Empiezo estas reflexiones como las acabaré: mi máximo respeto y nada que opinar sobre lo que digan o hagan los familiares directos de las víctimas de cualquier tipo, y mi más profundo rechazo a los políticos que, conociendo mucho mejor que yo las reglas del juego, se las saltan tratando de sacar rédito político a cualquier hecho luctuoso del que tengan conocimiento.

Y este preámbulo viene a cuento de que la jueza del caso del metro de valencia, a la que ni conozco ni espero conocer, ha vuelto a archivar la causa abierta contra los responsables de FGV. En el auto falla que “no existen responsables penales del accidente porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones, el trazado, el carril, las traviesas, las fijaciones y otros elementos estudiados se encontraban en un estado y condiciones suficientes para mantener las condiciones de seguridad de la marcha a 40 km/h, velocidad prescrita por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana” (Levante, 23 de mayo de 2017).

Y, naturalmente, los doctos, los serios, lo que lo saben todo menos el funcionamiento del estado de derecho, han saltado como muelles acusando a la juez de no haber escuchado a las partes y, sobre todo, de no haberles escuchado a ellos.

Una vez, hablando con un amigo juez que llegó a ser Magistrado del tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana, le comentaba lo incómodo que debería ser para él saber de antemano que la mitad de los justiciables, los “perdedores”, no estarían de acuerdo con sus sentencias. Él se rio y me dijo que estaba equivocado porque los descontentos podían subir hasta las tres cuartas partes: la mitad porque sentenciaba en su contra y un veinticinco por cien más porque, aunque les diera la razón, les parecía que la sentencia era injusta por poco favorable para sus intereses.

“Pero ese es nuestro trabajo — añadió — y lo hacemos sin dejarnos influir por opiniones ajenas a las escuchadas en los propios juicios”

Y yo añado que habrán excepciones, pero estoy seguro de que la gran mayoría son fieles a la letra y el espíritu de su juramento:

“Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos”.

Incluyendo en ese “frente a todos”, añado yo, las presiones injustas e interesadas de los políticos.

Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que cuando se produce un suceso tan lamentable como el accidente del metro en la estación de Giorgeta, lo que menos importa es lo que digan los jueces y fiscales, los afectados directamente y los testigos. También actúan “de oficio” los políticos y los opinantes de los medios de comunicación (periodistas, tertulianos, blogueros, twitteros, “Facebookeros”) y toda la jauría de verdaderos “expertos” que nos han crecido como setas. Son los mismos, hablan de todo y están en todas partes, pero son los “que saben”. ¡Hay sacar partido al hecho! ¡Manténgamoslo vivo!

Y nos encontramos, cada vez más, en un país en el que algunos policías denuncian la pasividad de los jueces y fiscales porque no incoan causas a partir de sus denuncias. Como si los profesionales de la justicia necesitaran de su magisterio porque desconocen cuándo es procedente o no abrir una causa a partir de la información contenida en un atestado.

Y en el que los políticos ventajistas exigen que los jueces dicten sentencia en función de sus opiniones, o de las conclusiones de sus tan imparciales comisiones.

¿Responsabilidades políticas? Claro que sí. Por robo o malversación, prevaricación, nepotismo, falsedad en documento público y tantas otras malas prácticas con las que nos sorprenden con demasiada frecuencia nuestros “representantes”, tengan o no causas abiertas, pero nunca si hay muertes o lesiones graves. En ese caso solo deben intervenir los tribunales, sin contaminación ni “ayudas” de comisiones de investigación.

Y este es uno de esos casos, como cuando se acusó al gobierno de causar muertes por los recortes en la sanidad. Acusación que, como era de esperar, nadie mantuvo en un juzgado de guardia y se limitó a actuar como una de tantas intoxicaciones interesadas.

¿Alguien recuerda que en España “había”, porque lo dice la constitución, una separación de poderes y que la única verdad judicial la tienen los jueces cuando dictan sentencia? ¿Quién se lo explica a los ciudadanos? O, mejor dicho, ¿quién engaña a los ciudadanos afirmando que los jueces tienen que escuchar a los políticos?

¿Y la presunción de inocencia? Es evidente que hay fuerzas muy interesadas en enterrarla viva para sustituirla por las llamadas “penas de telediario” y los juicios paralelos, tan rentables en horas de emisión y como argumentos políticos. Esa presunción de inocencia, que ya contemplaba el Derecho Romano cuando sostenía “que es mejor que castigar a un inocente, dejar libre a un culpable (Ulpiano)”, recogida posteriormente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa de 1789, que en uno de sus artículos decía textualmente “puesto que todo hombre se considera inocente mientras no sea declarado culpable…”

Naturalmente pueden darse sentencias de dudosa consistencia procesal, pero para eso están los recursos, con los que se puede llegar hasta el tribunal Constitucional si fuere menester, e incluso apelar a los internacionales. Pero son las víctimas y sus abogados las que deben tener la iniciativa, no los aconsejadores interesados.

No puedo opinar desde el punto de vista jurídico porque soy lego, pero en el caso del accidente del metro hay argumentos que me resultan realmente sorprendentes:

Decir que el accidente hubiera sido evitable si el tren fuera de última generación o hubiera incorporado las últimas tecnologías es una verdad indudable, pero utópica. Decir que el trazado ferroviario era mejorable también.

Pero no es eso lo que se juzgaba. Lo que estaba en cuestión era si FGV habían cumplido los requisitos legales: Iluminación de las vías, mantenimiento adecuado del material móvil, señalizaciones y limitaciones de velocidad en tramos peligrosos, y/o cualquier otra obligación contraída en la licencia de explotación.

Porque el hecho de que el trazado o los vehículos fueran adecuados no depende del juez. Es responsabilidad de los que certificaron que el metro de Valencia reunía las condiciones necesarias para su funcionamiento. Y lo harían comprobando que los vehículos, los trazados, las señalizaciones y las medidas preventivas se ajustaban a lo exigido por las leyes. Por lo que, supongo, la juez no puede más que investigar si FGV cumplía lo obligado por la ley para que los convoyes pudieran circular con las garantías de seguridad establecidos en el momento.

¿Y quién dicta las leyes? El poder legislativo, naturalmente. El primero en poner el grito en el cielo cuando ve “sangre” con la que salpicar a “los otros” partidos políticos. Como si el parlamento aprobara la pena de muerte y los parlamentarios salieran a la calle reclamando que no se ejecute la sentencia si un juez así lo decide porque las circunstancias de un determinado caso, contempladas en la ley, “le obliga” a hacerlo. De locos.

Es cierto que los políticos locales tienen menor capacidad legislativa, pero también promulgan leyes. Y lo que es indudable es que las que afectan a la nación las aprueban sus compañeros de partido. ¿Por qué no les piden a ellos responsabilidades por dictar, según su criterio, leyes injustas?

Aunque enarbolen la bandera de víctima, los que protestaron antaño y ahora gobiernan: ¿Han eliminado la famosa curva?¿Han actualizado la flota y los tendidos ferroviarios del metro con lo “último” en seguridad y prevención de accidentes?
¿Han parado estos mismos acusadores de la juez todo el trayecto ferroviario o la flota de autobuses municipales hasta que todos los trazados y todos los vehículos incorporen las últimas novedades de seguridad conocidas en cualquier parte del mudo?

Y si las incorporan ¿aseguran que nunca jamás se producirá un accidente por la indisposición o la imprudencia de un conductor o por cualquier otra causa accidental? Naturalmente que no, pero ahora toca hacer demagogia y sacar rédito a la situación. Que si mañana, Dios no lo quiera, se diera el caso, ya lo defenderían sus sucesores o encontrarían a quien echar la culpa.

Pedagogía y honestidad, señores electos, que los votos conseguidos con malas artes, los votos carroñeros, les darán escaños, pero les restan honor. Aunque me temo que no les importa demasiado. ¡Todo vale para conseguir votos!

Y, repito: mi máximo respeto para los familiares de las víctimas. Que ellos si tienen derecho a quejarse porque, sea quien fuere el responsable judicial, sus familiares fallecieron o resultaron gravemente heridos en ese desgraciado tres de junio de 2006. Y siempre les quedará la duda de si se podría haber evitado.

No crean que estoy en contra de sus reivindicaciones, pero alguien debería aconsejarles bien. No todas las leyes son justas, y no hay más que ver lo que ocurre con la ley de menores, o con tantas otras que aumentan el desconsuelo de las víctimas.

Pero la culpa no la tienen los jueces. Como decía antes, la tienen los que las promueven y consensuan en el parlamento español. Ellos son los responsables, si es que hay alguno, y no los jueces que no pueden hacer más que dictar sentencias.

Sentencias recurribles, por supuesto.