No hace mucho que un médico jubilado, Carlos San Juan, comenzó la campaña “somos mayores, pero no idiotas” quejándose del mal trato personal que las entidades bancarias daban a las personas mayores, campaña que tuvo mucho impacto y obligó a reaccionar a una buena parte de ellas.

Pero se trataba de entidades privadas y siempre teníamos el recurso de cambiar de banco, aunque tampoco servía de mucho porque, más o menos, todos ellos habían sustituido a personas por cajeros o por gestiones por internet y, en casi todas las ocasiones, los cambios suponían “salir de Matamala para meterte en Matapeor”

Otro problema actual, gravísimo problema, es que la Administración Pública, recalco lo de pública, la que tiene como única misión servir al ciudadano en sus relaciones con el gobierno y con el Estado, ha seguido el mismo camino que los bancos y ha rodeado a sus empleados de una barrera infranqueable para personas mayores o con poca o nula facilidad de manejarse por internet

Pues bien, desde la pandemia y viendo las ventajas personales que el teletrabajo tenía para muchos de los funcionarios, este colectivo, sin dueño ni jefe, parece que ha decidido continuar con la misma situación, manteniendo cerradas todas las ventanillas de atención directa al ciudadano, a las que solo se puede acceder por la famosa “cita previa”, en demasiados casos con plazos inexplicables en el tiempo, o solo explicables porque ha disminuido notablemente el número de funcionarios presentes en las oficinas.

Situación imperdonable e incongruente por la inversión de términos entre el objeto de la administración, que solo tiene como justificación ayudar al ciudadano y el hecho de ponerles barreras para acceder al servicio que necesitan.

España necesita con urgencia de que se ponga orden en muchas cosas, como la educación, la política fiscal, la reafirmación de la separación entre poderes, la reforma de la ley del menor o del código penal en el tema de la ocupación de viviendas, por poner algunos de los muchos asuntos pendientes, pero una de ellas, muy importante, es entrar a fondo en la organización de la Administración Pública, tomando como modelos de gestión y atención personal patrones conocidos en la empresa privada, deshaciendo esa sinrazón a la que ha derivado y que ha convertido a los funcionarios en un colectivo mimado, super protegido por los gobiernos de turno y con la complicidad insensata de unas centrales sindicales que, prácticamente, solo justifican su existencia apoyando sus reivindicaciones año tras año.

Que constancia de que no me quejo en absoluto de los funcionarios como personas, porque la mayoría de ellos son buenos profesionales que brindan un trato muy correcto a los afortunados que acceden a sus puestos de trabajo, sino a ese monstruo en el que se ha convertido la Administración Pública, tan necesitada de orden y reformas.

Porque cada vez son más los que no se sienten especialmente orgullosos de la situación actual y de la imagen, muchas veces injusta, que están transmitiendo a la sociedad: un colectivo que solo se preocupa de sus propios intereses y que no ha ganado unas oposiciones para servir al ciudadano, sino para conseguir sueldos estables y de un nivel muy aceptable, y las mejores condiciones laborales posibles.

José Luis Martínez Ángel

22 de noviembre de 2022