Es evidente el malestar de muchos colectivos, muy justificado en buena parte de los reclamantes. Pero siendo cierto el problema, es muy probable que muchos de los afectados no conocen su causa raíz y, como consecuencia, tampoco aciertan ni en el planteamiento de sus reivindicaciones ni en las soluciones sugeridas.

Y esto ocurre, en gran parte, porque la clase política aprovecha cualquier hecho para intentar obtener un rédito electoral, y en este afán de buscar bolsas de votos, no han dudado en presentar los problemas y las carencias de cada uno de los colectivos, teniendo mucho cuidado de no entrar en el “todo” que los engloba.

Y de esta manera la oposición, la que sea en cada legislatura, nos denuncia los recortes de gastos en sanidad, que no suben las pensiones, apoyan la igualdad salarial de las fuerzas de seguridad nacionales y autonómicas, y la actualización de retribuciones de los funcionarios, por ejemplo. Reclaman inversiones en campañas de igualdad de género, de memoria histórica, para la dependencia, y tantas otras que, por muy reales que sean los problemas, suele manipularse como una oportunidad manifiesta de aparecer como los “solucionadores”.

Solucionadores de problemas que, en muchos casos, han creado o permitido ellos mismos cuando estaban en el gobierno o tenían poder para influir en las políticas del gobierno de turno.

Sin embargo, nadie dice, de ninguna manera, antes muerto que sincero, que cada una de esas partes componen un todo limitado, que es el presupuesto general de cada año, y que es imposible aumentar el gasto de una de ellas sin perjudicar a alguna otra.

Muy de tarde en tarde algún ministro, el de hacienda, por ejemplo, lanza la pregunta de ¿a quién se lo quito?, muy especialmente cuando alguna autonomía reclama para sí un aumento de su presupuesto, sabiendo que el total es inamovible, incluso por mandato de la Comunidad Europea.

Hagamos un pequeño ejercicio de racionalidad:

En el año 2017, los Presupuestos Generales del Estado, preveían un gasto total de 443.133 millones de euros, de los cuales 139.647 se destinaban a la política de pensiones, partida que, como es fácil de calcular, supone el 31,51 % del total del presupuesto.

Pero si a esa cantidad se le suman los gastos de la política de sanidad y del resto de prestaciones sociales, el total del gasto supone un “cuarenta y mucho por cien” del total del presupuesto. Casi la mitad.

Pero claro, en ese momento intervienen los sabios de las redes y las tertulias, no todos y no todos políticos, que nos machacan continuamente aportando soluciones muy simples, elementales, para problemas muy complejos: “si devolvieran lo robado”, “si los congresistas no tuvieran…”, etc.

¡Claro que quiero que devuelvan todo lo robado! ¡Claro que reclamo que se reforme el congreso disminuyendo el número de congresistas y rebajando sus gastos de estructura!

Pero eso, aunque ayude, no es la solución.

Vistos objetivamente, estos datos demuestran lo que ya sabíamos: que España es una nación profundamente comprometida con el bienestar, y que sus políticas de cobertura social están entre las más avanzadas del mundo, si no son las mejores.

Pero las circunstancias cambian, y fenómenos nuevos como la disminución del empleo y de los salarios medios de los empleados, el aumento de vida de los españoles, o la atención a extranjeros, que yo defiendo, pero que tiene un coste, hace que se ciernan amenazas evidentes sobre el sistema, incluso que se empiece a dudar de su viabilidad.

Analicemos uno de los asuntos de mayor confusión: las pensiones.

Es claro que mes tras mes el gobierno tiene que hacer juegos malabares para mantener el pago de pensiones porque su fuente de ingresos, la contribución de los empleados ha disminuido en cantidad, menos empleados, y en calidad, salarios más reducidos.

No obstante, y aunque se hubiera mantenido el nivel salarial ajustado al IPC del año, cosa que ha ocurrido en los últimos porque tuvimos un IPC reducido o negativo que nos favoreció, los pensionistas han sufrido el impacto de la crisis con gastos no previstos, entre los que no es el menor la necesidad de ayudar a sus hijos y a sus nietos, afectados por los problemas de empleo o de ingresos insuficientes para mantener sus propias familias familia.

Situación imprevista que no se contemplaba cuando, en años en los que los jóvenes buscaban empleos “para toda la vida” y dignamente recompensados, se planificó un sistema que garantizara una vejez tranquila para los jubilados.

Pero es un hecho que, por unas causas u otras, el “no me llega” es un comentario habitual entre los mayores.

Entonces llega el listo de las soluciones o el agitador profesional por cuenta propia o al servicio de intereses políticos, y dice que “esto se arreglaría si…”, siendo los sueldos y las prebendas de los diputados uno de los argumentos habituales, excepto cuando son políticos activos los denunciantes.

En estos casos ni se nombra a la bicha. Se inventan fantasías como impuestos a los ricos, o a los bancos, o a la Iglesia, o vete tú a saber quién, y se sale adelante con excelentes palabras sin ningún contenido de sinceridad.

Un ejemplo de la inviabilidad de este tipo de soluciones:

Si no me he perdido en el laberinto de las cifras, en el presupuesto del año analizado, 2017, las Cámaras de Representantes, Congreso y Senado, tenían una asignación total de 207,30 millones de euros para gastos estructurales, financieros, de mantenimiento y para salarios de empleados, de congresistas y de senadores. Si esta cantidad, que equivale al 0,47 % del presupuesto, se asignara directamente al pago de pensiones, no sería, ni mucho menos, la solución. Y me explico.

Si dividimos los 207.000.000 euros entre los 8.698.160 pensionistas, nos corresponderían 23, 83 euros para todo el año, que, distribuidos entre nuestras 14 pagas, nos supondría un aumento de 1,70/mes.

Repito porque es un dato relevante: Si en lugar de recortar gastos a los diputados decidiéramos suprimir totalmente las Cortes Españolas, incluidos sus 350 congresistas, los 266 senadores, sus asesores, la logística, y los gastos de mantenimiento de los edificios, cada uno de nosotros recibiría 1,70 euros más en cada paga.

Pero claro, necesitamos unas cortes que legislen y controlen al gobierno.

Un caso similar, mucho más de pancarta callejera, ocurriría si se suprime la Casa Real, o los gastos de una hipotética Presidencia de la República Española, que una de las cosas tendríamos que tener, y los gastos serían similares.

A la Casa Real se le asignaron 7.818.890 euros. Si suprimieran este gasto y lo distribuyeran entre los pensionistas nos corresponderían 0,89 al año, equivalentes a 0,064 euros en cada una de nuestras catorce pagas.

Y no voy a perder el tiempo valorando el papel institucional de la Corona, del que hemos tenido claros ejemplos muy recientemente, o de los beneficios que el Rey está consiguiendo en su papel de primer embajador de España cuando acompaña a delegaciones de empresarios a países extranjeros, por ejemplo.

Una vez desmontada la demagogia de los que nos hacen parecer tontos, pasemos de la “parte” pensiones al todo “Estado”. La gran pregunta es ¿Qué se puede hacer?

Si a España la gestionara una gran empresa privada administradora de los principios sociales de que disfrutamos, seguro que no habríamos llegado hasta estos extremos por la mejora de la gestión y por la aplicación de los controles elementales establecidos por las empresas, pero de haberlo hecho, seguro que bastaría con aplicar el típico ejercicio de “mejora de procesos” para racionalizar la situación en los dos campos fundamentales:

La mejora de ingresos, con una adecuada política fiscal y eliminando las bolsas de la economía sumergida y los fraudes fiscales, por ejemplo, castigando de forma ejemplar a los infractores, grandes o pequeños, potenciando, al mismo tiempo, la educación sobre ética, solidaridad y valores, estimulando las denuncias de ciudadanos y mejorando sustancialmente, en cantidad y calidad, las inspecciones fiscales.

El fraude, a todos los niveles, se ha aceptado históricamente en nuestro país como parte de nuestra idiosincrasia, incluso como cosa de “listos”, y ya es hora de acabar con esas prácticas insolidarias tan habituales, que llegaron a crear una subtitulación de nuestra literatura: la “novela picaresca”.

Una mejora de la gestión, muy importante y fundamental, que elimine gastos absolutamente innecesarios en todos los campos y en todos los estamentos. Seguramente serían imprescindibles las auditorías externas, porque, en este momento, es impensable confiar en la imparcialidad de la administración, gobierne quien gobierne. Hay demasiados intereses personales y de partido.

Un ejemplo de la incongruencia y del interés que nada cambie es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, donde el gobierno de la Generalitat, que no hace ningún caso a la Sindicatura de Cuentas, organismo relativamente independiente, se reviste de honradez creando una Conselleria de Transparencia, con su estructura orgánica y los gastos correspondientes, formada por personal designado por la propia Generalitat.
Y es que son auténticos genios del disfraz y de las falsas apariencias. ¡Una Conselleria de Transparencia dependiente de ellos mismos!

Volviendo a las pensiones, ¡claro que hay un problema! O mejor dos: cómo mejorar las prestaciones de los pensionistas actuales, y como garantizar la viabilidad del sistema.

Pero seguro que hay soluciones. Las pensiones no se pueden retocar porque son un derecho adquirido, pero está la vía de beneficios personales o cargas fiscales, según convenga en cada caso particular. Y pongo un ejemplo muy simple: El ministro Montoro ha lanzado una sonda diciendo que Hacienda reducirá los impuestos a los pensionistas mayores de no recuerdo cuantos años. ¿A todos? ¿Incluso a los que tienen mayor poder adquisitivo?

Estos, junto al tema de Cataluña, son los dos grandes retos actuales del Estado Español, y nosotros, los ciudadanos, debemos castigar con nuestros votos a los que no sigan esta línea de racionalidad. Y hacerlo votando, porque las abstenciones, en la práctica, benefician a los radicales de cualquier signo.

Y una última reflexión: Todos los días pasan por mi ordenador montones de denuncias a fulanita o fulanito de tal que han hecho no se sabe cuántas cosas malas. Algunas de ellas compartidas y difundidas por personas a las que considero de buen nivel intelectual.

Ya está demostrado que algunos partidos políticos o grupos interesados han creado toda una estructura de falsas identidades para lanzar y difundir masivamente todas estas noticias.

También sabemos que algunas personas, como el famoso Julián Assange, han montado una red especializada en lanzar lo que sea. Puede que una parte obedezca a su propia ideología, pero es indudable que también “trabaja” para terceros. Hemos visto en la televisión sus entrevistas con personas influyentes y con poder económico, directamente comprometidas con el independentismo catalán.

Y que Rusia está interviniendo en todos los países del este en un intento de desestabilizar a la Comunidad Europea atacando a los países que la componen, y a Estados Unidos, por ejemplo. Y seguimos haciéndoles el juego.

Y pese a todo ello continuamos asumiendo que parte de lo que se recibe “será verdad”, e incluso lo reenviamos. Prácticamente he abandonado Twitter porque es el paradigma de la desinformación y de la locura, excepto algunas cuentas serias, como la de la Guardia Civil o la Policía Nacional, por ejemplo. Facebook me resulta más fácil de seguir porque la mayoría de las informaciones me gustan, pero también está plagada de personas que se lo creen todo y que contribuyen a la desinformación compartiendo noticias no contrastadas.

Es el mundo que nos ha tocado vivir, pero tenemos la obligación de mejorarlo.