En el día de hoy se ha consumado la dimisión de Keir Starmer, el <<premier>> del Reino Unido, porque la ciudadanía está insatisfecha por los graves problemas económicos que atraviesa el país, muy parecidos a los nuestros, pero agravados desde su salida del Brexit.

Y como es habitual en esa nación, dimite porque su partido, su propio partido, el que tiene el gobierno porque ganó las últimas elecciones generales, le retira la confianza y elige a otro líder que les represente y trate de solventar los muchos problemas que les abruman.

Transición pacífica y evitando los gastos, las tensiones y la paralización temporal de la administración que provocaría unas nuevas elecciones generales. Y así es y así continuará siendo hasta que la presión popular alcance tal nivel de insatisfacción, que no se conforme con un cambio de líder y exija urnas para, conociendo sus programas durante las campañas, decidir quién debe gobernarles en el futuro.

Y, solo entonces, se convocarán elecciones generales

Y es así porque en el Reino Unido, cada uno de los 650 escaños es propiedad exclusiva del parlamentario que lo ganó, sin el paraguas protector de unas absurdas listas cerradas que, como compensación, se convierte en un pacto de servidumbre casi eterno.

Siempre he defendido que el sistema del Reino Unido es el más democrático de los que conozco. Y lo creo porque respeta la libertad de los ciudadanos a elegir uno a uno a sus representantes, que allí si que ejercen como tal y no como los que iban en la última lista de la Comunidad Valenciana, a los que ni nos conocen, ni los conocemos.

Y que votarán lo que ordene el líder indiscutible, Pedro Sánchez, el premier español, aunque lo votado perjudique a nuestra comunidad. Algo que seria impensable e imposible en el Reino Unido.

Como seria impensable que un parlamentario critique a su poder judicial o a cualquiera de sus jueces. Mucho menos los miembros del gobierno, algunos de los cuales fueron encausados en la pasada legislatura de los Conservadores.

También en España seguimos siendo demócratas, pero menos, porque el gobierno decidió hace años ser la máxima autoridad del Estado, por encima del resto de los poderes y ha maniobrado para controlar o fagocitar todo lo que ha podido, aunque no sea de su competencia, apoyados, jaleados en ocasiones, por sus seguidores más fanáticos, en contra de lo que manda la Constitución y con el pretexto de que a ellos <<les han votado>> y a los otros no.

Y ha convertido a los organismos internos del partido, el Comité Ejecutivo, el Comité Federal y todo lo que tiene autoridad, o solo capacidad de opinión, en grupos de presión en los que, o no se puede decir nada, o donde se acusa de traidor a cualquier disidente.

Pero seguimos siendo democráticos porque el Poder Judicial, el que está por encima del resto de los poderes, el que debe aplicar sin ambages ni presiones exteriores las leyes que el Legislativo ha promulgado por iniciativa del Ejecutivo o por las iniciativas populares y el único con autoridad para juzgar a todos los españoles, menos al Jefe del Estado, si cometen delito, como indica el artículo 102 de la Constitución.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo

Y somos menos demócratas porque los responsables de defender la democracia, el gobierno, está atacando sistemáticamente a los miembros de la judicatura, acusándoles de maniobras torticeras que nunca se han producido y que nunca se producirán, porque sus miembros están resistiendo los ataques de forma numantina y sin dejarse amilanar en lo más mínimo.

Por eso, por ellos y por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden Público y muchos otros estamentos de la nación, seguimos siendo democráticos, aunque nos hayan robado, o estén intentando robarnos, buena parte de nuestra libertad.

Valencia, 22 de junio de 2026.

José Luis Martínez Ángel.