fue elegido en las urnas.

Sin llegar a esos extremos y si la Constitución española no hubiera definido estos “vigilantes de la legalidad”, nuestro gobierno, teniendo como tiene mayoría en las dos cámaras, podría decretar mañana el cierre de los medios audiovisuales que le son adversos, o que los inmigrantes sin papeles llevaran una estrella amarilla sobre la ropa, como los judíos alemanes.

Leyes que, según el gobierno y sus defensores, tendrían la misma legalidad que para si reclaman en el caso que nos ocupa.

Los que se cebaron con los miembros del Constitucional declarando que algunos de ellos estaban “caducados”, cuando no es así. Porque desde el momento en que termina su periodo de mandato, entran en otro de prórroga hasta que se les nombre sustitutos, manteniendo todas sus funciones. Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones en la historia de nuestra democracia. Sustitutos que solo puede nombrar el parlamento por boca de los dos partidos mayoritarios. Los dos.

Y el colmo del cinismo es que el PSOE presentó un recurso para que se declarara incompetentes a dos de los cuatro magistrados con el mandato caducado, manteniendo su capacidad legal a los otros dos, nombrados por ellos. ¿Puede haber mayor cinismo e intento de manipulación de la justicia?

Otra de las razones de mi tristeza, que no tanto de mi indignación porque ya me lo espero todo, fue ver a los presidentes de las dos Cámaras defendiendo a ultranza la iniciativa del gobierno, siendo como es el Congreso uno de los responsables de controlar al gobierno. De hecho, todo esto se hubiera evitado si Meritxell Batet hubiera atendido la resolución de sus letrados, por lo que se la puede considerar responsable directa de semejante desaguisado.

Pero hay mucho más: Los dos presidentes no son líderes políticos ni pueden dar opiniones, porque si por algo deben destacar es por su neutralidad. Y su función principal, casi la única, es garantizar que se cumplan los reglamentos de las cortes y, en caso contrario, imponer sanciones.

Pues bien, ayer y ambos salieron al mundo exponiendo su opinión como si fuera la oficial de las Cortes y del Senado, cuando no es así. Es sabido que las declaraciones institucionales de las Cortes necesitan el consenso de cada una de las mesas, en las que están representados todos los grupos parlamentarios. Y se ha dado casos en los que estas declaraciones han tardado horas en consensuarse por una palabra “que si se pone, que si se quita”.

Y se autoproclamaron la voz de las cámaras, repito, ignorando la opinión de casi la mitad de los congresistas, los que votaron en contra de las leyes porque las consideraron abuso de poder y de atentar contra las libertades.

Es seguro que las leyes propuestas por el gobierno o por el partido, porque unas fueron decreto ley y otras propuestas de ley, saldrán adelante porque tienen mayoría, pero tendrán que ceñirse a la normalidad democrática.

Las presentarán como decreto ley porque les urge ultimar las concesiones a los independentistas y de controlar al Consejo Superior del Control Judicial y al Constitucional para evitar que declaren en un futuro no muy lejano que algunas de sus leyes son inconstitucionales, como lo fue cerrar el Congreso por la pandemia.

Pero tendrán que votarse tras un debate normal y conociendo los dictámenes reglamentarios del Consejo de Estado y del Poder Judicial, entre otros, que no son vinculantes, pero “pesan”.

Aunque, seguramente, afirmarán que ambos organismos y todos los que les lleven la contraria son antidemocráticos y derecha rancia, si no extrema derecha, y que lo único que hacen es poner palos en las ruedas de la progresía y de la verdadera democracia.

También escuché las opiniones de los aprendices de brujo de la vulneración de libertades, como son los “podemitas” y el resto de “apoyadores” del gobierno, alguno de los cuales invitó a que la ciudadanía saliera a la calle, en su viejo proyecto de alternar la democracia representativa, la nuestra, con una maravillosa democracia asamblearia, la suya, la que nos traerá progreso y libertad, además de miel y rosas.

Luego tenemos al gran manipulador. Una persona que cada vez se muestra más como es, el gran embaucador, un ególatra endiosado que se cree muy superior a los demás y al que hay que rendir pleitesía.

Creo que el lema de la Casa de Quirós, cántabra, era “después de Dios, la casa de Quirós”, aunque las leyendas populares, conociendo la prepotencia de las dos grandes familias dominantes, les asignaban esta leyenda “antes que Dios fuera Dios y los peñascos, peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velasco, Velasco”.

Pues bien, el lema de nuestro presidente le situaría incluso por encima de estas dos casas de Cantabria.

Lo que dio lugar a la bochornosa falta de respeto a las instituciones, al protocolo del Estado y a la más elemental educación, saliendo del AVE apresuradamente para ponerse delante del Rey y estrechar primero la mano de los que les estaban esperando.

Las malas lenguas dicen que durante el trayecto estuvo dando la vara al Rey para que le apoyara, a lo que el monarca, y como no podía ser menos, le contestaría que el Jefe del Estado debe mantener la más absoluta neutralidad entre contiendas políticas.

“Mes que la que mes” decía la leyenda de una dama valenciana en uno de los escudos nobiliarios del Monasterio de Puig, en Valencia. Más que el que más, mucho más que el que más, se considera este prohombre iluminado que ha venido a la tierra para salvarnos, aunque para ello tenga que mendigar favores y vender todo lo vendible a gente tan poco de fiar.

Poniendo en un brete a la Justicia en general, al Constitucional en particular y al propio Rey, que tiene un verdadero problema para componer su mensaje de Navidad, en una nación tan vacía de paz y amor.

Lo malo es que dada la potencia del discurso y los gestos de indignación que lo acompañaban, muchos españoles creerán que tienen razón y que los que no estamos de acuerdo con estos desafueros somo la extrema derecha franquista de siempre.

Valencia, 20 de diciembre de 2022

José Luis Martínez Ángel