Ayer se votó la propuesta del gobierno sobre esta ley, que resultó aprobada con el apoyo del PP y el rechazo de todos los fragmentadores de la nación.

Y esta mañana he escuchado comentarios sobre esta decisión del PP que me han asombrado, incluso en boca de algunos comunicadores habitualmente bien informados y con una sensatez superior a la media.

El rechazo de los apoyadores habituales de Sánchez es perfectamente entendible porque esta propuesta refuerza la autoridad del gobierno, y del Estado por elevación, al que facultaría para tomar decisiones de mucho calado en casos excepcionales gusten o no a otras entidades o a las autonomías.

Y los temores del resto de partidos y de algunos comentaristas, muy fundados, vienen dados porque alegan que, en manos de Pedro Sánchez, gobernante con claro perfil autócrata, podría ser un arma de destrucción masiva de la democracia, estoy exagerando naturalmente, porque le permitiría intervenir sobre cualquier entidad del Estado, incluso sobre la propiedad privada.

O aprovecharla, como tiene por costumbre, para hacer nombramientos o lanzar decretos ley que nada tengan que ver con el asunto que active la futura ley.

Algo parecido a lo que ha hecho y sigue haciendo Maduro en Venezuela con las mismas herramientas políticas y amparado por una legalidad conseguida de forma torticera y poco democrática.

Pero, valga la redundancia, hay varios “peros”.

El primero es que visto lo visto y conociendo los errores cometidos durante la pandemia y con la forma de gestionarla, y estando de acuerdo en que esos errores no pueden repetirse en el futuro si aparecen posibles situaciones  de emergencia nacional, por catástrofe natural, ataques terroristas o hechos similares, es evidente la necesidad de que el gobierno de la nación recupere la autoridad necesaria para resolverlas saltándose la enorme cantidad de trabas administrativas o legales que le están poniendo algunas entidades, algunas autonomías, por ejemplo, que han pasado a ser casi organismos ajenos a la nación, en lugar de actuar como representantes del Estado en cada una de sus zonas de competencia, que es el papel que les asigna la Constitución.

La segunda es que el PP no ha aprobado esa ley. Ha permitido que supere un primer obstáculo, pero pasará a debatirse en el parlamento con la posibilidad de introducir enmiendas que definan claramente cuando, con que competencias y de qué forma debe aplicarse.

Y es muy probable que el PP pueda negociar con el PSOE parte de esas enmiendas y si no es así, votará en contra y se volverá a la casilla de salida.

Por lo que, en mi opinión, ha actuado como debe. Con sentido de Estado. Porque la ley es necesaria, pero no se puede permitir que sea Pedro Sánchez el que la redacte a su modo y manera. Son leyes que deben durar muchas legislaturas sea cual fuere el color del partido en el gobierno, como debería ocurrir con la de educación y alguna que otra

Y es aquí, en estos casos, en los que tanto el PP ahora, como el PSOE si pierde la mayoría suficiente para gobernar, cuando ambos partidos deben actuar como alternativa de gobierno y no como oposición.

Pero, claro, eso es lo que debería ser y no tengo demasiado convencimiento de que sea lo que ocurra. No es mal momento porque se junta la debilidad de Pedro Sánchez en según que asuntos de interés nacional, con la experiencia y la capacidad de negociación de Feijóo, pero, a estas alturas, ya no me creo casi nada.

Valencia 15 de mayo de 2021