Ha llegado lo que tenía que llegar. El Estado y los independentistas catalanes, un matrimonio que no se sostiene.

Leo en una nota de Europa Press, que “el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado este sábado que Cataluña debe decidir “o república catalana o monarquía española”, después de que el pleno del Parlament aprobara el viernes una resolución de JxCat, ERC y la CUP que declara Catalunya republicana y sin rey.”

¡Acabáramos! Esa especie de matrimonio de conveniencia que hemos soportado tantos años y que hemos intentado que funcionara no tiene ninguna solución. Y llegados a este punto, lo mejor, como en todos los casos de convivencia imposible, es que cada uno se vaya por su lado.

Pero no me refiero, ni mucho menos, a que Cataluña y el resto de España se repartan el ajuar y vaya cada uno a su propia casa. “No es eso, no es eso” como decía Ortega y Gasset en una situación parecida de confusión política. El Estado se queda dónde está y Quim Torra y todos los parlamentarios catalanes separatistas se van a donde quieran ir. Incluso se pueden quedar en Cataluña si lo desean. Y, por supuesto, sin ajuar.

Una de pedagogía elemental que el gobierno actual juega a ignorar. O al menos se hace el loco.

La Constitución española establece la existencia de las Comunidades Autónomas a las que se delega una parte de las funciones del Estado:

Definición de “delegar” en el diccionario de la RAR: Dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación.

No se trata, de ninguna manera, de una cesión:

“Ceder”, según el mismo diccionario es: Dar, transferir o traspasar a alguien una cosa, acción o derecho”.

Es cierto que en el lenguaje político actual se habla de “transferencias”, término que puede provocar una cierta confusión muy al estilo de los políticos, pero si alguien tiene dudas de qué estamos hablando, puede consultar los puntos 1, 2 y 3 del artículo 150 de la Constitución que, en resumen, dicen que las autonomías son una representación del Estado en las competencias que el gobierno tenga a bien delegar y, en ningún caso, pueden apoderarse de competencias que no les corresponden.

Y como garantía de protección ante posibles excesos e incumplimientos, está el famoso artículo 155 que, en definitiva, dice que si una autonomía incumple el pacto se le pueden retirar parte o la totalidad de sus competencias hasta que se resuelva el conflicto.

Por poner un ejemplo entendible, el administrador de una propiedad o de una comunidad tiene delegados algunos de los derechos u obligaciones del propietario, pero en ningún caso puede autoproclamarse propietario de lo administrado, ni tampoco dictar normas para las que no está autorizado o que sean contrarias a la ley.

Pues bien: ya metidos en harina, mi opinión es que todos los cargos autonómicos, desde los presidentes hasta los congresistas, pasando por otros cargos de responsabilidad, consiguen dichos cargos tras unas elecciones que puede convocar la propia autonomía según lo previsto en sus competencias, pero los cargos adquiridos suponen una representación de la comunidad en primer lugar y del Estado en segundo, en su ámbito de actuación.  Y por tanto tienen el deber ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución, único marco de actuación de todo este proceso

Es cierto que la permisividad del último gobierno, el anterior solo autorizó la coletilla de “por imperativo legal”, ha permitido que se escuchen fórmulas de toma de posesión que rayan en lo ridículo y lo pueril, pero en el fondo tampoco importa demasiado.

Uno es congresista o cargo autonómico según lo establecido por la Constitución y las leyes españolas  y no por decisión propia ni tampoco, como se dice tan frecuentemente, “porque lo han decidido los ciudadanos”. Naturalmente que sí, pero dentro de un contexto claro e inequívoco. Tú eres lo que seas porque el Estado ha autorizado que lo seas. Y punto pelota

Es un argumento tan falso, también aceptado de forma inexplicable por los gobiernos, de que los impuestos los pagan las autonomías. Ni de coña. Los impuestos los pagamos de forma individual cada uno de los ciudadanos, residamos donde residamos y las autonomías son, en todo caso, beneficiarios directos de parte de esos impuestos.

Volviendo al muy honorable señor Torra y a sus amigos independentistas, no hay ninguna duda de que son españoles. Han nacido en España y tienen la ciudadanía, porque de no ser así no hubieran podido ocupar el puesto que ocupan.

Podrían haberse declarado apátridas y no presentarse y no lo han hecho, por lo que desde un punto de vista legal  son españoles. Tampoco podrían haberse declarado de nacionalidad catalana porque no existe esa nación. Ya lo intentaron con el rollo de los DNI catalanes que no pasaron de ser un mero adorno, porque si tenían que realizar algún trámite oficial o cruzar fronteras no les servía para nada.

Y no hay mejor prueba que el hecho de que cuando les cita un juez, catalán o de la Audiencia Nacional, acuden a la convocatoria como los primeros. Y que cuando alguno intenta soltar sus rollos, como ocurrió en el juicio por el famoso referéndum, el Magistrado que residía la audiencia les cortaba la palabra y les recordaba que no estaban allí para soltar peroratas, sino para contestar a preguntas.

Y se tenían que callar. Recuerdo que en una de las sesiones, las vi casi todas, un listo dijo que estaba allí “por imperativo legal” y el juez le cortó con una contestación lógica e inteligente: “y yo, y todos los que estamos aquí”

Y entramos en lo que ya pasa a ser especulaciones mías. El Tribunal de la Rota de la Iglesia declara que un matrimonio canónigo es nulo cuando no se cumplen o no se cumplieron las condiciones para declararlo completo según la doctrina de la iglesia: Tienen que ir libres, no coaccionados, deben tener intención de tener hijos y no ir al matrimonio con algún otro tipo de reserva mental o moral que lo condicione.

Pues aquí deberá ser exactamente lo mismo: si los que juraron el cargo lo hicieron en falso o tenían reservas sobre respetar y hacer respetar la Constitución,  nunca “consumaron” el cargo. Es decir, desde el punto de vista Constitucional nunca fueron ni presidentes, ni parlamentarios. Aunque hayan ejercido durante años, como ocurre con los citados matrimonios cuando, pasado un tiempo, uno de los conyugues se entera de que el otro nunca quiso tener hijos.

Y como decía al principio: “llegados a este punto, lo mejor, como en todos los casos de convivencia imposible, es que cada uno se vaya por su lado”.

¿Qué haría yo si estuviera en el puesto de Presidente del Gobierno? Les haría la gran pregunta: ¿Tuvieron reservas? Es posible que digan que sí, que no, que si el pueblo catalán y otras zarandajas por el estilo, pero es una pregunta cerrada que solo se puede contestar con un sí o con un no.

Y si se atreven a decir que no por cobardía, es un hecho incuestionable que el día de ayer el Parlamento Catalán aprobó, en sesión plenaria, que  “que declaraba a Catalunya republicana y sin rey·

Blanco y en botella. Se declaran nulos los nombramientos y se convocan elecciones en Cataluña. En mi opinión, sin fundamento jurídico, podría decidirlo el propio gobierno, pero si tienen algún “miedo escénico” o dudas legales, siempre puede recurrir al Tribunal Constitucional.

Lo que no se puede admitir más, ni un solo día, ni con reyes de comportamiento impropios en lo personal, ni con ninguna otra ceremonia de la confusión, es tener como representantes del Estado a los que no reconocen al Estado. Ni un día más. Todo esto es y ha sido un fraude de ley inaceptable.

Otra cosa es que hubieran manifestado su intención de avanzar hacia un estado republicano  para que les concediera no sé qué forma autonómica. Eso sería legal. Pero lo que ha dicho no es eso. Han dicho que se manifiestan república y que no reconocen al Rey de su nación, que es España.

Podría ocurrir que convocadas elecciones los elegidos sigan en sus trece, pero para eso está el seguro del 155.

Y que conste que no pretendo, ni de lejos, ni crear conflictos, ni atacar a Cataluña como autonomía ni nada que se parezca. Es una gran región, ahora autonomía, que tiene todos los encantos de su historia, la real, de su cultura, de sus paisajes y de todo lo que puede hacer grande a una región. Pero también tiene locos fanáticos que están destrozando una parte de sus valores y consiguiendo que el resto de los españoles se formen una imagen falsa de lo que es Cataluña y los catalanes.

Tampoco quiero que se declare ilegal la Autonomía porque pueden y deben tenerla. Solo pretendo que se recupere la democracia y la legalidad real, tanto tiempo desaparecida en Cataluña por los tejemanejes de personajes chantajistas y corruptos, como Jordi Pujol y su entorno, o por descerebrados como los que actualmente controlan, aunque cada vez menos, las voluntades de los catalanes con mentiras y milongas.

Así que, mis muy queridos parlamentarios catalanes, devuelvan al Estado español esas acreditaciones que no les corresponden porque las obtuvieron con engaños.

Que así sea.