Utilizando el famoso “decíamos ayer”, conviene dar un repaso a todo lo que hay delante y detrás del famoso “caso Marlaska”, el del cese del coronel Pérez de los Cobos.

Y utilizo este caso, no para darle más vueltas a las razones morales, ética, políticas, mediáticas, ideológicas, o de cualquier otro tipo que rodean el caso, sino para analizar lo bueno que es para la ciudadanía la separación de poderes, para tratar de aclarar “quien es quien” en la organización del Estado y para conocer cuáles son las funciones de cada cual.

Empiezo por presuponer que una buena parte de los jueces del Tribunal Supremo que decidieron dar la razón al ministro por unanimidad, estarán bastante molestos con el gobierno por sus constantes intentos de invadir competencias del poder judicial. Pero, como siempre he defendido, las togas con las que se revisten los jueces en actos judiciales actúan como una barrera que, en la gran mayoría de los casos, les aísla del mundo exterior, el de las opiniones, las presiones y los juicios paralelos, e incluso de sus propios sentimientos e ideologías.

Confirmado por el hecho de que los jueces son los únicos “trabajadores” públicos de los que se conoce lo que hacen y porqué lo hacen, sin trucos ni secretos de Estado, porque todas sus actuaciones, detalladas en las actas, están a disposición de la ciudadanía.

En segundo lugar y refiriéndonos a los casos que tienen que instruir, que juzgar o que revisar, los jueces solo pueden dictar sentencias basándose en pruebas irrefutables. Pueden estar convencidos de que el acusado es el mayor asesino del mundo, pero ese convencimiento íntimo no tiene ningún valor si no hay testigos o pruebas que lo demuestren. Porque a la hora de sentenciar no caben impresiones ni sentimientos.

Y es de analizar como han cambiado las cosas en los últimos tiempos cuando juzgamos a los “juzgadores”.  El derecho romano, base de la legislación española, afirmaba que “dura lex, sed lex”, (la ley es dura, pero es ley), frase que parece hecha para justificar la severidad de algunas sentencias, pero curiosamente, en este momento de confusión, nadie cuestiona la dureza  de los jueces, que son criticados mucho más severamente por la supuesta debilidad de algunas resoluciones, que, según la opinión de ese gran tribunal popular en el que se ha convertido la opinión pública,  parecen fruto de la cobardía o de componendas de los jueces o tribunales que las emiten.

Y nada más lejos de la realidad, porque lo que ha cambiado no es la judicatura, sino la mentalidad de los españoles y no siempre para bien, actualmente muy influenciada por el continuo bombardeo de redes sociales y medios de comunicación con intereses políticos o buscando aumentar las audiencias.

Y eso es lo que ha ocurrido, según el Tribunal Superior, en este caso. En una redacción muy hábil de la motivación del cese, no se dice que el ministro preguntara al coronel por los detalles de la investigación, más bien da la impresión de que se limitó a un genérico “como lo lleváis”, casi en plan colega.

Porque preguntarle por los detalles sería un delito, pero formular una pregunta que merezca una contestación del tipo “están progresando y han encontrado algunas pistas”, sin más, sería una conversación absolutamente normal con la cadena de mando. Nada punible ni criticable.

Y esa es la única información disponible. El coronel afirma que recibió llamadas presionándole para que desvelara el curso de la investigación, pero no están grabadas, lo que posiblemente hubiera sido un delito y, por tanto, nunca han existido para la justicia.

Quizás el coronel pecó de inocente y nunca creyó que las cosas llegarían donde llegaron. Yo, en su caso y como hice siempre cuando trabajaba en una multinacional y recibía alguna instrucción telefónica comprometida, nada más colgar mandaba un correo, postal al principio, digital después, pidiendo una confirmación o una aclaración de lo escuchado.

Y así se aclararon muchas dudas y puede que se pararan algunas iniciativas poco aconsejables.  Normalmente estas consultas, muy poco frecuentes, eran bastante mal recibidas por los destinatarios, pero eso era parte de mis gajes de oficio. Y mis razones íntimas eran las que debería tener el coronel: los directores de empresa y los ministros del gobierno, cambian, pero los clientes en mi caso y la defensa del orden público en el suyo no. Continuaban allí y esos eran a los que debíamos absoluta fidelidad, porque esa era nuestra verdadera responsabilidad.

Y lo era respondiendo a un marco superior, las normas la empresa en mí caso y la Constitución en el suyo, que en algunas ocasiones pretendían violentar o mal interpretar algunos de los jefes circunstanciales.

En fin: el cese del titular de un puesto de confianza necesita pocas motivaciones, pero no estamos hablando de eso, tema importantísimo sobre el que haré un comentario próximamente, sino de la justicia.

Y en el marco de nuestra forma de Estado, yo tengo muy claro donde están mis fidelidades. Fidelidades motivadas por la lectura de nuestra Carta Magna: Zapatero a tus zapatos. El gobierno para administrar el bienestar de la ciudadanía y para dejar la nación mejor que se la encontraron sin salirse del marco de actuación previsto en la Constitución y el Poder Judicial para administrar justicia y proteger a los españoles de los que cometen delitos, sea el que fuere quien infringió las leyes, incluidos otros estamentos del Estado.

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P.D. Esta mañana he escuchado duras críticas al juzgado vasco que “no ha prohibido” la manifestación convocada, según vox populi, para homenajear al criminal Parot y para humillar a las víctimas del terrorismo de ETA. Pero, claro, el juez habrá leído las razones de la convocatoria y no habrá encontrado nada de esto. Lo desconozco, pero seguramente dirá que es para pedir la libertad de Parot o algo similar.

Lo que, en el mundo de la justicia, no supone ningún delito y entra en el campo de la libertad de expresión, por lo que no ven razones para suspenderla.

Pero lo que un juez no puede hacer, presuponer, si que lo pueden hacer otros estamentos, como el delegado del gobierno o el propio gobierno vasco que, a la luz de la experiencia de otras manifestaciones, puede impedirla la alegando razones de orden público o de cualquiera otra índole. O estar vigilando la manifestación para suspenderla cuando escuchen la primera frase que suponga “homenaje a” o justificación de la violencia.

Pero no lo harán alegando razones de evitar males mayores o similares. Autoridades que muy posiblemente dan instrucciones de mano blanda con los manifestantes urbanos del “anti lo que sea” que queman contenedores, destrozan escaparates, asaltan tiendas y agreden a las fuerzas de orden, cada vez más desamparadas, con el terrible resultado de “uno o ningún” detenidos.

Pero muchos siguen creyendo que todo esto pasará por generación espontánea, mientras seguimos dando por bueno o por inevitable lo que no es bueno y sí que es evitable. Porque cada vez estamos más anestesiados y tenemos menos ganas de “complicarnos la vida”.

Valencia, 17 de septiembre de 2021