Estos días continúa, mejor se recrudece, la campaña de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia contra la enseñanza privada en todos sus niveles. Comenzó con las trabas y limitaciones a los colegios concertados y continúa con las zancadillas a las universidades privadas intentando limitar las prácticas de sus alumnos en centros públicos, o negándose a concederles becas.

Me temo que la razón de semejantes desatinos no puede ser otra que un afán indisimulado de controlar la enseñanza a todos los niveles. Y la voluntad de controlar tiene que estar asociada, necesariamente, a imponer modelos que, a la postre, adoctrinen a los usuarios, desde la infancia hasta el final de los estudios, incluido el ciclo universitario.

¿Por qué llego a esta conclusión?. Por puro descarte o, si lo prefieren, por “reducción al absurdo”.

No pueden haber razones económicas porque la enseñanza concertada, y no digamos la privada, abarata el coste y aligera presupuestos autonómicos sin merma de la calidad de la educación.

No puede tratarse de un mejor servicio al ciudadano porque no existe ninguna demanda de cambio. La situación actual, distrito único y prácticas en centros públicos incluidas, funciona a satisfacción de la población afectada y nunca escuché opiniones en contra. Más bien al contrario, muchos no están de acuerdo con algunas de las novedades.

No puede tener como objeto la mejora de los resultados académicos, bastante malos por cierto, ya que esta medida no los alterará a corto plazo, si no es para empeorarlos, ni tampoco lo hará a largo plazo. No tiene por qué hacerlo.

Podría seguir desgranando argumentos, pero no creo que encuentre otros que no sean los sectarios e interesados en imponer el famoso pensamiento único, aunque sea a costa de dar pasos atrás en lo que nos acerca a Europa ya los países más avanzados. Seguiremos teniendo las peores notas en los ranking internacionales, volveremos a retrasar el bilingüismo real en aras de esa “valenciano-catalanización” de nuestro idioma, al que están destrozando intereses políticos y un grupo de interesados que llevan años, casi siglos, discutiendo sobre el sexo de los ángeles, o si la taza de té se sujeta con el dedo meñique levantado o no.

Pero esto no puede prosperar. Es imposible porque perderán cualquier recurso que se interponga, primero en España y, si es necesario, en los tribunales internacionales, que no permitirán semejante huida hacia atrás estando dentro de la Comunidad Europea, hasta situarnos en la primera mitad del siglo XX como mínimo.

Es evidente que a los promotores de semejantes desaguisados, los del gobierno por hechos consumados, les da lo mismo porque les mueven ideales, si no intereses, puramente políticos. No les importa lo que diga la Comunidad Europea porque no se sienten identificados con Europa. Quieren romper con los nuevos modelos de sociedad porque no son los suyos. Socialismo real o caos. Ya lo hemos visto en el pasado y ¡con que resultados!.

Lo público, señores dirigentes de nuestra querida Comunidad, es de todos, mientras que lo privado es de cada uno de sus propietarios. Pero como los propietarios privados pagan impuestos, resulta que también son copropietarios de lo público.

Es decir: Las universidades públicas son de todos nosotros y no tienen ninguna competencia sobre las privadas. Sin embargo, y en pura lógica, las universidades privadas sí que tienen derecho a algunos recursos y servicios de la pública porque, al fin y al cabo, están cubriendo parte de su financiación. Mi hija cursó la carrera de Imagen y Sonido en la universidad privada porque en aquellos tiempos no se ofertaba en la pública. Supuso un coste notable para nosotros y un ahorro importante para el estado. En la actualidad, si alguien elije la privada por alguna razón, sigue ocurriendo lo mismo. ¿Cual es el problema?. Si cada carrera de universidad privada es un ahorro muy importante para el estado y la enseñanza es similar, si no mejor, ¿a qué viene esa campaña de desprestigio?. Es como si la sanidad pública prohibiera a los ciudadanos acudir a las clínicas privadas o tener seguros de enfermedad. ¡De locos!.

Uds. quieren que los ciudadanos prefieran las universidades públicas a las privadas. ¡Ojala pudieran porque mejorarían sensiblemente sus economías!. Compitan noblemente mejorando los contenidos académicos, controlen mejor a sus profesores, eviten esas actividades políticas paralelas que tanto distraen a los alumnos, y vuelvan a los orígenes y la razón de ser de las universidades. Recuerden, por favor, algunas estrofas del “gaudeamus igitur”:

«Viva también el Estado y quien lo dirige. Viva nuestra ciudad, y la generosidad de los mecenas que aquí nos acoge. ¡Vivan los que estudian!. Que crezca la única verdad, que florezca la fraternidad y la prosperidad de la patria.”

No soy persona de movilizaciones porque creo más en las razones y la discusión, pero acabarán haciéndome salir a la calle.

Y a los rectores de Universidades que salen tan ufanos en las fotos del apartheid cultural, cíñanse los cíngulos y tomen los cayados. Alguien, en algún momento, decidirá meter la nariz en ese gran misterio que es la universidad pública, sus cuentas reales, sus subvenciones, su opacidad. No sigo, pero seguro que será pronto porque es uno de los últimos bastiones de lo incontrolado.

De momento les sugiero que si quieren atraer alumnado, mejoren la calidad de sus enseñanzas y procuren aparecer en algún puesto decente en los ranking internacionales en lugar de apoyar este insensato “se van a enterar”.

Lo siento mucho pero a estas alturas, dudo mucho del nivel intelectual de quienes están impulsando estas medidas sin otro argumento que el manido “porque lo digo yo”.

Cualquier día alguien me dirá “Ud. no sabe con quién está hablando”.

José Luis Martínez Ángel