El voto, una obligación y una oportunidad.

Esta semana tenemos una segunda convocatoria de elecciones, y de nuevo hay que tomar una decisión. Decisión que, como digo en el título, tiene mucho de obligación y también es una oportunidad de tratar de reconducir la política en la dirección que creamos más oportuna para nuestra forma de pensar y nuestro ideal de nación.

Pero para ello necesitamos salvar muchas barreras, algunas de ellas de mucha altura.

La primera es tratar de desapasionar el voto. Soy consciente de que la emotividad es inevitable y comprensible, pero conviene rebajarla al máximo porque es indeseable

Todavía hay una gran cantidad de población para la que el amor y la fidelidad a unas siglas, que no a las ideas, es un gran condicionante, pero no debería bastar para decidir el voto.

Y digo las siglas y no las ideas porque cada momento histórico tiene sus circunstancias y hacen que el PSOE o el PP de hoy, por ejemplo, defiendan posiciones diferentes a las que defendieron en algún otro momento. Dentro de una horquilla de ideario, pero sensiblemente diferentes.

Sin embargo cada vez es más frecuente que las campañas estén dirigidas por politólogos, coacher (entrenador  en inglés)  y asesores de imagen, que preparan a sus empleadores para que convenzan con su aspecto, sus gestos, o su forma de expresarse, con independencia del “mensaje”, generalmente repleto de frases hechas y lugares comunes.

Es más, parece que hay una norma no escrita y común a todos los partidos que les predispone a eludir los temas conflictivos para “no meter la pata”, y evitar las preguntas porque pueden ser embarazosas. Es mucho mejor “decir” lo que se quiere en un mitin, o en las redes sociales, que despejar dudas de electores o periodistas en foros abiertos o ruedas de prensa tradicionales.

Y entre las formas elementales de lanzar mensajes populistas, una muy frecuente es decir que defienden a colectivos. Que “todos los pensionistas”, o “todas las viudas”, o “todos los parados deben votarme a mí porque…”  Como si los problemas de cada uno de los jubilados, de las viudas o de los parados fueran exactamente los mismos.

Todos ellos, eso sí, tienen un mínimo común denominador de malestar, pero también es cierto que casi todos los partidos llevan en sus programas soluciones para estos problemas. Y, siendo muy fácil detectarlos, los problemas, es mucho más difícil decidir la fiabilidad de las ofertas de solución.

El voto es una decisión muy personal, de cada individuo, y por mucho que lo intenten con frases recurrentes o alzando el todo de voz, ellos son los primeros en saber que ningún partido tiene “la solución”.

La única solución a los grandes problemas, la solución real, definitiva o a largo plazo, requiere grandes acuerdos de los partidos con capacidad de gobierno, solos o cogobernando con otros.

Y por eso, considerando la gravedad de los problemas actuales y  la complejidad de la situación política, creo que es imprescindible aplacar la visceralidad, y  racionalizar la mejor opción.

No será necesario llegar al extremo de emplear alguna “herramienta” que ayude a tomar la decisión, que existen,  pero hay algunas normas que pueden ayudar a decidir, empezando por excluir a los partidos que incluyan en su programa electoral alguna medida  que vaya contra nuestra propia conciencia:

Un ejemplo: Si estoy en contra de división de España, o de cambios en la estructura del Estado, descarto de inmediato a cualquier partido que la defienda, aunque el resto de su programa sea de color de rosa. O viceversa. Si eres partidario de estas opciones, descarta a los que las cuestionan.

Y no se oculta que los partidos tienen propuestas realmente peligrosas para la convivencia y la estabilidad, y como muestra de lo variopinto y disperso de los planteamientos, bastará con escuchar los juramentos o promesas de sus señorías en la sesión de apertura de la legislatura en el parlamento español.

Hay que tener en cuenta algo incuestionable: los líderes cambian y, como he dicho antes, el ideario de los partidos evolucionan, pero las decisiones que toman los gobiernos (leyes, sistema educativo, sistema electoral, modelo de justicia, o la misma Constitución) son muy difíciles de cambiar y agarrotan a la ciudadanía durante mucho tiempo, puede que por generaciones, porque la cobardía de los ejecutivos, tan en cuarto creciente en los últimos tiempos, les impide realizar cambios aunque sean necesarios.

Puede que en algún tiempo se realizaran sondeos para saber lo que opinamos sobre determinados temas, no lo sé, pero tengo la seguridad de que ahora se realizan encuestas de opinión para conocer cuántos votos le sumarían o le restarían al proponente determinada decisión. Puede parecer lo mismo, pero no lo es.

Por lo que es importante leer propuestas y programas porque, aunque suelen incumplirlas o cumplirlas a medias, casi siempre al final de las legislaturas, lo cierto es que cada vez las respetan más, entre otras cosas porque nosotros se lo perdonamos menos.

Y ese es otro punto importante a considerar: La historia de formalidad electoral, de compromiso con la ciudadanía con las promesas electorales del pasado. Tan importante como la eficacia de las políticas que aplicaron. Aquí sí, memoria histórica.

Luego está la valoración de si las ofertas, por muy buenas que sean, pueden cumplirse. Este es un punto muy delicado porque ni somos capaces de cuantificarlas ni conocemos el grado de fiabilidad de las partidas de ingresos y gastos, aunque cada vez sabemos más y vamos descubriendo que administrar un estado procurando el bienestar de los ciudadanos, que eso y no otra cosa es gobernar, es como llevar las cuentas de una familia. Solo que la familia es muy numerosa.

Desconfiemos de frases huecas como “defensa de las libertades” o “de la justicia” o “de la democracia” porque eso, afortunadamente, está muy superado y no depende en absoluto del gobierno de turno. Prácticamente todos, y especialmente  los mayoritarios, la garantizan. Y además tenemos el paraguas de la Unión Europea que no permitiría veleidades.

Claro que, jugando con las palabras, los más populistas incluyen en el catálogo de los “derechos” y de las “libertades” cosas sin el adjetivo de “fundamentales” y que, de hecho, no lo son. Yo podría defender como “libertad” el botellón, por mucho que moleste a los vecinos y ensucie las calles, o ir en patinete por donde me da la gana.

Libertades fundamentales son las que se incluyen en la carta internacional de los derechos humanos, o las que define los estados democráticos una vez que comprueban que no perjudican a terceros. Solo esas. En nuestro caso las que define la Constitución, que no son contradictorias con las anteriores.

Lo demás son opiniones interpretaciones personales e interesadas sin ningún fundamento.

Y no nos dejemos engañar. Tenemos problemas, pero este es un país muy bien estructurado en lo social, no tanto en lo laboral, con ventajas que muy pocos países tienen. Imaginaos que vuestro hijo, vuestra mujer, o cualquiera de tus familiares tienen un cáncer u otra enfermedad grave,  y no les tratan  porque no tienes seguro privado, que cuesta una fortuna, pese a que hay tratamiento.

Eso, que lo vemos como lo más normal del mundo, ocurre en países tan avanzados como los Estado Unidos, por ejemplo, cuando aquí subvencionamos hasta los cambios de sexo.

No perdamos el horizonte influidos por las peleas de políticos barriobajeros que en lugar de luchar por su país, hay ocasiones en que no se sabe por lo que luchan.

Y como siempre, eximo de estas reflexiones a los gobiernos municipales de pueblos y ciudades con pocos habitantes.

Conocéis a los candidatos. Olvidaos de las siglas y votad a los que más confianza os merezca. Tendréis más posibilidades de acertar

Y no te quedes en casa. No existe la democracia sin votos.

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