No entro, como nunca he hecho, en asuntos que están judicializados, pero sí quiero opinar sobre el jurado popular en general y sobre el que juzgará a Begoña Gómez en particular.

El Tribunal Popular se implantó en España en mayo de 1995, siendo presidente del gobierno Felipe González, con la intención de que los ciudadanos participaran directamente en decisiones judiciales y ejercieran como jurados en determinados casos.

Una idea muy romántica, pero también muy peligrosa. Los jueces profesionales analizan las pruebas y dictan sentencia conforme a las leyes vigentes, con un margen de interpretación muy estrecho y bajo la tutela de tribunales superiores. Esto se ha visto, por ejemplo, en el caso del juez Peinado, cuyas decisiones han sido corregidas o refrendadas por la Audiencia de Madrid durante la instrucción del caso de Begoña Gómez.

En cambio, los miembros de un jurado, que no pueden ni deben tener formación jurídica, dictan sentencia analizando las pruebas, sí, pero apoyándose inevitablemente en sus impresiones personales más que en criterios estrictamente legales.

Y en un país tan dividido y mediatizado, gracias al excelente trabajo de los responsables políticos que parecen necesitar forofos en lugar de ciudadanos con sentido crítico, resulta prácticamente imposible encontrar personas no contaminadas para ejercer como jurado.

Sigue siendo cierto que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley: Begoña Gómez, la esposa del presidente, va a ser juzgada porque, en opinión de jueces profesionales, debe serlo igual que lo sería yo en las mismas circunstancias. Pero el gran problema es que yo soy un perfecto desconocido y ella no.

Lo preocupante es que la actitud de los jueces, que cuando se ponen la toga actúan de la misma forma sean progresistas, conservadores o socios del Betis, es prácticamente imposible de replicar en ciudadanos normales, cargados de filias y fobias alimentadas por titulares de prensa, tertulianos supuestamente imparciales o los tuits desaforados de ministros que tienen de demócratas y de honorables lo que yo tengo de académico de la lengua.

Mi conclusión: dado que la elección entre jurado popular o jueces profesionales depende del tipo de delito y no del acusado, y existiendo casos en los que la imparcialidad del jurado es prácticamente imposible, soy partidario de eliminar esta figura, tan impropia de nuestra cultura jurídica y de nuestras tradiciones.

Valencia, 17 de julio de 2026

José Luis Martínez Ángel